Al personal sanitario que faena en los campos de algodón uzbekos se unirán estudiantes de tercero y cuarto de universidad, obligados por el gobierno a trabajar en la cosecha anual de otoño, según datos recopilados por el Foro Uzbeco-alemán de Derechos Humanos.
Esta organización sin ánimo de lucro advierte también de la posibilidad de que se esté volviendo a forzar a menores de edad a recoger algodón.
En cada cosecha, el gobierno moviliza sistemáticamente mediante coacción a más de un millón de residentes para la recolección del algodón. “Las ganancias que obtiene benefician a la élite gobernante en lugar de a la población”, afirma Cotton Campaign, una coalición de organizaciones entre las que se encuentra Solidarity Center, la ONG estadounidense defensora de los derechos de los trabajadores.
Uzbekistán ha reducido el uso de niños para recoger algodón debido a la repulsa internacional pero, durante la cosecha de 2014, el gobierno movilizó a más empleados públicos que en años anteriores, con toda probabilidad para compensar el número menor de niños trabajadores, de acuerdo con el informe de 2015 del Foro Uzbeco-alemán.
Muchos colegios cierran de septiembre a octubre porque sus maestros están entre las personas obligadas a recoger algodón. Las clínicas y hospitales no consiguen funcionar a pleno rendimiento porque gran parte de su personal sanitario está faenando en los campos.
Según las previsiones de este año, el gobierno uzbeko obtendrá 1.000 millones USD de beneficio por la venta del algodón, dinero que desaparece en un fondo extrapresupuestario del Ministerio de Economía, al que sólo tienen acceso los funcionarios de más alto rango, según dicho informe.
Al menos 17 personas fallecieron y muchas más resultaron heridas en la cosecha de algodón del año pasado, debido la falta de seguridad o las pésimas condiciones de trabajo y de vida. Se obliga a los trabajadores y trabajadoras a laborar durante muchas horas, con frecuencia sin tener acceso a agua potable limpia. Suelen trabajar sin el equipo de seguridad adecuado, expuestos a pesticidas tóxicos y equipos peligrosos.
“No nos dan comida. Cada uno debemos traer nuestro pan y tomates de casa”, denuncia el personal sanitario. “El algodón está muy bajo y en la arena abundan las serpientes”.
A muchos empleados se les amenaza con la posibilidad de perder su empleo, los servicios públicos y otras prestaciones básicas, con la imposición de multas y acciones penales, si se resisten a trabajar en la cosecha de algodón. Quienes se niegan a participar en la recolección pueden incluso ver reducidas sus pensiones y otros beneficios laborales.
La policía uzbeka agredió dos veces este año a Elena Urlaeva, supervisora de hechos humanos: la primera vez en mayo, por documentar los trabajos forzados en los campos de algodón y de nuevo en agosto, por distribuir panfletos explicando las leyes que prohíben el trabajo forzoso.
En julio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América publicó su informe sobre el Tráfico de Personas y elevó a Uzbekistán a la categoría de ‘observación especial’, un listado donde el Departamento de Estado coloca a aquellos países que considera no cumplen en su totalidad la Ley de Protección de Víctimas de la Trata de Personas de Estados Unidos (TVPA), aunque están realizando esfuerzos significativos para cumplirla.
En el informe de 2014, Uzbekistán engrosaba el ‘Listado 3’, la categoría inferior, donde el Departamento de Estado incluye a los países que incumplen las normas mínimas establecidas en la TVPA.
A principios de año, Solidarity Center, junto a otros 30 sindicatos mundiales, asociaciones empresariales y redes sin ánimo de lucro, instaron al Departamento de Estado estadounidense a reflejar con precisión en su informe sobre el Tráfico de Personas la gravedad y continuidad de los trabajos forzados que auspician los gobiernos de Turkmenistán y Uzbekistán.
El Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, afirmó en junio durante su visita a Uzbekistán que se debe hacer más para abordar “la movilización de docentes, doctores y otros trabajadores para la recolección del algodón y evitar el maltrato de prisioneros”.
Docenas de organizaciones sindicales y de derechos humanos enviaron una carta Ban Ki-moon instándole a poner sobre la mesa el problema de los trabajos forzados.
Articulo publicado por primera vez en la página web de Solidarity Center.
