Desde que la monarquía absoluta de Qatar fue seleccionada, en medio de una gran controversia, como anfitriona de la Copa del Mundo 2022 a, el país se ha visto sometido a una creciente vigilancia por parte de las fuerzas prodemocráticas de todo el planeta.

Así pues, la cuestión de los trabajadores migrantes en Qatar será uno de los primeros puntos del orden del día que se abordarán en la reunión que el Comité Ejecutivo de la FIFA celebra esta semana en Brasil.

Durante más de dos años, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y diversos grupos defensores de los derechos humanos han perseverado en sus campañas para llamar la atención sobre la manera en que Qatar viola toda una serie de derechos humanos y laborales fundamentales.

Como denunciantes, también hemos intentado implicar a las autoridades cataríes en un diálogo para abordar estas cuestiones.

Sin embargo, a lo largo de las últimas semanas, otros actores importantes se han sumado a las voces que reclaman y presionan para que Qatar cambie por completo sus reglas de juego.

Convertirse en el centro de atención mundial ha tenido al parecer sus consecuencias.

Tras solucionar la querella sobre la reprogramación al invierno de los tradicionales juegos de verano, la FIFA ha reconocido finalmente que existen problemas serios con respecto al trato que reciben los trabajadores migrantes empleados en la construcción de la infraestructura para la Copa del Mundo 2022.

Qatar se marca el porcentaje de trabajadores migrantes más alto del mundo: el 88% de la población activa del país. En el floreciente sector de la construcción del país, la mayoría de los migrantes trabajan por poco dinero, y a veces por nada.

Y debido a las pésimas condiciones laborales que estos trabajadores tienen que soportar, tememos que, a menos que se lleven a cabo reformas urgentes y fundamentales, otros 4.000 trabajadores pierdan la vida antes de que comience el primer partido en Qatar.

 

Un atareado mes de noviembre

El pasado mes de noviembre han sucedido muchas cosas con relación a Qatar.

El mes pasado el Presidente de la FIFA, Sepp Blatter, rompió finalmente su voto de silencio en lo que respecta a Qatar durante su viaje a la península del Golfo, el 9 de noviembre, y aplaudió los esfuerzos del país para abordar “los problemas con el trabajo y los trabajadores”.

Sin embargo, al día siguiente, después de su propia visita a Qatar, el Relator Especial de la ONU para los trabajadores migrantes, François Crépeau llegó a una conclusión distinta.

Comparó los campos de trabajo de Qatar donde se alojan los trabajadores de la Copa del Mundo a “los cuchitriles de un barrio de chabolas” y puso de relieve las deficiencias de la legislación laboral nacional de 2004.

La falta de libertad de asociación y de negociación colectiva, la discriminación y las considerables restricciones a la libertad de movimiento de los trabajadores migrantes en virtud de la kafala (o sistema de patrocinio) son aspectos que suscitan graves preocupaciones.

El 17 de noviembre Amnistía Internacional publicó un informe condenatorio sobre Qatar donde se recogen testimonios conmovedores de abusos por parte de nada menos que 210 trabajadores migrantes.

Después de esta publicación, la CSI se reunió el 20 de noviembre con la FIFA, instando al organismo rector del fútbol mundial a unirse al creciente movimiento internacional que reclama reformas laborales en Qatar.

La FIFA se ha comprometido por fin a presentar medidas concretas para Qatar en la reunión de su Comité Ejecutivo en marzo de 2014.

El hecho de tener que recurrir a la presión para solucionar las limitaciones a la libertad de movimiento y al derecho de los trabajadores a cambiar de empleador podría poner a la FIFA en una situación incómoda.

En 1995 la FIFA perdió el caso Bosman en el Tribunal Europeo de Justicia, en un veredicto que confirmaba el derecho de los futbolistas que trabajan en la UE a cambiar de club al finalizar su contrato sin tener que pagar derechos de transferencia.

Por otra parte, dado que tanto la FIFA como Qatar son empleadores atractivos y sofisticados, que sin embargo se ven salpicados por la práctica de trata de personas perpetrada por agentes poco escrupulosos, el hecho de encontrar una manera de regular y de controlar eficazmente la contratación transnacional podría resultar beneficioso para ambos.

El 22 de noviembre el Parlamento Europeo aprobó una ‘resolución de emergencia’ instando a la FIFA y a Qatar a eliminar la “esclavitud” de la Copa del Mundo 2022.

La semana pasada, apenas varios días después de que el futbolista franco-argelino Zahir Belounis recibiera por fin un visado de salida para poder abandonar Qatar tras un prolongado litigio con relación al impago de salarios, otra delegación sindical internacional visitó Qatar, sin que llegara a constatar “ninguna mejora en cuanto a las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes.”

Y ayer mismo, George Miller, Presidente de la Comisión de Trabajo y Educación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, envió sendas cartas a la FIFA y a CH2M Hill, el principal contratista para la Copa del Mundo de Qatar, apoyando las demandas de la CSI con relación a los derechos fundamentales del trabajo.

 

Diplomacia silenciosa

Sin embargo, lo que casi nadie sabe es que durante la cúspide de toda esta atención mediática a lo largo del pasado mes, el Comité Nacional de Derechos Humanos de Qatar organizó un ‘programa de formación diplomática‘ en colaboración con la Universidad de Nueva Gales del Sur y Migrant Forum Asia.

Como lo requiere la diplomacia, el seminario fue un asunto discreto, a pesar de sus ambiciosas demandas con respecto a la formación de “un grupo selecto encargado de promover la implementación de los objetivos de la sesión y de los objetivos definidos por la Organización Internacional del Trabajo”.

A puerta cerrada, y bajo la tranquilizadora regla de Chatham House, los activistas de los derechos humanos debatieron implacablemente con varios funcionarios cataríes.

Las posturas y las opiniones fueron todo lo incongruentes que uno pudiera imaginarse pero, transcurridos cinco días, empezaron a perfilarse unas frágiles relaciones basadas en un cierto respeto mutuo y visión común.

No obstante, después de la reunión ha quedado claro que los políticos cataríes distan mucho de compartir un objetivo común a la hora de abordar la cuestión de los derechos de los trabajadores en Qatar.

Y es que incluso cuando consiguen llegar a un acuerdo, cualquier cambio real depende en última instancia del trabajo de los funcionarios civiles – algunos de los cuales participaron en esta formación.

Hay quienes sostienen que a Qatar le quedan todavía ocho años para poner orden en sus asuntos antes de que dé comienzo la Copa del Mundo en 2022.

Pero no es el caso.

Ya se han adjudicado los primeros contratos. Centenares de nuevos trabajadores migrantes llegan cada semana a Qatar. A menos que se lleve a cabo un verdadero cambio estructural, la mayoría serán explotados.

El impulso que el programa de formación diplomática ha dotado a los funcionarios cataríes para entender los derechos humanos de los trabajadores migrantes podría cambiar las cosas.

Pero un impulso no sirve de nada si no hay apertura política.

 

El punto de vista catarí

Más o menos al mismo tiempo, el mes pasado, Qatar celebraba su Día Nacional de los Derechos Humanos el 11 de noviembre.

El Presidente del Comité Nacional de los Derechos Humanos, el Dr. Ali bin Smaikh al-Marri dijo en esa ocasión: “Podemos sentirnos orgullosos del renacimiento sin precedentes de Qatar en nuestra región. Los grandes progresos logrados en cuanto a la promoción y la protección de los derechos humanos convierten a Qatar en un ejemplo a seguir...”.

Este comentario ilustra perfectamente la perspectiva catarí.

En su respuesta a las rotundas críticas recibidas estos últimos meses, Qatar se ha referido reiteradamente al establecimiento de una comisión de bienestar para los trabajadores y a la próxima publicación de sus normas sobre el bienestar de los trabajadores.

Pero esto sólo demuestra que, si bien la demanda de mejores condiciones de vida y de trabajo para los trabajadores migrantes parece haber tocado la fibra sensible de ciertos responsables cataríes, en lo concerniente a la cuestión más fundamental, que es la libertad sindical, no ha sido el caso.

La Qatar Foundation es una importante agencia de contratación en el ámbito del desarrollo comunitario, de la educación y de la ciencia, establecida para transformar la economía petrolera de Qatar en una economía del conocimiento diversificada.

Ha establecido una serie de “Normas Obligatorias” que han sido aprobadas por diversas agencias de contratación, entre ellas el Comité supremo de Qatar 2022.

Estas normas constituyen un paso en la buena dirección.

Pero también presentan serias limitaciones en términos de impacto y reforma sostenible.

Para empezar, estas normas no son legalmente vinculantes.

Además de carecer de mecanismos de aplicación real y de sistemas fiables de resolución de conflictos, dichas normas interpretan la libertad sindical como el establecimiento de comités de trabajadores.

Sin el derecho a crear o formar un sindicato independiente, estas normas están condenadas a ser simples amortiguadores ineficaces utilizados para delimitar las responsabilidades de los empleadores y del Gobierno.

Las autoridades cataríes tienen que entender que la libertad de asociación es absolutamente fundamental para mejorar su postura con respecto a las violaciones de los derechos humanos, por las cuales han sido condenadas a escala internacional.

Cuando los trabajadores sean libres de organizarse y de negociar colectivamente, el sector privado, terminará, en cierta medida, por autorregularse. Las condiciones de vida y de trabajo mejorarán. Los salarios serán más equilibrados. Se elaborarán medidas adecuadas en el ámbito de la salud y la seguridad. Y habrá un seguimiento permanente de la contratación y el trato de los trabajadores.

Esto ayudará al Gobierno a cumplir con su responsabilidad de proteger los derechos humanos, sobre todo en el lugar de trabajo.

Pero hasta que los derechos a la libertad sindical y a la negociación colectiva no estén consagrados en la legislación y se apliquen correctamente, las violaciones – y las protestas – persistirán.

Ha llegado el momento de que el Gobierno de Qatar tome urgentemente medidas para conseguir que esto cambie.