Túnez frena un acuerdo “profundo” de libre comercio con la UE

Túnez frena un acuerdo “profundo” de libre comercio con la UE

Un zapatero se desempeña en su taller en la capital de Túnez, en septiembre de 2021. Mientras que el tratado de 1995 eliminaba los aranceles en la mayoría de productos industriales, el nuevo acuerdo va un paso más allá y abriría a la libre competencia total los sectores de la agricultura y los servicios, así como los concursos públicos de bienes y servicios

(Ricard González)

Desde 1995, un acuerdo de libre comercio une a Túnez con la UE en el marco del llamado “Proceso de Barcelona”, cuyo objetivo es crear una región euromediterránea con un alto grado de integración. Túnez no es el único, otros cinco países de la región han firmado un tratado parecido (Marruecos, Líbano, Argelia, Egipto y Jordania), además de Israel y la Autoridad Palestina. A finales de 2015, la Comisión Europea lanzó las negociaciones para dar un paso más en la integración económica con Túnez, el llamado ALECA (por sus siglas en francés), es decir, Acuerdo de Libre Comercio Completo y Profundo. Bruselas aspiraba a que fuera el siguiente de una larga lista de acuerdos de libre comercio distribuidos por la geografía mundial. Pero, inesperadamente, aparecieron fuertes resistencias en Túnez.

“Políticamente, el ALECA lleva años estancado, si no muerto. Ha despertado una gran oposición de la sociedad civil tunecina, y también de la opinión pública”, sostiene Aymen Harbawy, un periodista radiofónico especializado en economía. De hecho, ninguno de la veintena de candidatos que se presentó a las elecciones presidenciales del año 2019 apoyaba completar las negociaciones del ALECA, que se convirtió en uno de los temas importantes durante la campaña. Los candidatos se alineaban así con la UGTT, el sindicato más influyente del mundo árabe y que desempeñó un rol clave para el éxito de la Revolución de 2011. El 1 de mayo del 2019, la UGTT lideró una concurrida manifestación contra la ALECA, que denuncia como un proyecto “neocolonial”.

Sin embargo, quizás a causa de las presiones europeas −la UE es uno de los mayores contribuyentes en ayuda financiera y al desarrollo de Túnez−, el nuevo gobierno formado en verano de 2020, y liderado por el tecnócrata Hichem Mechichi, expresó su deseo de retomar las negociaciones, que habían avanzado a paso de tortuga los años anteriores, y que fueron suspendidas durante el periodo electoral. “El propio Gobierno de Mechichi había previsto continuar las negociaciones en septiembre [de 2020], pero la inestabilidad política lo ha impedido”, apunta a Equal Times una alta fuente diplomática de un país europeo.

En un inesperado golpe de fuerza, el pasado 25 de julio, el presidente Kais Saied adoptó una serie de “medidas excepcionales” que incluían la destitución del jefe de Gobierno para asumir plenos poderes ejecutivos y la congelación de las labores del Parlamento. Aunque Saied se basó en una lectura forzada de un artículo de la Constitución pensado para situaciones de “peligro inminente” para la seguridad nacional, la mayoría de la población apoyó el órdago −cerca de un 90%, según las encuestas−. Este consenso se explica por el hartazgo popular a las corruptelas de la clase política y por el estancamiento crónico de la economía del país diez años después de la revuelta que hizo caer al dictador Ben Alí y propulsó las llamadas Primaveras Árabes. Mientras en 2010 era del 13%, la tasa de desempleo oficial se eleva hoy al 18%, pero entre los jóvenes se acerca al 40%.

El principal partido que apoya a Saied es el Movimiento del Pueblo, de izquierdas y panarabista, muy celoso de la soberanía nacional y contrario al ALECA, como ocurre con el propio presidente. De modo que, mientras Saied conserve su cargo (y de momento la situación política es fluida), no es de esperar que se retomen las negociaciones.

¿Merma a la soberanía alimentaria, susceptibilidades de la era colonial?

Mientras que el tratado de 1995 eliminaba los aranceles en la mayoría de productos industriales, el nuevo acuerdo va un paso más allá y abriría a la libre competencia total los sectores de la agricultura y los servicios, así como los concursos públicos de bienes y servicios. Además, también establecía que en caso de litigio entre las compañías de los dos países o entre un Estado y un inversor, ambos se deberán someter al arbitrio de un tribunal internacional. Es decir, los tribunales tunecinos no podrían juzgar ningún conflicto derivado de la aplicación del ALECA.

“Nosotros creemos que no se dan las condiciones para poder negociar un acuerdo como el ALECA, en cuyas rondas iniciales se ha excluido a las organizaciones de la sociedad civil contrarias al acuerdo”, comenta Abdejelil Bedoui, economista adjunto al Forum Tunecino por los Derechos Económicos y Sociales (FTDES). “El resultado de una libre competencia entre los sectores de dos economías que no compiten en igualdad de condiciones sería desastroso para Túnez. En el sector servicios, por ejemplo, los trabajadores europeos pueden trasladarse a Túnez sin ningún problema, mientras que para los tunecinos, el proceso de conseguir un visado es muy complicado. ¿Cómo puede una empresa tunecina ganar un concurso público en Europa?”, se pregunta Bedoui.

Además, apunta que algo parecido sucede con el sector agrícola, pues la mayoría de las explotaciones del país norteafricano son pequeñas −un 75% no llegan a 10 hectáreas−, y apenas cuentan con subvenciones estatales, todo lo contrario a lo que sucede en la UE gracias a la política agrícola conocida como PAC.

Por eso preocupa que el ALECA pueda reducir la soberanía alimentaria del país. De hecho, a menudo se acusa a la UE de querer implantar un modelo neocolonial que mine la soberanía del país en numerosos ámbitos.

Los representantes de la UE en Túnez ofrecen una visión completamente diferente. A su parecer, el acuerdo supone un gesto generoso para ayudar a desarrollar la economía tunecina. “El ALECA traerá más inversiones al país, y hará las empresas tunecinas más competitivas. Tendrán que adaptarse a los estándares de regulación y calidad europeos, y eso les abrirá las puertas a nuevos mercados”, explicó un ex alto cargo de la delegación europea en Túnez. Desde la Comisión Europea se atribuye el rechazo de la opinión pública a la falta de conocimiento sobre el acuerdo, y a algunas susceptibilidades derivadas de la era colonial. “No es cierto que queramos imponer nada. De hecho, les hemos dicho a los tunecinos que si algunos sectores no están preparados para la competición, los pueden excluir del acuerdo. Les ofrecemos un menú a la carta”, añadió el funcionario en una reunión con varios corresponsales.

En cuanto a los empresarios tunecinos, se hallan divididos al respecto. “El sector farmacéutico está en contra de la redacción actual del ALECA, sobre todo por las regulaciones sobre patentes y propiedad intelectual. Favorece a las empresas europeas, que son mucho más potentes en la investigación. Además, no elimina una barrera que afrontamos a la entrada al mercado europeo”, comenta Sarra Masmoudi, presidenta de la Cámara de Comercio del sector farmacéutico. “Nosotros somos una excepción en el sector industrial. Porque al resto no le afecta, pues los aranceles ya se eliminaron con el acuerdo del 1995. Ahora bien, en el sector servicios, hay compañías a favor del ALECA, como las de informática”, añade.

Otro punto de discordia entre la Comisión y buena parte de la sociedad civil tunecina −sindicatos, el FTDES, asociaciones feministas como la ATFD, y ONG vinculadas al desarrollo, entre otros−, reside en la evaluación de estos 25 años bajo el acuerdo de libre comercio.

Un informe encargado por la Comisión a tres consultoras europeas sobre los acuerdos con seis países de la zona euromediterránea ofrecía el año pasado un diagnóstico muy positivo. “El análisis muestra que la eliminación de las tarifas aduaneras ha traído beneficios económicos para los SMC [países mediterráneos del sur] y a la UE, y lo continúa haciendo”, reza el texto, que destaca el aumento de las exportaciones tunecinas a Europa.

No obstante, los opositores del ALECA ponen en tela de juicio este análisis. “El informe es sesgado por el hecho de que las consultoras son clientes habituales de la Comisión, y le dicen que quiere oír”, apunta Bedoui. En un comunicado público, el FTDES denuncia la metodología utilizada para evaluar el acuerdo, pues encaja dentro de un “marco neoliberal”, y no hace una aproximación completa del impacto social, y el estudio de cada país es superficial. “El problema es que, a día de hoy, el Estado tunecino todavía no ha hecho un estudio completo de los efectos del tratado de libre comercio, y así, es difícil poder negociar bien”, opina Harbawy. No obstante, algunos actores sociales han hecho sus cálculos, como el colectivo Block ALECA, que sostiene que el tratado de 1995 resultó en la pérdida de 300.000 puestos de trabajo y el cierre de 3.200 pequeñas y medianas empresas.