La normalización de términos y conceptos como ‘liberalización’, ‘desregularización’, ‘desburocratización’ y ‘optimización’ está a la orden del día en el actual ámbito jurídico y socioeconómico de Ucrania. Dicha tendencia se ve aún más acentuada en el parlamento ucraniano (la Verkhovna Rada). Allí, en los proyectos de ley modernos no se incluyen términos como ‘justicia social’, ‘diálogo social’, ‘trabajo digno’ o ‘igualdad’. Los más fervientes partidarios del neoliberalismo que llenan las salas del parlamento consideran este tipo de conceptos un anacronismo de estilo soviético. “¡El mercado lo arreglará y regulará todo!”, claman. Después de todo, el capitalismo no es más que un “cálculo sobrio de los beneficios netos”.

Estas son las palabras e ideas que se usan de manera generalizada en los nuevos textos legislativos y los documentos administrativos y están cambiando de tal manera el marco jurídico del Estado social ucraniano que ya apenas resulta reconocible. Desde que el país obtuvo la independencia en 1991, en la jurisprudencia ucraniana se ha creado una especie de lenguaje esópico, diseñado para ocultar el verdadero significado de los documentos aprobados, así como las verdaderas intenciones de sus autores y promotores.

Al ser un esclavo, Esopo –el antiguo fabulista y cuentacuentos griego, famoso por la colección de fábulas que lleva su nombre– no podía mencionar directamente los defectos de sus patrones en las historias, por lo que los sustituyó por animales con las características adecuadas. En la actual Ucrania, el gobierno no puede declarar directamente su intención de eliminar el Estado de bienestar y el siglo de avances de la clase trabajadora; por tanto, se ve obligado a usar un lenguaje deliberadamente engañoso y ambiguo.

En el ámbito literario, el lenguaje esópico se ha utilizado desde finales del siglo XVIII para evitar la censura. En el actual proceso de formulación de leyes se utiliza para impulsar proyectos de ley diseñados para restringir los derechos de determinados sectores de la población, formando parte de la práctica de elaborar textos legislativos sin ninguna oposición por parte de la opinión pública. Por tanto, revelar el significado oculto de estos preocupantes proyectos de ley depende de los sindicatos y otras organizaciones de la sociedad civil. Hasta hace pocos años, la evolución de la legislación laboral y social en Ucrania se llevaba a cabo sin destruir las bases que sentaban las leyes anteriores. Pero con la transferencia de los bienes del Estado a manos del capital oligárquico como resultado de la privatización en masa de las empresas públicas, los cambios cuantitativos se han convertido en cambios cualitativos y por eso se ha producido el progresivo desmantelamiento de la protección social.

Entre las principales causas de la destrucción del Estado social se encuentra la incapacidad del gobierno para promover unas políticas centradas en las personas, que también producen crecimiento económico y cuya aplicación garantizaría la estabilidad del Estado, la unidad nacional y una buena cooperación entre la sociedad civil y el gobierno. En cambio, los sucesivos gobiernos siempre alegan que no hay suficiente dinero en el erario público, por lo que los recortes en gasto público son cada vez mayores.

El proyecto de la megaliberalización

Hoy en día, Ucrania es uno de los Estados más pobres de Europa y el más polarizado en lo que se refiere a la brecha salarial entre pobres y ricos. La única solución que ofrecen es liberalizarlo todo –la economía, el mercado laboral y la política social–. Cada ciudadano debe cuidarse por sí solo. El Estado no le debe nada a nadie, alegan los neoliberales. En 2020, los primeros intentos de ‘megaliberalización’ se frenaron en seco gracias a las acciones de los sindicatos nacionales y al fuerte apoyo internacional. Por tanto, el gobierno abandonó sus esfuerzos por liberalizar el código laboral y en cambio recurrió a enmiendas específicas.

Sin embargo, no llegaron a abandonar del todo su proyecto de liberalización. Simplemente reagruparon sus fuerzas y sacaron a la palestra al expresidente georgiano Mijaíl Saakashvili, quien actualmente preside el comité ejecutivo del Consejo Nacional de Reformas de Ucrania. Con su Oficina Regional de Soluciones Simples, Saakashvili está trabajando para ayudar a Ucrania a “superar la resistencia letal de la burocracia contra los proyectos que estamos proponiendo” mediante el impulso de leyes relacionadas con reformas jurídicas, fiscales y laborales.

El resultado de dichos esfuerzos se puede observar en el proyecto de ley nº 5.371 que fue presentado en abril de 2021. Supuestamente pretende “simplificar la normativa de las relaciones laborales”, pero esta frase oculta su verdadero objetivo: aprobar un nuevo régimen contractual para los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas de menos de 250 personas. Si se aprueba dicho proyecto de ley, todas las condiciones laborales serán determinadas por un contrato de trabajo y no por el derecho laboral.

Ucrania está siguiendo los pasos de Bielorrusia y Georgia, donde en 1999 y 2006 respectivamente se llevó a cabo una transición generalizada hacia los contratos de trabajo individuales de corta duración, los cuales constituyen una forma ineficaz de trabar relaciones laborales y rara vez se utilizan en otras partes del mundo.

En Bielorrusia, por ejemplo, a pesar de los altos niveles de desempleo, casi el 90% de los trabajadores están empleados mediante contratos temporales debido a un decreto presidencial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el movimiento sindical internacional han criticado duramente este enfoque autoritario para regular las relaciones laborales. Por tanto, Bielorrusia fue excluida del sistema general de preferencias arancelarias de la Unión Europea por haber violado los derechos de los trabajadores.

En el caso de Georgia, los datos no oficiales sugieren que hasta 1,6 millones de personas abandonaron el país tras la aprobación de unas reformas laborales brutales por parte del neoliberal Saakashvili, lo cual representa una cifra enorme para una nación de tan solo 3,7 millones de habitantes. Únicamente en 2020 los diputados georgianos decidieron revertir algunos de los aspectos más atroces de las reformas laborales que se aprobaron hace casi 15 años.

En los debates en curso sobre el futuro del trabajo se hace hincapié en el respeto a los derechos laborales como un elemento fundamental del desarrollo económico, tal y como se destacó en la conferencia del centenario de la OIT. Sin embargo, diversos gobiernos europeos están modificando sus códigos laborales para despojar a los trabajadores de las conquistas sociales. En Francia, por ejemplo, en 2017 se aprobaron unas polémicas reformas del mercado laboral, se modificaron las condiciones para los contratos temporales y los mecanismos para resolver los conflictos entre empleadores y empleados y se limitó la suma de las indemnizaciones económicas posibles cuando se despide a un trabajador.

La versión ucraniana de la modificación de la legislación laboral se llevó a cabo a tenor de las reformas inspiradas en las del FMI y el Banco Mundial que se habían aprobado en Georgia 15 años antes, aunque no reconoce la necesidad de que el Estado cree un marco institucional adecuado que mantenga el equilibrio entre la flexibilidad para las empresas y el respeto a los derechos de los trabajadores en el contexto de la economía globalizada, la digitalización, el teletrabajo y otras tendencias del mercado laboral moderno.

Abrir una caja de Pandora

Sin duda, los autores de dichas enmiendas saben que estos proyectos de ley violan las normas internacionales del trabajo y, por consiguiente, los ocultan mediante un lenguaje velado. El 2 de junio de 2021, la Verkhovna Rada aprobó en primera lectura el proyecto de ley nº 3.515 ‘Sobre las enmiendas a ciertos textos legislativos de Ucrania relacionadas con la adopción de soluciones para crear un salario digno y requisitos previos para su aumento’. Según la nota aclaratoria adjunta al proyecto de ley, su objetivo consiste en garantizar el derecho constitucional de los ciudadanos a un nivel de vida adecuado. Pero, de hecho, si se llegara a aprobar, esta ley acabaría con la definición científicamente fundamentada del salario digno como una norma social, lo cual provocaría la alteración del resto de las normas que derivan de la misma, como las pensiones mínimas y las prestaciones sociales. Esto afectaría a todos los sectores de la población.

Otro ejemplo es el proyecto de ley ‘Sobre la salud y la seguridad de los trabajadores en el ámbito laboral’. La terminología que utiliza se aparta de los conceptos que se usan a nivel internacional, en especial en lo referente a la salud y la seguridad en el trabajo. Este proyecto de ley se limita a reducir el nivel de protección de los trabajadores y les despoja del derecho a obtener prestaciones y compensaciones por trabajar en unas condiciones laborales difíciles, lo cual está garantizado hoy en día por las leyes actuales.

Los autores de estos proyectos de ley están abriendo una caja de Pandora al declarar, por una parte, que el trabajo humano constituye un recurso fundamental y al impulsar, por otra, una carrera de mínimos que busca la reducción máxima de los derechos laborales, de la intervención del Estado y de las normas sociales.

Después de todo, si se restringen los derechos de los trabajadores a organizarse, negociar colectivamente y hacer huelga, se podría llegar a un punto en que estos perdieran la paciencia y se iniciara una explosión incontrolable e inesperada de disturbios sociales. El desmantelamiento de la protección social también podría provocar un mayor aumento de la migración laboral, que se sumaría a los cinco millones de ucranianos que ya han abandonado el país en busca de unos mejores salarios y condiciones laborales en el extranjero. ¿Qué sentido tiene fomentar las inversiones en Ucrania si no hay nadie allí para trabajar en los empleos precarios que crean? Hoy en día ya hay menos personas pagando cotizaciones de jubilación en Ucrania que jubilados. ¿Cuál será el próximo paso para este Estado con una población de 42 millones de habitantes? Con este panorama en la sociedad, garantizar la protección social no solo constituye un asunto de principios, sino de seguridad nacional.