Un año después de los Papeles de Panamá, la evasión fiscal continúa en Europa

Hace exactamente un año, el 3 de abril de 2016, estallaba el escándalo de los Papeles de Panamá, la mayor filtración de información en la historia del periodismo. Los documentos relativos a 214.000 compañías offshore así como los nombres de sus propietarios se hicieron públicos a instancias del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).

Detrás de estas opacas sociedades cascada establecidas en diversos paraísos fiscales se oculta una verdad insoportable: en todo el mundo, un número incalculable de ricos privilegiados –individuos o empresas–, con la ayuda de grandes bancos y gabinetes jurídicos, guardan su dinero bien escondido, escapando así del pago de impuestos.

La onda de choque sacudió todo el planeta, al igual que la toma de conciencia: nunca antes un escándalo financiero había tenido tanta repercusión en tantos países del mundo entero; nunca antes había quedado de manifiesto de manera tan clara y neta el carácter industrial del circuito de dinero sucio. Desde manifestaciones masivas en Islandia a debates parlamentarios en numerosos países, la ciudadanía se movilizó exigiendo respuestas a sus gobiernos.

Sin embargo, un año después, constatamos que las respuestas no han estado a la altura del escándalo: los Estados europeos se muestran reacios a poner freno a las sociedades pantalla, mientras que los bancos, piezas centrales en la creación de tales montajes opacos, prácticamente nunca sufrieron perturbación alguna.

Los progresos respecto a la evasión fiscal de las empresas son mínimos, pese a la multiplicación de revelaciones en cuanto a grandes grupos que practican la evasión fiscal a escala industrial. En paralelo, se acelera la carrera hacia el fondo en materia fiscal: al tiempo que los Estados anuncian cada vez mayores reducciones a los impuestos sobre las sociedades, no cesan de establecer nuevas exenciones fiscales con vistas a atraer empresas para que se establezcan en su territorio.

Todos los países que participan en esta guerra fiscal ceden así, voluntariamente, ingresos fiscales cruciales, al tiempo que incrementan la carga a los contribuyentes menos acomodados y con menos movilidad.

Cada año, los Estados aceptan prescindir en su presupuesto de ingresos a todos los efectos necesarios para financiar unos servicios públicos de calidad y responder a las exigencias sociales y ecológicas.

Varias soluciones se imponen: poner fin a las sociedades pantalla y a los trusts que facilitan el fraude fiscal; luchar contra la evasión fiscal de los grandes grupos exigiendo transparencia en sus actividades y el pago de los impuestos que les corresponden; detener la carrera a la competencia fiscal, promoviendo a nivel europeo un tipo mínimo para el impuesto de sociedades y reduciendo el número de exenciones y ventajas fiscales; poner término a la impunidad fiscal reforzando el personal de las administraciones que se ocupan de perseguir los delitos financieros y reorganizando a fondo los dispositivos de lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

La lucha contra la evasión y el fraude fiscal (auténtico desafío de justicia social) permitiría cubrir las necesidades –sociales y medioambientales– y financiar proyectos de solidaridad a nivel nacional e internacional, además de reforzar la aceptación del pago de impuestos, hoy en día muy debilitada a causa de la injusticia fiscal.

This story has been translated from French.