Un camino largo y arduo hacia 2025: ¿el año en el que los niños mineros de la República Democrática del Congo dejarán atrás las minas?

Un camino largo y arduo hacia 2025: ¿el año en el que los niños mineros de la República Democrática del Congo dejarán atrás las minas?

A young boy in an artisanal mine in the Lake Kivu region, March 2017. In the east of the DRC, numerous school-age children can still be found digging and carrying bags of precious minerals. Poverty, precariousness and profits generated to benefit certain actors are undermining efforts to eradicate the phenomenon.

(AFP-Belga/Griff Tapper)

En Rubaya, a 45 km de Goma, hay una decena de explotaciones mineras a cielo abierto de las que se extrae niobio, casiterita y coltán (columbita-tantalita). Alrededor de la tierra eviscerada, que a la menor lluvia se transforma en pozos de fango, trabajan jóvenes en edad escolar, cavando, lavando los minerales, clasificándolos, transportándolos, etc. Todas las tareas parecen agotadoras en los rostros sombríos de los jóvenes que trabajan sin descanso. Los minerales se utilizarán, entre otras cosas, para fabricar condensadores, presentes en todos los productos electrónicos. Dada la voracidad de la nueva economía digital, no parece que la demanda vaya a disminuir en un futuro cercano.

Jacques Muhire trabaja durante el día en una de estas explotaciones mineras. Abandonó la escuela a los 13 años, cuenta a Equal Times. “En casa no teníamos dinero para comer durante los períodos entre cosechas, así que había que encontrar una solución”, explica en un tono educado pero firme, como para evitar reproches. Han pasado tres años y no ha vuelto a poner un pie en el aula. Se pasa el día cargando sacos de arena mineralizada, un trabajo que le reporta entre 3 y 5 dólares estadounidenses (USD) diarios, en función del número de sacos transportados. “Los días buenos gano un poco más”, señala.

Las cargas son de entre 25 kg y 50 kg, un trabajo efectivamente agotador, pero eso no disuade a los jóvenes de la región. Una treintena de adolescentes de su edad, y a veces mucho más jóvenes, con cara de niños pequeños, se afanan a su lado.

“Somos más”, precisa, “por la mañana hay otro equipo”. Aunque Jacques esté contento de poder ayudar a su familia, no esconde su preocupación por su futuro, ni su tristeza por no disponer de mejores perspectivas. La presencia de niños en edad escolar en las minas no deja a nadie indiferente. A lo largo de los últimos años el Gobierno congoleño ha anunciado una serie de compromisos. Así, la República Democrática del Congo (RDC) es signataria de los Convenios 138 (que fija la edad mínima para trabajar en los 14 años) y 182 (sobre las peores formas de trabajo infantil) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En 2011, el Gobierno congoleño presentó a la OIT un plan de acción nacional para poner fin a la explotación infantil en las minas del país. El plan preveía “dar a conocer y aplicar la legislación en materia de trabajo infantil”, “ofrecer formación técnica y profesional” y “proporcionar acceso a un programa de educación para los niños rescatados del ámbito laboral”. Además se comprometía a “mejorar las condiciones de vida de las familias vulnerables”, para que la vulnerabilidad socioeconómica no obligue a las familias a hacer trabajar a sus hijos. El programa era ambicioso, pero nunca llegó a adoptarse de manera oficial. Y, desde entonces, se ha hecho muy poco. En 2014, un estudio de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) calculaba que todavía había 40.000 niños de todas las edades en el fondo de las minas del sudeste del país. Actualmente es imposible obtener cifras precisas puesto que no existe un registro de creuseurs (“cavadores” en francés, término genérico que se utiliza para designar a todos los trabajadores que se desempeñan en torno a las minas).

La pobreza, primer obstáculo en la lucha contra el trabajo infantil

La minería es una de las principales fuentes de ingresos en Rubaya. La explotación se hace de manera artesanal. En las explotaciones a cielo abierto, en medio de la exuberante vegetación del territorio de Masisi, en Kivu Norte, no se ven excavadoras potentes sino simplemente picos y palas y brazos musculosos que los manejan. Los camiones son reemplazados por porteadores más o menos robustos que evacúan el mineral a través de los pequeños senderos erosionados por las lluvias torrenciales que caen sobre la región durante la temporada de lluvias.

Muchas familias dependen de esta explotación de escaso valor añadido. Esta “oportunidad” incita a las familias de la región a poner a trabajar a sus hijos, para que ayuden a sus padres. Los niños, que no pueden estudiar en buenas condiciones por falta de medios económicos, abandonan la escuela. En un informe de la organización local ASSODIP (Association pour le Développement des Initiatives Paysannes), consultado por Equal Times, se expresa preocupación por esta situación que se da con frecuencia en la zona: durante el curso escolar 2018-2019, en las ocho escuelas de Rubaya la tasa de abandono escolar aumentó de 661 casos, es decir, un 28% de los alumnos del año anterior, a 991 casos, es decir, un 39%.

Consciente de la situación, Kinshasa renovó en 2017 su promesa de eliminar el trabajo infantil en el sector, fijando como nueva fecha límite el año 2025.

Pero, una vez más, se ha hecho muy poco, según un informe alternativo publicado por Afrewatch en el marco del Examen Periódico Universal de la RDC por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y, en opinión de los conocedores de la realidad social en el este de la RDC, esta promesa corre nuevamente el riesgo de no abordar la realidad económica. “A los padres no les resulta fácil hacer trabajar a sus hijos. Muchas veces se ven obligados a hacerlo debido a la pobreza”, subrayaba Roger Nkambu, que trabaja para la sección congoleña de la OIT, durante el Foro por la Paz que se organizó en París.

Jonas Bwira, otro minero de 13 años, ilustra esta situación. “Cuando voy a las minas es para ayudar a mis padres a conseguir algo de comer para la familia”, explica este joven cuyo rostro cansado refleja su malestar psicológico. “Nos pagan por turno o por trabajo realizado. Yo entro en la mina por la mañana, y por la tarde me voy a casa con mi dinero”. Su nuevo trabajo como porteador tiene la ventaja de ser menos peligroso que el que realizaba antes, cuando tenía que sumergirse en el agua para colocar puntales.

El contexto de pobreza que existía en el momento de la primera promesa de acabar con el trabajo infantil en las minas sigue prevaleciendo. Las estadísticas del Banco Mundial lo confirman: en 2012 el 77% de la población vivía con menos de 1,9 USD diarios, y en 2018 el índice seguía siendo del 73%. Estas cifras sitúan a la RDC entre los países más pobres del mundo. En semejantes condiciones, pocos observadores tienen claro cómo podría cumplirse la nueva promesa cuando los compromisos anteriores se toparon de lleno con la realidad socioeconómica. “Sabemos muy bien que este trabajo nos priva de un futuro”, afirma Jacques Muhire, el joven minero. “A mí me gustaría hacer otra cosa. Pero ¿qué? Aquí no hay trabajo. Recen por nosotros, para que un día lo consigamos”.

Mentalidades que evolucionan gracias a la unión de actores sobre el terreno

Las acciones previstas en el marco de la sensibilización y la movilización social (previstas en el Plan de Acción Nacional que la RDC presentó a la OIT) han dado, no obstante, algunos resultados. Ahora, el hecho de que los niños trabajen se considera vergonzoso. “Cuando un investigador o un periodista se desplaza sobre el terreno, los dueños de las explotaciones mineras los esconden porque temen ser denunciados y que no les compren los minerales”, explica Léopold Rutinigirwa, investigador en el instituto de investigación Pole Institute de Goma. Los operadores legales aseguran que están esforzándose para que los niños regresen a la escuela.

Sacar a los niños de las minas sigue siendo la máxima prioridad, pero cada vez se está abordando más la cuestión de las mujeres embarazadas. “Las mujeres embarazadas también trabajan en el sector, lo cual conlleva ciertos riesgos para la salud de sus bebés”, explica con preocupación Jacques Mande Banza, secretario interprofesional de la Confédération Syndicale du Congo (CSC) en Grand Katanga. “Las mujeres manipulan, sin protección alguna, minerales en los que puede haber rastros de uranio, lo que puede provocar malformaciones en los niños”.

“Como sindicato, intentamos disuadirlas de trabajar en esas condiciones. Les informamos de los riesgos. La mayoría son receptivas a nuestros argumentos, pero, por desgracia, lo más habitual es que terminen regresando a ese trabajo porque no tienen otra forma de ganarse la vida”, añade.

También se aconseja a las mujeres que no traigan consigo a sus hijos pequeños, para evitar exponerlos a enfermedades pulmonares derivadas de la respiración de partículas de minerales, especialmente las emitidas por la explotación del cobalto. La Organización Mundial de la Salud ha advertido en reiteradas ocasiones sobre los efectos negativos de la exposición, a corto y largo plazo, a este mineral. Pero la necesidad de ganarse la vida a diario supera de nuevo las preocupaciones sanitarias a largo plazo”, constata el sindicalista.

Para evitar que las mismas causas produzcan los mismos efectos, Roger Nkambu pide “encontrar alternativas, tanto para los niños como para las familias”. La Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC) acaba de aprovechar la publicación de un informe sobre el trabajo infantil en las minas para pedir al Gobierno congoleño que se involucre más activamente en la lucha contra este fenómeno. Se trata concretamente de poner fin a la costumbre de los padres pobres de llevar a sus hijos a las minas para conseguir algo más de dinero.

El sindicato ha aunado fuerzas con el Institut National de Préparation Professionnelle (INPP) –una estructura pública que depende del ministerio de Empleo, Trabajo y Bienestar Social y que está respaldada, entre otros, por organismos de cooperación franceses y japoneses– para establecer centros de formación para los niños que trabajan en las minas. El objetivo es proporcionarles una educación que les permita emprender una carrera profesional, con la garantía de poder satisfacer sus necesidades. En los últimos tres años, 1.800 niños de Kivu Norte no escolarizados se han beneficiado de formaciones de este tipo. “Algunos nos los remitieron cooperativas mineras que decidieron ‘hacer limpieza entre sus empleados’ tras las presiones contra el trabajo infantil a las que se vieron sometidas. Otros fueron identificados por nuestro personal de extensión, que se desplaza con regularidad sobre el terreno para buscar niños no escolarizados. Se trata de jóvenes que han pasado por todo tipo de maltratos: algunos fueron utilizados por grupos armados y luego desmovilizados; otros viven en familias muy pobres; niñas que son rechazadas por sus familiares por ser seropositivas... Son siempre historias complicadas”, relata a este medio Josué Masudi Baruani, director provincial del INPP.

Masudi Baruani está convencido de que la formación profesional es la mejor manera de acabar con el trabajo infantil en las minas, y está dedicando todos sus esfuerzos a convencer a los líderes políticos de ello. “Los jóvenes acuden a nuestros centros, les enseñamos competencias técnicas que el país necesita, como, por ejemplo, mecánica, albañilería, etc. Una vez formados, estos jóvenes pueden llegar a tener una buena vida. Dejan de depender de operadores de explotaciones mineras que no les pagan correctamente, porque gracias a las competencias adquiridas podrán ganar más dinero”, elabora.

“Este tipo de proyectos demuestra a los padres y a la comunidad que el niño será de más ayuda a los suyos si va a la escuela. Con el desarrollo de este tipo de proyectos podremos desarrollar nuestro país y acabar con el trabajo infantil. Lamentablemente, todavía no estamos en condiciones de formar a todos los niños que trabajan en las minas”, dice.

Masudi Baruani insiste en que la cuestión del desarrollo es fundamental para el proyecto de erradicación del trabajo infantil. Muchos de los trabajadores de las minas solían ser agricultores que renunciaron a cultivar sus tierras debido a la necesidad de conseguir dinero. Pero él destaca el potencial de este sector. “Aunque no genere un alto valor añadido, puede contribuir al desarrollo gradual del país. Los agricultores y los ganaderos necesitan infraestructuras, como carreteras, para comercializar sus excedentes y obtener ingresos, gracias a los cuales no se verán obligados a llevar a sus hijos pequeños a trabajar en las minas. El desarrollo progresivo del país es lo único que hará que desaparezca el trabajo infantil”.

Un sector fragmentado en el que resulta difícil aplicar la ley

Las dificultades que encuentran las autoridades para acabar con el trabajo infantil en las minas se deben también a cómo está organizado el sector. Las minas más grandes son explotadas por multinacionales (Randgold, Glencore, China Molybdenam, Ivanhoe, etc.). Estas, pese a las presiones, en ocasiones intensas, para maximizar sus beneficios, son conocidas y operan en extensos emplazamientos, por lo que a las autoridades les resulta relativamente fácil controlar lo que allí sucede.

En paralelo a la explotación industrial, el terreno ha sido explotado desde la década de 1970 por cavadores que extraen de manera artesanal pequeñas cantidades de minerales. Debido a la falta de estadísticas, resulta imposible determinar qué proporciones del sector minero se inscriben en el sector de la economía formal y en el sector de la economía informal. Sin embargo, el número de minas artesanales sigue siendo importante, sobre todo en el este del país. En esta región, la falta de infraestructura y la inseguridad disuaden a las multinacionales de realizar inversiones importantes. Este tipo de explotación, que se estableció a raíz de la decisión del expresidente Mobutu de “zairinizar” la economía en los años 1980, es mucho más difícil de controlar por las divisiones provinciales del ministerio de Minas.

Se realiza en zonas geográficamente remotas, a veces expuestas a la inseguridad vinculada a la presencia de grupos armados, por lo que es complicado enviar agentes de las autoridades provinciales y de la Dirección de Minas.

“La existencia de minas informales permite a los comerciantes abastecerse de productos a bajo coste provenientes de la minería artesanal. De esta manera obtienen beneficios sin tener que invertir demasiado”, constata Jacques Mande Banza, secretario interprofesional de la Confédération syndicale du Congo para Grand Katanga. “El sistema es sencillo: un director ejecutivo explota un terreno y vende después su mercancía a un operador que tiene derecho a comerciar con el mineral y que a veces ni siquiera tiene una mina. Este puede revender la mercancía a un mayorista, que a su vez abastece a sus clientes, a menudo en Asia. Así es cómo la economía informal, en la que trabajan niños, alimenta la economía formal. Tras varias reventas, el mineral que se extrajo en condiciones ilegales se vuelve legal”. Ante esta situación, la CSC está presionando a las autoridades para que todas las actividades informales se integren en el circuito “normal” de la economía. “Así se podrá regular mejor lo que está pasando y evitar el trabajo infantil. En términos más generales, contribuirá a que se respeten las normas establecidas y, por lo tanto, a mejorar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores”, concluye el responsable regional.

Un nuevo código para ayudar a las comunidades locales a recibir una parte de la riqueza

El nuevo Código de Minería adoptado en 2018 debe favorecer la formalización de la economía minera. Ha sido relativamente bien recibido por los sindicatos del país. “El código revisado constituye un paso adelante porque procura abordar los fallos que han permitido a las empresas mineras acumular beneficios a expensas de los trabajadores y trabajadoras y de las comunidades ribereñas”, subraya un análisis de IndustriALL Global Union, una estructura internacional que agrupa a los sindicatos congoleños TUMEC, CSC, UNTC y OTUC. La principal medida del nuevo código es el aumento de las tasas que las empresas han de abonar al Estado, del 2 al 3,5% para el cobre y el oro, y del 5 al 10% para los minerales estratégicos, entre ellos los preciados cobalto, coltán y germanio.

IndustriALL Global Union, que participó en la redacción del nuevo código, promueve su aplicación pese a la oposición de las empresas mineras.

Espera que “el ligero aumento de las tasas proporcione a la RDC el capital necesario para desarrollar su potencial minero”. De este modo el país no tendrá que delegar esta labor, y los beneficios derivados, a las multinacionales. En un taller sobre el nuevo Código de Minería, organizado en junio de 2019 en Kinshasa, con organizaciones de la sociedad civil como la Association Africaine de Défense des Droits de l’Homme, Réseau Sud Congo y Réseau Ressources Naturelles, se insistió en que las disposiciones del código tenían que aplicarse efectivamente en su totalidad. Los participantes señalaron especialmente la necesidad de que “las organizaciones de la sociedad civil acompañen a las comunidades locales, informándolas de sus derechos relacionados con el nuevo código mediante la divulgación del mismo, ya sea respecto a los fondos para las generaciones futuras, los recursos para el desarrollo comunitario, etc.”.

Sobre el terreno, las opiniones respecto a la aplicación del nuevo código están muy divididas. Existen problemas recurrentes, en particular en lo que respecta a la retrocesión de las ganancias, que no siempre llegan a las comunidades donde se han establecido las empresas. Así lo demostraron las protestas de jefes tribales de Bunkeya, en la provincia de Lualaba, donde varias localidades afirman no recibir nada. “El Estado tiene que ser más eficaz a la hora de aplicar lo que anuncia. Hay que pasar urgentemente de la teoría a la práctica, que los acuerdos alcanzados se apliquen realmente”, expone Jacques Mande Banza.

El problema de los grupos armados

Además de las minas explotadas por grandes sociedades mineras y las explotadas por mineros artesanales, muchas minas se encuentran en zonas donde existen conflictos locales. Son parte de la economía de guerra, un sistema en el que los beneficios generados acaban exclusivamente en manos de los señores de la guerra. Esta estructura hace que sea muy complicado, si no imposible, que se cumplan las normas que velan por el bienestar de los trabajadores, ya sean niños o adultos.

“El Estado, al no controlar todo el territorio ni disponer siempre del capital necesario para el desarrollo del sector, ha sido reemplazado por grupos armados que imponen su propia ley. A veces se trata incluso de militares congoleños”, explica Fidel Bafilemba, investigador y coordinador del GATT-RN (Groupe d’Appui à la Traçabilité et la Transparence dans la Gestion des Ressources Naturelles). La participación de los militares en el tráfico puede sorprender a primera vista, pero se debe a la debilidad del Estado: incapaz de remunerar adecuadamente a sus soldados, les deja que se sirvan sobre el terreno. En semejantes condiciones, el investigador ve complicado que desaparezca el trabajo infantil.

La organización International Peace Information Service (IPIS), que realiza investigaciones y recopila datos sobre la relación entre los conflictos armados y los recursos mineros en el este de la RDC, calcula que el 66% de las minas del este del país se ven afectadas por la injerencia de grupos armados. No consideran que las medidas adoptadas por las autoridades les atañan. El Gobierno congoleño expresa a menudo su voluntad de poner fin a esta situación y aplicar sus normas, pero la realidad militar es ineludible. Las Fuerzas Armadas del país tienen dificultades para imponerse frente a las milicias responsables de los abusos en la región de Beni, donde, desde 2014, miles de civiles han muerto en ataques con machete y armas ligeras.

El trabajo infantil, una actividad de alto valor añadido

El transporte de sacos pesados bajo un sol abrasador o una atmósfera húmeda resulta agotador para todos los trabajadores, pero aún más para los niños pequeños. A pesar de esta situación, hay gente a la que no le preocupa verlos trabajar un poco más al fondo en las minas, y que recalca, en cambio, las ventajas que comportan los equipos donde los adolescentes hacen las veces de adultos. “Los niños son mano de obra más barata. Además, a diferencia de los adultos, no son exigentes. Un grupo de 30 niños puede transportar de tres a cuatro toneladas de arena mineralizada en un solo día, y a un coste inferior”, admite abiertamente un minero artesanal de una de las minas de Rubaya, que insiste, no obstante, en permanecer en el anonimato. Y las condiciones de trabajo no se ajustan a ninguna normal internacional. “Caminamos hasta dos horas seguidas con paquetes de entre 25 y 50 kg para llevar la producción de la mina al almacén del jefe. A menudo tenemos que pagar a los policías que nos reclaman dinero por el camino. Cuando no caminamos lo suficientemente rápido, a veces nos golpean, porque el propietario tiene miedo de que, si tardamos mucho, nos roben la mercancía”, señala Jacques Muhire, refiriéndose a la inseguridad que existe en la región.

Esta situación indigna a Tchernozème Kambale, presidente del sindicato Union Nationale des Travailleurs du Congo (UNTC), entrevistado por Equal Times: “Los mineros artesanales son los que se benefician. Los niños no reciben más que las migajas, por eso los operadores consiguen hacer muy buen negocio. Lo lamentable es que se haga en detrimento del bienestar de los niños”. Considera que los salarios que se pagan no permiten cubrir las necesidades personales mínimas. No duda en responsabilizar a los compradores, a los que acusa de hacer la vista gorda para seguir beneficiándose del maná de los minerales baratos. “Si todas estas materias primas se extrajeran respetando las normas, serían mucho más caras para las empresas extranjeras que las compran”, insiste. Hay que recordar que, debido a eso, con frecuencia hay mineros que mueren en accidentes.

Presiones externas para acabar con el maná de los minerales baratos

¿Podría la salvación venir del extranjero? Una vía a veces planteada por los defensores de los derechos humanos es impedir que los intermediarios comercialicen minerales de dudosa procedencia. Citan el ejemplo de lo que se ha hecho con los “diamantes de sangre” a través del Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley. Las legislaciones aprobadas en 2010 en Estados Unidos y en Europa –la Ley Dodd-Frank, que obliga a las empresas que cotizan en bolsa a revelar la procedencia de sus minerales, exigiendo una trazabilidad; y la legislación europea sobre los minerales procedentes de zonas de conflicto, aprobada en 2017, que entrará en vigor a principios de 2021– han dado ciertos resultados, pero siguen siendo limitados.

Por una parte, las normas se aplican a todas las empresas, sobre todo las que están al final de la cadena de producción (Apple, Tesla, etc.). Estas deben, por tanto, presionar a sus proveedores de materias primas, en particular las empresas chinas, que son cada vez más numerosas en el sector minero de la RDC y revelan la misma falta de escrúpulos que las empresas occidentales a las que van reemplazando progresivamente. En 2016, un informe de Amnistía Internacional señalaba a la empresa minera Congo Dongfang Mining, filial del gigante minero chino Zhejiang Huayou Cobalt Ltd, a la que acusaba de adquirir minerales producidos en explotaciones que utilizan mano de obra infantil.

Por otra parte, las legislaciones estadounidense y europea son defectuosas. “Para eludir las normas se han creado redes criminales que consiguen reexportar de manera fraudulenta los minerales a través de minas de países vecinos”, nos explica Fidel Bafilemba.

“Todas estas leyes permiten a Occidente tener la conciencia tranquila, puesto que esos países no quieren que se les acuse de patrocinar violaciones de los derechos humanos. Pero eso no basta”, se lamenta. Considera que, aunque el actual proceso de reorganización del sector debería conducir a la certificación de minas “limpias”, capaces de proporcionar información sobre las condiciones de producción de los minerales, habrá que presionar enérgicamente a las empresas que se benefician de los minerales congoleños.

Esta complicidad por omisión es denunciada por los defensores de los derechos humanos. En diciembre de 2019, International Rights Advocates interpuso una denuncia contra las empresas de alta tecnología Apple, Alphabet (Google), Dell, Microsoft y Tesla, acusándolas de “beneficiarse, ayudar y fomentar el uso cruel y brutal de niños pequeños en la RDC”. El colectivo afirma que “esas empresas saben perfectamente que una parte del cobalto que explotan es extraído por niños”.

La denuncia los acusa de formar parte de un sistema que obliga a los niños a trabajar y de aprovechar el bajo costo de los minerales para obtener sus beneficios. La lista de acusados podría ser más larga, ya que el colectivo sigue investigando a otras empresas. “Haremos todo lo posible para obtener justicia rápidamente. En mis 35 años como abogado de los derechos humanos, nunca he visto abusos de semejante magnitud. Hay que acabar con esta increíble crueldad y avaricia”, expresó el abogado principal de los demandantes, Terry Collingsworth, en el momento de presentar la denuncia. Roger-Claude Liwanga, abogado congoleño y miembro del equipo jurídico, espera que esta denuncia marque “el principio del fin de la impunidad para aquellos que se benefician económicamente del trabajo infantil en la industria minera de la RDC”.

This story has been translated from French.

La presente crónica ha sido posible gracias a la financiación de Union to Union – una iniciativa de los sindicatos suecos.