La pandemia de COVID-19 va a cambiar el mundo de un modo irreversible. En muchos sentidos ya lo ha hecho. Los gobiernos, desesperados por evitar el colapso total de la economía, han movilizado de la nada billones de dólares/euros; el sector de la aviación se ha paralizado casi totalmente, pues se han cerrado las fronteras nacionales; y el precio del petróleo se ha desplomado hasta mínimos históricos en respuesta al excedente de crudo en el mercado. Estos son solo tres ejemplos de circunstancias que a principios de este año hubieran parecido inimaginables. Para instaurar un futuro sostenible posterior a la COVID-19 también nos tenemos que atrever a imaginar lo imposible. Y muchos países del mundo donde ya se aplican ciertos aspectos del Nuevo Pacto Verde nos están demostrando lo que es posible.
A nivel mundial, el Nuevo Pacto Verde (NPV) está formado por ideas políticas que, en sus ejemplos más ambiciosos, conciben una economía descarbonizada al servicio de la gente y del planeta. En la Unión Europea, el Pacto Verde que tiene como objetivo convertir a Europa en el primer continente climáticamente neutro. En marzo, el partido que gobierna en Corea del Sur se convirtió en el primero del este de Asia en anunciar planes para ayudar al país a alcanzar las cero emisiones netas para el año 2050. Mientras tanto, en Estados Unidos, los demócratas progresistas están presionando al candidato presidencial Joe Biden para que refuerce y amplíe sus compromisos relacionados con la justicia medioambiental antes de las elecciones de noviembre y están intentando que salgan elegidos más congresistas como la promotora del NPV Alexandria Ocasio-Cortez.
La cantidad de dinero que ya se ha inyectado en la economía para mantener el statu quo después de la pandemia del coronavirus invalida totalmente cualquier argumento que tilde el Nuevo Pacto Verde de poco realista o inviable. Los países deben ampliar sus objetivos y aprender de los planes que ya se están aplicando.
En Costa Rica, por ejemplo, las energías renovables (principalmente la hidroeléctrica) ya producen el 98% del suministro eléctrico del país. Esta pequeña nación centroamericana cuenta con un ambicioso plan para descarbonizarse totalmente para el año 2050. La resilvestración (devolver la tierra a su estado natural no cultivado) se inició en Costa Rica hace tres décadas; gracias a ella, la superficie forestal de este país se ha duplicado hasta alcanzar una extensión superior al 50% debido a la estricta protección de los parques nacionales y al fin de las subvenciones de la actividad ganadera. La agrosilvicultura –cultivar y criar ganado en bosques– también ha sido fundamental para lograr el claro triunfo de la resilvestración en Costa Rica.
Este país ya había abierto nuevos caminos antes. En 1948 abolió sus fuerzas armadas, acabando así con la huella de carbono que provocaban sus militares (el sector militar constituye uno de los principales responsables mundiales del cambio climático). El próximo reto de esta nación consiste en descarbonizar el transporte, que actualmente es el causante de aproximadamente dos quintas partes de las emisiones nacionales, mediante la inversión en trenes, autobuses y taxis eléctricos y la ampliación de la red de carriles para bicicletas. La huella de carbono total de Costa Rica –histórica y actual– es minúscula, como la del resto de los países del Sur Global. Sin embargo, sus gentes tienen que enfrentarse a las peores consecuencias del cambio climático.
Las islas en primera línea
Las islas del Pacífico central podrían acabar desapareciendo debido al aumento del nivel del mar, por lo que constituyen otro de los frentes en primera línea por el cambio climático. Dichas islas están intentando conseguir las cero emisiones de carbono en el transporte marítimo, un sector que actualmente es el responsable del 2,5% del total de los gases de efecto invernadero. Las islas Marshall, entre otras, están emitiendo los llamados ‘bonos azules’, unos instrumentos financieros que aumentan las inversiones para adaptar los buques antiguos con tecnologías de baja emisión de carbono y para construir embarcaciones con cero emisiones. Estas islas fueron la primera nación insular en aplicar planes con el objetivo de convertirse en un país neutro en emisiones de carbono para el año 2050, por lo que lidera el movimiento de las pequeñas naciones insulares que están adoptando medidas climáticas urgentes para garantizar su propia supervivencia.
El archipiélago africano de Cabo Verde se está descarbonizando y apoya a sus pequeños agricultores. Debido a su aislamiento en el océano Atlántico, dependía de los combustibles fósiles y de las importaciones, incluidos los alimentos, hasta que las energías renovables locales empezaron a romper dichas relaciones de dependencia. En 2016, Cabo Verde ya contaba con 30 turbinas eólicas que satisfacían alrededor de una cuarta parte de las necesidades de energía eléctrica del archipiélago. Hoy en día pretende lograr un 100% de energías renovables. Como no dispone de una amplia red nacional, la energía eólica y la solar podrían reemplazar en un futuro a los generadores de diésel de los que dependen sus agricultores para irrigar la tierra y sus pescadores para congelar sus capturas.
Cabo Verde ha demostrado que los proyectos comunitarios pueden empoderar a la gente en los ámbitos energético y de participación ciudadana y que las energías renovables al margen de la red están facilitando cada vez más el acceso a la electricidad en todo el continente africano.
Sin embargo, desde Túnez a Mozambique y de Marruecos a Kenia, entre otros, los megaproyectos de las energías renovables suelen parecerse bastante a un colonialismo verde. Obligan a la gente a abandonar sus tierras, utilizan sus preciados recursos hídricos, perpetúan las estructuras centralizadas de poder y desvían los beneficios al extranjero. Los legisladores tienen que trabajar con las comunidades más vulnerables del mundo para asegurarse de que los proyectos medioambientales tengan en cuenta las necesidades de la gente que más los necesita.
Gracias al llamado Desafío en Diez Islas, Belice y otras nueve naciones del Caribe están avanzando para lograr un 100% de energías renovables. Sin embargo, el hecho de que Richard Branson, el dueño multimillonario de las aerolíneas Virgin, financie esta iniciativa demuestra que las industrias con unas elevadas emisiones de carbono están dispuestas a apropiarse de las luchas medioambientales para blanquear ecológicamente sus altas emisiones. Los ecosistemas vulnerables no pueden ni deben protegerse para los potenciales turistas. El sector aeronáutico provoca alrededor del 4% de las emisiones mundiales, pero aun así está exento de los acuerdos climáticos. En lugar de depender del dinero de los turistas en otro episodio de dependencia colonial, el Sur Global merece indemnizaciones de los países del hemisferio norte que, históricamente, han generado la mayor parte de las emisiones de carbono. Además de los Estados, las grandes empresas responsables de dichas emisiones también deberían pagar. Las indemnizaciones climáticas podrían financiar proyectos relacionados con la agrosilvicultura, la protección de ecosistemas y el almacenamiento energético de impacto reducido.
Trascendiendo al ‘lo mismo de siempre’ en el hemisferio norte
En diciembre de 2019, los 27 Estados-miembros de la UE, excepto Polonia, se comprometieron a lograr la neutralidad de carbono para el año 2050 mediante un Pacto Verde que incluye un fondo de transición justa de 7.500 millones de euros. Sin embargo, además de no incluir la palabra “nuevo” asociada al New Deal o proyecto histórico de transformación económica que se desarrolló en Estados Unidos en la década de 1930, el pacto europeo tampoco prevé el cambio estructural necesario para lograr una verdadera justicia social y ecológica mundial.
El Pacto Verde sigue basándose en la lógica económica que provocó el problema inicial. Depende, por ejemplo, del apoyo a la financiación privada tal y como se hizo tras el colapso financiero de 2008. Además, desaprovecha la oportunidad de avanzar hacia un sistema financiero alternativo –uno, por ejemplo, basado en un sector bancario público–. Asimismo, el plan de la UE tampoco acaba con la veneración al crecimiento eterno, aunque dicho concepto claramente contradice el hecho de que vivimos en un planeta con recursos limitados. Numerosos activistas, académicos e investigadores están trabajando en el marco de un Nuevo Pacto Verde para Europa (NPVE). Juntos han publicado una extensa Hoja de ruta para Europa que se basa en la idea de la transición justa, un proyecto respaldado por los sindicatos para que los trabajadores pasen de los sectores destructivos a los ecológicos.
La pandemia de COVID-19 ha demostrado que se puede transformar y aumentar rápidamente la capacidad productiva. Por ejemplo, pasando de fabricar piezas de automóviles a respiradores o de ropa de marca a equipos de protección individual (EPI). ¿Por qué no pueden transformarse también otras industrias? ¿Parques eólicos en lugar de armas?
En todo el mundo, las grandes empresas están pidiendo a gritos que se las rescate, pero no podemos seguir priorizando los beneficios antes que las personas. Al rescatar a líneas aéreas de bajo coste insostenibles para el medio ambiente, por ejemplo, o al inyectar dinero en los grandes bancos que siguen estafando a la gente a través de créditos carísimos, estaremos postergando la solución y perdiendo el tiempo. Esta pandemia es tan solo la consecuencia más visible del desastre al que nos ha llevado el capitalismo desenfrenado; tenemos que aprovechar al máximo este momento de reflexión que nos ha brindado el coronavirus. Tenemos que sanar el planeta.
La Hoja de ruta para Europa analiza cómo el actual Pacto Verde de la UE se basa en el ‘blanqueamiento ecológico’ de proyectos –ya en marcha– que, sencillamente, no funcionan para la gente ni para el planeta. Por ejemplo, la Política Agrícola Común –uno de los mayores gastos de la UE– funciona sobre todo como una subvención para los grandes terratenientes y las grandes empresas del sector agrícola. El fondo de transición justa de la UE (que asciende a 7.500 millones de euros) es una miseria si se compara con las subvenciones que la UE y sus Estados miembros otorgan a las empresas con elevadas emisiones de carbono. En cambio, la UE debería destinar todas las inversiones públicas al respaldo de proyectos totalmente transparentes y respetuosos con el medio ambiente y regular la economía para lograr una prosperidad ecológica e inclusiva. En pocas palabras, tiene que defender y promover la justicia social global.
La justicia global
En el ámbito de la justicia global, Europa tiene que adoptar medidas urgentes que incluyan desde retirar las subvenciones a las multinacionales agrícolas hasta acabar con la evasión fiscal y las interminables guerras por los recursos. Sin embargo, todavía podemos ir más lejos. A medida que la ciencia climática se vuelve cada vez más precisa, los llamados juicios climáticos podrían obligar a las empresas más contaminantes a pagar indemnizaciones para financiar un Nuevo Pacto Verde global y descolonizador.
La Hoja de ruta para Europa destaca la importancia de basar la transición verde en las democracias locales. Desde la década de 1970, el gobierno danés ha subvencionado parques eólicos comunitarios a nivel nacional. Por consiguiente, la energía eólica produce actualmente casi la mitad de todo el suministro eléctrico en Dinamarca. Algo parecido ha ocurrido en Escocia: cuenta con más de 20.000 plantas comunitarias de energía renovable, lo que significa que las pequeñas comunidades son productoras netas de energía y están cosechando los beneficios. Por supuesto, la economía escocesa sigue dependiendo en gran parte de las explotaciones petrolíferas –y este es un ámbito del que podría aprender de Costa Rica–.
Las políticas propugnadas por el NPV no se limitan únicamente a las energías renovables comunitarias. Estados Unidos ha aprendido una dolorosa lección sobre la necesidad de contar con una sanidad pública. Asimismo, existen numerosos ejemplos en Europa de derechos de los trabajadores, bienestar y medidas de protección del medio ambiente que se consideran utopías radicales en el contexto estadounidense. Si analizamos a Europa, muchos de los planes que se detallan en la Hoja de ruta ya se están aplicando, como el de vivienda para todos en Finlandia y el del transporte gratuito en Luxemburgo.
La eficacia del Nuevo Pacto Verde queda demostrada por el hecho de que incluso con Donald Trump de presidente, las energías renovables están ganando terreno en Estados Unidos mientras que el carbón está perdiendo fuerza. Las escuelas del condado Delta en Colorado, en pleno corazón de la zona productora de carbón, ofrecen cursos de formación sobre energía solar, mientras que en los montes Apalaches existen planes para convertir Bent Mountain, una antigua mina de carbón, en un parque de energía solar.
En un mundo caracterizado por innumerables injusticias y por múltiples crisis debidas al cambio climático, la pandemia del coronavirus es la prioridad inmediata. Pero pase lo que pase después, sería imperdonable volver al mismo sistema de siempre cuando se nos brinda la posibilidad de reconstruir un mundo justo y saludable.
