Un nuevo rumbo para Europa

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Los meses siguientes después de las elecciones europeas, se plantearán a Europa varios retos. Desde hace ya demasiado tiempo, los ciudadanos y los trabajadores europeos exigen que la justicia social, el diálogo social y la solidaridad se sitúen en el centro de las decisiones.

Hasta ahora, estas reivindicaciones no han sido escuchadas por los responsables políticos europeos.

Están a punto de cambiar los titulares de puestos clave en el seno de las instituciones europeas; tendremos un nuevo Parlamento y una nueva Comisión. Es hora de volver a reorientar la Unión Europea (UE) para que centre sus prioridades en las necesidades de sus ciudadanos y de sus ciudadanas.

Europa pertenece, en efecto, a sus pueblos y a sus ciudadanos, y no a la elite financiera, económica y política. Toda decisión debe tomarse con miras a garantizar el bienestar para todos y todas así como una sociedad más justa y sostenible. La austeridad no funciona y debe ceder el paso a inversiones capaces de generar empleos de calidad.

En realidad, nadie pone en tela de juicio la legitimidad de nuestros argumentos. Sin embargo, el balance de los últimos años muestra que estamos muy lejos de conseguirlo. Nos consuelan con palabras tranquilizadoras sobre la Europa social, el diálogo social, la reducción de las desigualdades, pero estas palabras no van seguidas de hechos.

Nuestra mayor prioridad es presentar propuestas alternativas específicas y concretas para restaurar la confianza de los trabajadores y de las trabajadoras en el proyecto europeo.

El buen funcionamiento de la economía debe reducir la desigualdad y la pobreza, y debe tener en cuenta que la protección social no es un lujo, sino un elemento esencial a la buena convivencia. La democracia en las empresas, la negociación colectiva y el diálogo social son pilares fundamentales que debemos defender a toda costa.

Frente a una crisis sin precedentes, los líderes europeos mostraron que estaban decididos a salvar el euro y, con este, una determinada Europa. Este rescate sigue siendo, ciertamente, importante. Sin embargo, nos ha dejado un sabor amargo porque son los trabajadores y los ciudadanos de ingresos más bajos los que han pagado un precio muy alto.

 

“Encarrilar a Europa por el buen camino”

Basta con mirar las cifras para constatar un aumento dramático del desempleo: al día de hoy, Europa cuenta con más de 26 millones de personas desempleadas. En la zona del euro pasamos de una tasa de desempleo del 7,5% antes de la crisis al 12% actual, con picos dramáticos de más del 25% en Grecia y España.

La situación de la juventud es sumamente preocupante: 7,5 millones de jóvenes no trabajan, ni tampoco siguen algún tipo de estudios o formación.

Asimismo, se constata un profundo debilitamiento de la protección social, de los servicios públicos y de la negociación colectiva, una disminución generalizada de los salarios en 18 de los 28 Estados miembros, todo ello aunado a una competencia desleal desde el punto de vista social en la mayoría de nuestros países. Todos estos elementos dan lugar al aumento de la desigualdad y de la pobreza, y muestra con toda claridad la necesidad de un cambio para encarrillar a Europa por el buen camino.

El desmantelamiento social, las políticas de austeridad, así como los drásticos recortes en los presupuestos nacionales, han contribuido en gran medida a crear las condiciones propicias al surgimiento de movimientos populistas y de extrema derecha, a los que nos oponemos.

Este clima económico y social ha reforzado las dudas sobre el valor que posee una organización que una a los países europeos. De hecho, aun cuando se salvó al euro, no se protegió debidamente lo que representa el núcleo de nuestra historia y de nuestra cultura social.

Sin embargo, hacer creer que podríamos hacer tabla rasa de la Unión Europea en su estado actual, es decir, volver a los Estados-nación, para luego reconstruir una organización institucional y política totalmente diferente es engañar a los ciudadanos y a las ciudadanas que representamos.

Sabemos, con toda seguridad, que el futuro del empleo no está en la restauración de las fronteras nacionales, que no puede desarrollarse un empleo de calidad si vuelven a instaurarse impuestos en las fronteras interiores de la UE, si se impide la libre circulación de personas, bienes y servicios. Nuestro objetivo es conseguir que la Unión Europea evoluciones política, económica, social e institucionalmente para ser más democrática, más social.

La Confederación Europea de Sindicatos (CES) tiene una responsabilidad fundamental.

En el actual clima de optimismo que prima por todos lados ante una supuesta salida de la crisis, es preciso hacernos escuchar con todo nuestro vigor. Mientras los líderes europeos se felicitan porque la crisis del euro ha quedado a nuestras espaldas, nosotros afirmamos que todavía no se ha hecho frente a la crisis del empleo. Mientras los líderes europeos nos dicen que hay que aplicar severas políticas de austeridad, nosotros afirmamos que se requieren políticas alternativas reales para dar de nuevo trabajo a los europeos y a las europeas. Europa tiene que echar a andar de nuevo centrándose en el trabajo de calidad y en puestos de trabajo sostenibles, de lo contrario, no echará a andar.

Exigimos un nuevo rumbo para Europa, un rumbo que siente sus bases en un modelo europeo que ponga coto a las libertades del mercado y sitúe la justicia social, el diálogo social y la buena convivencia en el centro de las decisiones. La presencia crítica, a menudo muy crítica, del sindicalismo europeo en el seno de la construcción institucional es de esencial importancia.

La CES ha presentado propuestas claras para la reactivación de la economía. Proponemos un importante plan de inversiones, hasta el 2% del PIB de la Unión Europea por año para un crecimiento sostenible capaz de crear empleos de calidad.

Este esfuerzo permitiría a la UE recuperar una industria de punta respetuosa del medio ambiente y situarse a la cabeza en el plano mundial.

Los ámbitos prioritarios y generadores de puestos de trabajo serían, entre otros, la transformación de la energía, las redes e infraestructura de transporte, la educación y la formación, el desarrollo de redes de banda ancha, los servicios públicos y privados, las infraestructuras y viviendas adaptadas a las personas mayores, así como las viviendas sociales.

Hasta ahora no hemos encontrado el apoyo político necesario para poner en práctica estas propuestas.

El nuevo Parlamento, pero también la nueva Comisión Europea y la nueva Presidencia del Consejo Europeo tienen la responsabilidad política, económica, social y moral de hacer avanzar el proyecto europeo. Los próximos meses serán decisivos.

Nosotros, por nuestra parte, seguimos movilizados para que Europa siga este nuevo rumbo que exigimos.