“Un salario mínimo no soluciona a largo plazo la crisis en el sector de la atención domiciliaria”

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Tras la aprobación de las normas salariales federales, el gobierno tardó 40 años en determinar que los trabajadores/as del hogar merecían un salario mínimo. Y está tardando casi otros 40 años en otorgar las mismas garantías a los trabajadores/as de la atención domiciliaria, el subgrupo del sector especializado en el cuidado a ancianos/as y personas con discapacidades.

La administración de Obama ha aprobado enmiendas para las normativas sobre salarios y horarios federales con el objetivo de poner fin a la histórica exención de estos cuidadores. El 21 de agosto, tras un enfrentamiento judicial con empleadores de estos trabajadores/as, un juez de un tribunal de apelaciones revocó una sentencia de un tribunal de menor instancia que suponía un obstáculo para las reformas, allanando así el camino para la ampliación de las garantías de salario mínimo y horas extra para algunos de los trabajadores/as menos remunerados que cuidan a los ciudadanos/as más vulnerables de nuestra comunidad.

Las nuevas normas, aprobadas en 2013, incluyen a los trabajadores/as empleados por las agencias de atención domiciliaria que fueron excluidos de las enmiendas aprobadas en la década de 1970 para la Ley sobre Normativas del Trabajo Justo (FLSA) partiendo de la base de que sus servicios eran parecidos a “hacer compañía a ancianos” (es decir, no una “verdadera” profesión).

En realidad, hoy en día el sector se ha convertido en un elemento esencial de la infraestructura de la asistencia sanitaria que se encarga de una amplia gama de necesidades físicas y sociales, como la alimentación, la limpieza, la gestión de la medicación, la rehabilitación y las actividades de ocio de sus clientes. Muchas de las responsabilidades del trabajo requieren una formación profesional continuada, así como un horario laboral extremo (estar disponible las 24 horas del día para urgencias de cuidados intensivos) y un considerable esfuerzo físico (levantar a clientes discapacitados).

En una conferencia para los medios de comunicación en la que se anunció la decisión, Meriam Jawhar, una trabajadora de la atención domiciliaria de Santa Fe, aseguró que las reformas laborales pendientes tienen menos que ver con las escalas salariales que con el reconocimiento de su profesión como un trabajo digno:

“Quiero que la gente sepa que la atención domiciliaria es una profesión que merece respeto y validez legal… Cuando estás cuidando a otro ser humano, haces que se sienta como una persona plena a pesar de su situación. Por tanto, es muy importante que tengamos una fuerza laboral en la que apoyarnos y nos aseguremos de que la gente esté bien formada y lista para empezar”.

El último fallo revocó una sentencia en dos partes de un tribunal de primera instancia que establecía que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos carecía de la autoridad necesaria para enmendar unilateralmente las normas que redefinían las responsabilidades laborales y de los empleadores y que abarcaban la exención. El juez Sri Srinivasan reconoció que el Departamento de Trabajo hacía poco que había llegado a reconocer los cambios que había experimentado el sector de la atención domiciliaria, pasando de ser una fuerza laboral informal a convertirse en uno de los sectores de la asistencia sanitaria de mayor crecimiento que ofrece sus servicios como una alternativa comunitaria a la institucionalización. Según sostuvo el tribunal, las reformas otorgarían “a dichos empleados/as las mismas garantías contempladas en la FLSA y que se otorgan a sus colegas, los cuales ofrecen principalmente los mismos servicios en un ámbito institucional”.

 

Relación entre empleador y empleado/a

Asimismo, la sentencia reconoce que la relación entre empleador y empleado/a ha cambiado, ya que las agencias que emplean a gran parte de esta fuerza laboral gestionan actividades complejas y se han convertido en un beneficiario clave del gasto público y privado de la sanidad.

Aunque algunas asociaciones sectoriales habían demandado al Departamento de Trabajo de Estados Unidos alegando que la administración se había extralimitado en sus competencias, en 2002 en un recurso judicial a la exención, el Tribunal Supremo dejó que el Departamento de Trabajo reformara dicha normativa como lo creyera conveniente. Asimismo, el tribunal reconoció que en los últimos años se había “hecho más hincapié en el valor intrínseco de ofrecer servicios de atención en el ámbito domiciliario y, por tanto, en el alejamiento de la atención institucional”.

Como explicó Ai-jen Poo, directora del sindicato National Domestic Workers Alliance y de la campaña de clientes y sindicatos para la atención domiciliaria Caring Across Generations, la generación de los nacidos entre 1946 y 1964, al parecer muy rentable a largo plazo, cada vez busca más una atención comunitaria en lugar de residencias de ancianos. Además, las madres, hijas y hermanas que podrían haberse encargado de cuidarles hace una generación, ahora suelen trabajar fuera de casa.

El sector del cuidado de ancianos/as ha crecido para satisfacer esta demanda, pero los salarios se han estancado en alrededor de 9,40 USD por hora, por lo que los asistentes domiciliarios se ven obligados a realizar dicho trabajo por una miseria, en condiciones sumamente estresantes y a menudo de explotación. Se calcula que la tasa de rotación anual de estos trabajadores/as es de un 50%. Además, un gran porcentaje de los trabajadores/as de la atención domiciliaria depende de las ayudas públicas, incluidos los fondos de Medicaid que también constituyen una subvención de sus escasos salarios.

El hecho de que este sector, como el de otros trabajadores/as del hogar, esté dominado por mujeres, inmigrantes y gente de color dice mucho sobre cómo las divisiones raciales y de género siguen marginando a los trabajadores/as de bajos salarios. Además, aunque por desgracia las normativas federales se han quedado cortas, decenas de miles de trabajadores/as estatales de la atención a ancianos y personas con discapacidades en California, Illinois, Minnesota y Massachusetts han avanzado gracias a las campañas de sindicalización que han tenido como consecuencia un aumento significativo de sus salarios y su seguridad laboral.

Aunque los sindicatos del sector de la atención domiciliaria también han tenido que hacer frente a retos jurídicos (entre los que destacó la sentencia regresiva del Tribunal Supremo sobre la recaudación de cuotas sindicales en el caso Harris contra Quinn), tanto la lucha por el salario mínimo como la sindical demuestran cómo la centralización y regulación de la fuerza laboral han fomentado la solidaridad de los trabajadores/as.

Sin embargo, el aumento salarial no irá a más. De hecho, sus defensores señalan que muchos estados ya incluyen a estos trabajadores/as en las leyes estatales sobre el salario mínimo y las horas extra, que a menudo superan al salario mínimo federal. Los trabajadores/as de la atención domiciliaria se ven perjudicados principalmente por la falta de disposiciones adecuadas por parte de los consumidores para servicios integrales de alta calidad que paguen salarios dignos y ofrezcan servicios asequibles para familias de todos los niveles de ingresos.

Sarita Gupta, codirectora de la campaña Caring Across Generations, hizo hincapié en la necesidad de una financiación estable de la atención a los ancianos y las personas con discapacidades. Este asunto de la sostenibilidad de la financiación no se abordó en la Ley de la Atención Asequible. Por tanto, en los próximos años la infraestructura de la asistencia sanitaria se verá gravemente sobrecargada por el aumento de los costes de dicha atención y la creciente población de pacientes.

“El gobierno va a tener que desempeñar un papel para realizar una inversión real con el objetivo de crear un sistema de atención a largo plazo en Estados Unidos que funcione para todos… Por eso, esta sentencia es tan importante. Porque sin duda significa un primer paso en términos de reconocer la necesidad de reforzar a una fuerza laboral que será esencial para el sistema de atención a largo plazo que necesitaremos en el futuro”.

Un salario mínimo no constituye una solución a largo plazo para la crisis en el sector de la atención domiciliaria. Los trabajadores/as necesitan salarios acordes con las profesiones médicas parecidas, representación sindical y supervisión por parte del sector. Pero aunque esta nueva normativa ha llegado 80 años tarde, al menos los legisladores se están dando cuenta de que la gente que cuida de los ancianos/as merece un reconocimiento que vaya más allá del de simple “compañía”.

 

Este artículo ha sido traducido del inglés.

Este artículo se publicó por primera vez en The Nation. Esta reproducción se realizó gracias a la autorización de la Agence Global.