Una crisis política y social subyace en Haití pese a la aparente calma de la superficie

Una crisis política y social subyace en Haití pese a la aparente calma de la superficie

At a demonstration in Port-au-Prince in October 2018, a man holds up a sign demanding that the fraudulent use of the PetroCaribe funds be brought to light.

(Milo Milfort)

Los días 6 y 7 de julio de 2018. El 17 de octubre de 2018. El 18 de noviembre de 2018. El 7 de febrero de 2019. Todas estas fechas están marcadas por el violento bloqueo de las calles de Puerto Príncipe, la capital, y de las otras grandes ciudades de Haití llevado a cabo por miles de manifestantes que protestaban contra un sistema al que responsabilizan de mantenerles en la miseria y para exigir mejores condiciones de vida.

“Este bloqueo total de rutas y carreteras se ha convertido en una nueva forma de reivindicación social a la que recurre la población para expresar su dolor, su desaliento, su malestar, su miseria abyecta y su desconfianza hacia los responsables políticos”, asegura el profesor universitario Pierre Négaud Dupénor.

Desde la primera, “vivimos día a día en espera del próximo bloqueo. Esta situación genera cierta psicosis tanto entre los agentes económicos como entre los ciudadanos”, continúa.

“Esta lucha popular contra la crisis socioeconómica tiende a perdurar y a estructurarse. Refleja la voluntad de la población de hacerse escuchar por todos los medios posibles, por más violentos que estos sean”.

No obstante, desde mediados de febrero de 2019, la calma parece haber vuelto al país. Esta calma ha permitido reanudar las actividades en Puerto Príncipe y en algunas ciudades provinciales. Las autoridades lo celebran, sin tomar medidas sobre las causas estructurales subyacentes a las protestas, las cuales exigen, ante todo, mejores condiciones socioeconómicas para los haitianos.

“No debe confundirse un tiempo muerto con el final del partido (...). Es preciso darse cuenta de que esta es una herida que no deja de ahondarse. A cada brote, las manifestaciones son más violentas”, indica el politólogo Roudy Stanley Penn, quien considera que el problema persiste. “Concretamente, apenas se le ha dado respuesta”.

Una crisis profunda

En Haití, más de 6 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza (es decir, menos de 2,41 dólares USD al día; 2,16 euros) y más de 2,5 millones por debajo de la denominada línea de pobreza “extrema” (establecida en 1,23 dólares; 1,10 euros al día por el Banco Mundial). La moneda nacional, la gourde, continúa depreciándose, alimentando una inflación de dos dígitos que ya superó la barra del 17% en mayo de 2019, según el Instituto Haitiano de Estadística e Informática (IHSI).

Roudy Stanley Penn cree que la realidad que se perfila es la de un país que, sin producir riqueza, regularmente engendra “nuevos ricos”, mientras que la clase media se empobrece y los pobres se hunden aún más en la miseria. “Y ellos, los miserables, mueren día a día ante nuestros ojos”, agrega el politólogo.

Las causas que han originado esta serie de movimientos populares son varias: deterioro del poder adquisitivo, opacidad del gasto público, mala gestión, inflación galopante o nuevas devaluaciones de la moneda nacional frente al dólar. Como resultado, muchos haitianos abandonan el país en busca de una mejor situación en otro lugar, a veces arriesgando su vida o sus derechos.

Alrededor del 10 al 12% de los haitianos vive fuera de su país de origen, según la Fundación Zile, basada en estadísticas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la mayoría parte a República Dominicana, Canadá, Estados Unidos, Brasil y cada vez más al resto de países de América del Sur.

En agosto de 2018, en medio de este contexto tan nefasto, un gran movimiento juvenil, conocido como #PetroCaribeChallenge, nació en las redes sociales antes de descender a las calles de la capital. Exigió que las autoridades haitianas arrojaran luz sobre el uso de casi 4.000 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) del Fondo PetroCaribe [que lleva el nombre de una alianza entre Venezuela y 17 países del Caribe], que debería haberse invertido en la construcción de infraestructuras de desarrollo: hospitales, carreteras, aeropuertos, universidades, etc. Los haitianos se han reunido ante el Tribunal de Cuentas muchas veces para exigir que se arroje luz sobre el despilfarro de ese dinero.

Tras estas protestas, una auditoría especial realizada por el mismo Tribunal de Cuentas sobre la gestión de los proyectos financiados por el Fondo PetroCaribe, dio a conocer, a finales de enero de 2019, el alcance de la malversación y el despilfarro de los fondos por parte de más de diez ministros y altos directivos de la administración pública haitiana. El propio presidente, Jovenel Moïse, fue puesto en tela de juicio en dicho informe, un informe que debía completarse este mes de mayo (que termina hoy).

La lucha contra la corrupción: un gran reto

Para la economista Emmanuela Douyon, los problemas estructurales están lejos de estar resueltos. Opina que las medidas tomadas tras las manifestaciones han sido hasta ahora de orden político [el primer ministro Jean-Henry Céant tuvo que abandonar su cargo el 18 de marzo, tras un voto de desconfianza] y no responden a las reivindicaciones manifestadas. “El Tribunal de Cuentas ha publicado sólo un informe parcial. Sin embargo, es preciso subrayar que aún tiene mucho por hacer de acuerdo con su mandato constitucional”, asegura, al tiempo que recuerda que el Estado haitiano se querelló y que el informe parcial fue enviado a los tribunales.

El colectivo de ciudadanos nupapdòmi (“no dormimos”, en español), formado principalmente por los "Pétro Challengeurs", organizó una sentada el 26 de abril de 2019 para exigir, una vez más, al Tribunal de Cuentas que complete el informe. En todo el país seguirán organizándose otras actividades para obtener un juicio, porque la población quiere ver a varias personas tras las rejas y la incautación de sus bienes.

“Lo que está en juego en este juicio es importante, es una especie de indicador de la lucha contra la corrupción y la impunidad, que son obstáculos reales para el desarrollo del país”, concluye Emmanuela Douyon.

El 18 de mayo, la oposición se manifestó en las calles de Puerto Príncipe para exigir, de nuevo, la salida del presidente Jovenel Moïse. Jean Bony Fatal, presidente de la Confederación de Trabajadores de los Sectores Público y Privado (CTSP) en Haití, considera que el hecho de no imputar al presidente le deja perplejo sobre la voluntad real de las autoridades para hacer avanzar la justicia.

“Todo permanece igual. La situación solamente empeora. No se ha movido nada. Por el contrario, el costo de la vida sigue aumentando y el desempleo abunda por doquier. Nada ha cambiado desde los últimos acontecimientos”, constata el sindicalista, a quien le preocupan las consecuencias del desempleo (que ya está alcanzando niveles récord, entre el 30% y el 40%, según estimaciones) y de la crisis económica sobre la seguridad interior del país.

“Las anteriormente zonas pacíficas ahora se convierten en lugares donde impera la anarquía, y estas no dejan de proliferar desde hace meses”, se lamenta. De hecho, el barrio pobre de Cité Soleil, que ha vivido tres años de calma, se ha convertido una vez más en un foco de violencia entre bandas armadas, como lo señaló recientemente un informe de la ONU. Haití se está convirtiendo en un país dividido en carteles de bandas armadas que siembran el terror y se disputan los territorios.

La recientemente reactivada Comisión Nacional de Desarme, Desmovilización y Reintegración (CNDDR, por sus siglas en inglés) ya ha identificado hasta 76 pandillas armadas en el país. “Esta aparente calma es solo una bomba de tiempo. Estallará tarde o temprano. Si no se hace nada, en los próximos días tendremos un colapso social [peor que el anterior]”, advierte Jean Bony Fatal.

This story has been translated from French.