El 12 de marzo de 2014, Equal Times escribió sobre la grave situación de los trabajadores migrantes en la Education City de la Qatar Foundation, un extenso campus situado en Doha, donde algunas de las universidades más prestigiosas del mundo han establecido secciones de sus respectivos campus.

Por supuesto, nadie objeta que las universidades proporcionen oportunidades educativas de alto nivel a los estudiantes de la región del Golfo. El problema radica en que estas universidades están cediendo su buena reputación a un país cuya ley prohíbe a todos los trabajadores y trabajadoras migrantes – desde un catedrático a tiempo completo hasta un jardinero – ejercer el derecho a la libertad sindical.

Por eso no hay sindicatos, no hay negociación colectiva y no se pueden llevar a cabo acciones colectivas.

Además los trabajadores migrantes, incluidos los de la Education City, están sujetos a un sistema que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) confirmó en marzo de este año puede resultar en la imposición de trabajo forzoso u obligatorio.

Los trabajadores que desempeñan una función administrativa, de mantenimiento u otros servicios en la Education City (es decir, todos los que no trabajan en la enseñanza), no tienen más remedio que asumir el pago de unas comisiones de contratación exorbitantes y resignarse a que le cambien el contrato original por otro con un salario inferior y peores condiciones laborales, y a que le confisquen el pasaporte.

Todos los trabajadores están sujetos al sistema de patrocinio, lo que quiere decir que la posibilidad de cambiar de empleo o de abandonar el país depende completamente de su patrocinador.

El 14 de marzo, la Confederación Sindical Internacional (CSI) escribió a los presidentes de las ocho universidades de la Education City solicitándoles que llevaran a cabo un estudio independiente sobre el personal que trabaja en sus universidades en la Education City, concretamente los trabajadores empleados por subcontratistas; y que se comprometieran, sobre la base de los resultados, a garantizar que todos los trabajadores y trabajadoras estén en posesión de su pasaporte, que se les pague la tasa salarial especificada en sus contratos de empleo originales y que se les reembolsen las comisiones de contratación que hayan tenido que pagar.

Se les instó asimismo a presionar al Gobierno de Qatar para que enmiende el sistema de kafala, de manera que se ajuste a las normas internacionales, y para que enmiende también la legislación laboral a fin de permitir que los trabajadores/as migrantes puedan sindicalizarse libremente.

Hasta la fecha sólo han respondido dos universidades: el University College London (UCL) y la Georgetown University.

La respuesta del UCL fue sumamente decepcionante, rechazando comprometerse a emprender acciones concretas.

Reconocía que, efectivamente, los trabajadores no pueden afiliarse a un sindicato, pero indicaba que esto se veía compensado al permitir al personal contratado directamente presentar quejas ante la administración.

En lo referente a los trabajadores no docentes contratados de forma indirecta, es decir que trabajan en el UCL pero que están empleados por contratistas, el UCL se lavaba las manos de toda responsabilidad. Se comprometía estrictamente a “plantear ante las autoridades competentes, tan pronto como se presente la oportunidad, la cuestión del personal no empleado directamente por nosotros pero que presta servicios en la Education City.”

El UCL mencionaba, por último, el apoyo que está brindando al trabajo humanitario en las “comunidades marginadas”.

La respuesta de la Georgetown University fue muy distinta: reflejaba una mayor apreciación por las condiciones de los trabajadores empleados por contratistas tanto de Georgetown como de la Qatar Foundation.

Explicó a la CSI que, desde enero de 2014, ha estado llevando a cabo un estudio sobre estas condiciones laborales.

Está por ver si el estudio consigue abrir alguna vía para las reformas y medidas que solicita la CSI, pero, en todo caso, no deja de ser un paso positivo.

La CSI está realizando un seguimiento con la Georgetown University para garantizar que los trabajadores no tengan que estar sujetos a unas condiciones que puedan dar lugar a la imposición de trabajo forzoso, y para abordar la ausencia de libertad sindical en Qatar.

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