“Me fui del hospital 18 horas más tarde. Estaba sola, estresada, preocupada y seguía sin obtener ninguna información de nadie”, cuenta a Equal Times Maggie Hughes, que a raíz de esta experiencia se ha convertido en defensora de los derechos de las víctimas.

Robert, que por aquel entonces tenía 27 años, necesitaba una operación cerebral de emergencia para sobrevivir a las lesiones. Más de siete años después, a pesar de haberse recuperado parcialmente y poder jugar de vez en cuando al fútbol, sigue sufriendo daño cerebral permanente.

“Cualquier persona puede ser víctima de un delito en cualquier momento”, explica a Equal Times Levent Altan, director ejecutivo de Victims Support Europe (VSE), citando como ejemplo los recientes ataques terroristas en París.

Gracias en parte a su activismo, en muchos países de Europa se puede disponer de ayuda, aunque el proceso ha sido lento. El pasado mes de noviembre la Directiva de la Unión Europea 2102/29/EU fue incorporada a la legislación nacional, requiriéndose su aplicación formal por parte de los Estados miembros de la UE. Aprobada inicialmente en 2012, la Directiva establece unas normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos.

También promueve los derechos de las víctimas en los procesos penales, concretamente el derecho a una evaluación individual de su situación y a un trato respetuoso, el derecho a información en materia de derechos y procesos, más derechos para los familiares de las víctimas, y acceso a servicios de asistencia, incluyendo servicios de traducción e interpretación.

Cada año, aproximadamente un 15% de los ciudadanos de la UE son víctimas de la delincuencia (lo que representa cerca de 75 millones de personas – aunque se trata de una cifra estimada puesto que hay muchos delitos que no se denuncian).

Y a pesar del plazo establecido para la incorporación de la Directiva, ocho miembros de la UE – Grecia, Chipre, Italia, Bulgaria, Lituania, Letonia, Rumanía y Eslovenia – siguen sin disponer de servicios genéricos de apoyo a las víctimas. Esto pone de manifiesto la diversidad de percepciones que existe en la UE en cuanto a la relación entre las víctimas y el sistema de justicia penal.

A raíz de la reciente crisis económica, la financiación también se considera como una de las principales preocupaciones, pero Altan señala que eso no justifica la inacción. Para él es una cuestión de “establecimiento de prioridades políticas”. Y añade que se puede proporcionar apoyo a las víctimas de forma relativamente barata, a través de ONG que “disponen de un gran número de voluntarios bien formados y sumamente profesionales – lo que resulta mucho más económico que los servicios facilitados a través del Gobierno”.

“Pueden existir diferentes tipos específicos de apoyo para determinados delitos, como es la violencia doméstica, pero una persona que solicitara uno de ellos en el caso de un delito genérico como puede ser un robo, no recibiría ayuda. Nuestro objetivo es ayudar a estos países a establecer estos servicios genéricos”, añade Altan.

En una declaración a Equal Times, la ex Comisaria de Justicia de la UE Viviane Reding, actualmente eurodiputada por Luxemburgo con el Partido Popular Europeo (PPE), también expresa su inquietud con respecto a las deficiencias en la aplicación. “La Directiva sobre los derechos de las víctimas de la UE no debe convertirse en letra muerta”, afirma.

Además, VSE está tratando de ampliar el mecanismo de apoyo a nivel de la UE para las víctimas y de mejorar la coordinación entre los servicios de los diversos países.

A la luz de los ataques de París, Altan expresa: “Nuestro miembro de VSE en París está en contacto con los servicios de apoyo a las víctimas de los Países Bajos y el Reino Unido, puesto que muchos de estos ciudadanos han regresado a sus respectivos países después de los ataques. Un proyecto que nos gustaría que se llevara a cabo es un mapeo de los contactos en cada país con los que las víctimas pueden ponerse en contacto”.

“Please Enjoy, Don’t Destroy”

Descrito por Reding como una fuerza motriz detrás de esta Directiva, Maggie tuvo que luchar para conseguir este resultado. Ante la falta de apoyo con que se encontró, se decidió a lanzar en Facebook la campaña Please Enjoy Don’t Destroy (PEDD) (Por favor disfruten, no destruyan), fundamentalmente para que nadie más tenga que padecer el calvario que ella sufrió.

“He conocido a muchas otras familias que han pasado por lo mismo que yo, y por eso me decidí a hacer algo al respecto. Quería que pudieran disponer de salvaguardias y de apoyo”.

No obstante, cuanto trató de conseguir justicia y derechos para las víctimas, en el Reino Unido no le hicieron mucho caso, y al parecer las autoridades se dedicaron a pasarse la pelota. Para Maggie esto era inaceptable.

“Un criminal o un imputado sí que reciben apoyo, pero, por alguna razón, una víctima de un delito grave, no”. En todos los sitios a los que acudí me dijeron que esto [la agresión sufrida por Robert] se había producido fuera del Reino Unido y que por lo tanto no podían ayudarnos”.

Maggie llevó su caso ante el Comité Económico y Social Europeo (CESE), donde esperaba encontrarse con la misma indiferencia. Sin embargo se llevó una agradable sorpresa. Reding y Kathleen Walker Shaw, Relatora Especial sobre las víctimas de delitos del CESE, “realmente querían ayudar y escuchar, y lo que tenemos ahora (la Directiva) es prueba de ello”.

Al hacerse cargo de la causa de la campaña PEDD, Walker Shaw explica a Equal Times que sabía que esta cuestión estaba en la agenda de la Comisión. “Pensábamos que la Comisión podría beneficiarse de la incorporación a la legislación de experiencias de la vida real, más que de opiniones jurídicas”.

La policía desempeña un papel fundamental en la mejora de los derechos de las víctimas en los procedimientos judiciales, así como del sistema de evaluación individual y los mecanismos de protección.

Como lo explica Altan, esto puede repercutir considerablemente en los problemas de confianza, puesto que muchos policías no entienden los procesos penales. “No se trata de crear una nueva función para la policía, sino de modificar el papel que desempeña actualmente y ayudarle en el momento de interactuar con las víctimas, para que pueda hacer lo necesario. Al trabajar con las víctimas, no se desentenderá de los asuntos penales”.

También es esencial eliminar la “victimización secundaria”, por la cual la víctima vuelve a verse afectada, como sucede en los repetidos interrogatorios durante los cuales tiene que volver a vivir una y otra vez la experiencia sufrida.

Altan cree que esto puede lograrse realizando un sólo interrogatorio que pueda grabarse, garantizando así un efecto mínimo para las víctimas, especialmente si son menores.

Compasión por parte de la industria

Aunque en la Directiva no figura como algo obligatorio, otro elemento fundamental para garantizar una actitud más compasiva hacia las víctimas es el apoyo por parte de la industria y el comercio. En el caso de Maggie Hughes, la empresa de telefonía móvil, tan pronto como tuvo conocimiento de sus circunstancias, no le cobró las llamadas que realizó durante la terrible experiencia que vivió.

“Si no me hubieran ayudado habría tenido que pagar una factura de aproximadamente 5.000 GBP (6.850 EUR), lo cual nos habría paralizado”, dice.

Se tiene que hacer más, añade, sobre todo en el sector del turismo. Por ejemplo, las empresas de alquiler de coches podrían ofrecer a las víctimas servicios gratuitos o con descuentos.

“En Grecia necesitábamos que alguien estuviese en el hospital con mi hijo en todo momento. Cada vez que alguien regresaba al hotel para descansar un poco, la carrera en taxi costaba 23 euros”. Explica que si las empresas de alquiler de coche brindaran apoyo a las víctimas, este gasto les podría haber salido por una cuarta parte al haber podido disponer de un coche de alquiler con una tarifa reducida.

Walker Shaw espera que, con la aprobación de la Directiva, el CESE pueda alentar a la industria a responder de manera más comprensiva a las necesidades de las víctimas.

“En lugar de discutir del coste que supone hacer algo, los empleadores tienen que discutir del coste que supone no hacer nada”, señala. “Hemos hablado con varias agencias de viajes sobre la posibilidad de vender billetes e imprimir información relativa a descuentos y promociones.

“¿Cómo va a costar demasiado especificar la información de contacto de los servicios de emergencia en los billetes, en una sección aparte para las familias? Estas son cosas sencillas que los lugares de trabajo y las agencias de viajes podrían hacer”.

Los partidarios de estas iniciativas también están de acuerdo en que es preciso que se haga llegar el mismo mensaje a los empleadores. Dos miembros de la familia Hughes perdieron su trabajo porque tenían que cuidar de Robert.

“Los empleadores no entendían que se trataba de una situación de vida o muerte”, explica Maggie, añadiendo que recibe llamadas de otras familias que se encuentran bajo una presión enorme a la hora de decidir si siguen trabajando o se hacen cargo de una situación de emergencia.

Walker Shaw coincide en que tener una actitud más compasiva también redunda en el interés de los empleadores, señalando que “si un empleado experimentado pierde su empleo como consecuencia de una reacción instintiva, el empleador va a necesitar meses para formar a alguien nuevo”.

Además el empleador se beneficiará, puesto que el empleado “estará muy agradecido y trabajará más duro para él”, dice. “Los buenos empleadores saben elevar el nivel de motivación de sus empleados”.

En cuanto a la aplicación de la Directiva por parte de los Estados miembros, “el seguimiento exhaustivo y la asistencia técnica son aspectos cruciales”, declara Reding. Los Estados miembros de la UE deben cumplir oportunamente la Directiva “para evitar el riesgo de tener que afrontar acusaciones ante el Tribunal de Justicia Europeo”.

Está previsto que la Comisión publique un informe sobre este asunto, aunque no será antes de 2017.

Por su parte, los cuatro hombres involucrados en la agresión contra Robbie Hughes fueron finalmente condenados en Grecia, pero lograron salir del país con sentencias suspendidas y se les permitió regresar al Reino Unido.

A pesar de esta escandalosa clemencia, Maggie Hughes se sigue mostrando optimista con respecto a la incorporación de la Directiva. “Esto no es sólo para mi familia sino para todas aquellas familias que han tenido dificultades a la hora de obtener asesoramiento, apoyo y atención para sus propios casos”.