Resultan alarmantes las recientes noticias de que el Gobierno brasileño tiene la intención de crear una fuerza de élite compuesta por 10.000 policías antimotines  para controlar las protestas y mantener el orden público durante el Mundial de Fútbol en 2014.

El recuerdo de la violencia desplegada contra los manifestantes y periodistas desarmados durante las manifestaciones masivas que tuvieran lugar el año pasado aún está fresco en la memoria de los brasileños.

Si a ello se suma la larga historia de ejecuciones extrajudiciales y la excesiva violencia de que hacen gala los agentes de la policía en Brasil (que data de la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1985), resulta evidente por qué está intensificándose el debate sobre si ha llegado el momento de disolver el brazo militarizado de la policía brasileña.

“La policía militar es oriunda de la monarquía. ¿Cómo podría yo admitir que un instrumento hecho por la monarquía sea todavía empleado para tratar cuestiones sociales?”

Esta es la pregunta de Vanderlei Ribeiro, presidente de la Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Río de Janeiro (ASPRA), que congrega a los agentes de los rangos más bajos de la policía militar y del cuerpo de bomberos militares.

“Nosotros defendemos la desmilitarización de la policía”, insiste.

En Brasil, la labor policial se divide entre la policía civil y la policía militar (PM).

Cada estado tiene sus propias unidades de policía civil y militar: la PM es responsable de la respuesta inmediata ante los crímenes y de mantener el orden público, mientras que la policía civil realiza las investigaciones y el trabajo forense.

No obstante, las fuerzas del orden gozan de muy poca confianza por parte de la opinión pública.

Según la última edición del Anuário Brasileiro de Segurança Pública, alrededor del 70 por ciento de los 200 millones de brasileños no confía en sus 523.400 policías en activo.

Teniendo en cuenta algunos de los datos disponibles, el motivo salta a la vista.

Tan solo en el estado de Río de Janeiro, entre 2001 y 2011, agentes de la policía cometieron más de 10.000 homicidios supuestamente en confrontaciones. Según especialistas e investigaciones de la prensa, en muchos casos probablemente se trató de ejecuciones.

En 2012, 1.890 personas murieron víctimas de la acción policial en el país – una media de cinco muertes por día.

 

Asesinato y tortura

El año pasado salieron también a la luz diversos casos. Según testigos, el 17 de octubre de 2013, en la favela de Manguinhos, el joven Paulo Roberto Pinho Menezes fue golpeado por policías hasta morir.

El 14 de julio de 2013 se produjo otro caso, cuando el auxiliar de albañil Amarildo de Souza murió tras haber sido torturado por policías militares en la favela de Rocinha, en Río de Janeiro.

Apenas unas semanas antes, los días 24 y 25 de junio, una operación policial en Maré, uno de los mayores complejos de favelas de la ciudad, provocaría la muerte de al menos nueve personas, incluyendo un policía.

Pero las víctimas no sólo son civiles. Un reciente episodio sacó a la luz la práctica de tortura al interior de la policía militar.

El 12 de noviembre de 2013, en un centro de formación policial de Río de Janeiro, el recluta Paulo Aparecido Santos de Lima se sintió mal mientras se ejercitaba.

Los encargados del entrenamiento habían prohibido a los reclutas beber agua y los obligaron a sentarse y rolar en el asfalto caliente. La sensación térmica en esa fecha llegó a 50ºC.

Cuando Lima cayó desmayado, con quemaduras en las nalgas y manos, el superior le gritó: “¡Levántate y para de ser marica!”

Una semana después se certificó la muerte cerebral del recluta.

Según Ribeiro, el tratamiento envilecedor prepara a los policías para una actuación violenta e ilegal. “La policía les enseña a matar”.

En el marco de las masivas protestas que se diseminaron por Brasil a partir de junio de 2013, el debate sobre la desmilitarización de la policía se amplió.

“Mientras la violencia policial se esparcía por las periferias, los guetos y las favelas, molestaba a poca gente. Cuando llegó a las manifestaciones, llamó la atención de la opinión pública”, observa Marcelo Freixo.

Este diputado estadual del Partido Socialismo e Liberdade (PSOL/RJ), conocido por su actuación parlamentar en contra de las milicias policiales, que controlan barrios y extorsionan a sus moradores.

La represión de las protestas ocasionó incluso víctimas mortales, como la basurera Cleonice Vieira de Moraes, que falleció el 21 de junio de 2013, en la norteña ciudad de Belém, tras inhalar gas lacrimógeno.

En Río de Janeiro, profesionales de la educación en huelga fueron severamente reprimidos.

“A un maestro, Ercio Novaes, los policías le tiraron al piso, dándole choques eléctricos y patadas. Aún ya inconsciente, siguió siendo golpeado y luego sería detenido”, cuenta Marta Moraes, coordinadora-general del Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Río de Janeiro (SEPE).

 

Libertad de prensa y violencia policial

De acuerdo con un informe presentado por el Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Río de Janeiro, entre mayo y octubre de 2013, al menos 49 periodistas fueron agredidos mientras cubrían manifestaciones públicas en la ciudad.

“La libertad de prensa está cercenada en este momento”, observa Paula Máiran, presidenta del sindicato, enfatizando que el rol de los periodistas como testigos de las violaciones de derechos humanos que comete el Estado está comprometido.

Una investigación de la Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) reuniendo 102 casos de agresión en contra de comunicadores, ocurridos durante las protestas, indica que más de 75 por ciento de los mismos fueron llevados a cabo por agentes de seguridad pública.

En el incidente más grave, durante una manifestación en São Paulo, el reportero fotográfico Sérgio Silva recibió un balazo de goma en el ojo, perdiendo definitivamente la visión.

A finales de 2012, el reportero André Caramante sufrió intimidaciones de Paulo Telhada, coronel jubilado de la policía militar de São Paulo y entonces candidato a concejal por el Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).

Caramante tuvo que abandonar Brasil por tres meses, mientras Telhada resultó electo.

En otro incidente, Bira Figueiredo, reportero fotográfico que vive en Maré, fue víctima de un asalto por parte de la policía militar en su domicilio. Su equipamiento fotográfico fue arrojado al retrete.

“Cubrir seguridad pública, hoy día, es muy difícil”, manifestó Máiran a Equal Times.

“No solo por las amenazas y por la resistencia habitual de las fuentes oficiales a facilitar informaciones con transparencia, sino también porque los grandes medios tienen compromisos notorios con el modelo de represión vigente, evidentes en sus líneas editoriales, y no cuestionan el modelo de confrontación armada con la muerte de civiles en masa en la periferia”.

Movimientos sociales, sindicatos y otras entidades alertan que, en pleno Estado democrático de derecho, se están poniendo en marcha medidas propias de Estados de excepción y que, más que desmilitarizar la policía, es necesario desmilitarizar el Estado.

“La historia de nuestra república está muy marcada por el militarismo”, observa Freixo, “y el Estado brasileño está absolutamente militarizado”.

Aparte del importante efecto simbólico, los defensores de la desmilitarización aducen que contribuiría a reducir la violencia policial, rompiendo con la cultura militar en base a la cual las órdenes deben ser obedecidas y nunca contestadas.

Además reforzaría el control democrático sobre la institución en general, de manera que resulte más fácil que los agentes de la policía deban enfrentarse a la justicia en tribunales civiles.

“Quiero una policía preparada profesionalmente para comprender su rol social y desempeñar su misión en defensa de la sociedad”, enfatiza Ribeiro.

“Es necesario transformar la seguridad pública y nosotros no podemos desperdiciar este gran momento de euforia popular”.