En 2015, la justicia holandesa emitió un veredicto histórico. A instancia de las ONG ecologistas, ordenó a los Países Bajos una reducción del 25% de sus emisiones de gases de efecto invernadero, de entonces a 2020. Una sentencia confirmada el año pasado, tras un recurso de apelación. Aunque la decisión no está sujeta a ninguna sanción, esta jurisprudencia forma ahora parte de las armas de los activistas ecologistas.

Valérie Cabanes, abogada especializada en derecho internacional, eligió este campo para luchar por la protección del planeta. A finales de 2018, junto con varias ONG, demandó al Gobierno francés por inacción climática. La petición L’affaire du siècle (El caso del siglo) que apoya esta iniciativa, recibió una acogida multitudinaria y logró recoger más de dos millones de firmas, un millón en sólo tres días. Pero su principal objetivo consiste en que la Corte Penal Internacional reconozca el delito de ecocidio. Equal Times entrevistó a esta defensora de los derechos de la naturaleza, una de las fundadoras del movimiento End Ecocide on Earth (Stop al ecocidio del Planeta)

¿Qué es un ecocidio?

Este término se popularizó cuando un biólogo que había escrito una tesis sobre los insecticidas, se dio cuenta de que su trabajo había sido utilizado para producir el Agente Naranja, la dioxina vertida por el ejército estadounidense sobre los bosques de Vietnam. Él afirmó que el ejército estaba cometiendo un ecocidio, porque estaba destruyendo el medio ambiente a lo largo del tiempo y amenazando las condiciones de vida de las poblaciones locales, algo que resultó ser cierto: a día de hoy siguen naciendo niños con deformaciones relacionadas con la contaminación del suelo.

Cuando se aprobó el Estatuto de Roma en 1998, texto fundacional de la Corte Penal Internacional, se propuso incorporar un artículo acerca de los delitos contra el medio ambiente que vulneran la seguridad humana y la paz. Sin embargo, la propuesta fue eliminada debido a las presiones ejercidas por los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y los Países Bajos.

Por mi parte, en 2013, a través del movimiento End ecocide on Earth, lanzamos una Iniciativa Ciudadana Europea relativa al delito de ecocidio. Hemos propuesto definir el ecocidio con mucha precisión: se trata un daño grave a un sistema ecológico o a un patrimonio común natural, es decir, a los océanos, a los grandes bosques primarios, a la atmósfera, a los ríos transfronterizos, etc., para que, cuando se vean afectados, puedan ser defendidos ante los tribunales.

¿Cómo se puede cuantificar el perjuicio a un sistema ecológico?

Hemos optado por utilizar la teoría de las fronteras planetarias. Esta herramienta permite determinar nueve límites que no deben traspasarse para no provocar una catástrofe. Por encima de estos umbrales, un juez podría decidir, como medida preventiva, paralizar un proyecto industrial antes de su ejecución. También podría determinar si los responsables de la toma de decisiones han tenido conocimiento de las consecuencias de su actividad.

Por ejemplo, numerosas pruebas demuestran que las compañías petroleras son conscientes desde hace mucho de lo que suponen los combustibles fósiles en términos de cambio climático. Por ello decidieron financiar la desinformación y fomentar el escepticismo respecto al cambio climático.

¿Cuáles son hoy los obstáculos para la introducción de este delito en el derecho internacional?

Muchos líderes políticos y económicos continúan construyendo sus políticas públicas en torno al dogma del crecimiento. Además, se mantiene una fe ciega en la tecnología y en la idea de que será nuestra salvación. Es una actitud criminal. Si [la tecnología] puede encontrar soluciones, sólo beneficiará a un número muy reducido de personas, especialmente a las más ricas. Este enfoque no se basa en absoluto en el respeto a la dignidad humana y la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, es contrario a la filosofía de los derechos humanos.

Por último, nos enfrentamos a una realidad política vinculada a los mandatos conferidos a los políticos. Por lo general, se trata de mandatos de corta duración, cuya prioridad no responde al interés general basado en las consecuencias a largo plazo, sino al corto plazo. Sin políticos visionarios con capacidad de traspasar los intereses particulares, jamás lo lograremos.

¿Tienen más impunidad los actores económicos y las multinacionales que los Estados?

Según el derecho internacional, las multinacionales se benefician de un margen de impunidad, en el sentido de que no están sujetas a las convenciones internacionales. Cuando tienen una controversia con un Estado, pueden reclamar la constitución de tribunales de arbitraje privados. Por lo tanto, no son sistemáticamente responsables ante la Corte Internacional de Justicia. En segundo lugar, es muy pesado y difícil para los ciudadanos atacarlas, porque tienen ejércitos de abogados a su servicio.

Afortunadamente, hay avances. El deber de vigilancia en Francia es un ejemplo a seguir. Reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas y de los administradores incluso cuando operan fuera del territorio francés. Cuando ocurren catástrofes en el seno de sus filiales, la cadena de responsabilidades puede extenderse hasta la sede central de las empresas.

¿No es probable que una simple sanción resulte indolora para las grandes empresas y, como sucede con las cuestiones fiscales, a veces resulte más rentable hacer trampas, dados los escasos riesgos a los que se enfrentan?

Efectivamente, hoy las sanciones se presupuestan incluso antes de que ocurra una catástrofe. La mayoría de las compañías de alto riesgo aseguran fondos por esas eventualidades. Durante la catástrofe del Erika [nombre del petrolero que naufragó frente a las costas francesas en 1999 y que provocó una grave marea negra], la multinacional Total tuvo que pagar 200 millones de euros; pero ese mismo año obtuvo 12.000 millones de euros de beneficios. En comparación, es una cantidad ridícula que no les impide continuar con sus actividades. Pero, lo más grave es que a los ejecutivos de esta empresa no se les puede procesar. Incluso en caso de catástrofe ecológica, el responsable de una multinacional no podría ir a la cárcel.

Hay Estados que sí pueden hacerlo porque han adoptado leyes que reconocen los derechos a la naturaleza, como Bolivia o Ecuador desde 2008, donde existe una interesante jurisprudencia. En 2017 se celebró un juicio en nombre de los intereses de los tiburones de las Islas Galápagos. Un barco chino fue apresado con más de 6.000 tiburones muertos a bordo. El juez determinó que la actividad de este buque era delictiva. El capitán y la tripulación fueron condenados a penas de prisión, al armador se le impuso una cuantiosa multa y el buque fue desguazado. Mientras no se reconozca el delito de ecocidio, este tipo de juicios será imposible en occidente.

La lucha más mediática contra el cambio climático no parece señalar a ningún responsable concreto. La teoría que afirma que cada uno debe asumir su parte de responsabilidad ¿no desresponsabiliza a los verdaderos actores económicos?

Cuando llevamos al gobierno francés a los tribunales, junto a varias ONG, para denunciar su inacción climática, el Gobierno de Emmanuel Macron respondió: “Estamos haciendo todo lo que podemos, pero corresponde a los ciudadanos ser más responsables y actuar a favor de la transición energética”. Ahí nos dimos cuenta de que se estaban riendo de nosotros.

Permanecen en la lógica económica del crecimiento. Están convencidos de que pueden mantener un sistema económico próspero a través del desarrollo de las energías renovables. Para ello, animan a la ciudadanía a invertir en paneles fotovoltaicos, vehículos híbridos o eléctricos. Sin embargo, hoy sabemos que esto no bastará para frenar el cambio climático y la erosión de la biodiversidad. Si seguimos consumiendo tanto, incluso adoptando tecnologías limpias, permaneceremos en una lógica de depredación y sobreexplotación de unos recursos naturales y minerales escasos. Debemos revisar por completo nuestros patrones de consumo. Y eso no puede complacer al sistema económico.

¿No hay conciencia alguna sobre estos temas por parte de los líderes políticos? Los problemas de acceso al agua, por ejemplo, tienen el potencial de provocar conflictos de envergadura.

Los políticos han perdido el control sobre el sector económico. Son las multinacionales las que hacen la ley, porque son ellas las que crean empleo y las políticas sólo están ahí para facilitarles las cosas.

En cuanto a los conflictos, los Estados ya se están preparando para ellos. El ejército estadounidense, por recomendación de la OMS, anticipa guerras por el agua o ligadas a las consecuencias del cambio climático y medioambiental. Un informe remitido al ejército de los Estados Unidos pronostica grandes pandemias en apenas 20 años. Pero no se le dice nada a la población por miedo a asustarla. No se están preparando para frenarlo, sólo se están preparando para el caos y eso es extremadamente perturbador.