Verificación de hechos: ¿quién debe financiar (y quién no) la lucha contra la desinformación y los bulos globales?

Verificación de hechos: ¿quién debe financiar (y quién no) la lucha contra la desinformación y los bulos globales?

The solution to disinformation not only lies in the expansion and funding of platforms specialised in fact-checking but, as some experts argue, in stronger support for a more sustainable media ecosystem and quality journalism. Photo taken in 2016 of the EU Council Press Centre.

(EC-Audiovisual Service/Mauro Bottaro)
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Más de treinta afirmaciones falsas al día, seis veces más de lo habitual, pronunció el estadounidense Donald Trump durante la campaña de las elecciones legislativas de medio mandato, según al menos un análisis de The Washington Post. La inminencia de los comicios disparó, según este medio, tanto las declaraciones infundadas de representantes políticos como el tráfico de bulos en las redes sociales.

Lo mismo ocurrió en las dos vueltas de las elecciones de Brasil, de acuerdo a algunas de las principales instituciones observadoras, entre ellas la Organización de los Estados Americanos (OEA). Para ésta, nunca antes se había visto semejante tráfico de informaciones manipuladas, recoge en un informe sobre los comicios. Por ese motivo, solicitó al país suramericano investigar las denuncias que hablan de redes sistemáticas de creación y difusión de bulos financiadas por empresas para difamar al Partido de los Trabajadores (según hechos destapados por el periódico Folha de Sao Paulo).

“Brasil nos ha dado un toque de atención, ya que acredita la existencia masiva de desinformación, que por primera vez se realiza sobre todo a través de WhatsApp”, nos explica Myriam Redondo, experta en verificación periodística. “Se observa también cómo ha cambiado el formato de los bulos: del auge de las informaciones falsas se ha pasado a un predominio de los memes y las imágenes trucadas o fuera de contexto”.

Mensajes de impacto, diseñados para explotar la emotividad del receptor, de lectura inmediata, aptos para todos los públicos independientemente de su nivel cultural y que, al circular por una red social cerrada como WhatsApp, son más difíciles de desenmascarar.

De hecho, durante la campaña brasileña, Cristina Tardáguila, de la Agencia Lupa, especializada en verificación de datos (o fact-checking, en inglés), pidió sin éxito a WhatsApp que limitara la capacidad de envío masivo de mensajes a través de la aplicación.

Este es el complicado escenario que se encuentran unos equipos de verificación de hechos –integrados en su mayoría por periodistas y analistas de datos– que no dejan de proliferar a nivel global, pero sin tener todavía definido un plan económico sólido que los haga viables. “La mayoría de las plataformas dedicadas a verificación tiene problemas de financiación. Lo normal es que obtengan sus ingresos a través de becas, donaciones de mecenas, colaboraciones con medios de comunicación o aportaciones de socios”, explica Clara Jiménez, cofundadora de Maldita.es, uno de los equipos de verificación pioneros en España.

Tres vías (sobre todo la última, basada en la creación de un plantel de apoyos ciudadanos) que exigen mucho esfuerzo y un tiempo que las plataformas se ven obligadas a ‘robar’ para librar su combate contra la desinformación en la red. Este escollo resultaría, al menos teóricamente, más fácil de superar con subvenciones institucionales, tanto en un plano estatal como supranacional. A partir de este año, la Unión Europea elevará a 8 millones de euros (unos 9,2 millones de dólares USD) sus ayudas anuales al sistema periodístico, centrándolas en programas que abordan desde la alfabetización digital ciudadana al fomento de la pluralidad mediática. Es en este contexto de mayor implicación comunitaria donde podrían encuadrarse iniciativas que se han llegado a barajar, como la creación de un equipo europeo especializado en fact-checking o un hilo de financiación específico para las plataformas actualmente dedicadas a esta labor.

Aceptar o no estas inyecciones económicas institucionales ha abierto un gran debate entre los profesionales de la verificación de datos de todo el mundo.

“No podemos trabajar en proyectos con ayudas públicas ni aceptar dinero de instituciones como la Unión Europea. Si apareciera uno de sus logos en nuestra página web, perderíamos credibilidad. La audiencia de euroescépticos dudaría de nuestra independencia en temas como, por ejemplo, el Brexit”, explica Jiménez.

En la misma línea se expresa la periodista Ana Pastor, fundadora de Newtral, una plataforma pionera en España en la verificación periodística, que realiza parte de esta labor en directo a través de las redes sociales y la televisión. “Es evidente que se necesita dinero para hacer nuestro trabajo, pero además hay otras formas de colaboración como, por ejemplo, mejorar el acceso a los datos, a las fuentes, más transparencia, colaboración continua. Pero siempre respetando la base de todo: libertad de expresión y derecho a dar y recibir información”, detalla.

La verificación de hechos: regla y no excepción

Para otras voces expertas, como la de Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Federación Europea de Periodistas, la solución al problema de los bulos no pasa únicamente por la proliferación y financiación de plataformas especializadas en la verificación de datos. Apuesta, entre otros, por una mayor solidez y calidad del sistema periodístico general y de sus profesionales.

“Todo periodista es un fact checker. No tenemos que difundir la idea (falsa) de que los periodistas no verifican las informaciones; que solo hay superperiodistas ‘los fact checkers’ que [sí] lo hacen. [Además,] algunos estudios han mostrado que los fact checkers tienen poco impacto”.

“La lucha contra la desinformación sería mucho más potente apoyándose en los 600.000 periodistas profesionales con los que cuenta Europa”, insiste.

“Cada medio y cada periodista deben ser responsables de no amplificar los bulos publicándolos en sus espacios. Y, en el caso de hacerlo, deben contribuir rápidamente a desmentirlos”, explica Redondo, experta en verificación en las redes.

El día a día de las plataformas de verificación de datos, sin embargo, revela que existen gran cantidad de bulos que no necesitan parasitar los medios de comunicación para expandirse globalmente. Según estos colectivos de revisores, su detección resultaría muy complicada sin servicios específicos que realizan una labor sistemática y suelen apoyarse en la colaboración ciudadana. “Estamos pendientes a diario de nuestro servicio de verificación de WhatsApp, que el equipo de Newtral instaló por primera vez en España. Permite que cualquier ciudadano pueda escribirnos y preguntarnos por un titular, un montaje, una fotografía que le ha parecido sospechosa. Miramos datos, hacemos llamadas, consultamos a expertos, rastreamos en internet virales anteriores… Y respondemos con un mensaje personalizado para cada usuario”, explica Lorena Baeza, periodista de Newtral.

El difícil equilibrio entre legislar y censurar

Detener el flujo de estas mentiras interesadas que circulan a escala planetaria por redes sociales como Facebook y Twitter plantea otro de los grandes debates: la conveniencia o no de legislar para contrarrestarlo.

Un informe conjunto realizado por Access Now, Civil Liberties Union for Europe y European Digital Rights sobre el papel que debe jugar la Unión Europea en la lucha contra la desinformación (Informing the “disinformation” debate) desaconseja ceder a la tentación punitiva, en la que sí han caído Alemania, Francia o Italia. “Desde la Federación Europea de Periodistas estamos de acuerdo con esa postura”, explica Ricardo Gutiérrez. “Un 23% de los informadores europeos ha sufrido amenazas judiciales basadas en las leyes sobre difamación. Las nuevas leyes antibulo van a incrementar la presión”, advierte.

El principal temor es que un potencial marco legislativo contra la desinformación podría servir de coartada para quienes desean limitar la libertad de prensa y las voces críticas. Un peligro sobre el que ya alertan los colectivos internacionales de comunicadores.

“Regímenes autoritarios utilizarían tal legislación contra los periodistas y los medios tradicionales. Estamos muy preocupados con lo que pasa en Italia. Y más todavía con la situación en Hungría, Polonia, etc. Un estudio reciente del Consejo de Europa demuestra que un 30% de los periodistas europeos se autocensura”, detalla Gutiérrez.

La normativa ‘idónea’ resulta, además, muy difícil de concretar sobre un fenómeno cuyo impacto aún tenemos pendiente de desentrañar en toda su magnitud. “No existen todavía estudios científicos que hayan podido medir la influencia social y política de la desinformación. Por el momento solo podemos intuir su gravedad”, concluye Redondo.

This article has been translated from Spanish.