Éva Vatai, profesora de francés en un instituto de Pécs, al sur de Hungría, no se lo puede creer. Hace poco le quitaron el 5% de su salario –es decir 16.700 Ft (44 euros) de una remuneración mensual neta de 300.000 Ft (790 euros)– tras negarse a ir a trabajar en febrero de 2022 para protestar por las condiciones de trabajo en su profesión. Se trata de una acción que ella y sus compañeros califican de “desobediencia civil”, puesto que la actual legislación húngara le impide ejercer plenamente su derecho de huelga.

Casi el 30% del personal docente participó en una de las movilizaciones más importantes de los últimos años, según el sindicato democrático de docentes PDSZ (Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének). Todo empezó el 31 de enero de 2022, cuando 20.000 docentes llevaron a cabo una huelga preventiva de dos horas, acompañada de una caravana de vehículos que instaba, entre otras acciones de solidaridad, a derrotar al Gobierno en las elecciones parlamentarias de abril. El 16 de marzo, tras cinco meses de negociaciones infructuosas con el Gobierno, el PDSZ y el sindicato de docentes PSZ (Pedagógusok Szakszervezete), los dos principales sindicatos húngaros de este sector, volvieron a convocar una huelga de más de dos semanas.

Las reivindicaciones giraban en torno a los bajos salarios y la denuncia de unas condiciones de trabajo pésimas. Hungría ocupa el penúltimo lugar en la Unión Europea en lo que a remuneración de sus docentes se refiere, lo cual explica, por ejemplo, que solo se disponga de cerca de la mitad de los profesores de matemáticas necesarios, según datos del grupo de expertos T-TUDOK. Esta escasez continúa agravándose debido a que muchos docentes abandonan la escuela para ganarse mejor la vida en los sectores de la hostelería o el comercio minorista, al tiempo que las instituciones escolares tienen que hacer frente a la afluencia de estudiantes refugiados procedentes de Ucrania.

“No podemos trabajar en semejantes condiciones. Hace 15 años que presencio el hundimiento del barco en la enseñanza, y me niego a permanecer callada”, recalca Éva Vatai, que, tras 40 años de carrera, confiesa estar ganando tres veces menos que su hijo que es carpintero.

“Viktor Orbán carece de una política educativa, salvo para imponer escritores nacionalistas en los planes de estudio. Nos sobrecarga, nos infantiliza y nos humilla. Tanto los docentes como los alumnos están desmotivados”, denuncia esta profesora.

Es verdad que en enero de 2022, unas semanas antes de las elecciones, se aplicó una subida salarial del 10%, “solo que no fue un incremento salarial, sino una bonificación”, señala Erzsébet Nagy, presidenta del PDSZ, que exige una subida salarial del 45%. Y esto “para que podamos alcanzar el salario mínimo de 2021, porque actualmente estamos indexados con arreglo al salario mínimo de 2014”, continúa la sindicalista. La subida es tanto más necesaria cuanto que la inflación está haciendo estragos en Hungría, y los expertos auguran un aumento de los precios de más del 10% en las próximas semanas.

“Hemos vivido una experiencia maravillosa. Fue la mayor movilización de mi vida. Los padres (que no enviaron a sus hijos a la escuela) y alumnos se mostraron muy solidarios”. La huelga contó con el apoyo de varias manifestaciones que se llevaron a cabo en todo el país. El colectivo de artistas implicados, noÁr, compuso para la ocasión la canción de rap ¡Queremos enseñar!, que habla de las dificultades de los docentes, y el sitio web Ne dolgozz ingyen! (“¡No trabajes gratis!”) se creó para denunciar el hecho de que las horas extras no estén remuneradas.

Éva Vatai lamenta, no obstante, que esta dinámica se haya roto con la reelección de Viktor Orbán, por cuarta vez consecutiva, en abril de 2022, lo que ha sumido temporalmente a la sociedad civil y a la oposición en un punto muerto. Por su parte, los sindicatos de docentes no han querido reanudar el movimiento antes de que finalice el curso escolar.

Huelga declarada ilegal por el Gobierno

Éva Vatai decidió optar por la desobediencia civil en febrero, en el marco de una acción no respaldada por los sindicatos pero seguida en centenares de escuelas de todo el país, dado que la huelga anunciada en diciembre por el PDSZ y el PSZ era oficialmente ilegal.

¿La razón? Una cláusula sobre servicios mínimos en los servicios públicos introducida por la Administración Orbán en 2010, que modificó la ley sobre el derecho de huelga de 1989. “Esta ley lo cambió todo, ya que obliga a las partes a ponerse de acuerdo respecto a los servicios mínimos. Y mientras los tribunales no tomen una decisión definitiva al respecto, la huelga es ilegal”, explica Erzsébet Nagy. “Sin embargo, el tribunal puede hacer preguntas a las partes y puede demorarse semanas. Esto es exactamente lo que sucedió con la movilización del 31 de enero, que fue considerada ilegal porque la sentencia del recurso se retrasó”, añade la sindicalista, que ve en ello un claro intento de frenar todas las huelgas.

Otro punto confuso sobre los servicios mínimos magiares es que sigue habiendo dudas respecto a qué profesiones deben cumplirlos. “En las profesiones enumeradas en la ley no se menciona la educación”, apunta Erzsébet Nagy. La jurista del sindicato húngaro para las libertades civiles TASZ (Társaság a Szabadságjogokért), Judit Zeller, también considera problemático el concepto de servicio mínimo. “Ya se han dado situaciones en las que el sector educativo ha renunciado a hacer huelga porque no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno, ni siquiera a través de los tribunales. Además, en Hungría, se ha reconocido mediante varias decisiones judiciales que la educación es uno de los sectores que deben prestar servicios mínimos, al igual que el transporte público o las empresas de calefacción. Sin embargo, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la educación está precisamente exenta de los servicios mínimos siempre y cuando la seguridad y las comidas de los niños estén garantizadas, pero la enseñanza, como tal, no es obligatoria”, añade Judit Zeller.

El Gobierno, ayudado por sus medios de comunicación, entre los que figura la comunicación audiovisual pública, no ha dejado de demonizar a los huelguistas. “Pedimos a los sindicatos que no generen el caos, que no inciten a los docentes a vulnerar la ley, les pedimos que esperen la respuesta definitiva del tribunal y que pospongan la huelga”, avanzaba el Ministerio de Educación en un comunicado de prensa el pasado enero. Tras la huelga, el Ministerio elogió a los “docentes que consideraron que una huelga no era necesariamente apropiada cuando el país vecino está en guerra y hay que ocuparse de los niños que llegan a Hungría”.

Es más, desde la pandemia y la implantación del estado de emergencia, el Gobierno magiar se ha otorgado la posibilidad de gobernar por decreto, algo que siguió haciendo en febrero de 2022 para regular aún más los servicios mínimos.

El estado de emergencia debido a la pandemia finalizó el 1 de junio de 2022, momento en el que el Parlamento se apresuró a transformar el decreto de febrero en enmienda. La legislación adoptada el 24 de mayo prevé que los docentes que preparan a los alumnos de secundaria para el bachillerato deben impartir el 100% de las clases. Esta obligación se limita al 50% de las clases para los estudiantes que no son de bachillerato, mientras que en las escuelas se debe garantizar el servicio de guardería.

“¿Desde cuándo es necesario impartir el 100% de las clases cuando se hace huelga?”, apunta indignada Erzsébet Nagy, convencida de que la enmienda y el decreto que la precedió no son constitucionales. Su sindicato ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional húngaro y está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hace falta.

“El derecho de huelga es completamente inaplicable en Hungría desde 2010. No es que antes resultara fácil presionar al empleador, pero no era imposible. Los trabajadores del ferrocarril, por ejemplo, lo consiguieron, pero desde entonces ya no es posible”, señaló Boros Péterné, dirigente del sindicato de funcionarios y empleados públicos MKKSZ (Magyar Köztisztviselők és Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete). “Nuestros empleados en el ámbito social, por ejemplo, llevan dos años intentando hacer huelga, pero no pueden porque el Gobierno, que es nuestro interlocutor en la negociación, exige unos servicios mínimos del 100%, por lo que resulta imposible ejercer el derecho de huelga. Hemos acudido al juzgado cinco veces con el mismo caso, sin éxito. El Gobierno abusa de los servicios mínimos y los tribunales le están ayudando en esta empresa”, defiende la sindicalista, que advierte que “estos empleados van a abandonar el sector de forma masiva, lo que podría poner en peligro la calidad del servicio público”.

Violación sistemática de los derechos

Hungría es, sin duda, un mal alumno europeo en materia de derechos sindicales y legislación laboral. En 2019, Viktor Orbán provocó una gran oleada de protestas en el país al desregular las horas extras. Según el Índice Global de los Derechos 2021 de la Confederación Sindical Internacional (CSI), Hungría se encuentra en la categoría 4 (de 6), en la que la violación de los derechos se considera sistemática. “Los derechos colectivos de los trabajadores de los servicios sanitarios se han reducido: a partir de enero de 2021 ya no pueden establecer convenios colectivos, pese a que todos los convenios colectivos firmados hasta ahora vencieron en dicha fecha”, subraya la CSI. De hecho, la pandemia ha sido un pretexto para que el Gobierno restrinja los derechos de los trabajadores sanitarios, llegando incluso a impedirles hablar en los medios de comunicación sobre la pandemia.

La restricción del derecho de huelga constituye una violación del artículo 3 del Convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ratificado por Hungría en 1957. La Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT también expresó su preocupación por este apretón de tuercas en su informe de 2022, en el que recogía “las observaciones recibidas el 1 de septiembre de 2017 por la Confederación Sindical Internacional (CSI), alegando actos de despido antisindicales, ataques antisindicales e intimidación en varias empresas”.