Estaban “demasiado cerca” el uno del otro. Ese fue el motivo por el que el pasado enero varios funcionarios religiosos allanaron la habitación de Mohd Ridhuan Giman y Siti Sarah Maulad Abdullah. Eran las dos de la madrugada y la pareja se encontraba en un hotel económico de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. El hombre y la mujer, de 34 y 26 años respectivamente, llevan casados más de tres años. A pesar de ello, un equipo de ocho agentes de la policía de la moral entró por la fuerza en la habitación para encontrar in fraganti a los (supuestos) amantes clandestinos y llevarlos posteriormente a dependencias judiciales.

Según la sección 27 de la Ley de Delitos Penales de la sharía (la ley islámica), los musulmanes no pueden estar con un miembro del sexo opuesto –que no sea su cónyuge o un familiar– en un lugar aislado, una casa o una habitación (por considerarse una ofensa conocida como khalwat). Todo aquel que se encuentre en situación “inmoral” o que suscite la sospecha de estar realizando “actos inmorales”, se enfrenta a una multa de 3.000 ringgits (unos 630 euros, o 690 USD), dos años de prisión o ambos castigos.

En Malasia, alrededor del 60% de la población es musulmana, la mayoría de etnia malaya. Las demás minorías del país, incluidas las comunidades étnicas china e india, han criticado la creciente “islamización” del país, que amenaza el carácter secular del Estado, y, consecuentemente, pone en riesgo las libertades civiles.

La Constitución de 1957, en teoría, garantiza la libertad religiosa para los miembros de las demás confesiones, pero al mismo tiempo, según aquella, el islam es la “religión de la Federación” –si bien para cuestiones ceremoniales–. Los musulmanes están sujetos a un doble sistema legal y las ofensas morales y religiosas son juzgadas por los tribunales de la ley islámica, diferentes a los del sistema judicial ordinario.

La pareja detenida en enero insistió a los agentes que estaban casados e incluso mostraron una copia de su certificado de matrimonio en el teléfono móvil, pero éstos se negaron a abandonar la habitación. El matrimonio, acusado de khalwat, fue llevado a una oficina de las autoridades religiosas y sólo fueron liberados cuando la madre de Mohd Ridhuan Giman presentó la copia original del certificado de matrimonio.

Mohd Ridhuan y Siti Sarah ahora buscan una indemnización por daños a su reputación y dignidad, además del tratamiento que requirieron en un hospital por las lesiones provocadas durante el forcejeo con los agentes.

“Si esto puede sucederle a mis clientes, puede sucederle a cualquiera”, expuso el abogado Yussoff ante los periodistas tras presentar la demanda de la pareja. “Tomamos esta acción [legal] para corregir el abuso de poder y buscar justicia”.

Momento clave para la línea dura en Malasia

Los activistas consultados por Equal Times explican que el poder de las autoridades religiosas de línea dura es cada vez mayor en Malasia. Las fetuas (edictos religiosos) se han convertido en jurisprudencia islámica. Entre los delitos que violan la sharía, además del sexo premarital o extramarital, se encuentra el consumo de alcohol, no ayunar durante el mes de ramadán o ausentarse de la mezquita los viernes.

Desde la independencia del Reino Unido en 1957, Malasia ha estado gobernada ininterrumpidamente por la coalición Barisan Nasional. Ésta incluye partidos que representan a los mayores grupos étnicos, y está liderada por el partido malayo UMNO, que ocupa puestos clave como la jefatura de Gobierno.

Durante las dos últimas décadas, la coalición ha bloqueado propuestas –del partido islámico de la oposición PAS y otros grupos islámicos– para adoptar castigos hudud en Malasia –las amputaciones y lapidaciones son algunas de las formas más extremas del código penal islámico–.

No obstante, el contexto político dentro de la coalición ha cambiado desde que la popularidad del primer ministro Najib Razak fuera golpeada por un escándalo del fondo de inversión estatal 1MDB –a lo que se une una pérdida de electorado indio y chino a su partido, lo que explica su acercamiento táctico a las posiciones del PAS–.

El pasado abril, in extremis, el PAS logró presentar en el Parlamento su proyecto ley 355, que pretende un endurecimiento de las sentencias dictadas para ofensas a la ley islámica (si bien el presidente de la cámara baja impidió un debate posterior). En la actualidad los tribunales de la ley islámica imponen penas máximas de tres años de cárcel, multas de hasta 5.000 ringgits (alrededor de 1.060 euros, unos 1.150 USD) y seis latigazos. El proyecto de ley, propuesto por el presidente del PAS, Abdul Hadi Awang, busca aumentar estos límites a 30 años, 100.000 ringgits (21.000 euros, 23.000 USD) y 100 latigazos.

Phil Robertson, subdirector para Asia de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, explica a Equal Times que se trata de una propuesta abusiva, “un castigo cruel e inusual azotar e imponer penas de prisión desproporcionadas por actos que no deberían ser considerados delitos”.

El proyecto, que no se encuentra en punto muerto, se ha encontrado con la oposición virulenta de numerosos líderes de diferentes estados del país –de Sabah y Sarawak principalmente–, quienes firmaron una carta abierta reproducida en diferentes medios del país, en la que insisten en que la libertad religiosa es lo que hizo posible fundar la actual Malasia. Para los firmantes del texto, el sistema legal general –que el PAS acusa de vestigio colonial, a diferencia de la Sharía, “propiamente” malaya– debe aplicarse a toda la población, mientras que la legislación religiosa o de costumbres sólo puede aplicarse a miembros de una comunidad específica para “asuntos personales y familiares”.

Chin Huat, jefe de la sección de análisis político y social del Instituto Penang de Malasia, advierte a Equal Times que la aprobación del proyecto conllevaría la aprobación de castigos hudud.

“Dos estados en Malasia, Kelantan y Terengganu, han promulgado una lista de siete castigos hudud en sus leyes de la sharía”, explica Huat. “Si se aprueba el proyecto de ley 355, se habilitarán inmediatamente [entre otros, estos] castigos hudud: 100 golpes por fornicación, 80 golpes por acusación infundada de adulterio o sodomía y 40-80 golpes para el consumo de alcohol”.

El proyecto de ley 355, continúa el experto, no afecta a los no musulmanes, pero “sólo si se lee de manera restrictiva e ignorante del contexto”. Huat cita como ejemplos las dificultades para abandonar el islam y los casos de disputas mediante los cuales los no musulmanes pueden haber sido convertidos involuntariamente a esta religión.

Uno de los casos más destacados es el de Indira Gandhi, una mujer hindú. Su exmarido se convirtió al islam, y convirtió al mismo credo a los niños (sin consentimiento de la mujer o los pequeños) utilizando sus certificados de nacimiento, antes de huir en 2009 llevándose consigo a su hija de 11 meses.

El caso sigue abierto en los tribunales debido a la colisión entre las cortes civiles y los tribunales de la sharía. Los no musulmanes se enfrentan a una desventaja legal cuando su caso es oído por un tribunal islámico, ya que no se les permite comparecer ni siquiera para argumentar su propio caso. En consecuencia, en las disputas de custodia entre parejas con religiones dispares, un padre musulmán tiene mayores opciones de obtener la custodia, más aún si los niños se han convertido al islam.

En marzo de 2010 se le concedió la custodia de los tres hijos a Indira, pero su exesposo no ha devuelto a su hija, ni se ha enfrentado a consecuencia alguna por secuestrar a un menor. Las conversiones de los niños fueron anuladas en 2013.

El destacado abogado Fahri Azzat expone a Equal Times que el éxito del proyecto para endurecer la sharía es secundario. “Para mí, la cuestión no es si tendrá éxito o no, sino en primer lugar por qué está aquí: para influir en los votos de los malayos islamistas a favor de UMNO”.

“El proyecto de ley está ahí para mantener tanto a los no malayos y al electorado malayo de su lado”, continúa el letrado –es decir, conservar a su electorado multicultural y, además, sumar los votos de los islamistas–. “Esto es crucial, porque se espera que las Elecciones Generales sean en algún momento de este año. La maquinaria electoral ya está en marcha”.