In this 14 May 2020 photograph, a protester holds up a sign that reads in Creole “The laws have to bring light,” during a hearing of president of the Haitian Football Federation, Yves Jean-Bart, regarding allegations that he abused female athletes at the country’s national training centre.
Stéphanie creció en Haití jugando al fútbol con alegría y destreza. Fue descubierta por un cazatalentos de la selección nacional de fútbol y se emocionó cuando le ofrecieron ir a vivir y entrenar en el Centre Technique National de Haití, en Croix-des-Bouquets, también conocido como ‘el Rancho’. Sin embargo, lo que tenía que haber sido un sueño hecho realidad se transformó en una pesadilla cuando Stéphanie (nombre ficticio) y otras niñas de hasta 12 años se dieron cuenta de que en el Rancho corrían un riesgo permanente: los responsables de la federación de fútbol —los mismos líderes en los que se confía y de los que se espera que protejan a los menores que tienen a su cargo— podían abusar de ellas sexualmente en cualquier momento.
En abril, el periódico The Guardian publicó un artículo sobre los abusos sexuales y las negligencias que se estaban cometiendo en el centro nacional de alto rendimiento deportivo de Haití. Las supervivientes y sus familias acusaron al presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jean-Bart, de haber forzado a jugadoras menores a practicar sexo con él en el Rancho. Desde mayo, Human Rights Watch ha entrevistado a numerosos testigos y recopilado pruebas de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos en el ámbito del fútbol haitiano, como las que revelan que los directivos de la federación confiscaron los pasaportes de las jugadoras, violaron sus derechos laborales y prepararon a las atletas menores de edad para la explotación sexual. Los testigos y supervivientes de dichos delitos recibieron amenazas de muerte tras conocerse que la FIFA estaba investigando las acusaciones.
La Comisión de Ética de la FIFA, de carácter independiente, desplegó su propio equipo sobre el terreno en Haití y Human Rights Watch ha trabajado con aquella para garantizar que las supervivientes tengan acceso a las terapias y los programas de protección de testigos. Asimismo, Human Rights Watch presentó pruebas de abusos específicos ante la FIFA y protegió la identidad de las supervivientes. En mayo, la FIFA suspendió a Jean-Bart, el presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, a otros dos empleados de la federación en agosto y a uno en octubre, sumando un total de cuatro trabajadores investigados actualmente por la FIFA por haber participado presuntamente en los abusos sexuales a las jugadoras y en otros delitos.
A Stéphanie nunca le pagaron por los años que jugó para la selección nacional de Haití. Cuando intentó avanzar profesionalmente, los empleados de la federación le informaron de que sus contratos y “mi posibilidad de jugar en el extranjero dependían de si me acostaba o no con el presidente”.
Cuando tenía 16 o 17 años, nos explicó, Jean-Bart “me puso la mano en la pierna para que me fuera con él”. Stéphanie no aceptó, pero vio cómo trabajadoras de la Federación Haitiana de Fútbol “despertaban a las niñas de noche para ‘ir al médico’ y las traían de vuelta a altas horas de la madrugada. Todos los directivos y trabajadores del centro sabían lo que estaba sucediendo”.
Como muchas jugadoras a las que entrevistamos, Stéphanie contó a los investigadores que los directivos le confiscaron su pasaporte y no se lo devolvieron, una práctica asociada al control y limitación de los movimientos de una persona y a la trata de seres humanos. Asimismo, las atletas coincidieron en que esto se tradujo en actos de manipulación y coacción y en un terrorífico ciclo de abusos. Sin sus pasaportes, denunciaron, no podían huir en busca de seguridad para revelar los abusos que sufrían.
La protección de los atletas menores de edad
La confiscación de los pasaportes, las condiciones laborales peligrosas y la manipulación de las futbolistas para explotarlas sexualmente deben investigarse a nivel nacional para procesar a los responsables según las leyes civiles y penales. Pero en el contexto de las atletas menores de edad para las cuales el deporte es su trabajo, también existen motivos para interponer una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El convenio 182 de la OIT (sobre las peores formas de trabajo infantil) constituye una herramienta para que el gobierno de Haití, que ratificó dicho convenio en 2007, rinda cuentas por lo que ha sucedido en el territorio bajo su jurisdicción.
En Haití, las mujeres y las niñas tienen problemas para que se haga justicia y la violencia de género constituye un problema generalizado.
Human Rights Watch lleva años documentando cómo las mujeres y niñas de Haití que intentan que se haga justicia en el ámbito de la violencia sexual se tienen que enfrentar a múltiples obstáculos, como las amenazas o la recriminación por parte de miembros de la sociedad.
Algunas supervivientes sufren represalias por haber iniciado acciones penales y se ven obligadas a retirar los cargos.
Además, actualmente Haití está sufriendo lo que la Confederación Sindical Internacional ha denominado “una de las peores crisis humanitarias y sociales” de la historia del país caribeño. Los líderes sindicales tienen que hacer frente a una oleada de ataques, despidos, detenciones y amenazas de muerte, mientras una combinación cada vez peor de retos políticos, sociales, económicos y sanitarios amenaza con crear la crisis perfecta.
Además, los abusos sexuales en la federación haitiana de fútbol tampoco son un caso aislado en este deporte. Por ejemplo, en Afganistán, miembros de la Selección Nacional Femenina de Fútbol de Afganistán acusaron al presidente de la Federación Afgana de Fútbol, Keramuudin Karim, y a otros directivos de abusos sexuales, acoso y discriminación. En 2019, la FIFA decretó una suspensión a perpetuidad para Karim y le impusieron una multa de 1 millón de francos suizos (alrededor de un millón de dólares estadounidenses). La FIFA suspendió a Karim y a otros altos cargos de la organización nacional mientras investigaba las acusaciones de abusos sexuales que se les imputaban y finalmente acabaron por expulsarles del ámbito futbolístico.
Tenemos que aplaudir la enorme valentía de las atletas supervivientes de Haití y Afganistán que se han arriesgado a comparecer y denunciar los abusos que sufrieron en sus federaciones de fútbol para que otras jóvenes atletas puedan estar protegidas.
Estas horribles agresiones en Haití y otros países revelan la urgente necesidad de proteger la seguridad y la salud de los atletas en el ámbito deportivo, en especial la de los menores, y de sancionar a los que abusen de la confianza y violen la legislación laboral y penal, así como los derechos humanos. Estos casos también demuestran la importancia de una prevención y supervisión eficaces para que otros atletas menores de edad no sufran este tipo de abusos, al igual que la importancia de basarse en un planteamiento de la justicia y la reparación que se centre en las supervivientes.