Aunque no se dispone de datos fiables, se estima que entre 4 y 7 millones de zimbabuenses viven fuera del país, por lo que Zimbabue tiene una de las tasas de migración neta per cápita más elevadas del mundo. Asimismo, se estima que en Zimbabue viven unos 207.000 migrantes de países vecinos como Malaui y Mozambique.

A lo largo de la pandemia, los trabajadores migrantes de Zimbabue se han enfrentado a diferentes desafíos, especialmente debido a que muchos de ellos se desempeñan como trabajadores esenciales o se encuentran en una situación migratoria irregular, lo que significa que no tienen acceso a baja remunerada por enfermedad, atención sanitaria ni cualquier tipo de protección social. “En otros casos fueron los primeros en ser despedidos debido a su condición económica como migrantes”, dice Maria Ribeiro, coordinadora residente de las Naciones Unidas para Zimbabue.

Como consecuencia, según Ribeiro, más de 180.000 trabajadores migrantes de Zimbabue han regresado a su país de origen con la ayuda de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desde el inicio de la pandemia de covid-19. Sin embargo, el Gobierno de Zimbabue presentó la primera política nacional de migración laboral (NLMP, por sus siglas en inglés) en junio de este año con el fin de brindar un mejor apoyo a los trabajadores migrantes, tanto a los zimbabuenses que viven y trabajan en el extranjero como a los trabajadores de otros países que viven y trabajan en Zimbabue.

“La política nacional de migración laboral para Zimbabue tiene por objeto mejorar la gobernanza de la migración laboral, así como la protección y el empoderamiento de los trabajadores migrantes. También trata de asegurar que la migración contribuye al desarrollo socioeconómico de Zimbabue”, escribe Paul Mavima, ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social en el prólogo del documento de política.

Dado que se trata de un país de origen, tránsito y salida, la NLMP se basa en la necesidad de promover la gobernanza sólida de la migración laboral en Zimbabue pero también, en general, en la región de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC, por sus siglas en inglés).

Además, la política nacional de migración laboral trata de reconocer la contribución económica realizada por los migrantes a través de las remesas y la transferencia de conocimientos. Según Bloomberg, los zimbabuenses que trabajan en el extranjero enviaron remesas por un valor récord de 1.000 millones de dólares estadounidenses en 2020, frente a 635,7 millones en 2019. Es una cifra que convierte las remesas en la segunda fuente de ingresos en divisas extranjeras después de las exportaciones de platino.

Aunque se presentó este año, la política se elaboró en 2019 en respuesta a la adopción del Pacto mundial para una migración segura, regular y ordenada por los Estados Miembros de las Naciones Unidas. Antes de ello, “Zimbabue no contaba con una estrategia nacional integral en materia de migración laboral. Aunque se ha realizado una labor importante en pro de la promoción regional y el establecimiento de regímenes de protección social, los protocolos de migración nacional y transnacional y las políticas locales existentes eran incoherentes”, dice Fadzai Nyamande-Pangeti, representante de la OIM en Zimbabue.

La puesta en marcha de la política nacional, explica la OIM, respaldará un enfoque coherente de la gobernanza laboral y ofrecerá el marco estratégico necesario para garantizar que todos los trabajadores migrantes estén protegidos y que tanto las comunidades de origen como las de destino se beneficien de la migración.

Próximos pasos: acuerdos formales y recopilación de datos

Según Naome Chakanya, investigadora principal del Instituto de Investigación sobre Trabajo y Economía de Zimbabue (LEDRIZ, por sus siglas en inglés), el próximo paso es la celebración de acuerdos formales entre el Gobierno de Zimbabue y los Gobiernos de países que acogen a trabajadores migrantes zimbabuenses.

“Proponemos que el Gobierno de Zimbabue celebre acuerdos laborales bilaterales y multilaterales, o incluso memorandos de entendimiento, con los Gobiernos de otros países para proteger a los trabajadores zimbabuenses que van a trabajar al extranjero”, dice. Esto asegurará que los trabajadores migrantes cuentan con un marco jurídico que rige la relación contractual entre los empleadores y los trabajadores y tienen acceso a los mismos derechos y prestaciones laborales que las demás categorías de trabajadores.

“En países como Filipinas, el PIB está respaldado por las remesas que llegan gracias a este tipo de acuerdos, así que tienen muchos aspectos positivos”, dice. Chakanya también espera que la NLMP propicie nuevos acuerdos y señala como ejemplo los acuerdos bilaterales y multilaterales que permiten la transferibilidad de las prestaciones de seguridad social. Indica que esto permitirá a los trabajadores migrantes cotizar al sistema de la seguridad social mientras trabajen en el extranjero, al tiempo que garantizará la fácil transferencia de dichas prestaciones cuando regresen a su país de origen.

“Otra cosa importante es que cuando estos trabajadores estén amparados por un memorando de entendimiento o un acuerdo de migración laboral, también podrán afiliarse a los sindicatos de esos países y beneficiarse de la formación y los servicios que estos ofrecen”, dice.

Sin embargo, Chakanya señala que es importante que tanto los países de origen como los de destino revisen periódicamente los acuerdos para asegurarse de abordar cualquier deficiencia o reclamación.

La investigadora principal del LEDRIZ, que contribuyó a la elaboración de la política, dice que en Zimbabue sigue siendo necesario fortalecer la recopilación de datos relativos a la migración, pero que espera que la NLMP permita a la oficina de estadística del país (ZIMSTAT) y al ministerio de Trabajo reunir datos importantes y fiables sobre género, profesiones, duración de la estancia, remuneración, salarios y condiciones de trabajo.

“La gente abandona el país para trabajar en situación irregular porque no existen acuerdos formales para hacer un seguimiento del número de personas que se van para trabajar. Esta política es una de las formas en que podemos rastrear el número de personas que se van oficialmente a otros países”, dice la investigadora.

Convenios de la OIT

El coordinador de cuestiones relacionadas con la migración del Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU, por sus siglas en inglés), Michael Kandukutu, dice que aunque la política de migración laboral es progresista, Zimbabue debe ratificar el Convenio sobre los trabajadores migrantes (nº 97) y el Convenio sobre los trabajadores migrantes (disposiciones complementarias) (nº 143) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Indica que esto no solo permitirá aplicar fácilmente la NLMP, sino que también ayudará a alcanzar los objetivos y metas relacionados con la migración laboral de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como la aplicación del Programa de Trabajo Decente y el Programa sobre la Migración Equitativa de la OIT.

“El Gobierno de Zimbabue no ha ratificado los convenios nº 97 o 143 de la OIT, los cuales constituyen instrumentos importantes para la gobernanza de la migración laboral”, dice Kandukutu. “La NLMP brinda la oportunidad al Gobierno de adaptar al contexto nacional las disposiciones de estos instrumentos clave e integrarlas en la política”.

También señala que los migrantes en Zimbabue y los procedentes de este país se enfrentan a diversos problemas, como el acceso a la justicia, la inseguridad alimentaria, la xenofobia, la estigmatización, los retornos forzosos cuando se declara que la condición migratoria de una persona ha cambiado y el robo de salarios.

“La política potenciará el compromiso entre los países de origen, de tránsito y de salida. Por tanto, en nuestra opinión, gracias a la introducción de la NLMP se observará un enfoque sistemático combinado de todos los interlocutores sociales para fomentar la migración segura, ordenada y voluntaria”, añade Kandukutu.

Los defensores de los derechos de los trabajadores también piden que al aplicar la política se preste especial atención a las necesidades y dificultades de las categorías más vulnerables de trabajadores migrantes, como los trabajadores de cuidados y del hogar.

“Los trabajadores de cuidados trabajan en diversos entornos y en la economía tanto formal como informal. La covid-19 ha afectado gravemente incluso a aquellos con empleos formales y con mejores oportunidades económicas. Muchos de ellos trabajan en puestos en primera línea, apoyando la respuesta a la covid-19 en los países donde se encuentran. Esto ha llevado a que trabajen horas extraordinarias, en entornos estresantes y con una mayor exposición a la covid-19”, comenta Nyamande-Pangeti, de la OIM en Zimbabue.

Muchaneta Takawira (nombre ficticio) trabaja como cuidadora interna en Londres, donde vive desde 2019. Pese a tener una licenciatura en sociología y desarrollo con perspectiva de género, Takawira (51 años) solo ha podido encontrar empleo en el sector de los cuidados. Es un trabajo difícil y mal remunerado, y ha empeorado mucho con la pandemia. Describe el trabajo de cuidadora durante la primera y la segunda ola de covid-19 como “aterrador”. El sector de cuidados de personas adultas en el Reino Unido se vio muy afectado por la escasez de personal y equipos de protección personal, lo que hizo que los trabajadores en primera línea, sus familias y las personas mayores y vulnerables a las que cuidaban corrieran un gran riesgo. “Pero no me quedó más remedio que seguir trabajando para arreglármelas y enviar dinero a mi familia en mi país”.

Takawira cuenta que, según su experiencia, los trabajadores migrantes del sector de cuidados, en particular los de países que no pertenecen a la Unión Europea, a menudo son explotados y tienen que trabajar más horas por un salario inferior al de sus colegas británicos. Aunque es posible que la aplicación efectiva de la NLMP lleve un tiempo, para Takawira y millones de trabajadores como ella, este marco normativo sólido para promover una buena gobernanza de la migración laboral no puede llegar en un momento más oportuno.