En los últimos meses, una nueva oleada de invasiones de granjas por toda Zimbabwe ha dejado a cientos de trabajadores/as agrícolas sin empleo y sin hogar.
La mayoría se han asentado junto a las carreteras cerca de las granjas donde solían trabajar, después de haber sido expulsados por los nuevos ocupantes.
Según el sindicato agrícola General Agriculture and Plantations Workers Union, esto ha provocado una “crisis humanitaria” en el sector agrícola, que antes era el mayor empleador del país.
Numerosos agricultores comerciales de todo Zimbabwe, en especial en las provincias de Mashonaland West, Mashonaland East, Manicaland y Midlands, han sido expulsados de sus tierras. Asimismo, el sindicato Commercial Farmers Union (CFU) calcula que, desde principios de este año, más de 40 propiedades han sido amenazadas con ser ocupadas.
Observadores dicen que varios altos cargos políticos y funcionarios del gobierno están utilizando su influencia y aprovechándose de la falta de una política agraria sólida para desplazar a algunos beneficiarios de la rápida redistribución de tierras del año 2000.
Sin embargo, el gobierno todavía sostiene que las nuevas invasiones de granjas no están ocurriendo y no ha intentado ayudar a los trabajadores agrícolas afectados.
El director de asuntos jurídicos del sindicato CFU, Marc Carrie Wilson, se negó a hablar del tema con Equal Times. Sin embargo, el presidente de CFU, Charles Taffs, confirmó los últimos desplazamientos de trabajadores/as agrícolas y afirmó que el país necesita cambiar su política agraria para proteger a todos los agricultores.
Según la central sindical Zimbabwe Congress of Trade Unions, las últimas ocupaciones de granjas han provocado la pérdida de más de 900 puestos de trabajo y han afectado a la educación de los niños/as de trabajadores.
El Secretario General del General Agriculture and Plantations Workers Union (GAPWUZ), Gift Muti, denunció que la mayoría de los trabajadores agrícolas desplazados necesitan ayuda humanitaria, pues se les ha privado de su única fuente de ingresos y de su hogar.
“La mayoría de esta gente fue expulsada de las granjas en verano, lo cual afectó a los cultivos que habían plantado en sus pequeños lotes de tierra, dejándoles a merced de las hambrunas”.
“Asimismo, están expuestos a los caprichos del tiempo, en especial los niños y las mujeres, algunas de las cuales están embarazadas. Ahora viven en grupos junto a las carreteras y no tienen acceso a ningún tipo de atención médica. Necesitan ayuda desesperadamente”, explicó Muti.
“No tienen adónde ir”
La agricultura representa entre el 15 y el 18% del producto interior bruto (PIB) de Zimbabwe y más del 70% de la población trabaja en el sector agrícola o en empleos relacionados con la actividad agrícola.
Sin embargo, desde el año 2000, el sector se ha visto convulsionado por la inestabilidad que provocó el gobierno del Zanu-PF cuando se embarcó en una campaña para aplicar reformas agrarias durante una década con el objetivo de restaurar las tierras expropiadas a los ciudadanos negros durante casi un siglo de gobierno de la minoría blanca.
Sin embargo, la transferencia de tierras, que se suponía iba a beneficiar a la mayoría de los zimbabuenses, estuvo marcada por la violencia y la corrupción. Así, el antiguo “granero de África” se convirtió en lo que los medios de comunicación occidentales han tildado de “un caso perdido”.
La cifra de granjas comerciales cuyos propietarios son blancos disminuyó desde unas 4.000 hasta unas 400 hoy en día. Dichas tierras se redistribuyeron entre decenas de miles de agricultores a pequeña escala.
Sin embargo, la última oleada de invasiones de granjas ha afectado tanto a los agricultores blancos como a los negros, incluidos a algunos de los beneficiarios de las reformas agrarias originales.
Muti anunció que su sindicato había organizado un llamamiento para que los agricultores puedan empezar a reconstruir sus vidas. El sindicato ha estado dirigiéndose a las organizaciones individualmente.
“Ahora hacemos un llamamiento a cualquiera que pueda ayudar a que dé un paso adelante y ayude a estas familias. La mayoría no tienen adónde ir”, explicó.
Muti declaró que se habían dirigido al gobierno en varias ocasiones pidiendo ayuda para los antiguos trabajadores agrícolas, pero que no había servido de nada.
“Creen que cuando alguien ha perdido su trabajo, debe regresar al lugar de donde salió. Pero el problema es que la mayoría de estas personas son trabajadores/as migrantes procedentes de países vecinos como Malawi, Zambia y Mozambique y las granjas son el único hogar que conocen”, afirmó.
Asimismo, aseguró que el sindicato está ejerciendo presión para que los trabajadores/as reciban indemnizaciones y sean realojados en asentamientos alternativos para que puedan reiniciar sus vidas como agricultores de subsistencia.
