En un frío día de junio, acompañado de una llovizna cortante, un grupo de unas 200 personas, entre adultos y niños, cargados con mochilas y empujando cochecitos y bicicletas, subieron las escaleras y cruzaron el puente Jacques Cartier de Montreal. Este puente lleva el nombre de un explorador francés del siglo XV cuyas interacciones violentas y explotadoras para con los indígenas canadienses están bien documentadas. También es conocido por ser una de las principales fuerzas detrás de la extinción del alca gigante.

Estos manifestantes, escoltados por policías en bicicleta, evocaban imágenes de los solicitantes de asilo de Oriente Medio que entraron en Europa en 2015, caminando por los arcenes de las autopistas; de los migrantes latinoamericanos que emprenden a pie sus largos viajes hacia Estados Unidos; y de los migrantes africanos que atraviesan el Sáhara para llegar a Europa.

Sin embargo, una diferencia importante distinguía a este grupo de los que partieron de Oriente Medio, América Latina y África. Al dirigirse hacia la frontera entre Estados Unidos y Canadá, en lugar de calzado desgastado y ponchos improvisados con bolsas de plástico, estas personas iban equipadas con calzado de montaña, chaquetas impermeables y ropa de abrigo.

El 17 de junio, este grupo multicultural, de diferentes edades y nacionalidades, emprendió una marcha de tres días, recorriendo 73 kilómetros, hacia un paso fronterizo informal entre Estados Unidos y Canadá llamado Roxham Road, en Quebec. Su objetivo era manifestar su oposición a la ampliación del Acuerdo sobre Seguridad de Terceros Países (STCA, según sus siglas en inglés), recién ratificado por el tribunal dos días antes.

Para Barbara Haisette, activista por los derechos de las mujeres radicada en Montreal, esta marcha simbolizaba una enérgica protesta contra las nuevas políticas que, según ella, no solo aumentan las barreras físicas y metafóricas para quienes buscan refugio, sino que también les facilitará a las autoridades confinar en centros de detención a los refugiados o repatriarlos a otros países.

“La marcha fue muy simbólica porque solo caminamos varios kilómetros en todo el día. Fue una muestra de solidaridad con los inmigrantes y refugiados que, por su parte, tienen que caminar cientos de kilómetros, durante meses o incluso años, para encontrar un lugar seguro donde vivir”, expuso Haisette a Equal Times.

Vulneración de los derechos de los refugiados

Desde su implementación en 2004, el STCA obliga a los refugiados que quieran cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá a solicitar asilo en el primero de los dos países a los que llegan. Pero, según el Migration Policy Institute: “Tal y como se negoció originalmente, el requisito solo se aplicaba a los cruces en los puertos de entrada, y no entre ellos, creando así la laguna que llevó a que Roxham Road se convirtiera en un punto de entrada no oficial para un número creciente de solicitantes de asilo de todo el mundo –y en una patata caliente de la política interna canadiense–”.

Al ampliar el acuerdo para invalidar la solicitud de asilo de cualquier inmigrante que realice una travesía irregular entre Estados Unidos y Canadá, muchos defensores de los derechos y grupos dedicados a ayudar a los refugiados afirman que el STCA vulnera principios de derechos humanos, despojando a los inmigrantes de su derecho fundamental a encontrar un refugio seguro. Una de esas activistas es Sandra Cordero, de 54 años, que, junto con sus familiares, huyó de Chile tras el golpe de Estado de la CIA de 1973 y, tras permanecer varada en Ecuador durante cinco años, acabó estableciéndose en Montreal en 1979.

Cordero y otros miembros de Le Droit De Vivre En Paix Montreal (El derecho de vivir en paz, de Montreal) –ONG que ofrece apoyo a refugiados e inmigrantes– participaron en la marcha para llamar la atención sobre la reducción de los derechos de los solicitantes de asilo en Canadá.

“Como signataria de la Convención de Ginebra, Canadá debe desvincularse del STCA. Este acuerdo va en contra de los derechos fundamentales de los refugiados reconocidos por la Convención y vulnera sus derechos de asilo en Canadá”, expuso Cordero a Equal Times, haciendo referencia a derechos como el de “no ser expulsado” y el de “libertad de circulación”, recogidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

“Percibo que EEUU y Canadá se consideran mutuamente refugios seguros, y negar a los refugiados sus derechos basándose en esta premisa es una maniobra claramente prejuiciosa enraizada en el colonialismo y el imperialismo contemporáneos”, añadió esta activista.

“Estas naciones cierran sus puertas a los refugiados a pesar de que están contribuyendo a las condiciones por las cuales las personas son desplazadas. Un claro ejemplo de ello es la crisis medioambiental derivada de las actividades mineras canadienses en Chile, que ha llevado a innumerables chilenos a abandonar sus residencias”, subrayó Cordero, aludiendo a las 53 empresas mineras canadienses en Chile que han desencadenado crisis ecológicas, como se observa en los proyectos Vizachitas y Maricunga.

Restricciones fronterizas inútiles

El Acuerdo sobre Seguridad de Terceros Países comenzó su andadura en 2002, cuando Estados Unidos y Canadá llegaron a un entendimiento sobre este pacto dentro del marco de la Declaración mutua sobre Fronteras Inteligentes, y, el 29 de diciembre de 2004, el STCA entró en vigor.

El acuerdo –que guarda muchas similitudes con el histórico sistema de Dublín, que establece un marco para las solicitudes de asilo en la UE y fue adoptado apenas un año antes, en 2003– se resumía a que los inmigrantes que solicitaran asilo en cualquiera de los dos países solo podrían hacerlo en el primero al que llegaran. Hasta el 25 de marzo de 2023, los ocho kilómetros de Roxham Road funcionaban como paso fronterizo “irregular” para las personas que en Estados Unidos deseaban solicitar asilo en Canadá. Según el sitio web de noticias CBC, el gobierno canadiense informó de que desde diciembre de 2022 y hasta el cierre del paso fronterizo en marzo de 2023, unas 4.500 personas cruzaban por Roxham Road cada mes.

Mientras que el gobierno canadiense ha afirmado que cerrar la laguna ayudaría a “ambos gobiernos a gestionar mejor el acceso al sistema de refugiados en cada país para las personas que cruzan la frontera terrestre entre Canadá y Estados Unidos”, Harini Sivalingam, directora del programa de igualdad de la Asociación Canadiense de Libertades Civiles (CCLA), discrepa sin cortapisas:

“Ambos gobiernos llegaron a este acuerdo para restringir la capacidad de los refugiados de presentar solicitudes en sus respectivos países”, señaló a Equal Times, criticando el STCA como “un acuerdo, una ley y un proceso restrictivos, que limitan los derechos de los refugiados a buscar protección y asilo en el país que consideren seguro”.

Sivalingam, que también ha asistido a inmigrantes y refugiados como abogada, sugiere que para muchos solicitantes de asilo, Estados Unidos no es un refugio seguro, ya que muchos acaban entre rejas o devueltos al lugar del que huyeron.

“Por añadidura, EEUU no protege de forma rigurosa los derechos de los refugiados ni las solicitudes basadas en la persecución, la orientación sexual y la identidad de género. Estos refugiados no podrían presentar una solicitud con éxito en EEUU y tendrían más posibilidades de ser reconocidos como refugiados en Canadá”, añade.

Cruzar la frontera, “más peligroso que nunca”

Cuando el acuerdo de 2002 entró en vigor, su impacto se limitaba a las personas que cruzaban a través de las fronteras terrestres oficiales. Esta limitación propició la aparición de vías alternativas como Roxham Road. Al mismo tiempo, la extensa frontera fluvial de 2.000 kilómetros de ambos países se transformó en otra ruta peligrosa para los refugiados. Algunos de ellos nunca llegaron a su destino, como los Patel, una familia de cuatro miembros procedente de la India que murió congelada en enero de 2022 mientras intentaba cruzar de forma irregular a Estados Unidos.

“Eso lo hemos visto en múltiples ocasiones; hay numerosos ejemplos, documentados y horribles, de los riesgos que corre la gente al utilizar los puertos de entrada no oficiales donde inicialmente no se aplicaba el acuerdo”, asegura Sivalingam.

Pero entonces, el 24 de marzo de 2023, Ottawa y Washington dieron la vuelta al guion, aplicando el acuerdo a toda la frontera terrestre y acuática entre Canadá y Estados Unidos. La Casa Blanca sugirió que la ampliación del acuerdo “disuadiría la inmigración irregular” en la frontera común de ambos países.

Sin embargo, como habían advertido los grupos de defensa de los derechos de los refugiados y activistas, estas medidas resultaron inútiles para detener el cruce irregular por las fronteras. Una semana después de la extensión del acuerdo se produjo una tragedia: dos familias de migrantes de distinta nacionalidad, una india, otra rumana, ambas con niños pequeños, aparecieron muertas en el semicongelado río San Lorenzo, en Quebec.

“Ahora es aún más peligroso para los solicitantes de asilo cruzar la frontera, y este es el problema y el peligro de este acuerdo. Esto no impedirá que la gente cruce la frontera. Las personas que necesitan huir porque sufren persecución en sus países de origen buscarán refugio, ya que su vida y su seguridad dependen de ello. Para ellos, el riesgo de quedarse es mayor que el de marcharse”, subraya Sivalingam.

Políticas de inmigración con sesgo

Canadá se ha forjado una imagen de refugio amistoso para inmigrantes y refugiados, sobre todo del sur global, y su gobierno no pierde ocasión de afirmar que “el asentamiento es parte integrante de la construcción de la nación y la inmigración un componente intrínseco del patrimonio nacional”.

El año pasado, en el Día Mundial del Refugiado, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, celebró los esfuerzos de su país en el apoyo a los refugiados, anunciando: “en 2022, por cuarto año consecutivo, fuimos el primer país del mundo en reasentar refugiados”.

La cifra mencionada por Trudeau no es errónea, pero solo cuenta una parte de la historia de la migración mundial. En un panorama más amplio, el país norteamericano ni siquiera figura entre los diez países que más refugiados reciben o que mayor proporción de refugiados tienen en su población en el mundo.

Lo que Canadá practica a través de sus políticas de inmigración es la selección deliberada de refugiados mediante programas de reasentamiento, que a menudo se extienden más allá de sus propias fronteras.

Este planteamiento ha suscitado las críticas de muchos activistas y organizaciones de defensa de los derechos de los refugiados, y Sivalingam sugiere que las políticas de inmigración en Canadá son “discriminatorias y racializadas”, y que las personas del sur global, en comparación con las procedentes de países que no deben solicitar visado, tienen más dificultades para entrar en Canadá, independientemente de su nivel educativo, experiencia laboral y otras cualificaciones.

Los informes recientes revelan que los refugiados afganos y sirios son tratados de manera diferente en comparación con los que huyen de la guerra en Ucrania por parte de las autoridades canadienses, lo que pone de manifiesto la desigualdad en las políticas de inmigración de Canadá.

“Mi mujer es holandesa, por lo que aquí se la trata como a una expatriada, pero a muchas otras personas de países no europeos, que también tienen un alto nivel educativo y una valiosa experiencia laboral, el sistema de inmigración las trata de forma diferente”, aseguró a Equal Times un joven canadiense –que se presentó como Shawn– participante en la marcha contra el STCA. “Canadá es un país de inmigrantes. Algunos llegaron primero, otros después. Pero el país no debería cerrarse a los inmigrantes que necesitan venir ahora”, sentenció.