Venezuela es el noveno país del mundo con las mayores reservas de agua dulce. Sin embargo, el Estado, del que depende el suministro de agua corriente en el país, no le garantiza a sus habitantes la disponibilidad y calidad de este recurso natural. De hecho, ocurre todo lo contrario, y el agravamiento de la crisis hídrica, que afecta al 90% de su población, empuja a los venezolanos más vulnerables a la línea de la inseguridad alimentaria.

La Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) ha reseñado en sus últimos informes que la falta de agua segura dificulta el acceso a los alimentos en múltiples comunidades del país suramericano, donde, según afirma la ONG Agua Sin Fronteras, el 82% de sus habitantes está expuesto al consumo de agua no potable por la inoperatividad de las plantas de tratamiento de este líquido.

Hacia el año 2000, la nación suramericana tenía sistemas de agua con capacidad para producir y distribuir 160.000 litros de agua por segundo. Ahora solo puede bombear 55.000 litros por segundo. ¿La razón? La falta de mantenimiento e inversión en el sector. Un informe de la organización local Monitor Ciudad, dedicada a la defensa del derecho al agua como derecho humano, lo confirma: solo se ejecutó el 34,2% de los 6.426 millones de dólares aprobados entre 2002 y 2015 para planes y mejoras de la compañía estatal Hidrológica de la Región Capital (Hidrocapital). Esta es responsable del servicio de agua potable y saneamiento en tres estados principales de Venezuela: Distrito Capital, Miranda y Vargas, que concentran el 20% de la población total venezolana. “En la práctica, el 70% de los recursos se perdieron”, afirmó Jesús Armas, director de Monitor Ciudad.

En 2014 Nicolás Maduro oficializó el racionamiento de agua a través del denominado Plan de Abastecimiento. En ese entonces los funcionarios de su administración justificaron la medida por los “críticos” niveles de lluvia que mantenían al país en sequía. A la fecha esas condiciones cambiaron, pero no así las interrupciones en el servicio.

En paralelo, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció en 2018 que el cambio climático, que representa una grave amenaza para los sistemas agrícolas, ha tenido “un fuerte impacto en la agricultura venezolana, afectando la seguridad alimentaria y nutricional de los pueblos”. Lo que no exculpa la deficiente gestión gubernamental del agua, ya que en todos los contextos esta es fundamental para garantizar la seguridad alimentaria.

La nutricionista Marianella Herrera, presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señaló a Equal Times que existe una estrecha relación entre las regiones de Venezuela que registran mayores niveles de inseguridad alimentaria y, a su vez, reportan graves fallas en el abastecimiento de agua.

“Aquí no hay estudios de inseguridad alimentaria asociada en particular a la falta de agua. Pero sí ves [en la data levantada por los observatorios venezolanos de los Servicios Públicos y de la Salud] una relación importante entre el déficit de servicios públicos y la inseguridad alimentaria, que es mayor en la región sur y en estados como Sucre, Apure y Falcón, que tampoco tienen servicios públicos óptimos y, por tanto, no pueden utilizar alimentos adecuadamente (...) si tú no tienes la capacidad de cocinar, ¿cómo haces para preparar un paquete de caraota? No se pueden comer crudas. Entonces, tener un kilo de caraotas pero no consumirlo te hace igualmente inseguro desde el punto de vista alimentario”, explicó la también investigadora del Centro de Estudios del Desarrollo (Cendes).

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas realizó en 2019 una evaluación de la seguridad alimentaria en Venezuela que determinó que el 92% de la población venezolana sufría de inseguridad alimentaria –protagonizando ese año una de las 10 peores crisis alimentarias a escala global–. A partir del año siguiente, en 2020, sin embargo, la dependencia de la ONU no incluye a este país en sus reportes sobre nutrición por falta de información. En el de 2022, titulado Puntos críticos del hambre: Alertas tempranas, solo se mencionó que la seguridad alimentaria en la nación seguramente estaba empeorando.

Desde hace casi una década no hay cifras oficiales sobre la disponibilidad de alimentos en el país. La opacidad en este tema afecta la creación de políticas públicas que permitan afrontar de manera eficaz los graves efectos de las brechas extremas de consumo de alimentos, han dicho expertos como Herrera.

La doctora, también miembro de la directiva de la Fundación Bengoa Alimentación y Nutrición, señaló que uno de los temas prioritarios a atender es la calidad del agua. En los poblados de bajos recursos en Venezuela y en las áreas rurales, el líquido no cumple con los criterios mínimos de seguridad, lo cual, a su juicio, aumenta no solo el riesgo de consumo de agua contaminada sino también la proliferación de enfermedades infecciosas gastrointestinales.

La escasez hídrica también ha traído consigo el cambio de dietas favorables al ahorro del agua.

Mario Figuera, habitante de Las Lluvias, una comunidad ubicada al norte del estado costero de Varga, contó a Equal Times que, debido a que en su casa no reciben agua por tubería desde hace más de cuatro años, su familia debe pagar 10 dólares mensuales para recibir agua de manantial. “La almacenamos en envases plásticos, llenamos las jarras y nos limitamos a hacer comidas como arroz y pasta, que es lo que menos consume agua. Ya por ejemplo hemos dejado de hacer sopas”, detalló.

Esas adaptaciones que se han venido dando espontáneamente en las cocinas regionales venezolanas, acotó Herrera, impiden “la práctica de la cocina de una manera segura y saludable, sin que haya una afectación de la inocuidad de los alimentos”.

¿Cómo se está enfrentando el problema?

Hay escasez de agua, no hay respuesta estatal, pero sí organizaciones no gubernamentales que, de manera conjunta y de forma práctica, están trabajando para guiar y educar a la población respecto a cómo se pueden enfrentar, y paliar, los efectos de la crisis hídrica.

Organizaciones humanitarias como Cáritas Venezuela han desarrollado talleres sobre el uso correcto de los sistemas de recolección de agua de lluvia, han distribuido filtros de agua artesanales y folletos informativos sobre el agua como derecho humano. Han dado charlas para enseñar a las personas cómo protegerse de parásitos transmitidos por el agua y los métodos de purificación de la misma. En plena pandemia por covid-19, dictaron cursos virtuales, tomados ya por más de 350 personas, sobre el saneamiento del recurso hídrico.

Mientras, el organismo de la ONU dedicado a erradicar el hambre, a través de sus enlaces en el país, está desarrollando la instalación de Mesas Comunitarias Agroclimáticas (MCA) en comunidades rurales venezolanas. Estas están conformadas por personal técnico de entes públicos y privados vinculados al ámbito agrícola y por familias de esos poblados. Su fin es desarrollar programas que conduzcan a un “incremento de la producción agropecuaria, la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional”.

La prueba piloto se realizó en estados andinos como Mérida, Trujillo y Portuguesa, pero no se descarta promover el proyecto en otras regiones. Cabe destacar que todas estas actividades están siendo financiadas por la Unión Europea, y la FAO es quien administra los recursos.

“Las MCA son la clave para que las familias agricultoras tengan una preparación sobre gestión de riesgos de desastres agroclimáticos y puedan evitar daños y pérdidas de sus cosechas y ganadería, garantizar la sostenibilidad de la producción agrícola y proteger los medios de vida”, reseña el portal web de la FAO en Venezuela.

Si bien la FAO destaca que a través de esas mesas el país podría transformar sus sistemas agroalimentarios y hacerlos más eficientes, Juan Marrero, investigador en seguridad alimentaria y derecho agrario del Instituto de Economía Agrícola, consideró que también debe crearse una política de Estado que contemple la gestión de recursos hídricos distintos a la lluvia, a través de la utilización de agua subterránea, de acuíferos o embalses.

Marrero dejó en claro que la rehabilitación y conservación de las estructuras hidrográficas es prioritaria, pues “la relación entre el agua y la seguridad alimentaria es directa”; el líquido es necesario para la agricultura, que consume el 70% del agua mundial en los procesos de regado.

“Hay problemas de gestión del agua. Está el asunto del cambio climático, sí, pero debimos prepararnos hace ya bastante tiempo para que las consecuencias de este no nos afectara tanto en una mala temporada de lluvia, que es la principal fuente de agua en la agricultura venezolana, considerada de secano [que depende de las precipitaciones]”, dijo a Equal Times el ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

En el mundo, 1.200 millones de personas viven en zonas agrícolas con graves problemas de agua. La FAO recomienda que en esas áreas se empiecen a reutilizar los recursos de agua dulce, se aumente el uso seguro de las aguas residuales y se invierta en la captación de agua de lluvia.

“Hacerlo no evitará que se produzcan sequías, pero puede ayudar a evitar que éstas provoquen hambrunas y trastornos socioeconómicos”, resalta el organismo.

Marrero, también integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, coincidió en ese punto con la FAO. “En esta situación de alteraciones climáticas, si no se tienen sistemas de almacenamiento, los productores venezolanos lo van a pasar muy mal y la producción de alimentos va a bajar”, indicó.

Además, señaló que la precariedad generalizada del sector agrícola impide que, para resolver el problema, se pueda recurrir a la perforación de fuentes fiables de agua o al uso de motobombas con las que llevar agua a los cultivos desde lagunas o riachuelos. La mayoría de los agricultores no puede costear todos los gastos que ello acarrearía.

A pesar de la escasez de agua, y ligado a problemas en las canalizaciones, una parte de la limitada cantidad que se distribuye se desperdicia. En paralelo, y en relación con la pérdida de agua, también es notorio el desperdicio de alimentos: sólo en 2020 la cifra mensual ascendía a 60.000 toneladas en todo el país, un desperdicio ligado, entre otros a la ausencia “de una política pública racional y coherente” en resiliencia agrícola –analizó Marrero– y, muy concretamente, a las dificultades que encuentran los agricultores para distribuir sus alimentos (por falta de carburante, por ejemplo).

Naciones Unidas prevé que la población mundial llegue a los 10.000 millones de personas en 2050, lo cual supone un incremento en la demanda de alimentos y, por consiguiente, de agua. Adoptar una gestión resiliente de los recursos hídricos es fundamental para aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de las prácticas agrícolas, a fin de evitar sequías que arrasen con cultivos enteros y agraven la malnutrición.

Así pues, en sintonía con el resto del mundo, y vistos los datos, Venezuela debería apostar por la reducción de la huella hídrica y la modificación de sus hábitos de consumo, que podrían significar una reducción en el nivel de agua desaprovechada por la pérdida o desperdicio de alimentos.

El país aún está a tiempo de aportar al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 relacionados con el hambre cero y el agua potable, segura y asequible para todos. Pero deben hacerse las intervenciones necesarias para fomentar la resiliencia en comunidades agrícolas, superar las limitaciones en cuanto a accesibilidad y demanda de agua y concientizar respecto al papel de ella en la cadena de valor de los alimentos.