Vanessa Dos Passos se levanta poco antes de las 6 cada mañana. Desayuna a las 6:15 y comienza su jornada de trabajo como guardiana a las 7:15 en punto. Pacientemente, a lo largo del día, abre las puertas a los visitantes, anotando sus nombres uno a uno en su gran registro abierto sobre un mantelillo de ganchillo color de rosa, y luego se lo entrega a la vigilante nocturna a las 7:15 de la tarde. Una vida ordenada, un trabajo corriente... salvo que Vanessa trabaja en el centro de detención donde cumple una condena de 18 años de prisión.

En la Asociación para la Protección y Asistencia de los Condenados (APAC) de São João del Rei, en el estado de Minas Gerais, al este de Brasil, no hay guardias ni armas. Solo un puñado de empleados ayudan a los reclusos que se encargan de la seguridad y de tareas administrativas. Esta prisión privada, subvencionada en gran medida con fondos públicos, depende esencialmente de la confianza depositada en los reclusos, hombres y mujeres, encarcelados por tráfico de drogas, agresión, robo, homicidio o violación, y los prepara para su reinserción en la vida laboral.

“Antes, lo único que sabía de la vida era: ‘Quiero delinquir, quiero pegar a los demás, quiero huir’”, recuerda esta mujer de 30 años que viste una camiseta amarilla de flores. Hoy, ya no piensa en huir. “Tengo la llave, confían en mí. Podría irme, pero no lo haré, porque aquí me tratan con cariño”, relata, antes de añadir:

“Estoy aquí para enmendarme. Si huyo, me devolverán a otra prisión, ¿y quién sufriría? Yo. Cometí un delito en la sociedad, así que tengo que pagar por ese delito. Me iré con la cabeza bien alta”.

Este concepto aparentemente utópico, ideado en 1972 por un grupo de católicos, se basa en la humanización de los presos. “Cuando los presos son tratados con violencia, responden a la sociedad con violencia. Humanizándolos, les damos la oportunidad de cambiar de vida”, explica Denio Marx, del Centro Internacional de Estudios de la metodología APAC. Aquí se utiliza el término recuperandos, que puede traducirse como “delincuentes en vías de recuperación”.

Visten sus propias ropas, pasean libremente por sus dependencias, cultivan y cocinan sus propios alimentos, reciben a sus familias los domingos, limpian los locales, inspeccionan sus propias celdas y median en sus propios conflictos.

Además, el costo mensual de un recuperando es inferior al de otros presos: 1.390 reales al mes (unos 260 euros) según el Centro Internacional de Estudios sobre la metodología APAC, frente a los 1.819 reales (unos 340 euros) del sistema tradicional, según un estudio de la Secretaría Nacional de Políticas Penales de 2023. La APAC también tiene una tasa de reincidencia inferior a la del sistema tradicional. En el vestíbulo de la prisión de São João del Rei, las estadísticas se exhiben con orgullo. Alrededor del 14% de los recuperandos reinciden, frente a casi el 40% en el sistema tradicional (cifras de 2020, del Consejo Nacional de Justicia). Basándose en estos resultados, se han abierto 68 establecimientos en todo el país, y el sistema incluso se está exportando al extranjero.

La educación y la religión en el centro del método

Aplicada en cada uno de estos centros de detención, la metodología APAC se basa en dos pilares: la religión y la educación. Cada mañana, en la gran sala común del régimen cerrado masculino, la reunión espiritual diaria da paso a diversos cursos.

“¿Por qué es importante para todos ustedes saber leer y comprender?”, pregunta Raquel de Oliveira Fragoso, la profesora, interrumpiendo el bullicio en el fondo de la clase. Este curso de remisión a través de la lectura, dedicado a los que ya han terminado sus estudios primarios y secundarios, permite a los recuperandos reducir su pena leyendo libros. “¿Mejora nuestra capacidad de escritura?”, responde uno de ellos, sin mucha convicción. “Ustedes leen textos escritos por abogados y jueces”, acaba por explicar la responsable de los programas educativos. “Su vocabulario no es el mismo que el nuestro. Por eso es importante practicar la lectura y la búsqueda de información en un texto”. Si bien la escolarización aquí es obligatoria hasta la finalización de la enseñanza secundaria, algunos recuperandos (51 de 400) llegan incluso a cursar estudios superiores.

Además de esta formación teórica, hay cursos diseñados para ayudarles a encontrar un empleo: cocina, carpintería, panadería, albañilería, cría de animales y siderurgia para los hombres. Peluquería, talleres de cejas, cocina y pastelería para las mujeres. La distribución de las actividades no escapa a los estereotipos de género.

Mientras una cacofonía de secadores de pelo sale del edificio de las mujeres el miércoles por la tarde, al otro lado del patio, cuya vista domina esta región montañosa salpicada de pueblos de arquitectura colonial, los hombres se afanan en preparar la cena. “Mi sueño es ser panadero”, exclama Samuel, mientras prepara las hornadas de “panecillos franceses”. Antes de llegar aquí, este joven de 30 años, condenado a 24 años de prisión, no sabía hacer pan.

“La APAC me ha dado las herramientas para reincorporarme a la vida con un oficio y evitar tener que hacer cosas malas cuando salga”, afirma.

La situación de los recuperandos es una excepción, un privilegio, en el panorama carcelario brasileño. Las puertas de la APAC solo se abren, por decisión de un juez, a quienes han mostrado buena conducta en un centro de detención anterior. El entorno de vida que se ofrece dista mucho de la violencia de las prisiones brasileñas. Un informe encargado en 2022 por el Ministerio de Derechos Humanos brasileño denunciaba la insalubridad, el hacinamiento, alimentos no aptos para el consumo e incluso actos de tortura.

“Es muy cruel. Me rociaban con spray de pimienta. He visto gente a la que le daban comida en mal estado y, si la devolvían, no les quedaba nada para comer. Los presos toman muchos medicamentos, para drogarse. Es un caos”, describe Graziela Cristina Marano, que pasó allí algo más de un año. “He visto lo que el ser humano es capaz de hacer a sus semejantes”, resume fríamente Alisson, un recuperando de 28 años, mientras mira hacia el edificio del régimen común, construido en lo alto de la colina adyacente. En marzo de 2023, en el norte de Brasil, se ordenaron –desde una prisión del estado de Rio Grande do Norte– violentos ataques contra comercios y edificios públicos, así como una serie de incendios de vehículos, para denunciar las condiciones carcelarias.

“Es difícil encontrar algo peor que el sistema penitenciario brasileño”, afirma la abogada Fernanda Prates, que también es profesora de derecho en la Fundación Getulio Vargas. “El simple hecho de que una persona no tenga que pasar por esto en las APAC es una maravilla. Pero es el Estado el que debería proporcionar este mínimo de dignidad, independientemente de las vías religiosas o espirituales”.

De hecho, hay muchas críticas al acompañamiento religioso que se da en las APAC. Dado que Brasil es un Estado laico, la legislación nacional garantiza la asistencia espiritual en la detención, pero también la libertad de culto. “Si el Estado es el único legitimado para imponer castigos, para imponer sufrimientos, para imponer la privación de libertad, también debe ser responsable de la forma en que se aplica esta privación de libertad”, añade Fernanda Prates.

Tratar la delincuencia como una patología

La otra crítica que se hace a las APAC se basa en la percepción de la delincuencia. “Para transformar a las personas, las APAC sostienen que la delincuencia es el resultado de una patología individual. Esta es una visión muy poco problemática de lo que estos actos representan dentro de la sociedad”, afirma Fernanda Prates, quien analiza la delincuencia más como un hecho social.

“Casi toda mi familia ha estado en la cárcel, ¿sabe?", exclama Vanessa Dos Passos desde su escritorio en el pequeño hall de entrada de la APAC de mujeres, como para confirmar estas palabras. Sus dos hermanos y su marido también están entre rejas. “Mi padre era muy agresivo, pegaba mucho a mi madre. Cuando tenía tres años, me fui a vivir con mi abuela”, continúa. Nacida en un contexto de violencia doméstica y estar implicada en el tráfico de drogas desde los 15 años, Vanessa es solo un ejemplo entre miles.

Para Fernanda Prates, el discurso de la culpabilidad individual promovido por la APAC ofrece una visión que “legitima el sistema penitenciario”. Por el contrario, sostiene que muchos de los reclusos que originan el hacinamiento en las cárceles brasileñas no tienen por qué estar allí: “No puede pensarse en el sistema penitenciario sin pensar en lo que llamamos ‘la puerta de salida’”.

El Consejo Nacional de Justicia (CNJ) ha contabilizado 909.061 presos (al 30 de septiembre de 2022), de los que el 44,5% se encuentra en prisión preventiva, es decir, sin haber ido a juicio. Estos últimos, a los que se dirigen especialmente las críticas de la criminóloga, constituyen una minoría de los recuperandos de la APAC.

En São João del Rei, Graziela Cristina Mariano, en la treintena, lleva dos años a la espera de juicio por el asesinato de su marido violento. Nos explica: “lo único que hice fue defenderme”. “Había venido a matarme”, añade esta madre de tres hijos, cuyos recuerdos de su vida anterior están impresos en su camiseta de Mickey Mouse, rematada con la inscripción: “Mamá de João Lucas, de 3 años”. “Puedo ser absuelta mañana y el tiempo que he perdido con mis hijos, con mis gatos, con los cumpleaños, con mi madre, con mi familia: todo el tiempo que he pasado en la cárcel nadie me lo devolverá”, lamenta amargamente.