La tierra es la mayor fuente de riqueza en Paraguay porque su economía está volcada a la producción y exportación de carne vacuna y granos transgénicos como la soja, pero es una industria reservada solo a un pequeño grupo de terratenientes que representa el 2,5% de la población y que posee el 85% de toda la tierra cultivable del país, según la ONG Oxfam.
Los conflictos entre grandes empresarios agrícolas, Estado y campesinado están a la orden del día: como atestigua el paradigmático “caso Curuguaty”, una masacre que aún no ha sido esclarecida, que dejó 17 muertes, entre policías y campesinos, por unos terrenos públicos en disputa y que provocó la destitución una semana más tarde del único Gobierno progresista que ha tenido Paraguay en medio siglo.
En una sentencia hecha pública a mediados de julio, once campesinos han sido condenados por el enfrentamiento que el 15 de junio de 2012 causó la muerte de 17 personas.
Aquel día, unos 300 policías acudieron a desalojar a cerca de 70 campesinos de las tierras que ocupaban en el distrito de Curuguaty (departamento de Canindeyú, a unos cien kilómetros de la frontera con Brasil) para pedir que aquellas fueran parte de la reforma agraria.
Mientras policías y labriegos negociaban para realizar el desalojo, unos disparos de armas automáticas, que la investigación fiscal no ha explicado de dónde provinieron, abatieron al jefe de policía, comenzando una refriega de tiros que se saldó con once civiles y seis agentes de élite muertos, según han ido relatando decenas de testigos a lo largo del juicio que comenzó en Asunción a mediados de 2015 y que concluyó el 1 de julio de este año.
El enfrentamiento provocó la destitución, tras un juicio político, del exobispo Fernando Lugo de la Presidencia.
No se investiga la muerte de los once campesinos muertos
Según la Fiscalía, los labriegos, provistos de armas largas, tendieron una emboscada a los más de 300 policías especializados que intervinieron en el desalojo. Durante el juicio, el Ministerio Fiscal los acusó de homicidio doloso, asociación criminal e invasión de inmueble ajeno y pidió para ellos penas de entre 5 y 30 años de prisión. La defensa, por su parte, solicitó que fueran absueltos por considerar que todo el proceso judicial había sido una pantomima, algo que también opinaron algunos observadores internacionales y organismos de derechos humanos.
El tribunal a cargo del caso condenó la semana pasada a penas de entre 4 y 30 años de cárcel a los 11 acusados, en una sesión que transcurrió en medio de incidentes y protestas por el veredicto.
Durante el juicio, el tribunal solo resolvió sobre el fallecimiento de los agentes policiales, ya que la Fiscalía nunca investigó las muertes de los once campesinos durante la masacre.
El principal condenado fue Rubén Villalba, sentenciado a 30 años de prisión y a 5 de medidas de seguridad por el homicidio doloso consumado de Erven Lovera, comisario al frente del operativo de desalojo que desembocó en la masacre.
Otros tres campesinos fueron considerados coautores del delito de homicidio: Luis Olmedo, condenado a 20 años de cárcel; y Néstor Castro y Arnaldo Quintana, ambos condenados a 18 años de cárcel. Las tres mujeres procesadas, Fany Olmedo, Dolores López y Lucía Agüero, fueron condenadas a 6 años de prisión como cómplices del homicidio; mientras que Felipe Benítez Balmori, Adalberto Castro, Alcides Ramírez y Juan Carlos Tillería, fueron condenados a 4 años de cárcel por invasión de inmueble ajeno y asociación criminal.
El tribunal dispuso además que los condenados corran con los costos económicos del proceso, considerado el juicio oral más largo de la historia de Paraguay, que se inició el pasado 27 de julio en Asunción y en el que declararon cerca de 200 testigos.
Las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, legisladores europeos y organizaciones no gubernamentales como Oxfam o Amnistía Internacional han pedido la revisión del caso y la absolución de los civiles, únicos procesados por la masacre, ya que la Fiscalía no ha investigado a policías ni a políticos sobre la responsabilidad de la muerte de los once campesinos.
“No hay ninguna prueba contra ellos, tienen que absolverlos ya. Lo que quieren es criminalizar la lucha campesina pero cada paraguayo merece un pedazo de tierra”, dijo a Equal Times Martina Paredes, hermana de Fermín y Luis, dos de los labriegos fallecidos en la masacre, durante una protesta –al término del juicio– que reunió a cientos de personas frente a la Fiscalía en Asunción.
Según Paredes, la Fiscalía "no investigó la muerte de los campesinos. Solo investiga cómo murieron los policías. No se investiga la masacre en sí, quién la provocó o por qué”.
"Fermín estaba herido en la pierna, tirado en el suelo cuando me llamó. Estoy segura que después fue ejecutado", agregó.
Paredes recordó que además de los once procesados hay una joven campesina imputada, menor de edad en el momento de los hechos, que sigue un proceso judicial separado cuyo inicio ha sido postergado en varias ocasiones.
Titularidad de las tierras
Los familiares de las víctimas piden que la Justicia determine la titularidad de las tierras donde se produjo la masacre, en disputa desde hace décadas entre el Estado paraguayo y la empresa privada Campos Morombí. Las tierras fueron donadas al Estado en 1967 por la empresa La Industrial Paraguaya (Lipsa) y utilizadas por un destacamento de la Armada, razón por la que se las conoce con el nombre de Marina Kue.
Sin embargo, la empresa Campos Morombí, propietaria de un latifundio limítrofe con estas tierras, reclamó la titularidad sobre ellas a través de la figura legal de la usucapión.
Campos Morombí pertenece a la familia de Blas N. Riquelme, un histórico dirigente del gobernante Partido Colorado durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). Las tierras conocidas como Marina Kue integran el listado de las tierras mal habidas, como se conoce en Paraguay a las fincas usurpadas ilegalmente durante la dictadura, y que hacen un total de ocho millones de hectáreas en todo el país, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia (CVJ) publicado en 2008.
La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo.
La destitución de Lugo fue tildada de "irregular" por organismos internacionales como la Unasur, y le valió a Paraguay su expulsión temporal del Mercado Común del Sur (Mercosur), que consideró que el país había "roto con el orden democrático".
Paraguay es el país del Mercosur (grupo que también incluye a Venezuela, Argentina, Brasil y Uruguay) con la mayor concentración de tierras.
Mientras crecen las vacas más grandes de la región, 2 de cada 10 paraguayos ingiere menos calorías de lo necesario para llevar una vida sana. Una proporción que pone al país a la cabeza continental, tras Haití y Guatemala.
Los más afectados son los labriegos: el 80% del campesinado paraguayo, aproximadamente un 35% de la población de 6,7 millones de habitantes, no posee tierras que cultivar. En Paraguay, solo el 6,3% de la tierra cultivable se dedica a la producción familiar campesina, una cantidad insuficiente para abastecer de frutas y hortalizas a todo el país, que se ha acostumbrado a importar desde Argentina y Brasil productos que podrían ser producidos por su campesinado, según datos del informe de junio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), una organización no gubernamental.
El sector agropecuario concentra 31 millones de hectáreas, mientras que los campesinos, que representan casi la mitad de la población del país, se reparten 1,9 millones de hectáreas.
En la última década, unas 900.000 personas han abandonado el campo en Paraguay y se han instalado en asentamientos precarios en la capital debido a la expansión de las grandes plantaciones de soja y maíz, altamente mecanizadas y con poca demanda de mano de obra, según la Federación Nacional Campesina (FNC), que pide una reforma agraria. Una enorme migración forzada pero silenciosa que, como la masacre de Curuguaty, es consecuencia del modelo extractivo de la economía paraguaya.
