La brecha digital entre países ricos y pobres sigue siendo “asombrosa”, según concluyó en marzo una conferencia de las Naciones Unidas. Para al menos dos tercios de la población mundial, el acceso a internet sigue estando fuera de su alcance, especialmente en países del sur global como Bolivia, donde persisten marcadas brechas digitales.

Aunque el 95% de la población mundial dispone de una red de banda ancha móvil (BAM), y tecnología 3G o 4G, al menos 390 millones de personas siguen sin estar conectadas.

En Bolivia, “es importante mencionar que ha habido un avance en infraestructura, es decir, en 10 años de 5.000 kilómetros de fibra óptica hemos saltado a más de 27.000, lo cual es un salto importante en términos de fibra óptica, que es la mejor, es la que te da mayor posibilidad de conectividad, no solo para hacer cosas básicas sino para tener un uso productivo de internet”, dice Eliana Quiroz, fundadora y miembro de la Fundación Internet Bolivia.

Sin embargo, para la experta, los avances en infraestructura contrastan con la falta de políticas dirigidas justamente al uso de internet o a las competencias digitales, es decir, políticas centradas en la alfabetización digital.

“Uno de los ejemplos está en la pandemia [de covid-19]. La enorme falta de habilidades digitales que tuvieron todos los actores de la educación (…) terminaron generando una brecha mayor”, y esto afectó mayoritariamente a los sectores rurales, señala Quiroz. Se estima que, durante la pandemia, el 70% de las conexiones a internet se concentraron en zonas urbanas, frente al 21% en zonas rurales.

Educación y brecha digital urbano-rural, desafíos pendientes

Más de una década después de que el país andino promulgara la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, que establece, entre otras cosas, el derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y a las tecnologías de la información y la comunicación, el reto sigue siendo el de reducir la marginación de las poblaciones rurales en el universo digital.

“En Bolivia, la mayor parte de la población [concentrada en áreas urbanas] que accede a la conexión a internet lo hace a través de teléfonos celulares”, dice Verónica Rocha, Oficial de Comunicaciones de Oxfam Bolivia, lo que significa que las brechas de infraestructura corresponden también a una falta de atención de las empresas telefónicas, que centran su interés en la conectividad de las grandes ciudades, dejando de lado los sectores rurales donde “con suerte se tiene acceso a una operadora telefónica”.

“Son lógicas de mercado [...]. Si hay una población que no te permite pensar en generar ganancias, es decir, si hay muy poca gente que va a usar el servicio, entonces no se justifica y por lo tanto las empresas [telefónicas] no entran [a las zonas rurales]”, añade Quiroz. La cantidad de dispositivos “entre una casa en el área rural y una casa en el área urbana” es “diametralmente distinta”, resalta Rocha.

Otro factor que alimenta la brecha digital urbano-rural son los ingresos familiares, y es que en Bolivia el acceso a una buena conexión a internet es relativamente costoso.

Según un informe de la Fundación Internet Bolivia, 9 de cada 10 hogares de renta alta tenían conexión en casa durante la pandemia, frente a 1 de cada 10 hogares con menos recursos. Y esto también incide en que mientras el 63% de los colegios privados (copados por alumnos con recursos) pudo acceder a clases virtuales, solo el 15% de los públicos (que concentran alumnos de familias con ingresos bajos) pudo hacerlo.

“Cuando llega la pandemia y se inserta el elemento digital como una herramienta que media la educación, esto hace que las cosas sean más complejas porque no solo los estudiantes pueden participar menos, sino que las propias familias [padres] estaban bastante conflictuadas porque no podían transmitir el conocimiento [tecnológico], porque no lo tenían, porque hay una brecha generacional o porque quizás no entienden las herramientas digitales”, explica Rocha.

Precisamente estas brechas digitales expuestas durante la pandemia hacen de la educación una de las principales preocupaciones expresadas por las entrevistadas.

En medio de los cambios provocados por los avances tecnológicos, las desigualdades estructurales en la educación no solo son vistas como una amenaza a los derechos de las nuevas generaciones en su presente, sino también en cómo impactarán en su futuro, ya sea en términos de oportunidades laborales o expectativas de vida si no se resuelve el problema de conectividad.

Y aunque en el país andino el derecho a la educación está casi garantizado en términos de acceso, “los problemas empiezan en el momento de participar en el proceso educativo”, apunta Rocha, porque es ahí donde se acentúan las desigualdades, que generalmente tienen que ver con las condiciones socioeconómicas de los estudiantes y también con brechas históricas y de procedencia.

Desde esa mirada, sostiene Quiroz, una realidad que se vivió durante la pandemia son las dificultades a las que se enfrentaron las familias rurales debido a la brecha digital, que las llevó a una situación en la que muchas “tuvieron que elegir qué hijo o hija – generalmente no tanto hija sino hijo– iba a seguir estudiando y quién no”, atentando contra una serie de derechos que a su vez muestran que el acceso a internet se ha convertido en sí mismo en un importante “habilitador de otros derechos”.

Teletrabajo e inclusividad

“No hay muchos estudios sobre derechos laborales en Bolivia [...] pero lo que la pandemia ha hecho es que la gente entienda que hay varias formas de usar internet para mejorar las oportunidades de trabajo, pero todavía son subutilizadas en general”, dice Quiroz, respecto al teletrabajo, que en muchos países pasó de ser una opción temporal a convertirse en otra permanente para muchas empresas.

Ahora, dicen las expertas, la cuestión es que dadas las transformaciones en las dinámicas laborales, los desafíos no son solo de infraestructura, conectividad y habilidades, sino también de considerar los cambios necesarios en las leyes laborales, por ejemplo, pensar en cómo se abordarán aspectos como los espacios de trabajo, las conexiones a distancia o las condiciones mínimas para que los trabajadores puedan realizar sus funciones.

De hecho, un estudio conjunto del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el caso boliviano, reveló que contar con una buena conexión a internet, así como con los equipos necesarios –computadoras y teléfonos celulares– fueron algunos de los obstáculos a la hora de teletrabajar durante la pandemia y son aspectos que aún persisten.

Por otra parte, “los temas de horarios se han puesto muy en tensión, porque es muy fácil escribir desde las 7 de la mañana y seguir escribiendo a las 10 o a las 11 de la noche. Tener reuniones, sobre todo si tienes un contexto que no sea solo el nacional”, dice Quiroz sobre las complicaciones asociadas a la conciliación y al derecho a desconectar, aún no resueltas en el país andino.

Otro elemento a tener en cuenta a la hora de cerrar la brecha es el nivel de violencia digital al que se exponen, desigualmente, hombres, mujeres y personas LGTBQI+: “por ejemplo, en escenarios de discursos de odio, escenarios de desinformación o cuando hay momentos políticamente críticos, las mujeres tienden a ser mucho más violentadas”, dice Rocha.

Esta situación, según Quiroz, hace que no solo las mujeres, sino también las personas LGTBQI+ sean de alguna manera quienes ven más vulnerados sus derechos a expresarse libremente en los espacios digitales, lo que hace que se sientan desmotivadas a la hora de utilizar internet a plenitud, generando una especie de autocensura, que afecta su inclusión, desarrollo y conocimiento tecnológico.

Medidas para mitigar la brecha digital

Ambas expertas coinciden en que el tema de la violencia y el acoso digital contra las mujeres y las personas LGTBQI+ en Bolivia es un problema que debe ser abordado desde una política de seguridad e inclusión digital que fortalezca el ejercicio de sus derechos y garantice su participación ciudadana, política y social, así como su desarrollo en el mercado laboral de manera que les permita alcanzar una independencia económica en un país marcadamente conservador.

Ante una virtualidad cada vez más presente y el impacto que la inteligencia artificial (IA) está generando en el mundo, hay más preguntas que respuestas sobre lo que se espera en sociedades cada vez más conectadas y a lo que países como Bolivia tendrán que adecuarse.

Y en este sentido, según las entrevistadas, lo que queda pendiente en el país andino para afrontar el futuro digital es la propuesta de una “política tecnológica” que garantice una regulación más eficiente y justa de Internet y las nuevas tecnologías.

Pero también urgen políticas orientadas a mejorar las competencias tecnológicas, priorizando “principalmente a las poblaciones más vulnerables, que son las que más suelen perder en un contexto tecnológico”.

“Creo que nos falta mucho. Nos falta digitalizarnos más y con más seriedad y también mirando la complejidad de la digitalización que no solo es conectar sino es conectar y no afectar derechos humanos, ese es el debate en el mundo. No se trata solo de poner infraestructura y que la gente se conecte y terminen siendo todos consumidores pasivos sino tener una conectividad crítica”, concluye Quiroz.