Las personas que están en su interior, privados de libertad, no son presos; han cometido una infracción administrativa, no tienen permiso para residir legalmente en España. Son “inmigrantes sin papeles”.

Se trata de Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), con capacidad para internar a unas 2.500 personas simultáneamente. Ocho espacios situados en las ciudades de Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia, Algeciras, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.

En la actualidad ningún periodista recibe la autorización necesaria para acceder al interior de un CIE.

El 3 de diciembre, se encontró el cuerpo de un ciudadano armenio, Alik Manukyan, en una celda del CIE de Barcelona. Las circunstancias que rodean su muerte siguen sin aclararse. La policía afirma que fue un suicidio, pero los inmigrantes del centro de internamiento, así como distintas organizaciones no creen esta versión de los hechos.

Docenas de manifestantes salieron a la calle en Barcelona para pedir a las autoridades que se realice una investigación seria.

La falta de una legislación específica y la opacidad de estos centros ha provocado situaciones de abuso e indefensión, según han reiterado el Defensor del Pueblo, distintas organizaciones no gubernamentales, así como organismos internacionales.

La ONG Pueblos Unidos aporta datos al debate: “1.000 personas extranjeras ingresan en los CIE cada mes, de las cuales poco más de la mitad son finalmente expulsadas” en su análisis anual “Atrapados tras las rejas. Informe 2012 sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en España”. En España la estancia máxima en un CIE es 60 días.

“Yo no soy un criminal”

Dentro de un CIE el interno pierde su nombre y pasa ser identificado con un número, lo que dificulta la comunicación con el exterior si la familia lo desconoce (con nueva normativa, por el momento estancada, pasaría a ser llamado por su nombre). No se le explica su situación jurídica concreta y muchos no disponen del nombre y teléfono de sus abogados.

La asociación Pueblos Unidos visitó al 10 por ciento de la población interna en el CIE de Madrid en 2012 durante las horas de turno de visitas de familiares y amigos.

Un 41 por ciento de las personas visitadas procedían de África (Subsahariana), seguidos de un 30 por ciento de América Latina, un 18 por ciento de África (Magreb), un 6 por ciento de Asia y un 5 por ciento de Europa Oriental.

En el CIE de Aluche, en Madrid hay un patio de hombres, al que acceden en dos turnos, y otro muy reducido para las mujeres. Los internos duermen en habitaciones con literas para 6 y 8 personas repartidas en cuatro módulos de hombres (para 236 hombres) y un módulo de mujeres (para 44 mujeres).

Una opacidad cotidiana

Los teléfonos móviles están prohibidos. Los tratamientos médicos de los internos que padecen enfermedades crónicas son interrumpidos.

No existe separación entre las personas con antecedentes penales o policiales y el resto. Tampoco hay cámaras de vigilancia en todas las salas, un elemento fundamental para evitar abusos (físicos y sexuales) e investigar las denuncias que se formulan.

Samba Martine falleció en el CIE de Madrid el 19 de diciembre de 2011. Tenía 34 años.

Había pasado tres meses en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla y 40 días de internamiento en el CIE de Aluche.

En el CETI de Melilla sabían que estaba gravemente enferma, tras realizarle una analítica al llegar, pero hasta este verano no existía un protocolo para compartir la información entre estos centros.

Tenía marido y una hija, Bijoux, de nueve años, residentes en Francia. No pudieron asistir al entierro.

“Estos centro deberían no existir o ser residuales. No se debe acudir a la privación de libertad de manera automática o arbitraria, hay alternativas”, explica Virginia Álvarez, responsable de política interior de Amnistía Internacional.

Álvarez critica la falta de estrategias políticas y alerta: “en Europa hay familias con menores que residen en CIES durante meses”.

La puerta de Europa

Desde finales de los años 90, España se convirtió en un destino atractivo para millones de inmigrantes para los que el fuerte crecimiento económico suponía la posibilidad de crear un futuro.

En 2006, el 38 por ciento de los inmigrantes eran europeos, el 36 por ciento latinoamericanos, empujados por los lazos culturales e idiomáticos y cerca del 15 por cierto norafricanos (en su mayoría, marroquíes y subsaharianos).

Para un inmigrante africano las costas españolas (las islas Canarias, Baleares o el sur del país), así como las ciudades autónomas situadas en el norte del continente africano, Ceuta y Melilla, suponen la puerta a Europa.

En 2012, llegaron a las costas españolas 3.804 inmigrantes irregulares (30 por ciento menos que el año anterior), personas que arriesgan su vida en todo tipo de embarcaciones y condiciones extremas.

También ha descendido el número de personas que, ocultos en coches u otros medios de transporte, a nado o saltando el perímetro fronterizo, han intentado entrar de forma irregular en Ceuta y Melilla; 2.841 en 2012.

A comienzos de este año la población extranjera residente legalmente en España superaba los 5,1 millones de ciudadanos, cerca del 11 por ciento de la población total, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Encabezan la lista de países Rumanía y Marruecos, con más de 750.000 ciudadanos cada uno, seguidos por Reino Unido, Ecuador y Colombia.

Sin embargo, no se dispone de una cifra real sobre población extranjera en situación irregular en España.

“La población nacida en el extranjero representaba a principios de 2009 más del 13 por ciento de la población residente en España”, según se expone en “La dinámica de los flujos migratorios de entrada en España”.

En el caso de las solicitudes de asilo, en el año 2012 hubo 2.588 (un descenso del 24,37 por ciento respecto a las cifras del año pasado), de las cuales 2.056 fueron admitidas.

Los cinco países con mayor número de solicitantes de protección internacional fueron: Siria (254 frente a las 97 del año anterior), Argelia (202 frente a 122 del año anterior), Nigeria (293), Camerún (121) y Costa de Marfil (109).

Menos discursos y más políticas

Jorge Fernández Díaz, Ministro del Interior español, apeló a “responsabilidad y sobre todo solidaridad compartida del conjunto de la Unión Europea” hacia países “como Italia y España, que somos frontera exterior de Europa y que sufrimos con mayor presión la oleada migratoria”, durante la Reunión del Consejo de Ministros de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea (JAI) celebrada en octubre en Luxemburgo.

La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) denunció en un comunicado oficial que “la Unión Europea carece de una normativa conjunta sobre cómo gestionar los flujos migratorios y permitir el acceso de una manera normalizada y fluida a trabajadores de terceros países: se sigue con un irreal esquema de ‘inmigración cero’ que origina el fomento de las entradas irregulares y el florecimiento de redes de tráfico de personas que dan pie a catástrofes como la de Lampedusa”.

Desde la organización sindical se aboga por evitar las situaciones de exclusión social y abordar “el hecho de que la Unión Europea, cuya acción principal se ha basado en el control de fronteras, carece de una política de inmigración real y efectiva que permita una adecuada gestión de los flujos migratorios”.