La revolución de Egipto fue como una salvación para muchos trabajadores que habían estado sufriendo bajo un régimen tiránico de más de 30 años y un declive en las condiciones económicas y sociales.

Los trabajadores y trabajadoras egipcios desempeñaron un papel importante en la revolución, en un intento por luchar contra la constante violación de los derechos fundamentales del trabajo y por conseguir mejoras en sus pésimas condiciones económicas, tras el cierre de numerosas fábricas.

Desde la década de 1990 los Gobiernos estuvieron llevando a cabo unas políticas económicas erróneas basadas en la privatización, que ha dado lugar a los miles de despidos en fábricas y empresas privatizadas.

[caption id="" align="alignnone" width="570"] (AP Photo/Amr Nabil)[/caption]

No obstante, incluso antes de los primeros disturbios en enero de 2011, los trabajadores habían organizado huelgas y manifestaciones para presionar al Gobierno y a las empresas estatales, exigiendo incrementos salariales. Hasta el año pasado, el salario mínimo mensual se situaba en torno a los 25 USD. El Gobierno lo subió a 67 USD, pero esto desembocó en mayores protestas por un salario mínimo de 200 USD. El Gobierno tardó nueve meses en alcanzar el compromiso de 115 USD.

Asimismo, durante los 18 meses después de la revolución, Egipto ha sido testigo de fuertes y frecuentes protestas, las más intensas de la historia nacional del movimiento sindical.

Se han llevado a cabo más de 2.000 huelgas, casi cuatro veces más que las registradas en 2010. La mayoría de las manifestaciones guardaban relación con los bajos salarios, con la ausencia de sindicatos libres y con la falta de diálogo social. Dos sectores en particular han experimentado este tipo de acciones masivas: el sector de la confección y el vestuario y el sector del transporte público.

Las reivindicaciones de los trabajadores

“A los trabajadores de los transportes públicos se les han denegando sus derechos durante décadas, así que organizamos tres grandes manifestaciones entre septiembre de 2011 y marzo de 2012.

Las huelgas fueron convocadas por motivo de los bajos salarios y la falta de seguridad social”, dice Tarek El Behiry, un trabajador del sector del transporte público y miembro del recién establecido sindicato Egyptian Independent Trade Union.

Tarek afirma que no pudieron conseguir ningún tipo de apoyo por parte del sindicato oficial, aún cuando el movimiento sindical ha estado tan activo durante la revolución. “El objetivo principal de estas huelgas y sentadas es obtener derechos y libertades, en particular la libertad sindical”, añade.

En realidad fue Ahmed El-Borai, Ministro de Trabajo e Inmigración de Egipto durante el primer Gobierno posterior a la revolución, quien se comprometió a garantizar los derechos sindicales para los trabajadores y trabajadoras egipcios, de acuerdo con las normas fundamentales del trabajo de la OIT.

“La libertad sindical puede ayudar a crear el entorno para la negociación colectiva entre los empleadores y los trabajadores”, dijo.

“El problema que tenemos ahora es que los trabajadores egipcios no tienen ningún canal democrático para expresar sus reivindicaciones legítimas.”

El-Borai fue testigo de la implementación del Convenio 87 – que fue ratificado en 1957 pero que nunca se llegó a aplicar – como medida importante para mejorar las condiciones de los trabajadores egipcios. El año pasado se establecieron nuevos sindicatos en más de 800 empresas. Sin embargo la disolución del Parlamento impidió la aprobación de la legislación.

Ahora, trabajadores como Tarek El Behiry esperan que con la elección de un nuevo presidente la situación sea más estable y que Egipto pueda comenzar una nueva etapa.

Empleo y crecimiento

Uno de los resultados más negativos del antiguo régimen ha sido el desempleo. Las estadísticas nacionales indican que en junio de 2012 el paro se situaba en un 12,6%, mientras que según las estimaciones de la OIT éste alcanzaba un 18%, y según expertos internacionales rondaba el 24%.

La razón de esta diferencia es la falta de un censo exacto del Gobierno egipcio con respecto a los trabajadores en el mercado laboral.

Aún así, los informes oficiales del Gobierno confirman que Egipto tiene el potencial económico para dar empleo a un gran número de trabajadores. Y sin embargo el país importa mano de obra barata del extranjero, principalmente del sureste asiático.

Después de la revolución el turismo se vio muy afectado por el desempleo, que aumentó a un 30%. El sector de la confección, por su parte, ha sufrido una caída considerable como resultado de las políticas de privatización. La producción disminuyó alrededor de un 60% y más de 1.500 fábricas cerraron a lo largo del año pasado.

El Banco Mundial requirió a las nuevas autoridades egipcias que crearan el entorno adecuado para la inversión, prosiguiendo con las reformas estructurales y reduciendo las disparidades en los niveles de vida a fin de frenar la crisis económica.

Asimismo, el Banco Mundial solicitó a Egipto apoyar las oportunidades de empleo, incrementar la tasa de crecimiento, mejorar el clima empresarial y apoyar los flujos de inversión extranjera directa.

Según estimaciones, se espera que Egipto alcance una tasa de crecimiento del 2,5% en 2012 y del 3,5% en 2013, y los sectores que podrían crecer más rápido, dentro de una situación política más estable, e inyectar nuevas inversiones, serían el sector de la confección, el turismo, la minería y la tecnología.

En respuesta a las demandas de los trabajadores de reformar la economía y mejorar sus condiciones, Mohamed Morsi dijo que tiene dos planes para abordar la cuestión del desempleo.

A corto plazo, se establecerá un fondo nacional para conceder prestaciones a los desempleados. Además se proporcionará apoyo financiero y formación a las pequeñas y medianas empresas que contraten trabajadores en los sectores más estratégicos.

Y a largo plazo, se reconsiderará la antigua política de privatización al tiempo que se mantienen las iniciativas públicas satisfactorias.

La nueva ejecutiva dijo que también van a esforzarse por atraer inversiones y eliminar obstáculos para las empresas privadas, así como promover programas de servicios sanitarios y educación pública. En particular, un mayor número de licenciados podrían empezar a trabajar a través de los nuevos programas de formación profesional.