Detrás de los proyectos del Banco Mundial en Iraq

 

Más de diez años después de la invasión de Iraq encabezada por los EE.UU., que provocó más de 120.000 muertes de civiles y dejó una sociedad profundamente fracturada y plagada de continua violencia, el Banco Mundial ha venido discretamente ampliando su apoyo a la reconstrucción del país.

El Banco ha firmado una nueva Alianza Estratégica con Iraq para 2013-2016, supuestamente centrada en la reconstrucción de infraestructura, servicios públicos y programas sociales.

La gestión de los recursos acuíferos en este árido país con una población de 33 millones de habitantes es un elemento clave de la nueva estrategia, además del apoyo al desarrollo del sector privado.

Teniendo en cuenta el legado de la era de Saddam Hussein en cuanto a la restricción de los derechos de los trabajadores, la represión de los sindicatos independientes, los bajos salarios y una protección social insuficiente, el Banco Mundial ocupa una posición estratégica para utilizar su considerable influencia en Iraq dando ejemplo de buenas prácticas laborales en los proyectos que financia.

El historial del Banco a este respecto es, sin embargo, bastante diverso. Los ejemplos que figuran a continuación indican que un importante determinante de la práctica laboral parece estar relacionado con si el préstamo está o no sujeto al requisito de que se respeten las normas del trabajo, además de una presencia sindical activa.

 

Cimentando la lucha

En 2010 la empresa multinacional francesa fabricante de cemento Lafarge solicitó financiación a la agencia del Banco Mundial encargada de otorgar créditos al sector privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), para ampliar sus operaciones en dos plantas de cemento situadas cerca de Solimania en el Kurdistán iraquí, y de una tercera cerca de Karbala, ciudad localizada a 100 km al sur de Bagdad.

Las tres operan conjuntamente con inversores o empresas locales. La CFI otorgó un préstamo y un paquete de inversión de capital por un total de 150 millones USD para las operaciones de Lafarge en Iraq.

Para cuando la CFI ofreció su préstamo y su paquete de inversión a Lafarge-Iraq, los empleados regulares en las dos instalaciones de la compañía en el Kurdistán estaban recibiendo salarios y prestaciones que los representantes de los trabajadores consideraron justos en función de los estándares iraquíes.

El comité sindical que representaba a los trabajadores de Lafarge mantenía buenas relaciones con la dirección, según Othman Hama, Presidente del Sindicato de la Construcción de Solimania, entrevistado por la CSI en Erbil, la cuarta mayor ciudad iraquí, también en la región del Kurdistán. No obstante, dejó claro que no siempre había sido el caso.

En junio de 2009, los trabajadores de la planta de cemento en Bazian realizaron una sentada antes de que la dirección aceptase negociar seriamente con el sindicato.

Después de hacerlo, ambas partes llegaron a un acuerdo sobre incrementos salariales, reducción de las jornadas laborales y primas por turno, así como un calendario de reuniones regulares entre sindicato y dirección para resolver diferencias, que llevaría a consiguientes mejoras en las condiciones de trabajo.

Las relaciones habían sido peores en la otra planta del Kurdistán en Tasluja, donde en julio de 2006 guardias de seguridad armados dispararon contra 500 huelguistas que protestaban contra despidos colectivos, hiriendo a 13 trabajadores. La dirección inició negociaciones tras el incidente, y aceptó anular la mayoría de los despidos y aceptar otras demandas relativas a remuneración y diversas cuestiones. También aceptó hacerse cargo de los gastos hospitalarios de los trabajadores heridos.

 

Sin derecho a la seguridad social

Wesam Chaseb, responsable de programa en Iraq para el Centro de Solidaridad de la central sindical estadounidense, American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), está convencido de que el Acuerdo Marco Internacional (AMI) firmado en 2005 entre Lafarge y dos Federaciones Sindicales Internacionales desempeñó un papel positivo para conseguir que Lafarge respondiese a las inquietudes de los sindicatos. La Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera (ICM) envió representantes al Kurdistán iraquí tras la disputa en Bazian, reuniéndose con los trabajadores.

“Lafarge y la dirección local en Iraq parecieron darse cuenta de que el AMI era algo que debía tomarse en serio”, comentó Chaseb, “pero aún quedaban cuestiones pendientes que los requisitos específicos de la CFI en cuanto a las normas del trabajo contribuyeron a solucionar”.

Lo que no estaba resuelto antes de que la CFI entrase en juego era la situación de los más de 1.000 trabajadores subcontratados dispersados en 11 compañías que suministran servicios a Lafarge, yendo del mantenimiento y el transporte a la alimentación y la seguridad. Conviene señalar que el total de mano de obra empleada directamente – incluyendo cuadros directivos – asciende a unos 1.300.

A diferencia de los empleados regulares de Lafarge, muchos de los trabajadores subcontratados no disfrutaban de los períodos de descanso legalmente estipulados, las vacaciones anuales o las primas por horas extraordinarias, y no disponían contrato de trabajo ni de cobertura de la seguridad social al no haber sido registrados por las empresas.

Cuando investigaba las condiciones de los empleados subcontratados, el sindicato fue informado de que los trabajadores no tenían derecho a la seguridad social porque habían sido contratados como jornaleros, pero algunos de los trabajadores dijeron al sindicato que venían haciendo el mismo trabajo ¡desde hacía cinco años!

Algunos de los empleadores que intentaron crear secciones sindicales junto con sus compañeros, serían despedidos aludiendo distintos pretextos.

 

¿Hacia el derecho a la negociación colectiva?

Los intentos de mejorar las condiciones de trabajo de los empleados subcontratados por medio de recursos legales no dieron resultado, aunque muchas de las prácticas infringían las disposiciones de la legislación laboral iraquí. El Presidente del Sindicato de la Sindicato de la Construcción de Solimania, Othman Hama, comentó:

“En 2011 Wesam Chaseb nos informó que, dado que había obtenido un préstamo de la CFI, Lafarge estaba obligada a tratar a sus trabajadores según la denominada ‘Norma de Desempeño 2 de la CFI’. No había grandes problemas para los trabajadores regulares, pero nosotros teníamos claro que Lafarge no cumplía con sus obligaciones para garantizar que sus subcontratistas cumpliesen con la norma”.

La Norma de Desempeño 2 de la CFI sobre Trabajo y Condiciones Laborales estipula que “el cliente [la compañía prestataria] establecerá políticas y procedimientos para la gestión y seguimiento del desempeño de esas terceras partes empleadoras en relación con esta Norma de Desempeño”.

Esos requisitos incluyen proporcionar a los trabajadores documentación por escrito respecto a sus derechos y condiciones de trabajo, incluyendo lo estipulado por la legislación laboral nacional, la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva, un trato no discriminatorio, la negociación de los procedimientos de despido, y protección de salud y seguridad en el trabajo.

El Sindicato de la Construcción de Solimania escribió a Lafarge-Iraq cuestionando lo que hacía para cumplir con la ND 2. Lafarge respondió invitando al sindicato a una reunión, durante la cual aceptaría trabajar con él a fin de lograr que los subcontratistas cumpliesen con la ND 2.

El sindicato ha conseguido afiliar prácticamente a todos los empleados que trabajan para los principales subcontratistas, que se sindicalizaron con gran entusiasmo en el momento en que dejaron de ser despedidos por hacerlo, y en cuestión de pocos meses se formaron comités sindicales a nivel de empresa y se concluyeron convenios colectivos con aquellos subcontratistas donde los sindicatos tenían representación legal.

Los acuerdos subsanaron el trato discriminatorio al que habían venido estando sometidos los empleados, al menos entre los principales subcontratistas.

La ley de sindicatos iraquí, que todavía no ha sido actualizada desde la era de Saddam Hussein, permite contar con representación sindical únicamente en las firmas con más de 50 empleados, y en ningún caso en el sector público.

Los sindicatos iraquíes han venido presionando al Parlamento para que adopte una ley revisada que extienda el derecho de sindicalización a todos los trabajadores/as.

Othman Hama aseveró: “Todavía nos queda un largo camino por recorrer en Iraq para que la legislación laboral sea justa para todos los trabajadores, pero entre tanto, los instrumentos y el apoyo internacionales han sido cruciales para nosotros, y nos complace haber podido recurrir a la ND 2 de la CFI para subsanar el trato injusto de muchos de los trabajadores subcontratados en Lafarge”.

 

Explotación de los trabajadores en el suministro de agua

Muy distinta es la situación en un Proyecto de Abastecimiento de Agua de emergencia financiado por el Banco Mundial en Iraq, en la provincia sudoriental de Wasit, donde el Banco aportó 109,5 millones USD en 2008 para la construcción de una planta de tratamiento de agua y la sustitución de 60 km de tuberías que deberían dar servicio a 250.000 residentes.

Los trabajos del proyecto, iniciado para dejarlo después en manos del Ministerio de Municipalidades y Obras Públicas de Iraq, fueron efectuados por la compañía contratista Anwar Soura, una gran firma de construcción iraquí con proyectos por todo Oriente Medio.

La construcción del proyecto estaba ya en sus últimas fases en noviembre y diciembre de 2012, cuando el responsable del Centro de Solidaridad, Wesam Chaseb, y su asistente de investigación, Haider Jabbar, estudiaron a fondo las condiciones de trabajo del proyecto, a petición de la federación provincial en Wasit de la Federación General de Trabajadores Iraquíes, organización asociada a la CSI.

El sindicato había tenido noticia de unas condiciones de trabajo deplorables en la obra, pero los resultados de la investigación equivalen a una lista de violaciones de prácticamente todas las normas laborales imaginables, tanto internacionales como iraquíes:

  • No se proporcionó a los trabajadores contratos ni explicaciones por escrito en relación con sus condiciones de trabajo y beneficios
  • Para evitar tener que proporcionar ciertas prestaciones estipuladas por la ley, como descansos y vacaciones o seguridad social, los trabajadores eran contratados como jornaleros
  • Algunos trabajaban siete días a la semana, a pesar de que la legislación iraquí estipula al menos un día de descanso semanal
  • Pese a su supuesto estatuto de jornaleros, los trabajadores únicamente recibían su paga dos veces al mes, cuando cobraban; en algunos casos se les adeudaba hasta cuatro meses de salario
  • No se pagaban primas por horas extraordinarias, una vez más infringiendo la legislación laboral iraquí
  • Los trabajadores en el proyecto provenientes de otras regiones de Iraq recibían beneficios inferiores a los contratados localmente, quienes disfrutaban de vacaciones pagadas y primas por horas extraordinarias
  • Los trabajadores no estaban registrados en la seguridad social por lo que no tenían derecho a cobertura de pensión o asistencia médica
  • Se encontraron menores de apenas 15 años trabajando en el proyecto, algunos de ellos contratados para realizar lo que podía considerarse trabajo peligroso
  • Los locales donde se alojaban y comían los trabajadores estaban asquerosos y abarrotados
  • No se facilitaron instrucciones ni información sobre riesgos de salud y seguridad, no se colocaron señales en cuanto a los riesgos existentes, no se facilitó a los trabajadores equipo básico de protección como calzado de seguridad y cascos, no se disponía de botiquín de primeros auxilios y los andamios y pasarelas peligrosas no disponían de cordones de seguridad

 

Trabajadores lesionados obligados a volver al trabajo

En un seminario realizado a finales de mayo en Erbil con la participación de representantes sindicales de todo Iraq, Chaseb ilustró su presentación sobre las condiciones de trabajo en el proyecto subvencionado por el Banco Mundial en la provincia de Wasit con fotografías de andamios desvencijados, otras condiciones de trabajo peligrosas y mano de obra infantil.

También mostró una fotografía de un joven que había sufrido una herida grave en la mano mientras trabajaba, y que se vio obligado a buscar asistencia médica por su cuenta al no contar con cobertura médica facilitada por el empleador. La compañía ni siquiera le acordó una baja remunerada por enfermedad, de manera que tuvo que volver al trabajo a pesar de su grave lesión.

Chaseb dijo que la negativa del contratista en Wasit a pagar los salarios de manera regular podría ser equiparable a la servidumbre por deudas. “Tenemos la impresión de que algunos de los obreros seguían en sus puestos de trabajo pese a las terribles condiciones por miedo a que si se iban nunca percibirían los tres o cuatro meses de salario que se les adeudaba”.

La servidumbre laboral está reconocida por la OIT como una forma de trabajo forzoso y representa una violación de uno de los cuatro derechos fundamentales en el trabajo, que todos los miembros de la OIT deben respetar. Los otros son la prohibición de la discriminación en el lugar de trabajo, la eliminación del trabajo infantil, y la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva.

Dado que el contratista afirmaba además que sus trabajadores no podían sindicalizarse ni negociar colectivamente, aduciendo que no tenían derecho al tratarse de un proyecto del sector público, este proyecto del Banco Mundial en Iraq consiguió el pleno, llegando a violar las cuatro normas fundamentales de trabajo de la OIT.

 

Licencia para abusar

Los líderes sindicales reunidos en Erbil en mayo quedaron asombrados de que el Banco Mundial tolerase semejantes condiciones de trabajo en uno de sus proyectos, mientras que las inversiones en el sector privado financiadas a través de la CFI del Banco deben respetar las normas del trabajo además de otras condiciones básicas de empleo.

En el seminario de Erbil, les expliqué que el Banco Mundial todavía no había completado la revisión de su política de salvaguardia ambiental y social, pendiente desde hace ya tiempo, y respecto a las cuales la CSI y las Federaciones Sindicales han propuesto la adopción de una salvaguardia exhaustiva sobre normas del trabajo, que cubra la totalidad de las actividades financiadas por el Banco.

Los participantes se alegraron también de tener noticia de un resultado positivo de la labor realizada por los investigadores laborales. Cuando la Federación Sindical de Wasit comunicó a los directores del proyecto financiado por el Banco Mundial los resultados de la investigación, estos se echaron atrás y reconocieron al comité sindical elegido por los trabajadores restantes. En una reunión de negociación, finalmente accedieron a pagar todos los salarios atrasados.

Una pequeña parte de los 109,5 millones USD del Banco asignados al proyecto terminarán por tanto en los bolsillos de los trabajadores iraquíes empleados en su construcción. El salario base en el proyecto de construcción de la planta de tratamiento de agua de Wasit, ya terminada, era de 10.000 dinares iraquíes, lo que corresponde a 8 USD, al día.