El año 2024 es un año de elecciones. La mitad de la población mundial acudirá a las urnas, tanto en países grandes como India, Indonesia y Estados Unidos, como en naciones pequeñas como Austria, Botsuana y Túnez.

Ahora bien, que haya elecciones no significa necesariamente que la democracia esté garantizada. Esto se debe a que el espacio cívico, que permite a la oposición política, a los medios de comunicación independientes, a la ciudadanía activa y a las organizaciones de la sociedad civil criticar la actuación de los responsables políticos, se encuentra en mínimos históricos.

Un estudio publicado recientemente por CIVICUS Monitor, cuya finalidad es hacer un seguimiento de las condiciones del espacio cívico en todo el mundo, muestra que la increíble cifra del 86% de la población mundial vive en países con un espacio cívico restringido, lo que significa que las autoridades reprimen las libertades fundamentales de reunión, asociación y expresión. Calificamos a estos países como “obstruidos”, “represivos” o “cerrados”. Casi un tercio de la población del mundo, el 31%, vive en el grupo peor clasificado, el de los países “cerrados”.

Por otra parte, sólo el 2% de la población vive en sociedades “abiertas”, en las que los gobiernos no sólo respetan, sino que protegen el espacio cívico. Otro 12% vive en países con un espacio cívico “estrecho”, donde los derechos se respetan, pero se vulneran ocasionalmente.

Estas son las peores cifras que se han registrado desde que comenzamos a realizar nuestro seguimiento hace seis años. Estos datos indican que, aunque la mayoría de los países han hecho suyo este ritual de las elecciones, la calidad de la democracia que presentan es deficiente. En definitiva, gran parte de las elecciones de 2024 serán menos libres y transparentes de lo que pretenden hacernos creer sus vencedores.

No existe la democracia en los espacios cívicos cerrados

En primer lugar, podemos analizar los países clasificados como “cerrados”. Estas naciones son esencialmente Estados unipartidistas en los que los gobiernos reprimen la oposición política de forma tan férrea que las elecciones son una farsa.

Un ejemplo paradigmático fueron las primeras elecciones celebradas en el año 2024 en Bangladés. Las autoridades bangladeshíes detuvieron a decenas de miles de miembros de la oposición y manifestantes antes de la votación del 5 de enero, al tiempo que la policía y miembros del partido gobernante agredían a los manifestantes, provocando múltiples muertes. Ante este ataque tan implacable, el principal partido de la oposición boicoteó los comicios, y la primera ministra Sheikh Hasina se aferró al poder. Por otra parte, el régimen persiguió a activistas de derechos humanos y a sus familias mediante intimidaciones, enjuiciamientos y restricciones de financiación.

El caso de Bangladés es similar al de otros países “cerrados”, en los que manifestarse a favor de la disidencia democrática conlleva grandes riesgos. Por ejemplo, en Rusia, tras encarcelar a disidentes de todas las ideologías, todo parece indicar que Vladimir Putin se presentará a las elecciones de marzo para prolongar su mandato que dura ya más de dos décadas. Lo mismo ocurre en Venezuela, donde la celebración de elecciones libres parece poco plausible tras la inhabilitación de la principal candidata de la oposición, María Corina Machado. La sociedad civil y los medios de comunicación independientes se enfrentan a constantes presiones para que no critiquen la actuación del gobierno.

Las elecciones se resienten cuando se instaura la represión

Las naciones “cerradas” son las que tienen el peor espacio cívico, seguidas de cerca por las “represivas”. En estos lugares, las élites gobernantes recurren a las elecciones para aparentar que ejercen la democracia, pero los gobernantes mantienen el monopolio del poder. Los observadores han de conocer bien las realidades políticas de estos países.

En la que se conoce como “la mayor democracia del mundo”, India, el actual primer ministro Narendra Modi es un ejemplo paradigmático de populista autoritario que utiliza activamente la desinformación para perseguir sus objetivos políticos. El gobierno de su partido, el Bharatiya Janata, ha fomentado el fervor religioso nacionalista contra las minorías y ha utilizado a las fuerzas del orden para marginar a opositores políticos y censurar a periodistas. Varias organizaciones de derechos humanos han tenido que interrumpir su labor debido a las restricciones de financiación y a las causas abiertas contra ellas. En consecuencia, es difícil que se produzca una votación justa en las elecciones que se celebrarán en India en abril y mayo.

Algo peor ocurre en el vecino Pakistán, donde el ejército lo controla casi todo, incluso quién puede presentarse a las elecciones del 8 de febrero. La comisión electoral prohibió el partido del ex primer ministro encarcelado, rechazó también a sus candidatos y restringió el acceso a Internet durante los actos de la oposición.

Por otra parte, en Ruanda, el presidente Paul Kagame obtendrá casi con toda seguridad un nuevo mandato de siete años en julio, pese a que en este país se encarcela a periodistas y disidentes, se les fuerza a exiliarse e incluso se les asesina. En Senegal, los comicios –pospuestos indefinidamente en el momento de publicar este artículo– seguramente darán la victoria a un candidato de la clase dirigente, después de que la policía encarcelase al popular Ousmane Sonko y disparase a sus seguidores en las calles.

Las elecciones previstas para noviembre en Túnez también parecen estar muy lejos de cumplir las normas democráticas, ya que el presidente Kais Saied modificó la Constitución para controlar el Parlamento y concentrar el poder en sus manos.

Con todo, hay países “represivos” que también pueden dar sorpresas. Es el ejemplo del candidato progresista de Guatemala, Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones el pasado agosto, acompañado de un movimiento masivo de protesta pacífica que resistió con éxito los intentos de las élites de anular los resultados. Guatemala es un ejemplo de que el poder popular puede superar enormes obstáculos.

Obstruido, pero no perdido

El caso de Guatemala es poco frecuente, así como el de los siguientes países, con un espacio cívico “obstruido”, donde los votantes pueden ejercer cierta capacidad de elección a pesar de los intentos de sus gobernantes por hacer que el resultado les favorezca. La destitución del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro en Brasil de 2022, tras desobedecer las normas constitucionales, muestra cómo la ciudadanía y las instituciones de un país “obstruido” pueden resistir las presiones que sufre la democracia.

Los votantes del Reino Unido tienen la oportunidad de hacer precisamente eso cuando elijan un nuevo gobierno a finales de 2024. El Reino Unido ha experimentado una erosión constante de los derechos de protesta pacífica y desobediencia civil durante más de una década de liderazgo conservador. La ciudadanía tiene este año la oportunidad de reconducir su gobierno a través de las urnas.

El electorado sudafricano también podría frenar así una tendencia preocupante en las elecciones de mayo. Aunque la democracia que tanto costó conseguir en Sudáfrica no está amenazada 30 años después del Apartheid, tanto la intimidación a los periodistas que sacan a la luz escándalos de corrupción en el seno del partido gobernante, el Congreso Nacional Africano (ANC por sus siglas en inglés), como los asesinatos de numerosos activistas, han deteriorado el espacio cívico del país. La población sudafricana, incluyendo a los simpatizantes del ANC, puede aprovechar las elecciones para exigir a sus dirigentes un mayor respeto por la Constitución.

Sin embargo, la situación puede volverse en contra si la ciudadanía de algunos países “obstruidos” elige a gobernantes con tendencias autoritarias. En El Salvador, los votantes reeligieron este 4 de febrero a Nayib Bukele, cuya campaña represiva contra las bandas criminales ha socavado el espacio cívico y la independencia del poder judicial. Asimismo, en Indonesia, la candidatura de un excomandante militar implicado en violaciones de los derechos humanos ha despertado los temores de la sociedad civil sobre el futuro de su país.

Concurrencia en espacios cívicos libres

El panorama internacional parece desalentador, pero el año 2024 también traerá consigo la celebración de un puñado de elecciones en países con espacios cívicos “estrechos” y “abiertos”. En estos lugares, es de esperar que las elecciones sean libres y justas. Los comicios de enero en Taiwán ya permitieron la concurrencia de diversos actores de todo el espectro político. Entre los países “abiertos” que celebran comicios este año figuran Austria, Lituania y Uruguay.

Con todo, quizá las elecciones más trascendentales de 2024 sean las de Estados Unidos, país cuyo espacio cívico está calificado como “estrecho”.

La mayoría de las instituciones democráticas del país han resistido los ataques del expresidente Donald Trump, aunque en varios Estados se han aprobado leyes que restringen la libertad de expresión en las escuelas y el derecho de protesta. Por otro lado, la violencia del 6 de enero de 2021, cuando los partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio, sigue latente.

Sin duda, la vuelta de Trump al poder sería muy perjudicial para el espacio cívico en Estados Unidos. Durante su presidencia, CIVICUS Monitor documentó un claro aumento de los ataques a la libertad de expresión, especialmente a la prensa, además de la represión violenta de manifestantes. Un segundo mandato de Trump también podría tener repercusiones negativas a nivel internacional, dada la enorme influencia global de Washington.

Cómo recuperar el rumbo

No es tarea fácil lograr que un mayor número de países avancen hacia la democracia en 2024. No obstante, hay una serie de medidas que podrían mejorar la situación actual.

Para empezar, es necesario el escrutinio de los organismos de control. La sociedad civil y los medios de comunicación independientes deben actuar como observadores y exigir transparencia a quienes detentan el poder. Entre otras medidas, deben denunciar la desinformación, que constituye una herramienta autoritaria cada vez más peligrosa para socavar la credibilidad de las elecciones. Análogamente, las movilizaciones masivas organizadas, como la de Guatemala para defender los resultados electorales, pueden ayudar a vencer la influencia de los grupos de presión establecidos.

En contextos muy restringidos, la sociedad civil, los medios de comunicación y las protestas no siempre pueden tener éxito por sí solas. En consecuencia, las instituciones multilaterales, los países vecinos y los Estados democráticos deben presionar a los responsables para que respeten los principios democráticos.

En ocasiones, esperar a que termine la votación para actuar puede resultar insuficiente y llegar demasiado tarde. La presión externa, como el compromiso diplomático y la supervisión internacional, debe ejercerse antes, durante y después de la votación, hasta la toma de posesión del próximo gobierno. Contra el autoritarismo, más vale prevenir que curar.

Lamentablemente, la pérdida de espacio cívico en todo el mundo significa que la presión internacional en favor de la democracia es más débil que nunca. Las instituciones de gobernanza mundial no tienen la fuerza, o en algunos casos la voluntad, de denunciar los abusos de poder de las potencias autoritarias.

Nos queda entonces otra fuerza fundamental: la solidaridad entre las personas. Tanto el activismo de base como los grupos de la sociedad civil en el extranjero pueden participar en acciones de solidaridad para apoyar a la gente que se encuentra sobre el terreno. También pueden difundir sus mensajes a través de protestas y en las redes sociales para concienciar sobre la opresión que afecta a la integridad de las elecciones. Además, pueden presionar a sus propios gobiernos para que adopten posiciones informadas y basadas en principios, así como denunciar a las empresas multinacionales y a los intereses que se benefician del voto no libre.

Estos movimientos, que reconocen la interseccionalidad de las luchas por los derechos más allá de las fronteras, son quizá la fuerza más potente de todas para hacer de 2024 no sólo un año de elecciones, sino un año de democracia.