Guatemala es un país megadiverso y también, si me permiten la expresión, megadesigual. Lo primero está en peligro por los efectos del cambio climático, agravado por la depredación del medio ambiente y el uso irracional de los recursos naturales. Ello provoca una pérdida creciente de la riqueza forestal, con una de las más altas tasas de deforestación de América Latina y con casi dos tercios de los hogares usando leña para cocinar.

Debido a las fuertes alternaciones del régimen de lluvias, cada año se presenta un periodo de “hambre estacional”, que se estimó afectaría en 2023 a 4,3 millones de personas, en los departamentos que presentan mayores niveles de pobreza y desnutrición crónica infantil, y que es particularmente grave en el ‘Corredor Seco’, territorio semiárido que atraviesa el país de este a oeste, abarcando el 9% del territorio nacional.

Lo segundo es la causa principal de la pobreza, que afecta a la mayoría de la población –en el artículo de Equal Times Guatemala ¿paraíso laboral?, ya ofrecimos un somero acercamiento al tema de la desigualdad en el país– y supone un freno al crecimiento económico. En 2006, en el prefacio del Informe sobre el desarrollo mundial, el Banco Mundial señalaba la importancia de la equidad como objetivo de desarrollo, y añadía que “también sirve como instrumento para el crecimiento económico”. Por ello, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) postula que “hay que crecer para igual e igualar para crecer”.

Agricultura, productividad y disparidad

En Guatemala, la agricultura es la tercera actividad económica en importancia por su contribución al PIB (un 9,3% en 2022). En dicho año, la palma africana (aceites y grasas), café, banano, azúcar, frutas, legumbres y hortalizas y hule, representaron el 32% de las exportaciones, siendo el vestuario y los hilados el principal rubro con 13%. Cabe señalar que las remesas de los migrantes residentes en los Estados Unidos de América, ascendieron en 2022 a 18.040 millones de dólares (USD), superando los 15.654 millones de USD generados por la exportación en ese año.

La agricultura, no obstante, es la principal fuente de empleo del país. Según la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos de 2021, de una fuerza de trabajo de 7,5 millones, la agricultura ocupaba casi un tercio, o 2,3 millones. De dicha cifra, el 12% era empleado privado, el 29% jornalero (trabajador ocasional con escasa o nula protección), el 34% trabajador por cuenta propia, el 22% trabajador familiar no remunerado y el 3% empleador.

La brecha entre la población ocupada y el aporte al PIB evidencia baja productividad en el sector, pero con grandes disparidades entre la agricultura comercial, destinada principalmente a la exportación, y la agricultura familiar que abastece el mercado interno.

Por ejemplo, el cultivo de palma africana, de acuerdo con un informe de la Oficina Económica y Comercial de España en Guatemala de 2021, tiene el primer lugar por productividad en el mundo. Los cultivos de exportación ocupan la mayoría de suelos de más calidad y de la superficie de bajo riego (86% en 2012).

Por el contrario, la agricultura familiar enfrenta altos niveles de precariedad e insuficiente acceso a la tierra, así como insuficientes servicios de apoyo a la producción. El Programa de Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economía Campesina (PAFFEC) del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) reportó que en 2011, de 1,3 millones de hogares agropecuarios, el 13% carecía de tierra, un 47% se encontraba en situación de infrasubsistencia o subsistencia (como mucho, y únicamente, producían los alimentos que consumían) y el 31% eran excedentarios o pequeños comerciales y solamente el 9% eran comerciales grandes.

Y es que, como pone de manifiesto el clásico estudio La economía política de Centroamérica desde 1920, del economista británico Victor Bulmer-Thomas, hay un sesgo histórico a favor de la agricultura de exportación, favorecida con dotación de tierras e infraestructura de transporte, exenciones tributarias, acceso al crédito y legislación laboral que facilitó el trabajo forzoso hasta 1944, en detrimento de lo que denomina agricultura de uso interno.

Trabajo decente y ‘empleos verdes’, en ciernes

Guatemala participa, desde 2014, en la Alianza para la Acción Hacia una Economía Verde (PAGE, por sus siglas en inglés) impulsada por el Sistema de Naciones Unidas, que apoya la transición hacia economías más inclusivas mediante la generación de políticas de crecimiento que generen empleos verdes, definidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como trabajos decentes que contribuyen a preservar y restaurar el medio ambiente, sea en sectores tradicionales, como la agricultura, o emergentes como las energías renovables.

Partiendo de esta definición, y para avanzar hacia los empleos verdes, es indispensable incluir la agricultura como uno de los sectores prioritarios, por su aporte a la producción y al empleo, y su impacto ambiental.

El primer desafío en el ámbito de la producción es mitigar los efectos del cambio climático y adoptar prácticas de cultivo respetuosas del medio ambiente. Un estudio del Instituto de Agricultura, Ambiente y Recursos Naturales (IARNA) de la Universidad Rafael Landívar –Perfil ambiental de Guatemala 2010-2012–, indica que en el futuro cercano Guatemala está amenazada por el incremento de la temperatura a nivel global, debido a la mayor frecuencia que tendrá el fenómeno de El Niño y el debilitamiento de la zona de convergencia intertropical que genera las lluvias en las regiones cercanas al Ecuador. Es decir, que unos períodos prolongados de sequía serán seguidos de temporadas muy húmedas acompañadas de eventos extremos de precipitación pluvial.

En este contexto, son varias las medidas de adaptación, recomendadas por una investigación del IARNA –Cambio climático y diversidad (2011)–, y van desde el fomento de la producción bajo invernadero, aplicar prácticas de buen manejo y recuperación de los suelos, modificar calendarios de siembras, impulsar sistemas de irrigación y cosechar aguas mediante embalses, hasta promover el uso de variedades resistentes a la sequía y diversificar cultivos.

Medidas importantes para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria son, además, el apoyo a la agricultura familiar y a las microempresas agropecuarias mediante programas de capacitación y asistencia técnica, enfatizando en las buenas prácticas agrícolas y ambientales, a través del Sistema de Extensión Rural, lo que exige dotarlo de más recursos y personal. Un estudio del laboratorio de ideas ASIES sobre dicho sistema constató que en 2021 éste contaba únicamente con 642 extensionistas (o profesionales para ofrecer asistencia especializada), muy lejos del propósito inicial de establecer 340 agencias municipales con tres extensionistas cada una. Además, el presupuesto destinado al apoyo a la agricultura familiar bajó de 601,7 millones de quetzales (75 millones de USD) en 2019 a 255 millones de quetzales (31,8 millones de USD) en 2021.

En cuanto a condiciones de trabajo, considerando que el trabajo decente es un rasgo esencial de los empleos verdes, la respuesta a la pregunta inicial ¿qué tan cerca están? la realidad prevaleciente nos dice que estamos muy lejos.

En 2021 el ingreso promedio de los ocupados en la agricultura fue de 2.504 quetzales (313 USD) y el salario mínimo en la agricultura era de 2.992 quetzales (374 USD). En materia de protección social, el boletín de afiliación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) de 2021 reportó 91.532 ocupados en la agricultura como trabajadores cotizantes, cifra reducida comparada con el número de empleados (279.023) e ínfima si se toma en cuenta a todos los ocupados en la agricultura. El salario promedio de los trabajadores agrícolas afiliados (al IGSS) fue de 2.904 quetzales (363 USD) mientras que el promedio del total de afiliados se situaba en 5.030 quetzales (629 USD).

En El trabajo en las plantaciones (2021), investigación realizada por ASIES con base a grupos focales y entrevistas, se constató un nivel de cumplimiento satisfactorio en las grandes empresas, especialmente en el pago del salario mínimo y cobertura de la seguridad social, que convive con prácticas como la fijación de tareas excesivas para alcanzar el salario mínimo, lo que conduce a trabajar más de la jornada ordinaria de ocho horas, sin el correspondiente pago del tiempo extraordinario.

Respecto a la organización sindical y la negociación colectiva, una primera constatación es que no hay sindicatos en el cultivo de palma africana, y solamente uno en el sector azucarero. En la producción de banano hay presencia sindical en el departamento de Izabal (región norte o del Atlántico) pero no existe en la región sur o del Pacífico, que concentra dos tercios del área cultivada.

Y eso que, la presencia sindical “hace una enorme diferencia en los estándares de vida y las condiciones laborales”, al incrementar salarios, asegurar jornadas aceptables de trabajo, reducir las posibilidades de acoso sexual y otras formas de violencia, y produce centros de trabajo más seguros, como afirma, entre otros, el estudio dedicado ¿Qué diferencia hace un sindicato? – Fincas bananeras en el norte y sur de Guatemala, de Mark Anner, de la Universidad de Pensilvania.

En el sector agrícola, las prácticas empresariales en lo tocante a la organización sindical van desde postular que el trabajador tiene derecho de asociarse o no –como indica el Manual de Buenas Prácticas Laborales de la Cámara del Agro–, hasta la exclusión de quienes han tenido participación sindical. El éxito parcial de la política antisindical lo demuestra la Encuesta sobre el trabajo en plantaciones (2021) de ASIES: un 32% de los trabajadores encuestados en la región sur afirmó que participar en sindicatos no es un derecho de los trabajadores, mientras que en la región norte, donde los sindicatos de trabajadores bananeros tienen 80 años de presencia continua, el 75% afirmó que sí es un derecho.

Incertidumbre política

La generación de empleos verdes en la actividad agrícola y en los demás sectores productivos precisa de acciones del Estado en materia de protección del ambiente y los recursos naturales, estimulando prácticas sostenibles para evitar la contaminación de suelos, aguas y aire, al tiempo que se preocupe por hacer cumplir la legislación laboral, en particular de los derechos fundamentales de los trabajadores, ampliar la cobertura de la seguridad social, y garantizar la salud y seguridad ocupacional, promoviendo y siendo garante de un fructífero diálogo social tripartito, haciendo realidad el trabajo decente.

El triunfo electoral de Bernardo Arévalo, un socialdemócrata moderado, en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto de 2023, permite vislumbrar que lo anterior será posible, rescatando la institucionalidad estatal de la corrupción y poniéndola al servicio del bien común, al actuar con independencia del poder económico.

Sin embargo, cuando este artículo sea publicado seguirá prevaleciendo la incertidumbre provocada por el ‘Pacto de corruptos’ (red de complicidades, nebulosa pero innegable, integrada por funcionarios de gobierno, del sistema de justicia, parlamentarios, empresarios, políticos y defensores de la impunidad), cuyo descaro no conoce límites ni tiene escrúpulos al utilizar el sistema de justicia (Fiscalía General, Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad) para impedir que Arévalo asuma la presidencia el 14 de enero de 2024. Situación inédita en los 40 años transcurridos desde el retorno a la democracia, que busca prolongar el control del Estado por los actores y beneficiarios de la corrupción y la impunidad.