Al ser elegido primer ministro de Eslovenia a principios de marzo, Janez Janša, el líder del conservador Partido Democrático Esloveno (SDS), se enfrentó al desafío inmediato de una pandemia mundial. Y no estaba dispuesto a tolerar que sus métodos de gestión de la crisis fueran cuestionados.
Blas Zgaga, periodista de investigación esloveno, aprendió la lección de la manera más amarga. Cuando Zgaga cuestionó la legalidad de las facultades otorgadas al “centro de crisis”, formado para encarnar el máximo órgano de decisión del país al inicio de la pandemia del coronavirus en marzo, la reacción fue inmediata. El centro de crisis compartió un tuit enviado por un usuario anónimo en el que se presentaba a Zgaga y a otras tres personalidades que se habían mostrado críticas con la respuesta del Gobierno a la COVID-19, como elementos de extrema izquierda que intentaban desestabilizar Eslovenia.
Los ataques contra Zgaga fueron retomados por Nova24TV, un medio de comunicación fundado por el partido gobernante dirigido hasta mediados de marzo por el actual ministro del interior, Ales Hojs.
“Me acusaron de pertenecer al Estado profundo”, comenta Zgaga. “Posteriormente recibí muchas amenazas anónimas... [en las que decían que] debían darme un tiro, o que la gente debería golpearme si me veía por la calle”.
Janša también ha participado personalmente en ataques contra periodistas, utilizando la etiqueta #FakeNews en Twitter y publicando tuits difamatorios contra la emisora nacional eslovena, en los que describe a sus periodistas como “demasiado numerosos y demasiado bien pagados”.
En mayo, la Federación Europea de Periodistas (FEP) dio la voz de alarma: “Es preocupante ver cómo una retórica estilo Trump u Orbán está emponzoñando actualmente a Eslovenia”, señaló el secretario general de la FEP, Ricardo Gutiérrez. “Pedimos a la Unión Europea que sancione esta incitación al odio contra los periodistas”.
Eslovenia fue elogiada durante mucho tiempo por su libertad de prensa, pero actualmente ocupa el puesto 32 en el Índice mundial de la libertad de prensa 2020 de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Sin embargo, los ataques contra los medios de comunicación y los periodistas críticos con el Gobierno se han intensificado desde el regreso de Janša al poder (fue primer ministro en 2004 y 2012), especialmente durante la pandemia. En marzo, el Consejo de Europa mencionó explícitamente a Eslovenia como uno de los países que utiliza el coronavirus como excusa para limitar la libertad de prensa.
A lo largo de los años, Janša ha conseguido establecer una sólida base de medios de comunicación de apoyo a su Gobierno, con un poco de ayuda de un notable amigo.
A principios de este año, el sitio web esloveno de noticias de investigación Necenzurirano reveló que tres empresas húngaras vinculadas al partido Fidesz del primer ministro húngaro Viktor Orbán habían invertido 1,5 millones de euros en Nova24TV. El Gobierno de Janša tiene en la mira la televisión pública. En julio, el Gobierno dio a conocer los planes para modificar la legislación vigente en materia de medios de comunicación destinada a “despojar a la emisora pública de la financiación pública, la cual se asignará a medios privados, todo calculado para favorecer el programa gubernamental”, afirma Tomaš Deželan, politólogo y profesor de la Universidad de Liubliana.
A juicio del Instituto Internacional de Prensa (IPI), la totalidad de los recortes programados privarían a RTV Slovenija de unos 25 millones de euros, es decir, el 20% de su financiación. “Los recortes de personal en una institución que ya cuenta con pocos efectivos serán inevitables y, a su vez, pondrán en grave peligro su misión de ofrecer una programación de calidad y de interés público”, señala el IPI. “Además, a principios de julio de 2020, el tercer canal de televisión más grande, Planet TV, de propiedad pública, fue vendido a empresarios húngaros cercanos a Orbán”, añade Deželan.
Litigios vejatorios contra periodistas
Eslovenia no es el único Estado europeo central o meridional donde se han desmantelado las instituciones democráticas y se deslegitiman los medios de comunicación en un proceso que permite a los Gobiernos cada vez más autoritarios de la región despejar el camino para hacerse con la totalidad del poder. A lo largo de los Balcanes Occidentales, de Serbia a Albania, de Macedonia del Norte a Kosovo, los periodistas son blanco de amenazas, de campañas de desprestigio y trabajan en condiciones precarias. Esta situación no se limita a los países no pertenecientes a la Unión Europea: este año Polonia descendió al puesto más bajo que ha ocupado nunca en el índice de la libertad de prensa y, en general se considera que Bulgaria es el Estado de la Unión Europea que menos respeta la libertad de los medios de comunicación.
Como resultado, la confianza en los medios de comunicación se ve cada vez más mermada. Además, debido a la precaria situación de esta industria (debido en gran parte al importante descenso de los ingresos publicitarios), muchos medios de comunicación y periodistas han adoptado una posición de autocensura y no se atreven a informar sobre la erosión de las instituciones democráticas.
Justo al otro lado de la frontera, en Croacia, ya se ha concretado la politización de la televisión pública, similar a la que se está produciendo actualmente en Eslovenia.
El índice de la libertad de prensa más reciente señala que “el Gobierno no ha dejado de inmiscuirse en los asuntos de la emisora de televisión pública HRT” desde que el Gobierno de derechas de Tomislav Karamarko (HDZ) llegó al poder en 2016 y casi 70 periodistas de la emisora pública fueron expulsados o depuestos y diez programas de radio y televisión han sido suprimidos. La política editorial de la HRT ha mostrado un claro sesgo progubernamental desde entonces.
Lo más preocupante es que, en 2018, la HRT interpuso acciones legales contra algunos de sus propios periodistas y contra la Asociación Croata de Periodistas (HND) acusándoles de “dañar a la reputación y buen nombre de la emisora” debido a una declaración en la que miembros de su personal afiliados a la asociación HND se distanciaron de varios escándalos que involucraban a la emisora nacional (incluida la venta en el mercado negro de entradas de la Copa Mundial que habían sido concedidas por la FIFA a la HRT).
En Croacia es muy común entablar procedimientos penales contra periodistas con acusaciones de insultos y difamación.
En mayo de 2020, la asociación de periodistas HND reveló que habían sido interpuestas por lo menos 905 demandas contra periodistas de parte de responsables políticos y personalidades públicas, las cuales se encuentran actualmente en curso en Croacia. El presidente de la HND, Hrvoje Zovko (que es uno de los periodistas demandados por la HRT), comentó a Equal Times que tales demandas tienen como finalidad “censurar, intimidar y silenciar a los periodistas” y son una amenaza para la libertad de los medios de comunicación e "incitan a los periodistas a la autocensura", y añade: "En Croacia, los jueces han asumido el papel de editores de redacción".
El abuso de las demandas por difamación que obligan a los periodistas a invertir tiempo, dinero y energía para defenderse son conocidas como SLAPP, por las iniciales en inglés de “demandas estratégicas contra la participación pública”, cuyo objetivo es obstaculizar la libertad de expresión y acallar las críticas. Sin embargo, el uso de litigios vejatorios contra periodistas no se limita a Croacia. Desde 2018, un grupo de eurodiputados ha pedido a la Comisión Europea que promueva una directiva europea anti-SLAPP que daría a los periodistas y los grupos de medios de comunicación de toda la Unión Europea el poder de solicitar la rápida desestimación de este tipo de demandas.
Clima de impunidad en Serbia, Montenegro y Bosnia
Entre tanto, en países como Serbia, Montenegro y Bosnia y Herzegovina, las empresas y trabajadores de los medios de comunicación se enfrentan a un aluvión de "tendencias preocupantes", según Pavol Szalai, responsable de la sección relativa a la Unión Europea y los Balcanes de Reporteros Sin Fronteras. Entre estas tendencias señala "campañas de desprestigio (con la participación de responsables políticos y medios progubernamentales) contra periodistas que tienen una visión crítica de su Gobierno; abuso de los medios públicos para promover al Gobierno e ignorar o difamar a la oposición; y la falta de reacción adecuada de las autoridades políticas y policiales a las agresiones físicas y otras amenazas graves contra los periodistas.
"No obstante, quizás lo más peligroso para la libertad de prensa en Serbia, Montenegro y Bosnia sea el clima de impunidad que reina para los crímenes y agresiones cometidos contra los periodistas. Otra cara de la misma moneda es que los periodistas son convertidos en blanco de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, en lugar de que éstas les protejan y castiguen a sus agresores", explica Szalai.
El caso del periodista de investigación montenegrino Jovo Martinović es un buen ejemplo de esta situación. Pasó 15 meses en detención provisional de 2015 a 2017 por acusaciones falsas de contrabando de marihuana y asociación delictiva, por lo que fue condenado a 18 meses de prisión en enero de 2019, "a pesar de las abrumadoras pruebas de que sus contactos con el crimen organizado solamente formaban parte de su trabajo para un informe de investigación", según Reporteros Sin Fronteras. La sentencia fue anulada el pasado mes de octubre y Martinović está a la espera de un nuevo juicio que sus defensores esperan que termine en absolución.
En Serbia, el sistema judicial también ha mostrado lentitud a la hora de dilucidar los casos de periodistas perseguidos, como el del periodista de investigación Milan Jovanović, cuya casa fue incendiada en diciembre de 2018. El autor intelectual es un exalcalde y alto funcionario del partido SNS del presidente Aleksandar Vučić, en cuya presunta corrupción Jovanović centró sus informes.
En marzo de 2020, Associated Press señaló que Vučić ejerce un control casi total sobre los principales medios de comunicación de Serbia. Los tabloides progubernamentales suelen destrozar regularmente las voces críticas tratándolas de lacayos del exterior o delincuentes extranjeros sin darles la oportunidad de responder a estas acusaciones”. Los periodistas y los medios de comunicación independientes que todavía tratan de investigar las actividades delictivas y la corrupción en Serbia son los más vulnerables a los ataques. Por ejemplo, los periodistas que trabajaban para KRIK, una sala de redacción de investigación centrada en cubrir el crimen organizado y la corrupción, fueron acusados de narcotraficantes, e incluso el apartamento de uno de los reporteros fue allanado.
"Desde entonces [los ataques contra KRIK comenzaron en la prensa sensacionalista en 2017], lo único que ha cambiado es la metodología de los ataques”, afirma la periodista de KRIK Jelena Radivojević. "Peor aún, ahora hasta destacados cargos políticos se suman a los ataques y han comenzado a insultar a los periodistas”. El 10 de junio de 2020, la periodista de KRIK Bojana Pavlović fue detenida por la policía después de fotografiar a Danilo Vučić, hijo del presidente, en compañía de un hombre sospechoso de pertenecer a una banda criminal. Los (presuntos) policías exigieron que borrara las imágenes, y otro hombre confiscó su teléfono sin que la policía interviniera.
"Tras este vejamen, políticos destacados del partido gobernante y miembros del Gobierno empezaron a atacar a KRIK y a acusarnos de “acosar al hijito del presidente”. Este ‘hijito’ tiene 22 años”, puntualiza Radivojević.
El presidente Vučić obtuvo una victoria aplastante en las elecciones parlamentarias celebradas el 21 de junio de 2020, con más del 60% de los votos. Los partidos de oposición boicotearon las elecciones y cuestionaron su legitimidad, ya que solo participó la mitad de los votantes serbios. Esta situación preocupa a periodistas como Radivojević: "El Gobierno podrá tomar todas las decisiones por sí solo, e incluso cambiar la constitución. Estoy segura de que la presión sobre los medios de comunicación independientes no hará sino aumentar".
Sin una oposición efectiva, los observadores piensan que Vučić va a verse tentado a consolidar su poder de una manera similar a la de Orbán en Hungría, aumentando la presión sobre las personas e instituciones que no se plieguen a su visión del mundo, haciendo entrar en vereda al poder judicial, obstaculizando el funcionamiento de los grupos de oposición, endureciendo su control sobre los sindicatos y la sociedad civil y emprendiendo cambios constitucionales y jurídicos que le permitan gobernar sin traba alguna. A finales del mes de julio, Vučić suscitó la indignación cuando ordenó al ministerio de finanzas de Serbia que investigara los vínculos existentes entre varios periodistas y organizaciones no gubernamentales de derechos humanos con la financiación del terrorismo y el blanqueo de capitales. Una medida que Amnistía Internacional ha calificado de “acto de intimidación flagrante”.
El desmantelamiento de los medios de comunicación independientes en Hungría y un atisbo de esperanza en Eslovaquia
Uno de los ejemplos más sorprendentes de la erosión de la libertad de prensa ha tenido lugar en Hungría, donde el Gobierno "ha desmantelado sistemáticamente la independencia, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, ha distorsionado el mercado de los medios y dividido a la comunidad de periodistas en el país, logrando un grado de control de los medios sin precedentes en un Estado miembro de la Unión Europea", según un informe conjunto de 2019 emitido por varios órganos de control de la prensa.
"En el curso de los últimos 10 años ha sido muy difícil ser periodista en Hungría, es decir, desde que Fidesz-KDNP llegó al poder en 2010. Los representantes gubernamentales, los partidos gobernantes, las instituciones públicas han sido hostiles a los medios de comunicación que se muestran críticos con el Gobierno", afirma Leonárd Máriás, periodista independiente de Hungría.
El informe señala además que el Gobierno húngaro ha logrado silenciar a la prensa crítica sin hacer uso de la violencia, lo ha conseguido "mediante la manipulación deliberada del mercado de los medios de comunicación, es decir, maquinando el cierre forzoso o la toma efectiva del control por parte del Gobierno de los medios de comunicación que alguna vez fueron independientes, y mediante la deslegitimación de los periodistas".
Por ejemplo, a finales del mes pasado, los tres jefes de redacción y más de 70 periodistas del principal sitio web de noticias independiente de Hungría, Index.hu, dimitieron después de que el editor en jefe del sitio web, Szabolcs Dull, fuera despedido en medio de denuncias de injerencia política. En una carta abierta publicada en Index.hu, los periodistas que dimitieron señalaban que el despido de Dull era "una clara injerencia en la composición de la redacción” y "un intento flagrante [del Gobierno] de ejercer presión sobre Index.hu".
Sin embargo, mientras la libertad de los medios de comunicación parece estar deteriorándose en toda la región, la situación en Eslovaquia ofrece un atisbo de esperanza dos años después de la escandalosa muerte del periodista de investigación Ján Kuciak y su prometida Martina Kušnírová, asesinados a tiros en febrero de 2018.
Kuciak había estado investigando presuntos lazos entre empresarios eslovacos, políticos y la famosa mafia italiana Ndrangheta. El asesinato levantó una ola de manifestaciones masivas y el primer ministro se vio obligado a renunciar. Dos de los acusados, Miroslav Marček y Zoltán Andruskó, ya han sido declarados culpables del asesinato, y el juicio de la presunta contratista Alena Zsuzsová y de Marián Kočner, el controvertido empresario acusados de ser los autores intelectuales del asesinato de Kuciak, está en curso. "[Estos acontecimientos] han tenido como efecto en Eslovaquia que el público en general entienda mejor el trabajo de los periodistas de investigación y las amenazas de que son víctimas. Los periodistas de investigación dicen que se sienten más apreciados en general", comenta Szalai de Reporteros Sin Fronteras.
Pese a su cauteloso optimismo, Szalai advierte de que Eslovaquia sigue luchando contra la falta de independencia editorial, la viabilidad financiera de la RTVS, la emisora pública de radio y televisión, la criminalización de la difamación utilizada por varias personalidades para acosar judicialmente a los periodistas y la ausencia de transparencia en la distribución de los fondos de la Unión Europea. "El país tiene un largo camino por recorrer en lo que se refiere a mejorar la libertad de prensa", concluye.
La hostilidad hacia los periodistas (ejemplificada por las amenazas y, a veces, por actos de violencia) que existe en muchos países de Europa central y sudoriental ha alarmado a la Unión Europea. La nueva Comisión Europea ha dado la más alta prioridad a la libertad de la prensa de su programa, aunque todavía no se ha establecido un mecanismo convincente para poner fin a los ataques contra los medios de comunicación y la libertad de expresión que se producen en algunos de sus Estados miembros.
Sin embargo, Clément Beaune, el nuevo ministro francés de Asuntos Europeos apuntó una evolución alentadora. En una entrevista con el Financial Times del 2 de agosto afirmó que el Gobierno francés impulsaría un mecanismo sólido del Estado de derecho "que condicionaría el acceso al fondo de recuperación de la Unión Europea al respeto de los valores fundamentales de la Unión Europea", tales como la igualdad de derechos, la democracia, pero también la libertad de prensa.
