Assmaou Diallo recibe a los visitantes en la sede de AVIPA (Asociación de Víctimas, Familiares y Amigos del 28 de Septiembre de 2009), situada en los suburbios de Conakri, la capital de Guinea. Sentada ante su ordenador, Diallo habla por teléfono con una víctima, miembro de la asociación, que le pregunta cómo avanza el caso en los tribunales. La presidenta de AVIPA recibe cada semana decenas de llamadas como esta. Creada en 2009, AVIPA se encarga de la atención a las víctimas y de ayudar a esclarecer la verdad.

En las paredes de la oficina vemos fotos que ilustran la tragedia vivida por miles de guineanos en 2009, en el estadio “28 de septiembre”, llamado así por el día de la independencia para el país. El 28 de septiembre de 2009, poco antes del mediodía, miles de guineanos se manifestaron contra la candidatura del jefe de la junta militar, el capitán Moussa Dadis Camara, para las elecciones presidenciales de 2010. Con pancartas y entonando el himno nacional, Liberté, los manifestantes desfilaron entre los aplausos de los principales líderes de la oposición, sentados en la tribuna. De repente, cientos de agentes de las fuerzas armadas, compuestas en su mayoría por los temidos boinas rojas, irrumpieron en el estadio disparando a quemarropa.

“Al principio pensamos que eran disparos al aire, para dispersarnos”, recuerda Aissatou Diallo, una de las supervivientes. “Solo cuando vimos a la gente caer como moscas se desató un sálvese quien pueda, pero los atacantes habían cerrado y electrificado las puertas del estadio para impedir que escapáramos”, dijo.

Los boinas rojas dispararon hasta quedarse sin balas y luego siguieron “matando con bayonetas y cuchillos”, según reza el informe sobre los hechos de la asociación HRW. Fue un baño de sangre. Según las Naciones Unidas, murieron 157 personas, más de mil resultaron heridas y cientos de mujeres fueron violadas, algunas con fusiles. Según numerosos testigos, el número de víctimas es mayor aún. “Las fuerzas de seguridad organizaron una operación de encubrimiento. Sellaron todos los accesos al estadio y a los depósitos de cadáveres y enterraron los cuerpos en fosas comunes, muchos de las cuales no han sido identificadas todavía”, añade HRW en su informe. En los días posteriores se cometieron otras atrocidades contra los partidarios de la oposición.

¿Llegará a celebrarse un juicio algún día?

La comunidad internacional se apresuró a condenar enérgicamente la represión de la manifestación opositora e intensificó la presión sobre la junta. Se alzaron voces pidiendo declarar la masacre “crimen contra la humanidad”, conforme al Derecho Internacional.

En octubre de 2009, la Corte Penal Internacional efectuó un examen preliminar de la situación en Guinea. Acorralado, el capitán Moussa Dadis Camara culpó a su ayudante de campo, el teniente Toumba Diakité, quien se negó a asumir él solo la responsabilidad de la masacre. Este, aprovechando un altercado, disparó a Camara y le hirió de gravedad en la cabeza, apartándolo definitivamente del poder.

En 2010, Alpha Condé fue elegido presidente del país. La elección de este histórico opositor despertó grandes esperanzas entre las víctimas, a las que prometió justicia. En febrero de 2010 se abrió una investigación sobre los hechos, que se dilató durante siete años.

Trece presuntos autores y promotores de la masacre están inculpados en el proceso. Entre ellos, el capitán Dadis Camara, que vive exiliado en Burkina Faso desde hace varios años, y su antiguo ayudante de campo, el teniente Toumba Diakité, que se encontraba huido en el vecino Senegal antes de ser extraditado en 2017.

Lamentablemente, aún no hay fecha para la celebración del juicio, a pesar de las reiteradas peticiones de las víctimas y las asociaciones.

El 5 de septiembre de 2021, los boinas rojas dieron un golpe militar, el tercero en la historia de Guinea, y depusieron al presidente Alpha Condé, de 83 años. La población temió inicialmente el desencadenamiento de nuevas masacres. Entre las asociaciones de víctimas y familiares, que se aprestaban a conmemorar el duodécimo aniversario de la masacre del 28 de septiembre, creció el temor de que los asesinos jamás serían llevados ante la justicia. Seis asociaciones de derechos humanos pidieron en un comunicado una “señal fuerte” al Gobierno de transición, una señal que demuestre “la voluntad de las autoridades de situar el respeto de los derechos humanos y la lucha contra la impunidad en el centro de sus prioridades”.

¿Traerá la transición la anhelada justicia?

En su primer discurso, el nuevo hombre fuerte del país, el coronel Mamady Doumbouya, justificó su toma del poder, entre otros motivos, por la “politización de la justicia”. Este exlegionario del Ejército francés ha prometido que “la justicia será la brújula que orientará a cada ciudadano”.

Según varios observadores, el bloqueo del proceso (previo al golpe) se explicaría por la instrumentalización del poder judicial por parte del Ejecutivo. En efecto, en cada elección, el capitán Dadis Camara, que posee un importante bastión electoral en Guinea Forestal, su región de origen, da una consigna de voto al partido en el poder. “Se trata de un acuerdo entre Dadis y el presidente Alpha Conde. Mientras él siga dando consignas de voto, él [Dadis Camara] y sus amigos no deberán preocuparse”, afirma el familiar de una de las víctimas.

A lo largo del mandato del presidente Condé, la oposición ha registrado más de un centenar de muertes por disparos durante las manifestaciones. El poder judicial siempre ha guardado silencio ante estos asesinatos; sin embargo, ha condenado a varias personas detenidas durante las marchas convocadas por la oposición.

Tras once años de exilio, el capitán Dadis Camara fue autorizado a regresar al país el 22 de diciembre de 2021, pero quienes esperaban que este regreso allanara el camino para la celebración del juicio, se desengañaron enseguida. La estancia en Guinea del antiguo líder de la junta duró apenas unos días. Regresó tranquilamente a Burkina Faso gracias al pasaporte diplomático que le concedió Mamady Doumbouya.

Esta mano que el presidente de la transición ha tendido al principal inculpado en la masacre del 28 de septiembre no tranquiliza nada a las víctimas y familiares.

“Es una forma de fomentar la impunidad”, lamenta un ciudadano que perdió a un amigo en el estadio. “Es como si también la junta quisiera controlar la justicia”, añade nuestro interlocutor que, para ilustrar su argumento, cita la reciente destitución de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Fatoumata Yarie Soumah, el 31 de diciembre del año pasado, apenas dos meses después de la formación del gobierno de transición. “La transición corre el riesgo de dar un giro preocupante. El poder ha cambiado de manos, pero las prácticas son las mismas”, afirma el analista político Aly Souleymane Camara.

Mientras el Consejo Nacional de Transición, encargado de redactar una nueva Constitución, acaba de constituirse el 5 de febrero, los abogados de las víctimas del 28 de septiembre están decididos a no tirar la toalla. “Si la justicia guineana se muestra ineficaz en este caso, recurriremos a la justicia internacional”, ha declarado Amadou DS Bah, vicepresidente de la Organización Guineana de Defensa de los Derechos Humanos. Una delegación internacional se desplazó en noviembre a Guinea para evaluar la situación con las autoridades guineanas y, si las cosas no avanzan, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Kahn, podría erigir este asunto en una de sus próximas prioridades.