La isla de Fiji, que muchos de nosotros consideramos como un paraíso para pasar las vacaciones, se ha convertido en un lugar en el que se infringen los principios jurídicos internacionales de la democracia.

El ejemplo más reciente de esta situación es el reciente decreto, emitido unilateralmente por el Gobierno militar de Fiji (en el poder desde 2006 tras un golpe de Estado), en relación con el registro y la dirección de los partidos políticos.

Tras este decreto, dificulta enormemente que los partidos existentes puedan continuar existiendo y, en realidad, esta semana el Gobierno ha prácticamente abolido de un plumazo 14 de los 17 partidos políticos de Fiji.

A todas luces, este era el resultado deseado.

El decreto gubernamental incluye requisitos para la inscripción de un partido que son sumamente inusuales y restrictivos en comparación con otros países del mundo.

Según las normas internacionales de la democracia, los Estados no deben imponer requisitos innecesariamente gravosos para formar una asociación política.

Sin embargo, en virtud de este decreto, los partidos deberán conseguir, en un plazo de 28 días, las firmas y número de identificación de la tarjeta de elector de 5.000 ciudadanos en las cuatro regiones del país y pagar una cuota de más de 5.000 dólares. Es, decir, un aumento que multiplica por 40 las 128 firmas que se pedían originalmente.

Teniendo en cuenta que Fiji cuenta con una población de aproximadamente 870.000 habitantes, los recursos que deberían movilizar para cumplir con estas exigencias serían prácticamente prohibitivos para la mayoría de los grupos de oposición y son totalmente desproporcionados en relación con la población.

Solamente comprobar la veracidad de las firmas habría sido casi imposible, ya que los partidos no tienen permitido acceder a la lista de electores.

El incumplimiento de este plazo dio lugar a la medida más draconiana que puede tomarse en contra de un partido con arreglo a las normas internacionales: la cancelación pura y simple de su registro.

En el ámbito electoral del mundo entero es ampliamente aceptado que una medida semejante solamente debe tomarse en circunstancias extremas de falta grave.

Esta transgresión se ve agravada por el hecho de que el Estado se apodera de los bienes del partido al darlo de baja en el registro, en un sistema en el que los partidos no cuentan con financiación pública, sino que sobreviven gracias a aportaciones privadas.

Prohibición

Lo más sorprendente y extraordinario es la prohibición respecto a aquellos que pueden formar parte de un partido.

No es inusual que los países prohíban a los trabajadores de la función pública y a los miembros de las fuerzas armadas ciertas formas de participación política.

El decreto también lo hace, pero va mucho más lejos, ya que estipula que solamente los ciudadanos que no tengan conexión alguna con la administración pública pueden ocupar un cargo en el partido, ser miembro de éste o, incluso hablar en su favor.

Más específicamente, el decreto prohíbe a toda persona que ocupe un cargo en un sindicato o en una federación, confederación o consejo, o que esté afiliada a un sindicato o a una organización de empleadores participar, en cualquier forma posible, en la actividad política de un partido.

Esta situación es inaudita. En virtud de las normas democráticas internacionales, la pertenencia a un partido y la participación política han de fomentarse, no sofocarse.

La razón que mueve a algunos países a excluir de toda participación política a los empleados públicos y a los militares es mantener la imagen de neutralidad del gobierno y de las fuerzas armadas en los resultados electorales.

Es una perspectiva discutible del interés público.

¿A qué finalidad de interés público podría obedecer la exclusión de los ciudadanos que participan en la actividad sindical? No existe ninguna que pueda justificarse en una sociedad realmente democrática.

De hecho, la prohibición de que los sindicalistas participen en la vida política no parece haber sido una decisión arbitraria.

Es una prohibición que parece encaminada a minar al movimiento sindical como fuerza política favorable a los derechos de los trabajadores y se asegura que algunos de los defensores más eficaces del país no puedan oponerse al régimen actual a través del proceso fundamentalmente democrático de las elecciones.

Parece una coincidencia poco probable que el decreto haya sido emitido apenas unos días después de que la Fiji Trades Union Conference anunciara que planeaba formar un nuevo partido político.

El interés de contar con sólidos partidos políticos, que cristalicen una pluralidad de puntos de vista, es esencial para una democracia sana, como los han reconocido los instrumentos de derechos humanos desde hace décadas.

Son un importante vehículo a través del cual los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer oír su voz, incluso desde la oposición.

En Fije, este es un concepto que se ha perdido.