La sociedad civil hace subir la temperatura: multiplica las demandas colectivas por el cambio climático

La sociedad civil hace subir la temperatura: multiplica las demandas colectivas por el cambio climático

Director of the Urgenda Foundation, Marjan Minnesma, accompanied by 11-year-old plaintiff, Anica van Staa, in front of a local Court in The Hague, in the Netherlands, on 24 June 2015. They represent a group of almost 900 citizens petitioning their government to assume its “duty of care” and to protect them from the imminent dangers of climate change. In an unprecedented verdict, the Court ordered that greenhouse gas emissions be cut by at least 25 per cent by 2020.

(AP Photo/Peter Dejong)

Desde 2015 proliferan en todo el mundo las demandas colectivas relacionadas con el cambio climático: de Pakistán a Filipinas, de Países Bajos a Estados Unidos. Sin embargo, llevar ante la justicia causas climáticas no es nada nuevo.

Hace más de una década, en Estados Unidos se interpusieron varias demandas colectivas muy conocidas –por ejemplo, contra la Agencia de Protección del Medioambiente en 2007, Massachusetts v. Environmental Protection Agency, o contra compañías eléctricas American Electric Power v. Connecticut (2011)– cuyo objetivo principal consistía en hacer cumplir las regulaciones vigentes en materia de contaminación del aire y extenderlas al cambio climático.

En Australia, un país pionero en la judicialización de la justicia climática, existen desde principios de 2000 contenciosos que reclaman la limitación de las emisiones de carbono y medidas preventivas para frenar el cambio climático.

La novedad, en los últimos tres años, es que se está reclamando al Estado sus responsabilidades respecto al clima. En virtud del deber del Estado de proteger a la población, este debe responder ante la ciudadanía de su inacción o de sus acciones ineficaces en materia climática. Además, estas responsabilidades exigidas al Estado por la sociedad no precisan de la invención de nuevos derechos, se derivan de las propias Constituciones, de las leyes nacionales, y de los programas de lucha contra el cambio climático o los compromisos internacionales en materia climática (como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París) suscritos por el país. Por lo tanto, estas acciones plantean la cuestión climática en términos de justicia, pero también de derechos concretos.

La sociedad civil ha asumido la justicia climática de una manera radicalmente nueva. El cambio climático ha dejado de ser un problema confinado al ámbito científico o a las negociaciones internacionales en el seno de las Naciones Unidas y está pasando a convertirse en una causa ciudadana, que puede interesar por igual a jueces, abogados y asociaciones.

Citemos, por ejemplo, dos decisiones judiciales emblemáticas que consideran responsable al Estado: en Pakistán tenemos el caso Léghari, iniciado en septiembre de 2015 por un campesino que reclamó al Estado protección, para a él y todos sus conciudadanos, frente a los efectos del cambio climático.

Paralelamente, en Países Bajos, 900 ciudadanos se unieron a la ONG Urgenda para exigir que el Estado, respondiendo a su deber de diligencia consagrado en la Constitución neerlandesa, les tutele y haga lo necesario para garantizar su supervivencia. En la India, y más tarde en Sudáfrica, también culminaron con éxito las demandas colectivas entabladas por ciudadanos como Ridhima Pandey, de apenas nueve años de edad, y varias asociaciones.

Hacia un movimiento de alcance mundial

Hay más demandas interpuestas en otros países. Algunas aún están pendientes, otras han logrado que el juez las admita a trámite y están a la espera de veredicto. Hay otras que fracasaron, pero lanzaron un claro aviso para navegantes, como el caso de un campesino peruano que emprendió acciones legales ante un tribunal alemán contra RWE [gigante de la electricidad en Alemania]. Reclamaba daños y perjuicios a la empresa por los costes en los que tuvo que incurrir para adaptarse al aumento del nivel del mar de su país.

En Bélgica, la ONG Klimaatzaak, después de una recogida de firmas, encabezó una demanda colectiva que reclamó a las autoridades que respeten su compromiso de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero en el país en 2020, con respecto a las emitidas en 1990. En Nueva Zelanda, Sarah Thomson, estudiante de derecho, ha exigido ante los tribunales que el Gobierno asuma las responsabilidades que se derivan de su política climática "injustificable e irracional". En Estados Unidos, los jóvenes se han movilizado en torno a la ONG Our Children’s Trust, para exigir responsabilidades al Gobierno federal en nombre de las generaciones presentes y futuras.

En Noruega, Greenpeace presentó una demanda contra el Gobierno por permitir la extracción de petróleo en alta mar, arguyendo que estas extracciones y su impacto sobre el clima violan los derechos consagrados en la Constitución del país. Los tribunales la desestimaron en enero de 2018, pero Greenpeace ha decidido apelar.

Esta misma ONG ha pedido a la Comisión Filipina de Derechos Humanos que haga una declaración en la que reconozca que las principales compañías petroleras del mundo han violado los derechos humanos al contribuir al proceso de cambio climático. Esta petición, que aún está en consideración, también ha brindado la oportunidad de extender estos juicios climáticos a la cuestión de los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de la naturaleza, como lo demuestra el reciente caso sobre las repercusiones de la deforestación, visto por la Corte Suprema de Colombia. La ONG se basó en estudios científicos que demuestran a las claras que el cambio climático supone un peligro para toda la humanidad y los ecosistemas; que no se trata de meras probabilidades o conjeturas, sino de hechos probados.

Una innovación jurídica

Acudir a los tribunales nacionales para resolver un problema planetario mal resuelto por el derecho internacional supone toda una innovación y hay que mostrar cierta inventiva legal para que esto sea posible. De ahí que las asociaciones estén esgrimiendo derechos a los que hasta ahora apenas se recurría en el contexto climático. Los jueces también están demostrando un espíritu innovador al admitir a trámite tales acciones. Algunos llegan incluso a explicitar en el argumentario de sus sentencias la necesidad de un cambio: "Es hora de avanzar", dice, por ejemplo, el juez en el caso de Pakistán, o el juez australiano que considera un "deber de la Corte reaccionar y hacer algo frente a la inacción y la apatía del Gobierno". Son argumentos que bien podríamos calificar de activismo judicial.

Esta actitud positiva por parte de los jueces va acompañada de una creciente sensibilidad al cambio climático en la opinión pública y en las asociaciones que abanderan estas demandas colectivas.

Las asociaciones no dudan en apelar "a las numerosos evidencias científicas que señalan el aumento y lo irrefrenable del fenómeno del cambio climático", o en destacar los numerosos estudios científicos internacionales que atestiguan la "magnitud del fenómeno".

En cuanto a los argumentos esgrimidos en estos casos, las asociaciones no dudan en recurrir a derechos que ya existen en las legislaciones y a la jurisprudencia de diferentes países, como el "deber de diligencia" consagrado en las Constituciones o el "derecho a un medioambiente sano". Estos derechos, nunca apelados hasta ahora para reclamar una tutela frente al cambio climático, hacen gala de la gran audacia y habilidad jurídica demostrada por las asociaciones.

Reclamar que asuman sus responsabilidades el Estado y las empresas

Se trata de reclamar al Estado que asuma sus responsabilidades, que actúe y reaccione. En Países Bajos, por ejemplo, se señaló que el Estado tenía un "deber de diligencia" para con sus ciudadanos, debido a la existencia de una "amenaza" que "pone en peligro" sus vidas. Esta amenaza, además, "incierta", redobla la obligación del Estado de mantenerse "vigilante", y desencadena la aplicación del "principio de precaución". Otros, como en Bélgica, se refieren a un "deber de prudencia" o a la violación de ciertos derechos fundamentales, como el "derecho a la vida".

Estas acciones legales se han extendido ahora al sector privado y se están reclamando responsabilidades a las empresas y a las grandes industrias de combustibles fósiles. En California, 40 ciudades han constituido un movimiento para interponer varias demandas colectivas contra los "grandes del carbono", es decir, los principales productores de combustibles fósiles del mundo.

Por otro lado, la mayoría de las veces se trata de acciones que reclaman la responsabilidad civil derivada de "poner en peligro a otros", por "información falsa a los accionistas" o por "actos irresponsables".

El Ayuntamiento de Nueva York logró este invierno que el Fiscal General apoyara su demanda de justicia climática contra Exxon Mobil y Chevron. Por último, el pasado mes de febrero, el Ayuntamiento de París votó una moción para sopesar una demanda contra las industrias fósiles, culpándolas de los riesgos y peligros que están generando las grandes crecidas del Sena y las inundaciones relacionadas con las perturbaciones climatológicas.

Como podemos ver, la sociedad civil ha iniciado un movimiento cuyo impacto se está propagando a toda velocidad. Uno de sus argumentos más innovadores es que todo Estado debe tender a la construcción de una "sociedad sostenible". Las asociaciones defienden, por lo tanto, un interés general que trasciende inevitablemente las naciones y las generaciones. Este interés, transnacional y transgeneracional, es una de las claves del éxito de estas demandas colectivas y la razón por la que suscitan tanta simpatía entre los jueces y la opinión pública.

Tendremos que seguir pendientes.