• [Nota de la redacción: La publicación de este artículo se había previsto antes de que estallara la guerra de Rusia contra Ucrania y antes de los últimos acontecimientos internos que se han producido en Rusia].

El 14 de octubre de 2021, Viatcheslav Egorov, de 44 años, fue condenado en primera instancia a 15 meses de cárcel por el Tribunal Municipal de Kolomna. La sentencia fue confirmada en apelación el 17 de febrero de 2022. Su delito: haber organizado varias manifestaciones pacíficas en 2018, en esta localidad de la región de Moscú, para protestar contra la ampliación de un vertedero muy cerca de su casa.

En la apelación, la fiscalía había solicitado que se incrementara la condena a tres años. “No os alegréis de que no le hayan aumentado la condena tal como habían solicitado los fiscales”, comentó en Facebook su abogada Maria Eismont cuando se anunció el veredicto. “Porque un hombre inocente está en la cárcel simplemente por querer que en su ciudad se respire aire fresco en lugar de olor a basura”.

Este ecologista, empresario local y padre de tres hijos, fue puesto bajo arresto domiciliario en febrero de 2019, sin autorización para salir, y quedó en libertad seis meses después. Pero los cargos contra él no se retiraron. Fue condenado en virtud del artículo 212.1 del Código Penal ruso, que prevé acciones penales en caso de que se cometan tres o más infracciones de la Ley sobre reuniones públicas en un plazo de seis meses. Los defensores de los derechos humanos consideran que esta disposición es ilegal e inconstitucional.

Ser activista medioambiental en Rusia nunca ha sido fácil. La contaminación industrial, la degradación del medio ambiente y los problemas de salud son realidades que el Gobierno ruso siempre ha tratado de ocultar. Sin embargo, en los últimos tiempos, la represión contra los activistas está cada vez más descontrolada.

“Los eco-activistas más activos pueden enfrentarse a una serie de causas penales tremenda”, lamenta Natalia Zviagina, directora de la Oficina de Amnistía Internacional en Moscú.

En abril de 2021, Andreï Borovikov fue condenado a dos años y medio de cárcel por “difusión de material pornográfico”. La causa hacía referencia a un videoclip que la banda alemana de metal Rammstein había publicado –siete años antes– en su cuenta de la red social rusa VKontakte. Las asociaciones de defensa de los derechos humanos denuncian la persecución de este activista medioambiental de Arkhangelsk, que además es antiguo responsable de QG Navalny, una de las oficinas regionales del opositor Alexeï Navalny.

Andreï Borovikov, de 33 años, se mostró muy activo durante el movimiento de protesta iniciado en 2018 contra el proyecto de construcción de un enorme vertedero en Shies, en el Extremo Norte de Rusia, destinado al almacenaje de residuos de la capital. Fue una decisión de las autoridades moscovitas, negociada con el gobernador local. Para impedir que se llevaran a cabo las obras, los residentes y activistas medioambientales montaron un campamento cerca del lugar, que ocuparon día y noche durante más de un año. Anna Chekalova fue una de estas personas. Esta comerciante de un pueblo cercano se convirtió con el paso de los meses en una de las figuras emblemáticas de la lucha popular. Pese a su detención (seguida de 15 días de prisión) y la de varios activistas, la movilización local nunca flaqueó y las autoridades dieron finalmente marcha atrás.

El activismo en Rusia es “peligroso y aterrador”

“La mayoría de los conflictos medioambientales en Rusia tienen una causa común. Las autoridades locales no organizan correctamente las deliberaciones sobre los proyectos peligrosos. Los procedimientos de actuación pública suelen llevarse a cabo prácticamente en secreto y de manera informal. Los ayuntamientos y las gobernaciones negocian con las empresas sin decírselo a nadie”, declara Natalia Zviagina. “Sin embargo, según la Constitución rusa, la protección de la naturaleza es un deber de los ciudadanos”. Y Rusia ha convertido recientemente la lucha contra el cambio climático en una de sus prioridades.

“Alcanzar los objetivos del Acuerdo de París es imposible sin el respeto de los derechos humanos fundamentales. Y sin Rusia”, recordó en Twitter el activista del clima Arshak Makichyan el día que se dictó la sentencia de Viatcheslav Egorov. Representante del movimiento Fridays for Future en Rusia, este ex estudiante de música, que estaba destinado a una carrera de violinista, abandonó su vocación en 2019 para dedicarse a la lucha contra el cambio climático.

Cada dos viernes Arshak Makichyan se queda solo de pie con una pancarta –la única forma de protesta espontánea que se tolera en Rusia– en una céntrica plaza de Moscú. “Antes de la pandemia había entre cinco y siete ciudades que participaban todas las semanas en la huelga por el clima. Ahora soy el único activista del clima en toda Rusia. Otra vez”. Cuando empezó, estuvo solo durante varias semanas, hasta que otras personas se unieron al movimiento Fridays for Future.

“Implicarse en cualquier tipo de activismo en Rusia resulta peligroso y aterrador, sobre todo en estos tiempos difíciles. Es una especie de tortura: ‘Ellos’ te observan. Pueden hacer cualquier cosa. A ti, a tu familia o a tus amigos”, señala el joven de 27 años, refiriéndose a la vigilancia y a la presión constante que ejercen las autoridades.

“Pushkin afirmaba que los poetas en Rusia son más que poetas. Lo mismo sucede con los activistas, pero el precio a pagar es brutal”.

Los activistas ambientales también son a veces víctimas de agresiones físicas. “En la región de Kemerovo, en Siberia, unos desconocidos agredieron a un hombre que se oponía a la expansión de las minas de carbón. En San Petersburgo fue quemado el coche de un activista que protestaba contra la tala de árboles”, cuenta Natalia Zviagina, señalando que, en estos casos, “la policía nunca busca a los delincuentes”.

Las presiones y las amenazas obligan a algunos activistas a huir al extranjero. También en la región de Kemerovo, la periodista Natalia Zubkova denunciaba en un portal de noticias locales los peligros de las minas de carbón a cielo abierto. El pasado mes de abril tuvo que exiliarse en Georgia con su familia, tras ser objeto de una agresión y recibir amenazas hacia sus hijos.

Alexandra Koroleva, por su parte, se marchó de Rusia en 2019 para evitar ser detenida. La responsable de la oficina de Ecodefense en Kaliningrado, una de las asociaciones medioambientales más antiguas de Rusia, obtuvo la condición de refugiada política en Alemania. En su país natal fue objeto de cinco procesos penales relacionados con multas impuestas a Ecodefense.

Numerosas ONG clasificadas como “agentes extranjeros”

Otro medio utilizado por las autoridades para silenciar las voces disidentes es la condición de “agente del extranjero”. En los últimos diez años, más de 30 ONG vinculadas al medioambiente han recibido este infame calificativo, a raíz de lo cual dos tercios de las mismas se han visto obligadas a suspender sus actividades. Se trata de una ley que impone fuertes restricciones a los “agentes”, como tener que especificar la mención “agente extranjero” en todas las publicaciones, incluso en la más mínima publicación en las redes sociales, so pena de importantes multas de hasta 500.000 rublos (cerca de 5.7000 euros).

La organización Planeta de la Esperanza fue blanco de una serie de ataques en 2015 y tuvo que cerrar en 2018. Su dirigente, Nadejda Kutepova, abogada de profesión, luchó incansablemente durante años por el reconocimiento de las víctimas del accidente nuclear de Mayak que se produjo en 1957 cerca de Chelyabinsk, y las de la contaminación derivada de los residuos radiactivos vertidos directamente en el río Tetcha. Ganó más de 70 casos en los tribunales rusos, pero fue acosada y, posteriormente, acusada de espionaje industrial. En 2015 huyó a Francia, donde un año más tarde obtuvo la condición de refugiada política.

Desde 2014, las autoridades rusas han seguido ampliando el ámbito de aplicación de la legislación sobre los agentes extranjeros, convirtiendo esta condición en algo cada vez más constringente. En 2017 solo afectaba a ONG financiadas con fondos extranjeros; después se amplió a medios de comunicación; y, finalmente, a personas. En los últimos meses, dos eco-activistas han sido declarados “agentes extranjeros”: Evgueni Simonov, fundador de la coalición internacional Ríos sin fronteras (Rivers without Boundaries) y Elena Soloviova, periodista independiente de la región de Arkhangelsk, que ha escrito mucho sobre la protesta de Shies en el Extremo Norte.

A pesar de la represión, los activistas rusos continúan luchando. “He participado en muchas huelgas en las calles de diferentes ciudades rusas”, explica Liubov Samilova, activista climática de San Petersburgo, de 22 años de edad, que lleva tres años militando. “Me uní al movimiento porque empecé a llevar un estilo de vida ecológico, pero me di cuenta de que no era suficiente. La humanidad necesita cambios sistémicos por parte de los gobiernos locales y federales y de las estructuras empresariales. El cambio climático es tangible en Rusia, la población está sufriendo y los efectos van a intensificarse”, recalca la joven. “Pero, a día de hoy, la situación ha cambiado. Nuestras libertades políticas están sumamente restringidas, ya sea en lo que respecta a nuestras acciones como a nuestra libertad de expresión. Nunca me hubiera imaginado que llegaríamos a semejante nivel de represión”.