En el centro de urgencias de Yaundé reina una aparente calma durante el mes de octubre. El personal se afana en sus tareas cotidianas sin mostrar las secuelas de la huelga que convocaron el pasado mayo. Una huelga que desencadenó una serie de paros de varios días en los hospitales públicos de Camerún, cuyos más de 27.000 empleados interinos, contratados directamente por las administraciones hospitalarias, esperan, sin tirar la toalla, su inclusión en la función pública.

La tregua llegó después de que el Gobierno camerunés decidiera establecer, el pasado 20 de junio, un comité interministerial encargado de revisar las reivindicaciones del personal sanitario y proponer medidas concretas. Este comité, supervisado por el primer ministro, Joseph Dion Ngute, decidió suspender de inmediato la contratación de personal temporal en los hospitales públicos, retirando así la facultad de contratar mano de obra a los directores generales de estos hospitales.

En los meses posteriores a la huelga –que no fue la primera de este tipo– el comité interministerial multiplicó las reuniones de concertación, con la presencia de representantes de los sindicatos del sector, y priorizó el objetivo de acabar con la interinidad del personal. En la actualidad el comité está valorando miles de perfiles con la intención de hacerlos fijos e integrarlos formalmente en la función pública lo antes posible.

Sin embargo, el malestar sigue latente, ya que persisten otros problemas. Flore Bissene, de 34 años, es técnico de apoyo en la administración del centro de urgencias de Yaundé, donde trabaja como interina y recibe un salario mensual de 69.000 francos CFA (105,18 euros).

Hace años que no está cubierta por la seguridad social, a pesar de que la administración del centro descuenta mensualmente de su salario las cotizaciones correspondientes.

“En los contratos que nos hicieron firmar figuraba que a los técnicos de apoyo les correspondía un salario de 75.000 francos CFA (114,33 euros). Esto nunca se ha cumplido, y los técnicos de apoyo seguimos percibiendo 69.000 (105,18 euros). Cuando nos pusimos en contacto con nuestra administración para saber adónde iba a parar el resto (6.000 FCFA, o 9,14 euros), nos dijeron que se transfería a la CNPS (la Caja Nacional de la Seguridad Social) para nuestras cotizaciones a la seguridad social. Después de comprobarlo, descubrimos que no era así”, revela esta profesional en la treintena, que además es delegada de personal en el centro de urgencias de Yaundé.

Como ella, otros 241 empleados del centro hospitalario –enfermeros, auxiliares de enfermería y técnicos de gestión sanitaria– carecen de seguridad social y siguen esperando su integración en la función pública. Algunos ni siquiera tienen contrato, a pesar de que llevan casi una década trabajando para el Estado. Durante todos estos años la administración del hospital –que se negó a responder a nuestra solicitud de información– ha ninguneado sus reivindicaciones, según sus testimonios.

Reivindicaciones tenaces y escasez crónica de personal

El personal médico y sanitario reivindica principalmente una mejora de sus condiciones sociales y profesionales. El Syndicat national des personnels médico-sanitaires du Cameroun (SYNPEMS) defiende sus intereses desde hace dos décadas y cabildea regularmente al Gobierno camerunés para que regularice la situación de los interinos del sector.

Según Balla Balla, presidente de este sindicato: “se trata de reivindicaciones que presentamos una y otra vez. A veces cambian de forma, pero siguen siendo las mismas”, lamenta. Los huelguistas han presentado más de una decena de reivindicaciones al Gobierno, pero el comité interministerial solo ha examinado una, por ahora.

Un paso hacia la solución nada desdeñable, pero insuficiente para garantizar mejoras reales al personal interino, según el sindicalista: “Todavía no podemos hablar de soluciones concretas, porque cuando (el comité) terminó el trabajo técnico de identificación del personal sanitario temporal, se lo envió al Gobierno para que se pronunciara al respecto. Puedo decir que los poderes públicos se encuentran apenas al principio de las negociaciones. No obstante, se trata de un paso importante, a la espera de que el comité aborde los demás puntos planteados en nuestras reivindicaciones”.

En 2022, en plena reanudación de las movilizaciones que paralizaron los servicios de los hospitales públicos, el Ministerio de Salud Pública y los sindicatos acordaron una tregua de cuatro meses que suspendió la huelga, según la nota informativa publicada por dicho ministerio. Dicho acuerdo expiró a finales de diciembre de 2022, pero las reivindicaciones de los sindicalistas seguían sin resolverse, por lo que decidieron reanudar la batalla en 2023.

El Gobierno ha respondido a menudo a estas movilizaciones recurriendo a la represión y a detenciones arbitrarias, como sucedió durante las manifestaciones de mayo, antes de volver a la mesa de negociaciones.

En Camerún, la estabilización del personal médico y sanitario se realiza a través de una oposición directa organizada por el Ministerio de Salud Pública. En la convocatoria de 2023, el Gobierno decidió contratar únicamente a 230 médicos y personal sanitario, es decir, apenas el 1% de los 27.000 interinos que en la actualidad esperan que se les abran las puertas de la función pública.

En 2021, el sistema público de salud camerunés tenía en plantilla a un total de 39.720 trabajadores sanitarios, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud Pública, y posee un déficit de 55.000 empleados (en todas las categorías profesionales).

En el caso de los médicos, la escasez de personal se cifra en más de 2.000, según las estadísticas del Ministerio de Salud Pública. Paradójicamente, cientos de médicos se gradúan en las universidades públicas de Camerún, pero no encuentran trabajo.

“Para ser contratados en el futuro, todos los médicos, formados en Camerún o en otro país, deberán aprobar una oposición para entrar en la función pública, de lo contrario están obligados a trabajar en el sector privado”, afirma el doctor Orphé Hott, pediatra, dirigente del sindicato de médicos Syndicat des médecins du Cameroun (SYMEC) y director de un centro de atención primaria en la ciudad de Yaundé.

Es importante destacar que, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la calidad de la asistencia sanitaria administrada a la población depende de que los trabajadores del sector disfruten de unas condiciones de trabajo dignas.

Por ello lamenta que la escasez de personal sanitario calificado y su distribución desigual a nivel mundial constituya uno de los principales obstáculos a la hora de proporcionar un acceso universal a la atención sanitaria. De ahí que este organismo de la ONU apoye la mejora de las condiciones de trabajo y de las relaciones laborales en el sector a través de normas laborales sectoriales y del diálogo social, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Congelación de la contratación directa y corrupción

El Gobierno congeló en 2020 la contratación sistemática de médicos en la función pública, oficialmente por razones de liquidez. Desde entonces, sin embargo, ha convocado oposiciones para contratar una media de 50 médicos en todo el país cada año, a pesar de que la falta de mano de obra ha ido creciendo con el tiempo en un país donde, según cifras oficiales, sólo hay un médico por cada 7.000 habitantes.

Camerún está procediendo a una política de racionalización de la contratación en el sector público, en un intento de controlar el crecimiento exponencial del gasto salarial del personal del Estado en los últimos años, según un estudio realizado en 2018 por el Ministerio de Finanzas sobre la sostenibilidad la masa salarial del Estado. Estadísticas recientes de este ministerio revelan que la masa salarial pasó de 706.100 millones de francos CFA (casi 1.077 millones de euros) a 1.080.100 millones de francos CFA (1.640 millones de euros) entre 2012 y 2021.

Para Albert Zé, economista especializado en el área de la salud y promotor del Instituto de Investigación para la Salud y el Desarrollo (IRESADE), la sanidad es un sector productivo, y los ingresos hospitalarios generados por la atención a los pacientes podrían contribuir a resolver los problemas de tesorería mencionados como impedimento para mejorar las condiciones socioprofesionales del personal sanitario:

“Los ingresos hospitalarios declarados en Camerún ascienden a una media de 7.000 millones de francos CFA (10,6 millones de euros) al año, para el conjunto de los establecimientos sanitarios públicos. Pero las previsiones cifran dichos ingresos en unos 504.000 millones de francos CFA (768,3 millones de euros) al año. Esto significa que se están desviando unos 497.000 millones de francos CFA (757,6 millones de euros). Si se hubieran recaudado correctamente la totalidad de los ingresos, la parte correspondiente al personal, es decir, el excedente de los ingresos sobre los salarios –a los que destina el 30% de los ingresos de los hospitales– sería seis veces superior, y permitiría al personal sanitario vivir dignamente”, explica este profesor e investigador, que denuncia la corrupción crónica en el seno de la administración camerunesa, de la que no se escapa el sistema sanitario.

En un informe publicado en 2021, la Comisión Nacional Anticorrupción (CONAC) clasifica el sistema de salud como uno de los once sectores más corruptos de Camerún, caracterizado por la venta ilícita de medicamentos en algunos centros de salud públicos y el pago de sobornos para la contratación en la función pública.

Durante ese año, las prácticas corruptas que invaden diversos sectores de actividad causaron al Estado un perjuicio económico de unos 45.000 millones de francos CFA (68,6 millones de euros). El país está considerado como uno de los más corruptos del mundo y, según el Índice de Percepción de la Corrupción publicado en 2022 por Transparencia Internacional, ocupa el puesto 142 de los 180 países clasificados según su grado de lucha contra la corrupción.