Mientras prosiguen las negociaciones políticas bajo los auspicios de la Unión Africana (UA), de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO) y de las Naciones Unidas con vistas a una transición democrática, los trabajadores burkineses esperan que este cambio de régimen, al cual han contribuido activamente, dé lugar a unas mejores condiciones de vida y de trabajo.

La espera por parte de las principales centrales sindicales de trabajadores de Burkina es tanto más legítima cuanto que éstas estuvieron implicadas en las manifestaciones que provocaron la dimisión del antiguo régimen el 31 de octubre de 2014.

Efectivamente, 48 horas antes del día en que Blaise Compaoré perdió el poder, la Coalición contra la Carestía de la Vida (CCVC) había convocado una jornada nacional de manifestaciones para reclamar “una educación de calidad”.

Era el 29 de octubre, es decir un día antes de que el Parlamento burkinés votara la famosa ley de cambio constitucional que habría permitido al ex Vicepresidente mantenerse en el poder.

Por su parte, las organizaciones de trabajadores burkineses han identificado en todo momento su lucha con la necesidad de un cambio de sistema socioeconómico y político.

Así pues, a pesar de las sombras de incertidumbre y temor vinculadas al riesgo de que los militares se hicieran con el poder, los trabajadores de los sectores público y privado también participaron en la “revolución popular” que tuvo lugar a finales del mes pasado.

Gran parte del movimiento sindical burkinés se opone a la incursión de los militares en la cúspide del Estado y apoya en cambio el restablecimiento del orden constitucional y que la transición política esté encabezada por un representante de la sociedad civil.

Es una postura que también comparten los partidos políticos de la oposición al antiguo régimen.

Las prioridades de los trabajadores

Zata Nana, profesora en uno de los institutos públicos de Uagadugú, no disimula su optimismo.

Para ella, la situación política de transición suscita “más esperanza que temores”.

Dice que confía en que “una vez se haya superado este período difícil, las nuevas autoridades tendrán en cuenta las cuestiones de la carestía de la vida. Y la solución del problema del poder adquisitivo de los trabajadores será un barómetro apropiado del cambio de régimen en Burkina Faso”.

Esta opinión es compartida por la Confédération nationale des travailleurs du Burkina (CNTB).

Su Secretario General, Blaise Augustin Hien, considera que los cambios esperados deberían reflejarse en tres ámbitos principales, que son “la lucha contra la pobreza, la reducción de las desigualdades sociales y la solución al problema de la inserción laboral de los jóvenes”.

Está convencido de que el levantamiento popular que tuvo lugar del 28 al 31 de octubre fue posible gracias al valor de los jóvenes burkineses, y que sería bueno responder a sus necesidades abordando lo antes posible las cuestiones del acceso a una educación de calidad, a empleos decentes y a la sanidad.

Es lo mismo que desea Joseph Tiendrébéogo, Secretario General de la Union nationale du syndicat libre/Forces ouvrières (UNSL/FO) y Presidente en ejercicio de las Centrales syndicales du Burkina (CSB), quien considera que tanto las nuevas autoridades de transición como los dirigentes que sean posteriormente elegidos deberán hacer todo lo posible para “garantizar la libertad sindical”.

En lo referente a los “compromisos sociales” que los futuros dirigentes del país deberán respetar, no será necesario indagar demasiado.

“Les bastará con consultar las propuestas depositadas en la mesa del régimen (precedente) desde 2012”, explica Tiendrébéogo.

Estas reivindicaciones se centran especialmente en una demanda de incrementos salariales del orden del 30% para los empleados de la Función Pública y para los trabajadores del sector privado.