“Aquí somos como los muertos: nos crece la hierba encima de nuestra tumba”, afirma Chouaïb Rhhou, de unos cincuenta años de edad, señalando el tejado de su casa donde crecen algunas hierbas. Desahuciado en 2019, este hombre vive con sus dos hijos adultos, su mujer, dos de sus nietos y sus 500 ovejas en la ladera de una colina desde la cual se divisa la sofisticada ciudad de Ifrán, en el Atlas Medio marroquí. El lugar se asemeja a una inmensa estepa desértica. Los improvisados bloques de piedra, madera, losas, láminas de plástico y cañizos albergan, esparcidos, una cocina, un gran salón, un dormitorio más allá y, sobre todo, dos inmensos apriscos.

“Yo vivía en Ait Moussa, un duar (aldea) cerca de El Hajeb, en la llanura, hasta que en los años 1960 las Fuerzas Armadas Reales (FAR) se apoderaron de varios miles de hectáreas de tierras de mi tribu, los ait naamane, para instalar un centro de entrenamiento, sin concedernos compensación alguna. Durante mucho tiempo se nos toleró a nosotros y nuestros rebaños, pero, en 2019, 31 familias recibieron una orden de desalojo. Yo volví a los prados de verano, aquí, cerca de Ifrán, que también pertenecen a la tribu. Pero en invierno no resultan adecuados”, lamenta Chouaïb Rhhou, mostrando, cerca del aprisco, los troncos y sacos de grano. A 1.400 dirhams (135 dólares USD) la tonelada, tiene lo justo para un mes cuando la nieve bloquea a las ovejas en los apriscos.

“Encima, nuestros nouabs [los representantes de la tribu] insisten en que me vaya, para así poder alquilar el terreno a otros inversores”, afirma el pastor con preocupación.

La apropiación de tierras de las tribus, que a principios de nuestra era abarcaban casi todo el Marruecos actual, se remonta a la introducción del islam en el país, aproximadamente en el siglo VIII. Según el islam, la tierra solo puede pertenecer a Dios, y este derecho eminente lo ejerce su representante sobre la tierra: el sultán. En la práctica, este principio se redujo básicamente al sometimiento de las tribus amazig (bereberes) al impuesto kharaj, que únicamente debían pagar los no musulmanes.

A principios del siglo XX el protectorado francés retomó esta distinción, sometiendo todos los territorios de las tribus al control del Estado: las “tierras colectivas”, según la terminología colonial. Esta tutela debía permitir a la nueva Administración conservar plena potestad sobre la distribución de las tierras para controlar la codicia de los colonos franceses. Y, contemplada en la ley, se mantendría tras la independencia: las tierras colectivas se consideran intransferibles e inalienables, salvo en favor de un organismo público.

Hoy en día se calcula que las tierras tribales abarcan 15 millones de hectáreas, es decir, algo menos de la cuarta parte de Marruecos, y sobre ellas se reparten 4.563 tribus en las que hay entre 304.000 y 2,5 millones de derechohabientes (personas con derecho a una parte de las ventas), según fuentes procedentes de diversos censos para una población total que se calcula en unos 10 millones de habitantes, es decir, cerca de la cuarta parte de la población total del país.

Según un artículo del diario marroquí La Vie Eco, la tierras abarcan 12,6 millones de hectáreas de pastizales, 2 millones de hectáreas de tierras agrícolas que ocupan el 18% de la superficie agrícola útil, muy codiciada, y 350.000 hectáreas situadas en zonas urbanas y periurbanas, cuyo valor se calcula que asciende a 180.000 millones de dirhams.

A lo largo de los años, la presión del crecimiento urbano y el fomento en la zonas rurales de una agricultura intensiva y orientada a la exportación, han supuesto una presión cada vez mayor sobre las tierras tribales.

“Las tierras de los haddada fueron las primeras tierras colectivas que tomaron contacto con la ciudad de Kenitra [al norte de la capital, Rabat], y entonces todo transcurrió muy deprisa… De 1935 en adelante se han producido varias expropiaciones. En 2004 se vendieron 104 hectáreas más”, cuenta Rkia Bellot, naiba (representante) de su tribu. En los años 2000, estas ventas masivas dieron lugar al establecimiento de un movimiento de mujeres de las tribus, las soulalyates, que empezaron a reclamar su parte en el reparto del dinero de las ventas, del que se encontraban excluidas por la costumbre en favor de los hombres.

En las zonas rurales, la política agrícola también está ejerciendo presión sobre las tierras tribales. “La movilización de las tierras agrícolas pertenecientes a las comunidades étnicas para la realización de proyectos de inversión agrícola constituye una importante baza a la hora de mejorar el nivel de vida socioeconómico en general, y el de los derechohabientes en particular”, declaró el propio rey Mohammed VI el 12 de octubre de 2018. El Plan Generación Verde 2020-2030, presentado al rey en 2020 para hacer realidad este proyecto real, prevé la movilización de 1 millón de hectáreas de tierras colectivas, lo que equivale a la mitad de las tierras agrícolas de dichas comunidades.

Una apropiación en nombre del desarrollo

Para el Estado, esta política de apropiación de tierras tribales se justifica en nombre del desarrollo de Marruecos. Los gobernantes consideran que las tierras colectivas están mal gestionadas y que son improductivas por naturaleza.

“A la muerte de un derechohabiente, si este carece de descendientes varones, su parte pasa a manos de la comunidad para ser reasignada a nuevos derechohabientes. Esta discontinuidad [...] plantea el problema del reembolso de los [eventuales] préstamos que se hubieran concedido al difunto”, explica Bensouda Korachi Taleb, director de Ordenación Territorial en el Ministerio de Agricultura en 1998, en un artículo titulado Hacia la privatización de la tierra: el papel del Estado en la modernización de los sistemas de tenencia en Marruecos, publicado por la FAO.

Para llevar a cabo esta privatización, en 2019 se aprobaron tres nuevas leyes. “Durante años, el Estado había tenido dificultades para hacerse con estas tierras, porque tenía que esgrimir cada vez un argumento de interés general, transferir a continuación la parcela al dominio estatal, y revenderla después a un particular, cambiando de opinión respecto a su destino”, explica Amina Amharech, profesora de francés, poetisa y activista de los derechos de los amazig, una minoría cultural de Marruecos. “Ahora es posible venderlas o alquilarlas a cualquier persona, pública o privada, de mutuo acuerdo”.

En este contexto, “el caid presiona constantemente a los ait naamane para saber si tienen tierras disponibles, pero por el momento nuestros nouabs responden que no”, señala Hajib Kerkibou, profesor de árabe en El Hajeb, miembro de los ait naamane y activista amazig. De hecho, en teoría, no puede realizarse ninguna cesión sin el acuerdo de los nouabs, los representantes de los miembros de las tribus. Si estos consiguen permanecer unidos y optan por oponerse a las ventas, el Estado, en principio, no puede hacer nada. Sin embargo, el caid, representante local del Ministerio del Interior, que posee la tutela legal de las tierras colectivas, interviene directamente en el nombramiento de dichos representantes.

En Sidi Bouknadel, al norte de Kenitra, cerca de Rabat, la capital, la tribu de los ouled sbita poseía una magnífica playa: la Playa de las Naciones. “Nosotros nunca hemos aceptado vender nuestras tierras más allá de la playa, entre la riera y la carretera, así que ‘ellos’ se llevaron a varias personas, que ni siquiera eran ouled sbita, las cuales declararon, en nombre de la tribu, que estábamos de acuerdo con la venta. Anteriormente habíamos nombrado a un verdadero representante interno, pero como este se negó a la venta, lo destituyeron”, denunciaba Saïda Sekkat en 2007. Elegida por la comuna, esta joven lideraba por aquel entonces la lucha en el seno de la tribu contra Addoha, principal promotor inmobiliario de Marruecos, que estaba construyendo sobre sus tierras un complejo inmobiliario de lujo de 500 hectáreas.

El sistema de tutela de las tierras colectivas confiere la falsa impresión de que el Estado y las tribus comparten los mismo intereses, pero, en realidad, se trata de un sistema que impide a las tribus defenderse de manera eficaz. Cerca de Ifrán, Chouaïb Rhhou, junto con otros miembros de su tribu, había concebido un pequeño proyecto inmobiliario, un sector extremadamente rentable en Marruecos, en las tierras de los ait naamane, pero no llegaron a conseguir la aprobación necesaria por parte del caid.

“Si el caid quiere verdaderamente vender un terreno, solo necesita recabar tres firmas de los 17 nouabs que tiene nuestra tribu, mientras que para poner en marcha un proyecto entre derechohabientes, en nuestras propias tierras, necesitamos recabar las firmas de los 17 nouabs, al igual que para redistribuir el dinero de las ventas, que está en la cuenta de la tribu”, denuncia Hajib Kerkibou.

Para acelerar aún más el proceso de privatización de las tierras tribales, el Estado también apoya la melkización de las tierras colectivas, que consiste en dividirlas en lotes que se distribuyen nominativamente, a título de propiedad privada (melk), a los derechohabientes: los adultos y miembros de la tribu que viven en el lugar. Se han llevado a cabo dos proyectos piloto en dos terrenos de 51.000 y 16.000 hectáreas cada uno, situados en las zonas de regadío de Gharb y de Haouz.

A diferencia de lo que respecta a las ventas, “los miembros de las tribus están muy contentos con eso, mucho más que con la propiedad indivisa”, suspira Amina Amhrech. “La melkización masiva es más perjudicial que la venta o el alquiler. Cuando se dice a alguien que se vaya, se corre el riesgo de que se resista, pero la melkización evita esta confrontación. El Estado entrega a cada persona una pequeña parcela, y todo el mundo solo piensa en una cosa: ¡venderla! Como todos los derechohabientes lo hacen al mismo tiempo, los precios se desploman. Se deja de pensar en términos colectivos. Cada familia se lleva 50.000 o 100.000 dirhams para irse a vivir a la ciudad, pero eso no basta y el dinero solo dura un tiempo”. Como los demás, a los ait naamane, cerca de El Hajeb, les gustaría conseguir esta forma de privatización. “En 2018 solicitamos la melkización de nuestros terrenos urbanos, pero no hemos obtenido respuesta. Las tierras van a desaparecer de todos modos, hagamos lo que hagamos, así que mejor que sea en nuestro beneficio”, afirma Mouloud Kassimi, un naib.

“El Estado persigue el interés nacional a su modo de ver, que se centra en el despegue económico, pero nunca ha animado a las tribus a desarrollar sus tierras. Mientras no exista la preocupación de que el país despegue junto con su población, no lo conseguiremos. En Marruecos hay efectivamente un proyecto de desarrollo, pero es a costa de la mayoría y de las bases”, constata amargamente Amina Amharech.