Se denominan “recursos genéticos marinos”. Son organismos y microorganismos que habitan en los océanos y son objeto de estudio desde hace unos cincuenta años para desarrollar nuevos medicamentos, mejorar los cosméticos o desarrollar plásticos biodegradables en el agua de mar. “Estamos hablando de biorrecursos que se encuentran en los organismos vivos. Partiendo de lo más pequeño a lo más grande, se habla de virus o acariotas, procariotas que engloban bacterias, pero también levaduras o mohos como los hongos, así como todo lo que es pluricelular, como las plantas y los animales”, explica Régis Baron a Equal Times. Baron dirige la unidad de Microbiología, Salud, Alimentos y Medio Ambiente en el centro de investigación Ifremer de Nantes (Francia).

El laboratorio trabaja, por ejemplo, sobre los polisacáridos, una forma compleja de azúcar producida por una bacteria marina que podría utilizarse en medicina regenerativa, particularmente en la fabricación de apósitos para ayudar a reparar la piel de las víctimas de quemaduras. Ciertas estrellas de mar podrían ayudar a combatir la diabetes, que afecta a 425 millones de personas en todo el mundo. Las medusas, por su parte, han permitido importantes avances científicos, sobre todo en 2008, cuando se concedió el premio Nobel de química por los trabajos sobre la capacidad de brillar en la oscuridad de algunos de estos moluscos gracias a una proteína. Esta fluorescencia se ha utilizado en investigaciones sobre tumores y la enfermedad de Alzheimer.

Los organismos marinos han dado lugar al menos a 13 premios Nobel y, desde la década de los años 1950, se han descubierto casi 34.000 especies marinas con posibles aplicaciones comerciales.

Se han comercializado varios fármacos derivados de recursos marinos, como la ziconotida, derivada del veneno de moluscos gasterópodos marinos, que puede utilizarse para tratar dolores intensos. Más recientemente, el remdesivir, el primer tratamiento aprobado para la covid-19, se creó a partir de estos recursos genéticos marinos, al igual que el Halaven, un medicamento contra el cáncer derivado de una esponja marina japonesa, cuyas ventas anuales ascienden a más de 300 millones de dólares.

Y estos avances son solo el principio. Según los científicos, por lo menos el 50% y hasta el 90% de la biodiversidad marina está aún por descubrir. Estas posibilidades, así como los productos potenciales valorados en miles de millones de dólares, despiertan el interés de grandes laboratorios farmacéuticos, así como de empresas centradas en el bienestar y de las industrias química y cosmética, que esperan detectar moléculas ‘milagrosas’. Una mina de oro que estas partes interesadas han explotado de lleno en los últimos años: en 2017, el mercado mundial de las biotecnologías marinas ascendió a 3.800 millones de euros.

El problema de los fondos marinos

Estos recursos son objeto de una intensa batalla en aguas internacionales, es decir, los inmensos espacios que constituyen casi el 60% de los mares y océanos del mundo y que se encuentran a más de 200 millas náuticas (370 kilómetros) de la costa. Aun cuando la Convención sobre el Derecho del Mar, o Convención de Montego Bay, firmada en 1982, ya regula ciertas prácticas en estas zonas, este marco no consigue tener en cuenta los nuevos desafíos en torno a los océanos que plantea el desarrollo de las nuevas tecnologías, en particular para la explotación de los recursos minerales o el estudio de los recursos genéticos, que actualmente se rigen por la parte VII de la Convención, sobre la libertad de la alta mar para los recursos vivos. En esta zona, cada Estado goza de diversas libertades relativas a la navegación, el sobrevuelo, la pesca y el tendido de cables submarinos o tuberías, siempre que se tengan razonablemente en cuenta los intereses de los demás.

“La cuestión de la explotación de los recursos genéticos en la alta mar llegó bastante tarde a los debates sobre la gobernanza internacional de los océanos. En las décadas de los años 1970 y 1980, cuando se negociaba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, los Estados se centraron más en la explotación de minerales, incluidos los nódulos polimetálicos. Este fue uno de los principales escollos para la ratificación de la Convención”, explica Valerie Wyssbrod, doctora en derecho, especialista del derecho del mar, a Equal Times.

“En la década de los años 1990, antes de que entrara en vigor el tratado, se empezó a debatir la cuestión de la explotación de los recursos genéticos marinos. Sin embargo, se decidió no modificar el texto de la Convención firmada en 1982 para no retrasar aún más, o incluso comprometer su entrada en vigor”.

Hubo que esperar hasta la década de los años 2000 para que los debates internacionales se centraran de nuevo en el tema, cuando varios Estados reclamaron un marco jurídico preciso sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en los fondos marinos. En 2004 se entablaron los primeros debates sobre el establecimiento de un tratado internacional para proteger los fondos marinos para que complementara la Convención de Montego Bay. No obstante, hubo que esperar hasta 2015 para que los Estados miembros de la ONU decidieran establecer un nuevo instrumento jurídico vinculante. “El instrumento jurídico, que se está debatiendo actualmente, incluye cuatro temas: la explotación de los recursos genéticos marinos y el reparto de los beneficios y ventajas resultantes de su explotación; los instrumentos de gestión por zonas, incluyendo las zonas marinas protegidas que permiten preservar determinados ecosistemas o especies; las evaluaciones de impacto medioambiental cuando una parte interesada desee emprender actividades en los fondos marinos; y, por último, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnología marina, que tiene indirectamente por objeto proteger mejor la biodiversidad marina y aumentar el conocimiento general de los océanos por parte de la humanidad”, detalla la doctora en derecho.

Sin embargo, el texto, que debía entrar en vigor en la primavera de 2020, aún no se ha firmado y la última sesión de negociación, celebrada en agosto de 2022, no hizo posible llegar a un consenso.

Enfrentamientos entre países desarrollados y países en desarrollo

En el centro de los desacuerdos figuran, entre otros elementos, los recursos genéticos marinos y la distribución de los posibles beneficios de la explotación de estos organismos en los fondos marinos.

Históricamente, algunos miembros de la ONU como el Reino Unido, la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, que disponen de la tecnología, el dinero y la capacidad para rastrear las profundidades marinas en busca de nuevos productos, han defendido el derecho a patentar los recursos genéticos marinos y a obtener un beneficio exclusivo de ellos. Sin embargo, los países en desarrollo temen perderse los posibles beneficios si no pueden llevar a cabo las costosas investigaciones para descubrir y estudiar los organismos marinos más inaccesibles. Por ello, exigen una compensación económica.

“El reparto de los beneficios y ventajas de la explotación de los recursos genéticos marinos y la transferencia de tecnología marina son demandas de los países en desarrollo y China. Se trata de un punto conflictivo porque estos Estados querrían que se compartieran los beneficios, principalmente financieros”, explica Valérie Wyssbrod.

“Algunos de los países industrializados, en cambio, están de acuerdo en un reparto no monetario, como el acceso a colecciones de muestras o la transferencia de tecnología. Este problema es una de las dificultades que encuentran los Estados implicados en la negociación de este instrumento jurídico”, añade.

Un desacuerdo denunciado por la ONG Greenpeace. “Los países del Sur han insistido con razón en que el texto del tratado debe prever un reparto equitativo y justo de los futuros beneficios financieros de los recursos genéticos marinos. Corresponde al Norte, y a los países que se proclaman ‘campeones del océano’, comprometerse y llegar a un acuerdo que dé lugar a un tratado sólido y justo”, declaró a Equal Times Laura Meller, que trabaja en la campaña “Protejamos los océanos” de Greenpeace.

A pesar de estas dificultades, las ONG siguen mostrándose optimistas respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo para proteger los fondos marinos, un espacio crucial para el planeta cuyos organismos vivos desempeñan un importante papel en la regulación del clima y la protección de las costas frente a la erosión o el almacenamiento de CO2. Aunque se suponía que la sesión de agosto, es decir, la quinta, sería la última antes de la firma del tratado, ahora se ha previsto continuar en febrero. Una nueva esperanza para las numerosas partes interesadas de ver este texto indispensable por fin materializado.

“Los países del Norte mostraron cierta flexibilidad al finalizar la última ronda de negociaciones del tratado de los océanos, pero lamentablemente fue demasiado poca y demasiado tarde. A pocos días de la reanudación de las negociaciones en febrero, el Norte debe hacer concesiones creíbles y ofrecer contribuciones financieras adecuadas para garantizar un reparto equitativo de los beneficios monetarios de los recursos genéticos marinos”, afirma Laura Meller.

Es posible que 2023 sea el año en que los países del mundo por fin se pongan de acuerdo para proteger sus aguas internacionales y la extraordinaria biodiversidad que contienen.