En territorios de todo el planeta, tanto del Norte como del Sur, se promueven proyectos mineros para producir baterías de coches eléctricos, placas solares y otros elementos útiles para la transición verde y digital. La Agencia Internacional de Energía estima que los minerales fundamentales en esta etapa son el litio, el níquel, el cobalto, el cobre, el grafito y las tierras raras. Para 2040 su demanda crecerá, pudiendo cuadriplicarse, e incluso sextuplicarse. Aunque los países con capacidad de extraerlos y procesarlos tendrán ventajas competitivas, estas actividades también conllevan notables impactos.

Según la CEPAL, China, Estados Unidos y la Unión Europea (UE) lideran el sector de la electromovilidad. Oxfam, que evaluó los compromisos con los derechos indígenas –en especial el consentimiento libre, previo e informado (o CLPI)– de 43 empresas mineras vinculadas a la fabricación de baterías –firmas procedentes de numerosos países, entre ellos China, EEUU, Canadá y varios europeos–, consideró que los compromisos son deficientes en equidad de género, debida diligencia, derechos humanos y protección de los defensores; así como que el sector minero de baterías de litio, cobalto y grafito no está preparado para una transición justa; y recomendó cambios estructurales, empoderar a las comunidades indígenas y otorgarles control sobre la minería en sus tierras para garantizar una producción y un uso responsable.

Redes de escucha y apoyo

En este contexto, la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales reducirá la burocracia e impulsará las asociaciones estratégicas con terceros países, así como la economía circular con el reciclaje de un 15% del consumo anual de estos minerales para 2030. Recientemente, la II Caravana por la Ecología Integral organizada por la Red de Iglesias y Minería con apoyo de la alianza Enlázate por la Justicia, viajó por la UE con seis representantes de países de América Latina afectados por el extractivismo.

Esta plataforma de organizaciones y personas vinculadas a la Iglesia, así como de la sociedad civil en general, presente en nueve países, ayuda a la articulación democrática, crea espacios de diálogo y visibiliza resistencias, reforzando la gobernanza multilateral desde abajo: “Nació hace más de diez años tras escuchar a poblaciones martirizadas cotidiana e históricamente. La transición impulsa nuevas formas de extracción principalmente por empresas y gobiernos del norte global; los territorios del sur siguen siendo zonas de sacrificio. Las comunidades donde se extrae litio se quedan sin agua”, esquematiza Guilherme Cavalli, representante de Brasil en la caravana.

De este país, así como de Chile, Argentina y Bolivia se extrae, en conjunto, más del 30% del litio mundial. “A menudo en lugares ‘despoblados’, como los salares.

Su demanda estimula la presión, los incentivos gubernamentales, la relajación de normas ambientales y los acuerdos de libre comercio e inversión que garantizan su disponibilidad para seguir con un desarrollo y un estilo de vida que conduce al abismo.

En julio, el gobierno brasileño se jactó de exportar a China el primer cargamento de ‘litio verde’ del valle de Jequitinhonha en Minas Gerais, estado conocido por sus tragedias mineras, donde colapsó la presa en Brumadinho matando a más de 270 personas [en 2019]”.

Ante la proliferación de exploraciones, la red ha iniciado un proceso de debate y construcción de políticas con otros movimientos y organizaciones, a través del nodo de Minas Gerais: “Escuchamos a las comunidades. A partir de sus experiencias, buscamos construir políticas públicas para la transición que protejan los derechos humanos y ambientales”, subraya.

Garantías y resistencias

Chile, Argentina y Bolivia concentran el 68% de las reservas globales de litio, según el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además, Chile es el segundo productor mundial –tras Australia–; su nueva estrategia otorga al Estado el control mayoritario a través de una empresa nacional. En 2023, los senadores Pedro Araya Guerrero y Francisco Huenchumilla presentaron un proyecto de reforma constitucional para garantizar la participación de las comunidades indígenas. “No se trata de oponerse o vetar, sino de buscar armonía y poner fin a la exclusión”, destacó Araya.

En Argentina, las mujeres indígenas lideran la defensa de la tierra. En junio, el gobernador de Jujuy, provincia en el ‘triángulo del litio’ –al norte, colindando con Chile y Bolivia– reformó su constitución en semanas, saltándose el principio del consentimiento libre CLPI para con la población indígena y jujeña en general, restringiendo derechos territoriales y comunitarios, así como las protestas y la libertad de reunión. Esto generó una resistencia, que se inició en la parte noroccidental por mujeres de 400 pueblos indígenas. Algunas recorrieron más de 1.800 kilómetros hasta llegar al Palacio de Justicia de Buenos Aires el Día de la Pachamama (Madre Naturaleza), donde acamparon varias semanas.

“La vía de afrontar los impactos, es frenar la megaminería, escuchar a quienes habitan el territorio hace siglos, respetar sus derechos, los acuerdos de protección medioambiental, su cultura y cosmovisiones, fomentando alternativas productivas desde las economías locales con otra forma de vincularse al entorno y las personas”, afirma Valentina Valdi, representante argentina en la caravana.

“Los patrones y ritmos de consumo no se sostienen sin explotar a mayor escala con más violencia”, añade.

En Guatemala, se presentó una guía de sostenibilidad para la minería en octubre de 2023. “Algunas mineras no trabajan, el pueblo se levantó y dijo ‘No a la minería, sí a la vida’. Ganaron la batalla con esfuerzo. En otros casos se compran las voluntades y se violan los derechos de CLPI”, narra Alex García miembro de la resistencia pacífica a la Mina El Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa: “Con la transición se autorizan muchas licencias sin consentimiento libre, previo e informado, ni análisis. Los defensores estamos muy expuestos. Hace poco, asesinaron a un líder comunitario xinka de Jutiapa. Luchamos contra un gobierno corrupto y compañías que sólo valoran el dinero”.

Minería legal e ilegal

En muchos países el avance de la minería ilegal convive con proyectos que esperan autorización. En Bolivia, una comisión de la Cámara de senadores rechazó 23 contratos por no cumplir la ley minera, no tener estudio ambiental, ni CLPI. Al mismo tiempo, la vicepresidenta de la Confederación Nacional de Mujeres Indígenas, Miriam Pariamo, reclama al gobierno enfrentar la minería ilegal, su contaminación y proteger a los pueblos indígenas. “Si nosotros no cuidamos el medio ambiente ¿Quién lo hará?”, declaró públicamente.

En Perú, la ley para la explotación del litio exige evaluar el impacto social y ambiental, el consentimiento libre, previo e informado; un plan de desarrollo sostenible y otro de cierre; mientras la minería ilegal amenaza 30 comunidades originarias. La Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente denuncia que 120 dragas ilegales contaminan actualmente el rio Nanay –afluente del Amazonas, rico en biodiversidad, que provee de agua dulce a 500.000 personas– y once ríos amazónicos más.

Asimismo, grupos indígenas de Loreto se oponen a la concesión minera del Instituto Geológico Minero Metalúrgico en la región de Maynas, en la cuenca del Nanay. Daniela Andrade, de la red Red de Iglesias y Minería, vive ahí, y trabaja en el territorio de los kukama y urarina, acosado por el petróleo, la madera y las minas:

“Hace más de 100 años el genocidio del caucho exterminó pueblos enteros. Hoy cambia la materia pero no la explotación. El petróleo se acaba y la minería entra con fuerza, hay el doble de dragas ilegales que hace tres años”, dice.

“Concesionaron el Nanay y el río Marañón tiene más de 60 peticiones de empresarios de Madre de Dios, el infierno nacional minero. No tenemos agua digna, afectaron nuestras fuentes y los alimentos. En Loreto no hay minerales críticos como en el sur, allí tampoco disponen de agua, ni de salud, por los metales pesados detectados en la sangre y enfermedades raras sin atender. Para Europa –o ciertas clases sociales en América Latina– es una transición energética, para nosotros supone defender nuestras familias y formas de vida”, resume Andrade.

Victorias y precedentes

En la Amazonía ecuatoriana la minería creció un 300% de 2015 a 2021. “El catastro minero nacional es lamentable, las concesiones están en zonas hídricas y biodiversas”, afirma Lucy Urvina, representante de Ecuador en la caravana. En los últimos años el país vive una ola de consultas. En 2023, el 70% de la provincia de Pichincha votó proteger los bosques y prohibir la minería metálica. Una victoria histórica para las comunidades que luchan hace más de 25 años por sus tierras.

En agosto, la corte provincial suspendió un proyecto en el páramo de Kimsakocha, una zona de recarga hídrica para millones de personas. Sentó un precedente por solicitar dos consultas de CPLI (a los pueblos indígenas y la población local) y otra ambiental. El presidente no acatará el fallo, el Gobierno promueve la extracción, oferta incentivos fiscales de hasta 400 millones de dólares y un sistema de arbitraje internacional para resolver disputas.

En 2011, Kimsakocha protagonizó la primera consulta con observadores internacionales y líderes indígenas; el 93% votó contra la minería. El gobierno la invalidó, los defensores recogieron firmas para un plebiscito vinculante conforme a la Constitución, celebrado en Girón en 2019; el 90% votó oponerse. En 2021, en Cuenca, capital del Azuay, la tercera mayor urbe, el 80% decidió proteger el agua.

Cadenas de valor y solidaridades transnacionales e interterritoriales

La organización sin ánimo de lucro Electronics Watch desarrolla un programa piloto de tres años en la República Democrática del Congo y Bolivia que fomenta el diálogo en la cadena de suministro y capacita a miles de mineros en derechos humanos, laborales, ambientales, de género, salud y seguridad.

“También ayudamos a establecer mecanismos de reclamación y para evaluar los minerales, garantizando una justa remuneración. En esta transición necesitamos escuchar la experiencia de los mineros y su participación en innovaciones que protejan el entorno; hemos identificado prácticas interesantes”, explican Fabrice Warneck, director de monitoreo de la organización, y Rocío Paniagua, gerente del programa de vehículos de bajas emisiones.

Además instruyen a diez compradores públicos sobre requisitos y licitaciones públicas que incentiven la debida diligencia, según el reglamento europeo de minerales de conflicto y el modelo de la OCDE. “La contratación pública puede ser clave promoviendo un abastecimiento responsable y transparente. Estamos diseñando dos instrumentos de licitación para incorporar prácticas de debida diligencia en su contratación”, detallan.

Algunas de estas herramientas para reforzar el monitoreo en las minas, colaborar con las partes interesadas en la cadena de suministro y para ayudar a los compradores públicos a promover prácticas mineras responsables, se compartirán con más de 1500 organizaciones directamente afiliadas, o afiliadas a través de consorcios, redes o autoridades.

Muchas resistencias tejen alianzas, sean o no de minerales fundamentales. En España, la plataforma ciudadana contra el macroproyecto de cuarzo a cielo abierto del nordeste de Segovia, suscribió el Manifiesto Internacional Caminando contra la minería: “La ley europea facilitará extraer materias estratégicas. España es rica en minerales diversos. Nos preocupa el entorno y establecer políticas exigentes de reutilización y reciclado”, explican sus miembros.

“Lo que ocurre aquí, pasa en el Valle del Corneja, en Terra Cha (Guadalajara), en la ‘España vaciada’, Suecia, Argentina o Tanzania. Las empresas aterrizan en ‘desiertos demográficos’ sin apenas tejido social, creyendo que no habrá oposición”, continúan.

Al iniciar su lucha, los vecinos de la plataforma No a la Mina en el Valle del Corneja buscaron asesoramiento en plataformas cercanas de las sierras de Ávila y Yemas. Ahora forman parte de la red de plataformas Antiminas de la península Ibérica. Su concusión es compartida: “Globalmente estamos en una ‘fiebre del oro’ que prioriza el negocio desatendiendo los derechos de los habitantes, su salud, sus medios de vida y sus recursos naturales e hídricos”, concluyen sus miembros.