La práctica totalidad de los hombres de Saqlawiya, un pueblo situado a unos 50 kilómetros al oeste de Bagdad (Irak), se encuentran en paradero desconocido. Fátima*, una joven de 31 años, sentada en la única estancia de la casa que comparte con su hermana, sus dos hijos y su madre, sujeta el retrato de su padre, Ahmed, al que no ve desde junio de 2016.

“A día de hoy no tenemos noticia alguna de nuestros hombres. Ni siquiera sabemos si están vivos o muertos. Si estuvieran detenidos podríamos al menos visitarlos y verlos, pero ni esa posibilidad tenemos”, explica a Equal Times.

Además del paradero de su padre, Fátima intenta averiguar qué les ha ocurrido a su hermano, su marido y su cuñado. A finales de mayo de 2016 las fuerzas iraquíes lanzaron una gran ofensiva para retomar la ciudad de Faluya, situada a apenas ocho kilómetros de Saqlawiya, uno de los bastiones más emblemáticos de la organización yihadista Estado Islámico (EI). Entre el 2 y el 3 de junio de 2016 un total de 643 hombres y niños fueron víctimas de desaparición forzada, según denuncia Amnistía Internacional, presuntamente secuestrados por las Unidades de Movilización Popular (PMU), o Hachd al-Shaabi, una coalición paramilitar de las Fuerzas Armadas formada dos años antes, a raíz del llamamiento a la lucha contra EI lanzado por el imán chií iraní Ali al-Sistani.

“Algunos de los grupos armados llegaron a nuestro pueblo, encerraron a todas las mujeres en las casas y se llevaron a nuestros hombres”, explica. “Mientras torturaban a nuestros hombres, podíamos oírles fuera, celebrándolo. No hacían distinciones entre ellos, ni dudaban en atacar a los niños”.

Aunque las UMP han jugado un papel crucial en la lucha iraquí contra EI, se acusa a algunas de las unidades que la componen de perpetrar atrocidades –como secuestros, encarcelamientos arbitrarios y torturas– contra poblaciones, sobre todo suníes, sospechosas de haberse unido o de apoyar a EI.

Como respuesta a estas denuncias, el 5 de junio de 2016, la oficina del entonces primer ministro Haider al-Abadi creó una comisión encargada de investigar las desapariciones y otras violaciones cometidas en el transcurso de las operaciones militares para retomar Faluya. Por el momento, ni el Gobierno, ni dicha comisión, ni los mandos de la UMP han confirmado estas acusaciones, basadas solo en el testimonio de familias entrevistadas por diversas ONG de derechos humanos.

“Cuando les pregunté qué le habían hecho a mi familia, uno de ellos, sosteniendo una espada ensangrentada, me contestó que habían venido a vengarse y que pretendían llevarse el mismo número de personas que habían muerto en la masacre del campamento Speicher”, relata Fátima, en referencia al ataque que EI perpetró en junio de 2014 contra un campamento del Ejército iraquí, en el que fueron asesinados entre 1095 y 1700 cadetes, cerca de Tikrit.

La primera oleada de desapariciones, bajo el régimen de Sadam Husein y durante la invasión estadounidense

Los numerosos crímenes cometidos en Saqlawiya forman parte de una dinámica más extendida y sistémica de desapariciones forzadas desde 1968, que el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CDF), organismo de la ONU que supervisa la aplicación de la Convención para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, ha descrito como “oleadas” sucesivas.

Sadam Husein llegó al poder con el apoyo del partido Baath –responsable ya de numerosas atrocidades–, e instauró un régimen dictatorial muy represivo con los opositores, en particular con los miembros del Partido Comunista y del Partido Islámico Dawa. Posteriormente fueron los kurdos el blanco de una violenta campaña genocida, Anfal, perpetrada entre febrero y septiembre de 1988. El último informe del CDF, publicado en marzo de 2023, calcula que 250.000 personas, entre ellas 100.000 kurdos, fueron víctimas de desaparición forzada durante este periodo de veinte años.

“El temor a las desapariciones a manos del Gobierno o de fuerzas afines lleva mucho tiempo profundamente arraigado en la sociedad iraquí, porque era la principal herramienta de represión del régimen Baaz”, afirma Razaw Salihy, investigadora sobre Irak en Amnistía Internacional.

En 2003, la invasión estadounidense inició una nueva oleada de violencia. El Ejército estadounidense y sus aliados capturaron a no menos de 200.000 iraquíes en los cinco primeros años de su ocupación. El informe del CDF revela que muchas personas fueron detenidas sin orden judicial, y a veces por error. Paralelamente, la política de “desbaazificación” y la disolución del Ejército iraquí permitieron a las milicias afianzarse en determinadas regiones, lo que multiplicó aún más las tensiones en el país.

“Entre 2006 y 2008 los conflictos sectarios entre las milicias fueron especialmente virulentos y miles de iraquíes, sobre todo hombres y niños, fueron secuestrados”, explica Salihy. “Las personas que atravesaban distintas provincias o incluso determinados barrios eran detenidas en los puestos de control, y sus familias no han tenido noticias de ellas hasta hoy”, añade.

Hasta un millón de personas desaparecidas en Irak: “Prácticamente todas las familias tienen un desaparecido”

El ascenso de EI al poder, a partir de junio de 2014, hasta su derrota territorial en 2017 contribuyó a violentos enfrentamientos y numerosos crímenes de guerra, como el genocidio de los yazidíes. Además de los numerosos abusos cometidos por el grupo yihadista, la liberación de las zonas ocupadas por EI fue acompañada de desapariciones forzadas, como atestiguan los abusos en Saqlawiya.

“Las personas en edad de combatir que vivían en zonas antes ocupadas por EI han sido víctimas de una estigmatización sin precedentes. Decenas de miles de hombres y niños han sido detenidos arbitrariamente, encarcelados y asesinados”, confirma Salihy.

Recientemente, tras las protestas antigubernamentales de 2019, que colocaron a los activistas en la diana de una represión gubernamental constante, son los ecologistas iraquíes quienes se enfrentan a la amenaza de las desapariciones forzadas. En febrero de 2023, Jassim al-Asadi, cofundador y director de Nature Iraq, una ONG que trabaja en la defensa del medio ambiente, fue secuestrado por un grupo armado no identificado y retenido durante más de dos semanas antes de ser liberado.

A pesar de la magnitud del fenómeno, no existen cifras muy precisas sobre el número total de personas desaparecidas en relación con los múltiples conflictos que han tenido lugar en Irak desde 1968.

No obstante, la Cruz Roja estima que Irak es uno de los países con mayor número de desaparecidos, con cientos de miles de personas aún en paradero desconocido tras décadas de guerra.

Por su parte, el CDF, al tiempo que reclama nuevas leyes para poner fin a las oleadas de desapariciones, afirma que hasta un millón de personas han desaparecido en Irak en las últimas cinco décadas.

“En Irak, prácticamente todas las familias tienen un desaparecido, sea cual sea su origen étnico, religioso o social. Hablamos de cientos de miles de familias afectadas por desapariciones y de otras tantas vidas truncadas”, afirma Kushtrim Koci, coordinador adjunto de la Cruz Roja.

Ausencia de mecanismo único de búsqueda de las personas desaparecidas y de concesión de indemnizaciones

A pesar de los diversos llamamientos de ONG e instituciones internacionales al Gobierno iraquí para que encuentre soluciones al problema de las desapariciones forzadas, el panorama jurídico sigue siendo muy complejo y dificulta notablemente la búsqueda de justicia a las familias afectadas.

Aunque la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas lleva en vigor en Irak desde 2010, las instituciones competentes se encuentran en el Irak federal y en la región del Kurdistán, y las leyes vigentes no tienen en cuenta las dificultades de la zona.

“Cuanto más tiempo transcurra hasta la creación de mecanismos nacionales eficaces y coordinados para esclarecer la suerte y el paradero de los detenidos, más difícil resultarán las búsquedas”, afirma Sara Alzawqari, coordinadora de Comunicaciones de Cruz Roja en Irak.

“La búsqueda de un familiar desaparecido puede durar muchos años y transmitirse de generación en generación. Hasta ahora han acudido a nuestros centros desde personas que buscaban a su abuelo, su padre o su tío desaparecido en los años ochenta, a personas que buscaban a un primo o un hijo secuestrado en 1991 o a una pareja de la que no se sabe nada desde 2014”, añade.

Por ejemplo, la aprobación por Irak de la Ley de Supervivientes Yazidíes el 1 de marzo de 2021 ha permitido la creación de un programa de reparación administrativa para hacer efectivo el derecho de los supervivientes a una reparación. Sin embargo, la reciente imposición gubernamental de un requisito adicional, que obliga a los supervivientes a presentar una denuncia penal para tener derecho a la reparación, ha recibido las críticas, el pasado abril, de trece organizaciones.

“Hicimos todo lo que pudimos para encontrar información sobre nuestros seres queridos, pero hemos acabado con las manos vacías. Es muy difícil llegar a la verdad en este país”, declara a Equal Times. “Tenemos miedo de que algunos de los culpables vengan a buscarnos si hacemos demasiado ruido”, añade.

Fátima, por su parte, ante la falta de apoyo del Gobierno para encontrar a sus familiares desaparecidos en Saqlawiya, decidió vender tierras y muebles para contratar a un abogado que, tras darle falsas esperanzas, huyó sin cumplir su contrato.

La imposibilidad de pasar página: “La esperanza de que algún día volverán nos mantiene vivos”

Además de las gravísimas consecuencias psicológicas, las familias que no consiguen encontrar a sus seres queridos ni obtener indemnizaciones sufren una intensa estigmatización y múltiples dificultades administrativas.

El pasado mes de febrero, la iniciativa humanitaria REACH, que facilita diversos tipos de datos en situaciones de crisis, calculó que en el 33% de los hogares encabezados por mujeres faltaban documentos del registro civil.

Ello se debe a las complicaciones derivadas de la obligatoriedad de tener un tutor masculino para poder presentar los formularios de solicitud, al estigma que pesa sobre las familias que vivían en zonas controladas por EI y a la imposibilidad de pagar las tasas para obtener la documentación.

“En Irak, los documentos de estado civil, como el carné de identidad, el certificado de nacionalidad iraquí, el certificado de nacimiento y el certificado de matrimonio, son esenciales para ejercer derechos como la libertad de circulación y acceder a servicios básicos, a empleos y a la educación”, afirma Alzawqari.

Estos documentos pueden haberse perdido, robado o invalidado durante los conflictos armados y los desplazamientos. Cuando los maridos desaparecen, las familias caen en el abandono”, añade.

Para hacer frente a este problema, la Cruz Roja firmó en febrero de 2023 un memorando de entendimiento con la Asociación de Abogados de Irak (IBA) para coordinar actividades destinadas a ayudar a las 27.000 familias de desaparecidos registradas en el Comité Internacional de la Cruz Roja en Irak a solventar sus necesidades jurídicas y administrativas.

Mientras tanto, Fátima no puede enviar a sus hijos a la escuela ante las dificultades de obtener sus documentos civiles, y las autoridades le piden que declare “mártires” a los miembros desaparecidos de su familia, algo a lo que ella se niega, porque la privaría del derecho a continuar su búsqueda. “No quiero dejar de buscar, no quiero perder la esperanza, no quiero declarar mártir a mi marido. Dicen que con el tiempo se olvida, que el tiempo todo lo cura. Han pasado ya años, pero la herida se hace más profunda cada año. Es imposible olvidar”, afirma Fátima.

“Han pasado muchos años y, sin embargo, mis lágrimas no dejan de brotar a cada recuerdo. Seguimos rezando cada día por el regreso de los hombres de la familia sanos y salvos. La esperanza de que algún día volverán nos mantiene vivas”, concluye.