En 2018, el gobierno de Kenia, liderado por el entonces presidente Uhuru Kenyatta, impulsó la llamada agenda de los Cuatro Grandes para lograr un desarrollo transformador. Uno de los elementos clave fue la oferta de viviendas dignas para los trabajadores de ingresos bajos y medios.

Aunque el artículo 43 (1) (b) de la Constitución de Kenia estipula que: “Toda persona tiene derecho a una vivienda accesible y adecuada y a un nivel razonable de saneamiento”, hace mucho tiempo que el tema de la vivienda en Kenia constituye un reto importante, especialmente en los centros urbanos, donde se calcula que el 61% de los hogares se encuentran en asentamientos informales. Según datos de la ONG internacional Hábitat para la Humanidad, que se dedica a temas relacionados con la vivienda, actualmente el gobierno sólo proporciona 50.000 de las 250.000 viviendas que se necesitan cada año para satisfacer la demanda de casas de los 55 millones de habitantes del país.

El plan inicial de Kenyatta consistía en construir 500.000 viviendas en cinco años por ciudades y áreas metropolitanas de todo el país en el marco de un plan de viviendas asequibles, conocido entonces como Boma Yangu (que significa ‘Mi hogar’ en suajili), al que los asalariados aportaban mediante un sistema de retención de cuotas. En cambio, los trabajadores del sector informal tenían que realizar aportaciones voluntarias para recaudar el 10% de la entrada necesaria para iniciar el proceso de convertirse en propietarios de una vivienda.

Sin embargo, debido a una serie de motivos –entre los que se incluyen la escasa financiación del programa, las hipotecas inasumibles y la falta de terrenos urbanizables–, a finales de 2022 tan solo se habían construido poco más del 3% (13.529) de las 500.000 viviendas prometidas, según destaca la página web de verificación de datos Africa Check.

Pauline Wanjiru, una frutera que trabaja en un mercado de Nairobi al borde de una carretera, es una de las que se apuntaron rápidamente al programa. A lo largo del tiempo, fue realizando aportaciones mensuales variables con el objetivo de reunir 2.000 dólares estadounidenses (aproximadamente 250.000 chelines kenianos) en tres o cuatro años; es decir, la entrada mínima necesaria para el plan de vivienda. Si finalmente se le asignara una vivienda, entonces tendría que pagar la deuda restante mediante un plan hipotecario de entre 15 y 20 años.

Aunque a veces no consigue realizar el pago a tiempo durante uno o dos meses, esta madre de dos niños sigue aportando al programa, a pesar de las dificultades económicas a las que se ha tenido que enfrentar Kenia desde el brote de la pandemia de covid-19 en 2020.

“Como he tenido que ahorrar para esta casa, me he visto obligada a dejar de comprarme un buen vestido o un par de zapatos, pero tengo que hacer realidad mi sueño de tener una casa propia”, asegura.

Sin embargo, el futuro de dicho programa –que ha sido rebautizado como el Programa de Vivienda Asequible– pende ahora de un hilo, debido a la oposición al impuesto obligatorio que se le ha aplicado a los trabajadores asalariados del país mediante la Ley de Financiación de 2023, que tiene como objetivo financiar la base de capital del proyecto.

El gobierno creó un Fondo Nacional para el Desarrollo de la Vivienda con el objetivo de financiar la construcción de 250.000 viviendas al año, que se venderían a los ciudadanos kenianos que cumplieran con los requisitos a un coste de entre 7.000 y 30.000 dólares estadounidenses (entre 1 y 3,5 millones de chelines kenianos), dependiendo de si cumplían con los requisitos para una vivienda social, una de bajo coste o una hipoteca asequible en el mercado libre. Pero con un salario mensual medio de 14.000 chelines kenianos (aproximadamente 136,60 dólares estadounidenses), según los datos más actualizados de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 2019, incluso una supuesta ‘vivienda asequible’ queda totalmente fuera del alcance de algunos trabajadores. Como explicó un trabajador a Al-Jazeera: “No quiero pagar un impuesto de vivienda para una casa en la que ni yo ni mis hijos viviremos nunca”.

La grandilocuente palabrería política

Numerosos particulares y organizaciones de trabajadores han impugnado con éxito ante los tribunales el impuesto nacional de vivienda del 1,5% que se grava a los ingresos brutos mensuales de los asalariados (y al que sus empleadores aportarán la misma cantidad), pues lo han tildado de “discriminatorio e irracional”, así como de inconstitucional. Aunque el gobierno elogia el proyecto por su potencial para crear cientos de miles de puestos de trabajo en el sector de la construcción y para solventar el déficit de vivienda del país, sus detractores aseguran que los trabajadores, que ya se han visto muy afectados en los últimos años por el aumento del coste de la vida, no pueden soportar más cargas fiscales.

En una sentencia del 26 de enero, el Tribunal de Apelaciones de Kenia concluyó que el impuesto también se había aplicado sin un marco jurídico adecuado, ratificando un fallo de noviembre de 2023 del Tribunal Superior que dictaminó que la Ley de Financiación de 2023 había violado el artículo 10, 2 (a) de la Constitución.

Desde julio de 2023, el impuesto se había deducido de las nóminas de los empleados mediante retenciones. Los trabajadores asalariados del sector formal representan aproximadamente el 16% del total de la población activa. Sin embargo, el gobierno no ofreció ningún plan claro sobre cómo se gravaría a los trabajadores del sector informal, incluso en el caso de que percibieran mayores ingresos que los asalariados.

Asimismo, el programa se ha enredado aún más debido a la palabrería política, ya que el actual presidente, William Ruto, lo ha convertido en el proyecto estrella de su primer mandato y ha prometido que seguirá adelante, a pesar de las protestas de los trabajadores que afirman que sólo beneficiará a los pocos empleados de clase media que ganan el suficiente dinero y tienen la suficiente estabilidad laboral como para meterse en una hipoteca a 15 o 20 años.

Además, han surgido disputas por la propiedad de los terrenos sobre los que se están construyendo las viviendas. Algunos gobiernos municipales se quejan de que les están obligando a ceder terrenos para las casas y también se han producido desahucios para dejar paso a las obras de construcción de estas nuevas viviendas.

Igual de polémico es el hecho de que, aunque los contribuyentes asalariados financien el programa, no existe ninguna garantía de que se les asigne una casa, ya que las viviendas se otorgarán mediante un proceso de licitación.

“Es necesario un enfoque multifacético”

A principios de este mes, una universidad pública, la Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology, se convirtió en la primera institución en anunciar que iba a reembolsar las retenciones, lo que podría sentar un precedente. Asimismo, la Federación de Empresarios de Kenia ha aconsejado a sus miembros que dejen inmediatamente de retener el impuesto de vivienda de los salarios de los empleados.

Según el abogado de Nairobi Wahome Thuku, a partir de ahora los empresarios carecen de base legal para llevar a cabo las retenciones. “El Poder Judicial no ha impedido que el presidente William Ruto y su gobierno construyan viviendas ni que contraten a personas para las obras. También es libre de utilizar todos los terrenos del gobierno para construir apartamentos. Lo que no debe y no puede hacer (y no lo hará) es recaudar dinero de los empleados kenianos para financiar los proyectos. Eso es lo que ha impedido el tribunal”.

A través del Fiscal General, el gobierno tenía la opción de apelar la sentencia ante el Tribunal Supremo, pero Thuku expresó bastantes dudas de que el máximo tribunal fuera a revocar un fallo dictado por dos tribunales inferiores.

Según la ONG internacional Hábitat para la Humanidad, aunque es loable que el gobierno se centre en las viviendas asequibles para las rentas medias, también es importante que preste atención a las soluciones de vivienda que den prioridad a las necesidades de los más vulnerables.

“En cuanto a la reciente decisión del Tribunal de Apelaciones de detener las retenciones, Hábitat para la Humanidad Kenia reconoce la complejidad del asunto y respeta los procesos legales que este entraña. Creemos que es necesario un enfoque multifacético para abordar eficazmente las necesidades de vivienda de los trabajadores urbanos y de la población urbana empobrecida”, explica a Equal Times su director nacional en Kenia, Anthony Okoth.

Dicho enfoque debería incluir “la potenciación de los mecanismos innovadores de financiación”, como la microfinanciación de la vivienda y las asociaciones público-privadas, afirma Okoth, con el objetivo de empoderar a las personas y comunidades para que puedan acceder a las viviendas asequibles.

Y concluye: “Además, es necesaria una planificación urbana exhaustiva que integre la vivienda con los servicios esenciales, como el agua, el saneamiento y la energía, y que aborde al mismo tiempo cuestiones como la tenencia de la tierra y la reforma política para crear un entorno propicio para el desarrollo de las viviendas sostenibles”.