Silencio y amnesia en Burundi

Opinions

El 17 de agosto, como era de esperar, el Consejo Nacional para la Defensa–Fuerzas para la Defensa de la Democracia (CNDD-FDD), el partido de Pierre Nkurunziza, rechazó la presencia de 228 policías de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Burundi. El 19 de julio el Consejo de Seguridad había votado una resolución que preveía el despliegue progresivo de fuerzas de seguridad en Burundi para intentar restablecer la calma y hacer respetar los derechos humanos.

Se trata de una demostración más de la deriva autoritaria en la que se ha sumido un Gobierno que quiere gobernar solo y sin división, a pesar del caos y el terror que reinan en Burundi desde que en abril de 2015 Nkurunziza decidiera aspirar a un tercer mandato.

Ya el mes pasado, el Gobierno se había negado a participar en la sesión de inauguración de la segunda ronda de negociaciones para salir de la crisis burundesa, que se había organizado en Arusha (Tanzania). El partido en el gobierno pretendía de esta manera protestar contra la presencia de los líderes de la oposición en los debates, una oposición a la que culpa de todos los males.

El Gobierno ha colocado en su punto de mira a líderes de la sociedad civil –que han puesto en marcha el movimiento de protesta pacífica– así como de la oposición, hoy en día en el exilio; contestatarios, periodistas y dirigentes de movimientos rebeldes, con arreglo a unas órdenes de arresto disparatadas emitidas por la justicia burundesa, bajo el yugo del poder ejecutivo.

¡Qué pronto olvidamos! Recordemos que en el momento de la negociación de los acuerdos de Arusha de 2000, el poder había tachado al CNDD-FDD de “terroristas tribalo-genocidas”.

Y que además su líder, que era precisamente Nkurunziza, estaba condenado a muerte por rebeldía a raíz de un expediente relacionado con una serie de minas antipersonales en la capital Bujumbura que habían acabado con la vida de varias personas.

Así pues, cabe preguntarse si el Gobierno de Bujumbura, que es una de las partes del conflicto, está efectivamente capacitado para decidir quién puede participar en las negociaciones y quién no.

Para comprender mejor la crisis burundesa, la mediación no debería dar preferencia a ninguna de las partes. Y para lograr semejante desafío se necesita el apoyo incondicional de la región, de la Unión Africana y de la ONU.

Sobre todo es primordial no dejar a nadie atrás, para evitar perder tiempo y recursos, cuando sigue habiendo vidas humanas que corren peligro a diario en Burundi.

Los periodistas también desempeñan un papel fundamental para sacar a Burundi de la crisis.

 

Ataques a periodistas

En Burundi hay más de 450 periodistas que trabajan en los medios de comunicación públicos y privados. La radio es el medio de comunicación preferido por la gran mayoría de los burundeses, concretamente gracias a la continua proliferación de los teléfonos portátiles equipados con receptores FM.

Pero desde hace más de un año asistimos impotentes a la negación del derecho del público a la información, a pesar de que este derecho está recogido en la Constitución –la misma que Nkurunziza ha vulnerado–.

Un centenar de periodistas se han visto obligados a exiliarse, y diversos órganos de prensa han sido cerrados o incluso destruidos con armas pesadas.

Numerosos profesionales más de los medios han sido encarcelados sin pruebas, golpeados, torturados e intimidados, o se les ha prohibido ejercer su trabajo.

El 14 de octubre de 2015, el periodista, reportero gráfico y cámara Christophe Nkezabahizi, de la Radio-Televisión Nacional de Burundi (RTNB), su mujer y sus dos hijos fueron asesinados durante una operación de las fuerzas del orden en el contestatario barrio de Ngagara, Bujumbura, la capital. Los asesinos siguen sueltos.

La represión masiva de los medios de comunicación comenzó en el momento en el que Nkurunziza anunció su intención de acceder a un tercer mandato. Cuando se producen manifestaciones pacíficas, la policía acude en masa, dispersa las asambleas y bloquea las calles que llevan al centro de la ciudad.

Los medios de comunicación empezaron a hablar de esto en los noticiarios matutinos a partir del 26 de abril de 2015. Las primeras medidas de represalia se hicieron sentir de inmediato. Las antenas utilizadas en el interior del país para la retransmisión de cuatro radios independientes fueron cortadas, al tiempo que se multiplicaron las amenazas contra periodistas. Algunos se vieron obligados a pasar a la clandestinidad para evitar ser eliminados.

Las manifestaciones se fueron intensificando hasta que se produjo el golpe de Estado fallido del 13 de mayo de 2015 –ocasión que el poder no desperdició y utilizó como pretexto para deshacerse de todas las voces discrepantes–. Todos los contestatarios han sido metidos en el mismo saco, acusados de golpistas o de terroristas por la camarilla de Nkurunziza.

Así pues, se ha puesto en marcha una verdadera caza al hombre contra todos los “enemigos de la nación”. Y los periodistas están incluidos, estima el Gobierno. La noche del 13 al 14 de mayo de 2015, varias radios independientes fueron destruidas con armas pesadas.

Los líderes de los partidos de la oposición, así como las organizaciones de la sociedad civil que han participado en movimientos de contestación, se han visto obligados a exiliarse, al igual que un centenar de periodistas.

Yo he sufrido la misma suerte. Desde mayo de 2015, mi mujer, que también es periodista, nuestros tres hijos y yo vivimos en Kigali, en Rwanda. Como presidente de la Union burundaise des journalistes, no he dejado de denunciar en todo momento los ataques contra los medios. Estos pronunciamientos han dado lugar a amenazas y ataques con gases lacrimógenos contra mi familia.

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados burundeses que se encuentran actualmente en Rwanda, Tanzania, la República Democrática del Congo y Kenia asciende ya a más de 270.000. Pero salir del país, e incluso de Bujumbura, se ha vuelto mucho más problemático. Todos los accesos y salidas están controlados con lupa por policías y milicianos imbonerakure fuertemente armados. Los que han tenido la mala suerte de ser arrestados han sufrido malos tratos degradantes e inhumanos.

Los escasos periodistas valientes que se han quedado en Burundi trabajan con el miedo constante de acabar siendo encarcelados o incluso asesinados.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha denunciado las violaciones de las que han sido objeto en repetidas ocasiones los periodistas burundeses.

En una carta dirigida a Nkurunziza, la FIP afirma que “la situación de la libertad de expresión y de la libertad de prensa está empeorando día a día para los periodistas burundeses en el exilio, pero también para los que se han quedado en el país. Tras la destrucción de sus órganos de prensa, los periodistas se han organizado para ocuparse del trabajo en línea, pero por desgracia se les ha impuesto la prohibición de personarse sobre el terreno y se ven continuamente acosados, arrestados y acusados de trabajar con la rebelión”.

Los profesionales de los medios de comunicación luchan como pueden para rechazar esta negativa al derecho del público a la información, impuesta por las autoridades de Bujumbura.

Se han puesto en marcha diferentes iniciativas tanto en el interior como en el exterior del país, ya sea a través de las radios o de las redes sociales.

Es verdad que el público cubierto sigue siendo limitado y que la conexión a Internet todavía no está tan generalizada como en los países vecinos. Pero supone no obstante un avance para la supervivencia de los medios de comunicación independientes y sobre todo de los periodistas.

Esperemos que estas iniciativas puedan convertirse el día de mañana en poderosos relevos mediáticos. Como decimos en nuestro país: “Los que hoy cantan, ayer no eran más que polluelos…”.

 

This story has been translated from French.