Los sindicatos continúan criticando a la ONU por no respetar los derechos de los trabajadores

 

Los sindicatos advierten que los cambios recientes en la forma en la que el personal de Naciones Unidas negocia con la dirección contradicen las propias convenciones de la organización y pueden poner en peligro la seguridad de los empleados y empleadas.

Desde julio de este año la dirección debe ‘consultar’ al personal en lugar de entablar negociaciones obligatorias con respecto a cuestiones como la distribución de los recortes presupuestarios y la política de rotación.

Las nuevas normas sustituyeron un acuerdo anterior introducido en 2011 por el Secretario General, Ban Ki-moon.

“No cabe duda de que había una forma de negociación colectiva, pero ya no existe”, dijo Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI).

“El objetivo es debilitar el poder de los sindicatos”, dijo Ian Richards, Vicepresidente del Comité del Personal y la Administración de la ONU.

“Los Estados Miembros ven los sindicatos del personal como un centro de poder alternativo y quieren poder decir al Secretario General lo que tiene que hacer”.

En una carta abierta a Ban, el Secretario General del Congreso de Sindicatos del Reino Unido (TUC), Frances O’Grady, señaló que la Organización Internacional del Trabajo – un organismo de la ONU – protege la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva.

Ambos derechos están consagrados en la Declaración de Filadelfia, que contiene las metas y objetivos de la OIT.

En respuesta, el Secretario General Adjunto de Gestión de la ONU, Yukio Takasu, dijo que la Asamblea General es la que establece las condiciones de los/las trabajadores/as a través del Reglamento del Personal de la ONU, que no incluye el derecho de negociación colectiva.

La Asamblea General votó en abril que se modificaran las normas sobre las negociaciones del personal para reflejar reglas menos estrictas.

En una carta a O’Grady, el secretario británico de Asuntos Exteriores, William Hague, dijo: “El gobierno apoya plenamente esta decisión, ya que protege el principio establecido de que los Estados Miembros de la ONU tienen la última palabra en cuanto a cuestiones importantes [de recursos humanos]”.

Sin embargo, Richards dijo que la preocupación de que en el marco anterior los sindicatos podían convertirse en codirectores con poder de veto en cambios administrativos no estaba fundada.

“Los Estados Miembros pensaban que los sindicatos del personal tenían derecho de veto.

Por eso dijeron ‘va demasiado lejos, no podemos aceptarlo’. No sabemos cómo llegaron a esa conclusión, pero es sin duda en lo que se basaron para aprobar la resolución”.

Una campaña que se opone a los cambios ha obtenido el apoyo de sindicatos como BTUC, la CSI y la American Federation of Teachers.

“Una de las preocupaciones de los sindicatos mundiales es que si la ONU, que se supone que debe respetar los derechos laborales, no los respeta ni los aplica en su propia organizacióna, entonces los gobiernos podrían tomarlo como señal para eliminarlos en el contexto nacional”, dijo Richards.

Tanto Equal Times como LabourStart han lanzado campañas para enviar correos al Secretario General instándole a revocar su decisión.

Hace poco Ban se reunió con los sindicatos para proponer el establecimiento de un grupo de trabajo para redactar un nuevo acuerdo que rija las relaciones entre el personal y la dirección.

“Queremos ver cuál podría ser el ámbito de actuación del grupo de trabajo”, dijo Richards. “Si se limita meramente a reescribir lo que existe actualmente sería menos interesante para nosotros”.

Richards dijo que las vías actuales para que el personal plantee preocupaciones de seguridad a través de la Red Institucional de Gestión de la Seguridad no eran suficientes porque nos les permitían negociar o presentar sus propias propuestas.

“La dirección quiere enviar a más personal sobre el terreno, pero no podemos negociar las normas de seguridad que se aplicarían”, dijo.

“Qué tipo de vehículos tendrían, si estarían protegidos por personal profesional de la ONU o por contratistas de seguridad privados, lo que conlleva sus propios problemas”.

La oficina del Secretario General no respondió a la solicitud para que hiciera comentarios al respecto.