Por primera vez en décadas, los sindicatos en Iraq pueden obtener un verdadero régimen jurídico si el parlamento aprueba un nuevo proyecto de ley laboral y sindical.

Pero aunque la nueva ley elimine las restricciones antisindicales que provienen de las épocas de Sadam Hussein y la ocupación estadounidense, la situación a la que se enfrentan los líderes sindicales del importantísimo sector petrolero iraquí sigue siendo tan delicada como siempre.

“El Gobierno quiere destruir nuestro sindicato”, explicó Hassan Juma’a Awad, presidente de la Federación Iraquí de Sindicatos Petroleros (IFOU), a Equal Times. “No nos permiten trabajar como sindicato”.

“La ley 150, aprobada en la época de Sadam Hussein, todavía está vigente.

El Gobierno iraquí la utiliza para prohibir el funcionamiento de los sindicatos iraquíes. Otra ley, específica para nuestro sindicato, no permite que se afilien los trabajadores/as del departamento general de trabajo”.

El 10 de noviembre de 2013, un tribunal en Basora desestimó por segunda vez las acusaciones presentadas contra el señor Juma’a.

Sin embargo, todavía se está procesando al vicepresidente de la IFOU, Ibrahim Rhadi, y a otros 16 activistas sindicales.

Todos ellos se enfrentan a multas que ascienden a más de 600.000 US$, una cantidad tan astronómica que es imposible que la puedan pagar los trabajadores del sector petrolero.

Tan solo la multa del señor Rhadi asciende a 30.000 US$. “Si Ibrahim no paga, le despedirán del trabajo”, asegura Hassan Juma’a. “Luego le meterán en la cárcel”.

Protestas

Las acusaciones tienen su origen en las protestas organizadas por el sindicato a principios de este año, durante las cuales cientos de trabajadores se manifestaron en tres ocasiones en el exterior del edificio de la empresa de propiedad estatal South Oil Company (SOC) en Basora, exigiendo la dimisión de su director y asesores.

Las huelgas se vieron impulsadas por la pobreza patente entre los trabajadores del sector petrolero, a pesar de los miles de millones de dólares de petróleo que ayudan a producir.

“Los trabajadores iraquíes se encuentran en una situación muy inestable”, denunció el señor Juma’a.

“Nuestros salarios son muy bajos. No podemos vivir con lo que ganamos. No tenemos prestaciones sociales ni seguros médicos. Además, no existe ninguna ley laboral moderna que reconozca nuestros derechos”.

Los trabajadores también acusan a la empresa de negarse a pagar las primas contractuales pendientes desde 2010 (que ascienden a más de 303 millones de US$) y de incumplir las promesas de construir viviendas y proporcionar asistencia sanitaria, en especial a los trabajadores que sufren por la exposición al uranio empobrecido que se utilizó durante la guerra.

Asimismo, en lugar de contratar a trabajadores fijos, la SOC y las empresas transnacionales que entraron a Iraq para explotar los yacimientos petrolíferos suelen depender de trabajadores temporales para evitar el requisito de que el 85% de la mano de obra esté formada por ciudadanos iraquíes.

Cuando la SOC presentó los cargos en julio, el tribunal los desestimó porque la empresa no pudo proporcionar ninguna prueba de que las huelgas laborales hubieran causado daños ni perjuicio alguno.

Aun así, la empresa apeló la sentencia y un tribunal superior ordenó que se reinstauraran los cargos.

El 10 de noviembre de 2013, el tribunal de primera instancia volvió a recalcar que la empresa no había proporcionado ninguna prueba y los desestimó de nuevo.

“El Gobierno presentó cargos contra mí debido a las huelgas”, asegura el señor Juma’a.

“Yo les dije a los trabajadores que exigieran sus derechos y me acusaron de organizar una huelga laboral ilegal porque soy el presidente del sindicato”.

Represalias

Aun así, el Ministerio del Petróleo, que es propietario y director de la SOC, impuso sanciones administrativas al señor Rhadi y a los otros activistas sindicales en represalia por el papel que desempeñaron en la organización de las protestas de los trabajadores.

A otro trabajador de la SOC, Alaa Abdul Redha, le despojaron de sus beneficios y le trasladaron a una zona remota, un castigo que ya se ha usado en el pasado contra otros activistas sindicales del sector petrolero.

El sindicato petrolero en Iraq se ve perjudicado en sus esfuerzos para negociar en nombre de sus miembros y para defenderles de las sanciones administrativas y penales por sus actividades sindicales, ya que aún está regulado por la famosa ley 150 de la época de Sadam Hussein.

Aprobada en 1987, esta ley prohíbe los sindicatos en el sector público, que abarca el 80% de toda la industria, incluido el sector petrolero propiedad del Estado.

En 2005, el país aprobó una constitución en virtud de la cual el Gobierno debe permitir los sindicatos. Sin embargo, aún no se han aprobado leyes laborales ni sindicales que lleven a la práctica dicho objetivo.

Entretanto, la ley 150 sigue incluida en la legislación, como lo estuvo durante toda la ocupación estadounidense.

Los sindicatos sin reconocimiento legal se enfrentan a enormes problemas para recaudar las cuotas sindicales y abrir oficinas o incluso cuentas bancarias.

Con el objetivo de coordinar esfuerzos para impulsar una nueva ley, seis sindicatos iraquíes se unieron a IndustriALL y crearon en julio un nuevo Consejo Nacional en Bagdad.

El Secretario General Adjunto de IndustriALL, Kemal Özkan, se reunió con funcionarios del gobierno de Iraq para instarles a que tomen medidas. “Si la legislación sindical no se aprueba ahora, nadie sabe cuándo se presentará otra oportunidad. No podemos esperar años y años para conseguirlo”, declaró en un comunicado de prensa.

La Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow, criticó algunos de los anteproyectos de ley más recientes por “no abordar las principales deficiencias de la legislación de la época de Sadam Hussein, incluida la ampliación del derecho legal a la libertad sindical al amplio sector público.

Esto es inaceptable. Instamos al parlamento a que no desaproveche esta oportunidad para, por fin, adecuar sus leyes a las normas internacionales”.

IndustriALL ha lanzado una campaña para apoyar la aprobación de la ley. Asimismo, la organización sindical US Labor Against the War está pidiendo cartas y organizando acciones para apoyar al señor Rhadi y a los otros líderes sindicales del sector petrolero que siguen en peligro.