Más de 12 años después del inicio de las negociaciones comerciales del Programa de Doha para el Desarrollo, los Estados miembro de la Organización Mundial del Comercio por fin han conseguido decidir algo.

El ‘paquete de Bali’, aprobado el 7de diciembre de 2013, incluye algunas modestas medidas para facilitar a los países en vías de desarrollo el acceso a los mercados del norte y solucionar un par de desigualdades históricas que debían haberse abordado hace años.

Probablemente, este paquete no afectará demasiado al volumen del comercio internacional.

Pero, ¿es el desarrollo basado en las exportaciones el único modo de conseguir un futuro brillante para los países pobres?

Y más concretamente: ¿la estrategia basada en la expansión de la demanda interna (considerablemente más ventajosa a nivel social y económico) se está excluyendo de la agenda porque implica la participación directa de los trabajadores/as en las decisiones sobre el salario y las condiciones laborales?

Muchas de las respuestas a estas preguntas se pueden encontrar en un importante informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (CNUCD) que se publicó hace un par de meses, pero que recibió mucha menos atención de la que merecía.

El informe plantea tres argumentos principales.

El primero es que centrarse exclusivamente en el crecimiento basado en las exportaciones constituye un problema lógico, sobre todo cuando la demanda de los países en vías de desarrollo es baja y es probable que siga siéndolo durante algún tiempo.

“No es nada nuevo que las estrategias de crecimiento basadas principalmente en las exportaciones deben llegar a su límite antes o después, en especial cuando tantos países las aplican simultáneamente. La competencia entre economías basadas en bajos costos laborales unitarios y bajos impuestos provoca una espiral descendente, con pocos beneficios en términos de desarrollo pero con consecuencias sociales potencialmente desastrosas”, afirma el informe.

Por el contrario, las estrategias de desarrollo centradas en el aumento de la demanda interna pueden adoptarse en cualquier lugar del mundo, sin que por ello ejerzan una presión a la baja sobre los salarios ni fomenten la competencia entre los Estados para que ofrezcan los tipos más bajos del impuesto de sociedades.

El segundo argumento afirma que el modo más eficaz de aumentar la demanda interna consiste en aumentar los ingresos laborales.

El gasto familiar es el elemento más importante de la demanda agregada en una economía y los ingresos laborales son la fuente más importante del gasto familiar.

Solo esto constituye un motivo lo suficientemente sólido como para garantizar que la cuota de la riqueza correspondiente a los salarios no disminuya. Sin embargo, la CNUCD también ha demostrado (págs. 73-74) que cuando aumenta la cuota de la riqueza correspondiente a los salarios, también lo hace el consumo privado.

Por tanto, si los ciudadanos comunes tienen más dinero, lo gastarán, con todos los efectos positivos que esto supone para el crecimiento económico.

Por el contrario, no existe una relación clara entre la disminución de la cuota de la riqueza correspondiente a los salarios (o lo que es lo mismo, el aumento del rendimiento del capital) y las inversiones.

Al contrario de lo que nos suelen contar, si aumenta la parte del pastel que reciben los propietarios de las empresas, no existe ningún tipo de garantía de que ese dinero lo invertirán en proyectos económicamente útiles.

 

Negociación colectiva

El tercer argumento del informe hace hincapié en que los mecanismos macroeconómicos habituales para la gestión de la demanda, incluido el aumento del gasto público, tienen que complementarse con la negociación colectiva.

Hay dos razones para ello. La primera es que los trabajadores/as a título individual no tienen el peso necesario en el mercado laboral para equilibrar el poder de los empleadores y evitar que disminuya la cuota de la riqueza correspondiente a los salarios.

Incluso en la teoría económica más abstracta, los precios no surgen de la nada. Alguien tiene que pactarlos.

De hecho, la idea misma de un mercado no tiene sentido si el pacto de un precio entre el comprador y el vendedor no se da libremente.

Resulta muy aburrido tener que repetirlo, pero los trabajadores/as a título personal prácticamente nunca pactan libremente su salario ni sus condiciones laborales.

A menos que las circunstancias sean excepcionales, tienen que aceptar lo que les ofrecen.

Los empleadores fijan unilateralmente los salarios, pues limitan la posibilidad de que los trabajadores/as aumenten su peso colectivo en el mercado laboral mediante la restricción de su capacidad para organizarse en sindicatos y emprender acciones sindicales.

Tras treinta años de experiencia ha quedado claro que la idea de que los empleadores elegirán espontáneamente un salario justo del mercado es un mito.

Los empleadores simplemente se han aprovechado de la debilidad del movimiento sindical para asignar a los propietarios de las empresas una enorme porción de los beneficios derivados del aumento de la productividad, como demuestra el Informe mundial sobre salarios para 2012-2013 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) (véase la figura 36 en la página 48).

La segunda razón por la que necesitamos relaciones laborales colectivas es para disminuir el riesgo de que el aumento de la demanda interna provoque un aumento de la inflación.

La inflación supone un riesgo mucho menor si los salarios y el crecimiento de la productividad están sincronizados a largo plazo. Sin embargo, también existe la necesidad de garantizar que las excepciones a la norma general (en ambos sentidos) tengan cabida en caso necesario.

Para garantizar que el aumento salarial se mantenga en un nivel social y económicamente útil, los trabajadores/as y los empleadores deben sentarse juntos y fijar las tasas salariales adecuadas en el contexto de las cifras de productividad, las estrategias de inversión y los planes de producción pertinentes.

 

Estrategia fallida

Los autores del informe de la CNUCD han tenido la valentía de reconocer lo que indican los datos: que mantener los costes laborales bajos en aras de las estrategias de crecimiento basadas en la exportación constituye una estrategia económica fallida.

La alternativa (es decir, aumentar los ingresos) exige que construyamos sistemas de negociación colectiva donde no han existido jamás y que los reconstruyamos donde fueron destruidos.

Este último argumento está empezando a afianzarse, lo cual resulta evidente por los renovados coletazos del argumento antisindical en los centros de estudios y foros políticos de derechas.

La derecha es consciente de que su dominio está a punto de acabar y se muestra desesperada por plantear nuevos argumentos en contra de permitir que los trabajadores aumenten su influencia en la toma de decisiones en el ámbito de la dirección.

Esto se puede apreciar en las medidas de organizaciones del plano empresarial como la US National Right to Work Legal Defense Foundation (Fundación Nacional Estadounidense de Defensa Legal para el Derecho al Trabajo), pero también en el ámbito internacional con los representantes de los empleadores intentando demostrar en la OIT que sus convenios no protegen el derecho de huelga.

La derecha está intentando fingir que todavía no se ha alcanzado un consenso sobre la necesidad de relaciones laborales colectivas.

Sin embargo, treinta años de neoliberalismo han proporcionado todos los datos necesarios como para demostrar que excluir a los trabajadores/as de las decisiones sobre el salario y las condiciones laborales tiene consecuencias sociales y económicas gravemente perjudiciales.

Ahora tenemos que empezar a debatir sobre qué tipo de relaciones laborales colectivas necesitamos.

No se trata de si lo vamos a hacer, sino de cómo vamos a hacerlo. Las relaciones laborales colectivas han vuelto.

 

Una versión íntegra de este artículo se publicó originariamente en el blog New Unionism.