Satinah Binti Jumadi Ahmad confesó haber asesinado a su empleadora Nura al-Garib en 2007, pero siempre ha mantenido que fue en legítima defensa, después de que al-Garib hubiera intentando estrellarle la cabeza contra la pared. La trabajadora había sufrido durante meses frecuentes abusos físicos y emocionales por parte de su empleadora.

Tal y como lo prevé la ley saudita, la familia de al-Garib ha solicitado una indemnización o diya (“dinero de sangre”) de 7 millones riyales (1,9 millones USD) para que se le perdone la vida.

La fecha de la ejecución, que ha sido aplazado varias veces, se ha fijado para el jueves 3 de abril, lo que ha desencadenado una carrera contra reloj para conseguir reunir el dinero.

Según informes de los medios de comunicación, el Gobierno indonesio ha logrado recaudar 4 millones de riyales (1 millón USD) y ha pedido a la familia de al-Garib que reduzca la diya, pero ha sido en vano.

Amnistía Internacional ha publicado hace poco una petición urgente, solicitando al Rey de Arabia Saudita que conmute la pena de muerte impuesta a la trabajadora.

La petición expresa asimismo inquietudes en cuanto a que “en Arabia Saudita la pena de muerte se utiliza de manera desproporcionada contra ciudadanos extranjeros, especialmente trabajadores/as migrantes procedentes de países pobres y en desarrollo de Asia y África.

Casi todos estos trabajadores migrantes corren un gran riesgo si acaban en el sistema de justicia penal del país.”

Trabajadores migrantes en peligro

Según el último informe de Amnistía Internacional sobre la pena de muerte, Arabia Saudita se clasificó en 2013 como el cuarto país en términos del número de ejecuciones que se han llevado a cabo – 79 homicidios auspiciados por el Estado – , precedida únicamente por China, Irán e Irak.

Casi la mitad de las ejecuciones (37) fueron de ciudadanos no sauditas, los cuales suelen ser sometidos a juicios en árabe, con escaso o sin ningún conocimiento del idioma y sin disponer de los debidos servicios de interpretación durante las vistas judiciales.

A lo largo de los años, esto ha desembocado en una serie de polémicos casos a raíz de los cuales el historial de Arabia Saudita en materia de derechos humanos ha sido objeto de un minucioso escrutinio.

El año pasado, por ejemplo, Rizana Nafeek, una mujer de Sri Lanka que al parecer era menor de edad en el momento de cometer el supuesto crimen, fue decapitada públicamente, lo que viola la Convención sobre los Derechos del Niño.

Algunas trabajadoras del hogar han sido también condenadas a la pena capital tras haber sido acusadas de “brujería”.

Y en junio de 2011, la ejecución de Ruyati Binti Satubi, una abuela procedente de Indonesia, hizo que se suspendiera la migración de trabajadoras del hogar a Arabia Saudita.

A pesar de la medida impuesta, se calcula que el rico reino petrolero sigue contando con 1,5 millones de trabajadoras del hogar extranjeras, procedentes principalmente de Indonesia, Sri Lanka, Filipinas y Nepal.

A lo largo de los años han salido a la luz relatos espeluznantes sobre las condiciones de trabajo similares a la esclavitud a las que se ven sometidas estas mujeres. El trabajo excesivo, el impago de salarios y la reclusión en el lugar de trabajo son prácticas habituales, al igual que lo son las palizas, la tortura y la violación.

En una tentativa por aplacar los crecientes temores, el Gobierno saudita ha firmado hace poco un acuerdo bilateral con Indonesia, conforme al cual se garantiza a las trabajadoras del hogar el derecho a quedarse con su pasaporte, a comunicarse con su familia, a disponer de tiempo libre y a un salario mensual.

Pero según Human Rights Watch: “Estas reformas no abordan el largo historial de denuncias presentadas por muchas trabajadoras – denuncias simplemente anuladas con las contraacusaciones de robo, brujería o adulterio que presentan los empleadores, mucho más influyentes, respetados y, a menudo, adinerados.”

Arabia Saudita debería cumplir plenamente con lo dispuesto en el Convenio de la OIT sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos y garantizar asimismo la imparcialidad de su sistema judicial, dice la ONG defensora de los derechos humanos.

“Si bien el nuevo acuerdo entre Arabia Saudita e Indonesia abre la puerta a unas medidas de protección más estrictas, la prueba decisiva será la observación efectiva de mejoras en la vida de las trabajadoras del hogar.”

El Gobierno indonesio parece estar de acuerdo. Un destacado funcionario ha indicado supuestamente que la retirada de la suspensión de migración tendrá que esperar “hasta que se haya logrado un mejor sistema de colocación, requisitos y normas de los contratos de trabajo que permitan garantizar una mejor protección y bienestar a las empleadas indonesias que trabajan allí.”

Sin embargo no está claro cómo se verán afectadas las relaciones bilaterales entre los dos países si Satinah Binti Jumadi Ahmad es ejecutada este jueves.