Los centros de llamadas en Marruecos reivindican el derecho de sindicación

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El 6 de abril de 2014, respondiendo a la convocatoria de las tres principales centrales sindicales marroquís, miles de personas salieron a las calles de Casablanca para exigir negociaciones colectivas y protestar por el bloqueo del diálogo social con el Gobierno.

Las reivindicaciones de los trabajadores y trabajadoras marroquís no son nada nuevo. El acuerdo de abril de 2011 preveía aumentos salariales y de las pensiones, la reforma del sistema de jubilación, así como la libertad sindical y el derecho de huelga.

Se trata de compromisos que el Gobierno afirma haber cumplido, algo que los sindicatos contestan invocando particularmente el Convenio No. 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical que Marruecos sigue sin haber ratificado.

En los centros de llamadas del país, las relación entre trabajadores y empleadores se han convertido en un ejemplo emblemático de las tensiones sociales dominantes en el reino alauí, máxime teniendo en cuenta que Marruecos se ha convertido en pocos años en un mercado sumamente atractivo para numerosas empresas de servicios europeas y americanas.

Se evalúa en más de 70.000 el número de empleos creados en los centros de llamadas en estos últimos diez años. Pero se trata en muchos casos de empleos precarios y en condiciones muy difíciles.

La mayoría de los asalariados, generalmente jóvenes y mujeres, no tienen derecho a una protección social adecuada. Además, las jornadas laborales pueden en ocasiones superar las 14 horas diarias.

Según Ayoub Saoud, Secretario General del sindicato b2s Maroc, muchos trabajadores y trabajadoras son además despedidos antes de haber cumplido dos años de antigüedad – período tras el cual tendrían derecho a un aumento salarial.

Incluso los empleadores son conscientes de esta situación. “Algunos directivos me han confiado que el trabajo resulta muy duro y que las condiciones deberían mejorarse”, declara Mohammed El Ouafi, miembro de la Secretaría General de la Union marocaine du travail (UMT).

 

Práctica anticonstitucional

A fin de mejorar sus condiciones de trabajo, los empleados se han agrupado, iniciando campañas de sindicalización. Pero algunos intentos de organización fueron duramente reprimidos por la dirección, en particular en Total Call.

El 12 de febrero de 2014, cinco empleados de Total Call presentaron una solicitud para el establecimiento de un sindicato, respetando todos los trámites legales.

Convocados por la dirección ese mismo día, les hicieron comprender que el sindicato es un “cuerpo extraño”, relata Mohamed El Ouafi.

Al día siguiente, los cinco empleados serían despedidos.

Para Mohamed El Ouafi, esto no resulta en absoluto sorprendente. “La misma sociedad despidió ya en 2012 a más de 34 empleados que habían intentado establecer una oficina sindical en los locales de la empresa. Otros 120 trabajadores que apoyaron a sus compañeros también terminarían perdiendo su empleo”.

Según las organizaciones sindicales consultadas por Equal Times, los directivos de Total Call se muestran particularmente reticentes a todo tipo de diálogo e incluso llegaron a negarse a comparecer en un proceso de mediación lanzado por la prefectura de Casablanca. Este tipo de práctica es habitual en Marruecos, pese a ser contraria al artículo 8 de la Constitución.

Únicamente en 2013, la Comisión Nacional de Organización de las centrales sindicales en el seno de la UMT constató tres casos de despidos a causa de las actividades sindicales.

Además, según afirma Ayoub Saoud, la amenaza de deslocalización suele ser esgrimida por la dirección.

“Es bastante común que la patronal amenace con abandonar el país y trasladarse a otras destinaciones low cost, con la consiguiente supresión de puestos de trabajo, si se crean sindicatos”.

A través de una campaña internacional focalizada en el caso de Total Call, y desarrollada conjuntamente por LabourStart, la UMT y UNI Global Union, los sindicatos marroquís esperan llamar la atención de la opinión pública respecto a las violaciones de los derechos sindicales en los centros de llamadas establecidos en Marruecos.