Los sindicatos temían una sentencia mucho más amplia que pudiera haber puesto fin a todos los derechos de negociación de los trabajadores del sector público.

Sin embargo, esta resolución judicial más limitada no ha ido tan lejos, al menos hasta ahora.

“Esta resolución no otorgó a los extremistas antisindicales la victoria que estaban esperando”, explicó Lee Saunders, el presidente de la federación sindical de funcionarios American Federation of State, County and Municipal Employees (AFSCME).

“No eliminó los contratos existentes. Pero no se equivoquen: la sentencia del juez Alito dejó claro que el implacable ataque contra los derechos de los trabajadores no disminuirá”.

La resolución se sustentó en una demanda entablada en 2010 por la National Right to Work Legal Defense Foundation (Fundación Nacional de Defensa Legal para el Derecho al Trabajo) en nombre de nueve cuidadores/as del estado de Illinois.

En Estados Unidos, todos los años cientos de miles de trabajadores se encargan de cuidar a enfermos y discapacitados en sus hogares.

Son estas personas o los miembros de sus familias los que contratan a estos trabajadores. El dinero para pagar sus salarios proviene del gobierno, principalmente del programa federal llamado Medicaid.

En los primeros años de la década pasada, los sindicatos del sector público en Illinois convencieron al estado de que creara un organismo público que actuara como el empleador de los cuidadores/as para determinar sus salarios y prestaciones.

En los últimos años se ha seguido el mismo proceso en otros nueve estados, incluidos California, Connecticut, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Oregón, Vermont y Washington.

Por tanto, en 2003 aproximadamente 26.000 trabajadores de Illinois pudieron votar a favor de que les representara la federación sindical mundial Service Employees International Union; en otros estados, gracias a votaciones parecidas, la AFSCME y la federación sindical American Federation of Teachers se convirtieron en representantes de dichos trabajadores.

A continuación, la SEIU negoció un contrato.

“Antes de fundar nuestro sindicato, ganaba menos de 6 USD por hora, pero tras sindicalizarnos tenemos previsto ganar 13 USD por hora para finales de este año”, aseguró en una declaración la cuidadora Flora Johnson, originaria de Chicago.

En virtud de una resolución anterior del Tribunal Supremo en el juicio de Abood contra la Junta de Educación de Detroit de 1977, los sindicatos del sector público pueden cobrar una cuota para pagar los gastos de representación de los trabajadores, incluida la de aquellos que no son miembros y no pagan cuotas sindicales.

La demanda de la Right to Work Fund tenía como objetivo eliminar el requisito de pago para todos los trabajadores del sector público.

Los sindicatos temían que esto se utilizara como pretexto para aplicar una amplia reducción nacional de los derechos de negociación del sector público.

Famoso por sus posturas antisindicales

En la resolución mayoritaria del juez Samuel Alito, famoso por sus posturas antisindicales, quedó claro que él hubiera preferido dicho resultado.

El juez aseguró que pagar la cuota violaba la prohibición de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos de limitar la libertad de expresión, ya que obligaba a los trabajadores antisindicales a dar dinero a un sindicato.

La jueza Elena Kagan se hizo eco de la disconformidad de la minoría al declarar: “La escasez de trabajadores y la alta demanda llevan mucho tiempo afectando a los programas de cuidado en los hogares, principalmente debido a los bajos salarios y las malas prestaciones.

Dicha inestabilidad laboral disminuye la calidad del cuidado, lo cual obliga a su vez a las personas discapacitadas a internarse en instituciones y aumenta los gastos del estado”.

Frente al juez Alito y los cuatro conservadores, la SEIU fue desafiante.

“Ninguna sentencia judicial va a impedir que los cuidadores se unan para defender con firmeza los buenos puestos de trabajo y un cuidado de calidad en el hogar”, aseguró la presidenta de la SEIU, Mary Kay Henry.

Richard Trumka, el presidente de la AFL-CIO, fue igual de desafiante: "No se equivoquen: el futuro de los trabajadores y trabajadoras no puede decidirlo ni lo decidirá una resolución del Tribunal Supremo”, advirtió.

Dicha resolución tuvo como objetivo a sectores laborales estadounidenses en los que los sindicatos han estado creciendo.

Los cuidadores/as son principalmente mujeres negras que llevan décadas trabajando mientras cobraban los salarios más bajos posibles. Por tanto, han estado muy abiertas a la idea de la sindicalización.

Esto también es cierto para otros grupos de trabajadores eventuales que no gozan de las relaciones tradicionales con los grandes empleadores.

En su congreso de 2013 en Los Ángeles, la AFL-CIO se comprometió a colaborar más estrechamente con los centros de trabajadores relacionados con este sector laboral.

Los grupos de empleadores son cada vez más hostiles ante la creciente actividad sindical entre los trabajadores eventuales y de bajos salarios.

Esta resolución del Tribunal Supremo es un reflejo de dicha hostilidad e impone nuevas trabas a sus esfuerzos por organizarse y cambiar su situación económica.