No obstante, el pasado mes de agosto el Gobierno zimbabuense puso en marcha un nuevo programa piloto en la capital, Harare, para recaudar impuestos de los vendedores ambulantes, que además estarán obligados a trabajar en zonas comerciales específicamente designadas, en un intento por incrementar la menguante base impositiva del Gobierno.

Los vendedores ambulantes de Harare – que venden de todo, ya sea verdura, tarjetas de recarga telefónica o zapatos – tienen hasta el 20 de septiembre para registrarse en el Ayuntamiento de la capital.

Los vendedores sólo podrán trabajar en el interior de determinadas zonas comerciales y se les cobrará un impuesto diario de entre 1 USD y 3 USD por tal privilegio.

A toda persona que infrinja la nueva reglamentación se le confiscará la mercancía, y únicamente le será devuelta una vez haya pagado una multa de 20 USD.

Dos sindicatos que representan a los trabajadores de la economía informal, el National Vendors Union of Zimbabwe (NAVUZ) y la Zimbabwe Chamber of Informal Economy Associations (ZCIEA) han expresado su oposición al programa piloto, que está previsto dé comienzo a finales de septiembre y que se irá expandiendo progresivamente por todo el país.

Los sindicatos dicen que no tienen ningún inconveniente en que sus miembros paguen impuestos, pero acusan al Gobierno de no querer entablar un diálogo para discutir la mejor manera de proceder al respecto.

“El Ayuntamiento de Harare debería habernos consultado primero, antes de implementar a toda prisa esta nueva medida”, dice Samuel Wadzai, Director Nacional del NAVUZ.

De momento menos del 10% de los vendedores ambulantes de Harare se han registrado al programa.

Se quejan de que los puestos de venta que les ofrece el Ayuntamiento en 11 puntos del distrito comercial central de la ciudad están a menudo situados en lugares apartados e inconvenientes, además de ser inasequibles.

No preparados

A partir de finales de septiembre, el comercio ambulante estará estrictamente prohibido en Harare, pero Wadzi dice que ni el Ayuntamiento ni los vendedores están preparados para eso.

“El NAVUZ tiene una base de datos de más de 8.000 vendedores que trabajan en la zona del distrito comercial central de Harare. Entonces ¿por que el Ayuntamiento ha creado únicamente emplazamientos para 1.000 vendedores?”, se pregunta Wadzai.

“¿Dónde van a trabajar los otros 7.000? El NAVUZ aboga por un sistema que cubra a todos los vendedores y vendedoras”, dice.

Wadzai también explica que la recaudación de impuestos diaria es injusta dado que la mayoría de los vendedores apenas ganan suficiente dinero para cubrir sus propios gastos.

“Nosotros propusimos que el sistema impositivo que finalmente se acordara fuera mensual, a fin de que los vendedores dispongan de tiempo para obtener beneficios suficientes”, afirma.

El General Secretario de la ZCIEA, Wisborne Malaya, dice que resulta irónico que el Ayuntamiento y el Gobierno estén ahora reclamando impuestos a los vendedores a quienes han venido acosando a diario.

“Nos tratan como criminales, tenemos que aguantar todo tipo de acosos, abusan de nosotros, nos arrestan, nos confiscan la mercancía... Y ahora, de repente, el Gobierno empieza a hablar de obligarnos a pagar impuestos como si nosotros nos opusiéramos a la idea o no estuviésemos pagando ningún impuesto”, dice Malaya.

Vendedores discapacitados “excluidos”

Eric Tanyanyiwa, que dirige la Oficina para personas discapacitadas del NAVUZ, ha criticado igualmente a las autoridades por no haber cumplido su promesa de reservar un 20% de los puestos de venta para las personas físicamente discapacitadas y socialmente desfavorecidas.

“Nuestro Gobierno no tiene el dinero necesario para proporcionar prestaciones sociales a los grupos desfavorecidos.

“Nosotros también tenemos hijos que cuidar. Tendrían que habernos proporcionado nuestro 20% para que podamos permitirnos pagar las matrículas escolares y alimentar a nuestros hijos”, afirma.

Fungai Sanyamutemba, un vendedor ambulante discapacitado, de 35 años, que vende tarjetas de recarga telefónica y caramelos, explica que no gana lo suficiente para poder pagar el nuevo impuesto de 1 USD diario.

Insiste en que si el Ayuntamiento cobrara menos impuestos, habría más vendedores cooperando, y eso generaría mayores ingresos tanto para el Ayuntamiento como para el Gobierno.

Simplicio Marara, que vende diversos artículos desde su silla de ruedas, dice que los vendedores discapacitados no deberían estar obligados a pagar impuestos.

“Somos un grupo desfavorecido y la vida es difícil para nosotros. No podemos conseguir un empleo formal y cuando vendemos en la calle tampoco podemos competir con las personas que están en buena condición física porque no podemos correr para conseguir clientes, y algunos de los que están sordos no oyen cuando un cliente les pide algo.”

La Inspectora Jefe de la Policía Metropolitana de Harare, Rachel Mawoyo, dice que el Ayuntamiento está dispuesto a dialogar con los trabajadores de la economía informal, e incluso estaría dispuesto a reconsiderar algunas de sus decisiones.

Sin embargo, alega que la reticencia de los vendedores ambulantes a registrarse en el Ayuntamiento ha hecho que la planificación haya sido muy complicada para las autoridades.

“Desde el 20 de agosto que abrimos los centros de inscripción, sólo 700 vendedores se han registrado – los demás no se han presentado. Luego nos vendrán con problemas de asignación de puestos, dado que, obviamente, nosotros sólo vamos a buscar sitio para las personas que se hayan registrado”, explica.